Tal institucionalidad, agregaron, comprende la promulgación de legislación especial, incluida la política criminal, para "la proscripción de prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, que permean el sistema político y de representación, el régimen electoral y los diferentes poderes públicos".Propusieron, asimismo, que el gobierno nacional se comprometa con el desmonte efectivo y la proscripción, real y material, de las estructuras paramilitares y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social.
Además, abogaron por la conformación de una Comisión de la verdad histórica que tendrá como una de sus funciones específicas el esclarecimiento del genocidio contra el partido Unión Patriótica, los crímenes contra sus militantes y simpatizantes, y el exterminio de otras fuerzas políticas opositoras.
En el caso de la Unión Patriótica, señalaron, el resarcimiento incluye, mediante la promulgación de una ley especial, el reconocimiento expreso y taxativo de la responsabilidad estatal frente a la opinión pública y la comunidad internacional.
La insurgencia abogó igualmente por la expedición del Estatuto de la oposición política y social, el reconocimiento de la oposición política y social y del derecho a ser gobierno; y garantías plenas para el ejercicio de la oposición, entre ellas el acceso a los medios de comunicación.
Propusieron que el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos no esté supeditado al logro de un umbral electoral determinado.
Las FARC-EP y el gobierno colombiano iniciaron la víspera un nuevo ciclo de las pláticas que acoge el capitalino Palacio de Convenciones, y que tienen a Cuba y Noruega en el rol de garantes y a Venezuela y Chile como acompañantes.
La agenda de las pláticas incluye, además del tema agrario (ya discutido) y la participación política (en discusión) otros aspectos, como la atención a las víctimas, el problema del narcotráfico y el fin del conflicto armado.
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