La Contraloría advierte además sobre el daño que se ocasionaría al patrimonio ecológico del país, los eventuales problemas sociales y el posible incumplimiento de convenios internacionales sobre medio ambiente, por el otorgamiento de títulos mineros, sustracciones de áreas de reserva forestal y otorgamiento de licencias ambientales en las áreas de reserva forestal nacional y áreas protegidas.
Considera que se pone en riesgo un patrimonio que no solo es de los colombianos sino de la humanidad, en la eventualidad de avanzar en procesos de titulación minera en el Amazonas y el Chocó biogeográfico, especialmente en las denominadas zonas estratégicas mineras declaradas a través de la Resolución 045 del 20 de junio de 2012 de la Agencia Nacional de Minería, que suman una extensión cercana a 22,3 millones de hectáreas y se localizan en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y en el departamento del Chocó.
Finalmente, la CGR advierte sobre el manifiesto quebranto de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT, por la no realización de consulta previa para el otorgamiento de títulos mineros, la declaración de zonas mineras en tierras pobladas por comunidades étnicas y en áreas declaradas como estratégicas para la minería.
