El defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, y el procurador General, Alejandro Ordoñez, hicieron patente este jueves su desacuerdo sobre el Marco Jurídico para la Paz que se estudia en la Corte Constitucional de ese país. Mientras Otálora pidió tener una postura inclusiva ante esta herramienta, Ordoñez aseguró que desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
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| El Defensor del Pueblo colombiano pidió se avale el Marco Jurídico para la Paz (Foto:Archivo) |
Durante su intervención ante la Corte Constitucional, el defensor del Pueblo pidió evitar la confrontación y apoyar la herramienta que a su juicio resuelve dificultades como la falta de recursos para someter a todos los que se acojan a un eventual proceso de paz y juzgar todos los crímenes cometidos con lo que se refirió a la Ley de Justicia y Paz.
Otálora puso como ejemplo los tribunales ad hoc creados para la antigua Yugoslavia, en la que las mismas Naciones Unidas (ONU) recomendaron en una resolución priorizar el juzgamiento de autoridades civiles y jefes militares y paramilitares involucrados en delitos atroces.
“ Así ha ocurrido en Bosnia, y pese a la existencia de tribunales, la administración de justicia por casos procesados ha sido baja en relación con las denuncias presentadas”, detalló.
Por su parte, el procurador General señaló que la herramienta "establece privilegios para el victimario desconociendo la gravedad de los delitos cometidos".
Según Ordóñez, esa selección de delitos que permite el Marco Jurídico para la Paz establece una "justicia aparente y simbólica" porque se está renunciando a la investigación para esclarecer la verdad.
Según Ordóñez, esa selección de delitos que permite el Marco Jurídico para la Paz establece una "justicia aparente y simbólica" porque se está renunciando a la investigación para esclarecer la verdad.
De acuerdo con el procurador, las víctimas y la sociedad tienen derecho a construir una memoria histórica y a recursos judiciales efectivos.
Sostuvo que el mandato internacional obliga a los estados a investigar todos los crímenes de guerra y prohíbe las amnistías e indultos como los que consagra el Marco Jurídico para la paz.
Previamente, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró durante su mensaje en la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz, que “la construcción de un marco adecuado es pilar fundamental” para conseguir la paz en ese país suramericano, que busca poner fin a un conflicto armado de más de 50 años.
Afirmó que la clave de lograr un Marco Jurídico para la Paz es hacer de esa herramienta algo “integral” incorporando, si es necesario elementos judiciales y extrajudiciales para cumplir con ese objetivo. Santos asumió, como jefe de Estado, las responsabilidades del gobierno en el conflicto armado y pidió enfocarse en la solución del conflicto.
En la Corte Constitucional se estudia si el deber del Estado colombiano garantizar los derechos humanos y en consecuencia investigar, juzgar, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, se viola cuando se permite que el Estado colombiano solo investigue y juzgue algunos de los responsables de algunas violaciones, y si esa autorización sustituye o no la Constitución.
El conflicto armado en Colombia ha dejado un saldo de 220 mil asesinatos documentados, de los cuales 177 mil 307 fueron perpetrados contra la población civil y otras 40 mil 787 víctimas mortales se cuentan entre las partes combatientes, según informó el miércoles el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre este flagelo.
