Con su anuncio de presentar objeciones a la
ley estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque deja claro que su uribismo
es menos 2.0 de lo que había mostrado: cambió de postura tras una intervención
pública de Álvaro Uribe y dejó atrás la búsqueda de no crear choques
institucionales para enfrentarse a una decisión ya tomada de la Corte
Constitucional.
Hasta ahora no había tomado ninguna decisión a la vez pública y tan importante que mostrara un reflejo de las posturas duras de Uribe
Por JUAN ESTEBAN
LEWIN | JUANITA VÉLEZ ·
Aunque Duque arrancó su discurso diciendo que
la decisión no buscaba un choque de trenes con la Corte y que no
significa que deje de implementar el Acuerdo de La Habana sí lo
pone en contravía de la Corte por el contenido de las objeciones y del proyecto
complementario de reforma constitucional que anunció. También es un golpe
al Acuerdo.
Es decir, uribismo puro y duro, a pesar
de los matices que había evidenciado hasta ahora en su Gobierno y de sus formas
conciliadoras.
Un uribismo puro y duro que se nota en
que hace menos de un
mes dijo que no objetaría esta ley porque no era legalmente
posible hacerlo, y que haya decidió objetar después de que Uribe dijo que dado
que no se podía eliminar la JEP había que objetar y buscando cambios contarios
a lo que ya decidió la Corte.
La pregunta por sus objeciones arrancó hace
un mes, antes de que se resolviera el capítulo anterior de la novela del
proyecto de ley, que se demoró en firmar el presidente uribista del Senado,
Ernesto Macías, y que luego envió a la Cámara sin algunos renglones.
Desde ese entonces hubo rumores de que el Gobierno
estaría pensando objetarla, para lo que tenía plazo hasta el lunes
11.
Hacerlo tenía sentido político pues desde
septiembre el uribismo dijo que le preocupaba la decisión de la Corte
Constitucional sobre ese proyecto, que revisó antes de su firma por ser una ley
estatutaria y en la que si bien solo tumbó algunos puntos, incluía varios de los que la endurecían.
Ese rumor se llenó de carne hace tres
semanas, cuando el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a
Duque pidiendo que la objetara en cuatro puntos:
· que la JEP investigue delitos de ejecución permanente que se empezaron a
cometer antes del 1 de diciembre de 2016 y siguieron después
· que la JEP pueda decidir qué desmovilizados mantendrán penas blandas y
no extradición a pesar de volver a delinquir
· que la Fiscalía supuestamente queda totalmente maniatada en los casos
que luego asuma la JEP
· Que la JEP solo investigará y procesará a los máximos responsables de
crímenes de guerra, no a todos sus responsables
Fue en ese entonces que Duque dijo que no
objetaría.
Luego Álvaro Uribe sumó otras críticas, sobre
los delitos contra menores y la supuesta casi prohibición de la extradición.
A eso la revista Semana, decenas de líderes
de opinión, organizaciones sociales y la misma JEP respondieron con la petición
contraria a Duque, firmarla como está.
La tensión se mantuvo a pesar de que lo más probable era que la objetara,
por sus críticas pasadas y el clima político, y se reforzó con la bomba que
publicó la Fiscalía sobre la corrupción de un fiscal de la JEP y su todavía
dudosa relación con el trámite de extradición de Jesús Santrich.
El viernes pasado varios medios dijeron que
Duque iba a objetar, como en efecto lo hizo anoche, además haciendo lo que está
en sus manos para abrir la puerta a cambios al Acuerdo, vía reformas
constitucionales.
Con eso llevó a la práctica lo que Uribe y
Martínez le pidieron que hiciera y, como dijo Héctor
Riveros en su columna, su imagen de moderado que mantiene cierta
independencia frente a Uribe quedó golpeada.
Las objeciones y el proyecto
Duque decidió objetar por inconvenientes seis
artículos (de 150), cada uno con cargas políticas y consecuencias prácticas, y
algunos con interrogantes jurídicos:
· El artículo 7, porque “no establece de manera clara la obligación
principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”.
· El inciso octavo del artículo 63 porque, según Duque “no determina el
alcance de la competencia al Alto Comisionado para la Paz para verificar la
lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se
sometan a un proceso de paz”
· El inciso tercero del literal j del artículo 79, porque “se trata de la
suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas
acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no
precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de
realizar”, dijo Duque.
· El artículo 2 del artículo 19, que habla “sobre la renuncia a la acción
penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra
en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción
penal es inconveniente porque constituiría impunidad.”
· El artículo sobre la extradición de personas por conductas posteriores a
la firma del Acuerdo. Duque dijo que “es inconveniente debido a que no precisa
lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la
Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas.”
· El artículo 153 porque, según dijo “condiciona la extradición de otras
personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni
oportunidad para hacerlo”
Además de esas seis objeciones, anunció un
proyecto de reforma constitucional para abordar otros tres puntos: excluir del
trabajo de la JEP los delitos contra menores, eliminar de tajo todos los
beneficios de los desmovilizados que reincidan (aparentemente sea con el delito
que sea) y llevar a la justicia ordinaria todos los delitos de ejecución
continuada que se siguieron cometiendo después del 1 de diciembre de 2016.
Ese último punto abre la puerta a que el
Congreso le meta la mano a las reformas constitucionales que implementaron el
Acuerdo, el mayor golpe que ha recibido hasta ahora.
Esas objeciones y el proyecto retoman todas
de Uribe, pero también se enfrentan en varios puntos a decisiones que
ya tomó la Corte sobre esta misma ley estatutaria, como el de
la reducción proporcional de los beneficios a los reincidentes, el del artículo
153 sobre extradición o el de delitos sexuales frente a menores.
Con eso, arranca un camino de debate y
tensión política que pondrá al Congreso a tomar una decisión de alto voltaje
político, pues será el momento de saber si ese uribismo duro tiene mayorías o
no.
El Congreso a la palestra; Cambio, a definirse
Las objeciones le pasan la pelota al
Congreso, que debe decidir si las acepta o no, en bloque o por artículos.
Las objeciones que rechacen las dos cámaras
se hunden, por lo que en ese caso Duque perderá un pulso y Macías, a pesar de
ser uribista, deberá firmarlas como parte de la ley estatutaria, en su calidad
de presidente del Senado.
Si por lo menos una de las dos cámaras las
acepta, Duque tendrá la victoria de hundir los artículos.
Esa decisión debe tardar algunas semanas,
mientras Macías y el presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos
Chacón, designan comisiones accidentales para estudiarlas, éstas presentan
ponencias y las plenarias votan.
Mientras tanto, las bancadas en el Congreso
seguramente definirán sus posiciones, si no están ya cantadas.
Ya está clara que la coalición de gobierno,
de uribistas, conservadores y cristianos, votará a favor. De hecho, tanto el
Partido Conservador como líderes uribistas, empezando por Álvaro Uribe, le
habían pedido a Duque objetar.
Eso, de entrada, pone a favor de las
objeciones 38 de los 107 votos del Senado, y 58 de los 172 de la Cámara.
En contraste, de entrada están en contra las
bancadas de oposición (Polo, FARC, Verdes, petristas) y por lo menos la mayoría
de liberales y parte de La U. Suman por lo menos 41 de los 107 votos del
Senado, y 64 de los 172 de la Cámara.
Eso hace que la decisión final
probablemente quede en manos de Cambio Radical, con sus 16 senadores y sus 30
representantes.
Falta ver si con ese papayazo político, el
Partido mantiene el apoyo que hasta ahora tiene a las objeciones del Fiscal,
que viene de sus toldas. Según un senador de Cambio, hasta ahora esa es la
posición.
“Hace dos días tuvimos reunión de bancada y
la mayoría estuvo de acuerdo con que estamos alineados con la casi todas
objeciones del Fiscal”, nos dijo ese senador.
Aunque es probable que la mantenga, su
cabeza, el ex vicepresidente Germán Vargas, se ha mantenido distante
de Duque, como se nota en sus constantes críticas a políticas públicas
clave como el Plan de Desarrollo o la reforma tributaria y en la decisión de la
bancada de declararse independiente del Gobierno.
Además, si las termina apoyando crearía una
victoria para el uribismo más duro, del que Vargas ha sido distante por lo
menos desde su pelea con Uribe en 2009, y más tras haber sido puntal del
gobierno de Juan Manuel Santos, al que el uribismo le hizo oposición dura y
cerrada.
Por eso, las objeciones crean un dilema en
Cambio, que podría resolverse si apoya unas pero no otras. Eso dejaría a
Duque con una victoria parcial en un Congreso al que no ha buscado amarrar
a punta de ‘mermelada’.
Además de lo que pase en el Congreso, estas
objeciones son quizá el golpe más duro al Acuerdo de Paz desde que Duque llegó
a la Presidencia, y una muestra de que su eslógan "ni trizas ni
risas" puede resultar reflejando posturas cerradamente uribistas.
El coletazo para los excombatientes
Un primer efecto que puede tener esta
decisión es que probablemente crezca la desconfianza de los excombatientes
frente a la justicia transicional, que alimenta la posible extradición de alias
Jesús Santrich, porque deja una sensación de falta de seguridad jurídica.
Eso puede llevar a que muchos decidan
finalmente irse a engrosar las filas de las disidencias, algo que jefes de la FARC
como Fabián Ramírez han intentado evitar.
Además, la objeción parcial de Duque se da
justo a días de que los excomandantes farianos más desconfiados con la
implementación del Acuerdo deban ir a dar versión libre ante
la Sala de Reconocimiento de la JEP: mañana martes le toca a Santrich, el
jueves a Iván Márquez y el próximo lunes a ‘El Paisa’, que tiene un incidente
de incumplimiento abierto en la JEP.
Si Márquez llegó a llamar ‘un horroroso frankenstein
santanderista’ a la JEP antes de que Duque anunciara las
objeciones, es muy probable que ahora ese sistema de justicia transicional le
parezca un monstruo aún peor.
Y si ‘El Paisa’ lleva meses sin aparecer, ni
siquiera mandando un informe contando en qué está, lo más seguro es que con
esto menos.
De hecho, el anuncio de Duque ya dio para
reacciones de miembros del partido FARC
Quiero decirle al país que la construcción de la JEP fue un trabajo serio, de profesionales éticos y con experiencia. Quienes firmamos el acuerdo contábamos con que la justicia transicional traería un tiempo mejor para el país. Este Gobierno se está encargando de dañar todo esto.— Victoria Sandino (@SandinoVictoria) 11 de marzo de 2019
Con todo eso, así el Presidente no haya
buscado eliminar la JEP o crear una sala especial para militares, como han
propuesto algunos de sus copartidarios, sí la ve como favorable a la
exguerrilla - pues aunque esos cambios también afecten a los militares que
procesará la JEP, acoge las críticas de quienes dejan eso de lado porque la ven
muy pro FARC.
Un uribismo renovado
En su primer semestre, Iván Duque ha tenido
dificultades para marcar una línea política clara hacia afuera a pesar de haber
sido elegido como "el de Uribe".
Como hemos contado, no ha podido consolidar
una bandera.
Solo por citar un ejemplo, a pesar de que en
diciembre dijo en Semana que su bandera es la equidad, que ha usado la palabra
con cierta frecuencia y de que su Plan de Desarrollo se llama “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, esa idea no ha pegado por varios motivos,
desde lo frío de la palabra hasta el contraste con propuestas como ampliar el
IVA a la canasta familiar.
En cambio, su liderazgo en reacción a la
bomba del ELN en la Escuela General Santander y, sobre todo, el que ha tenido
frente a la crisis de Venezuela, le han dado aire en la opinión, como demostró la reciente encuesta Gallup.
Además, el semestre pasado se fue en
contravía de una opinión de Uribe en un asunto muy sensible, aunque no medular
del uribismo: avanzó en la propuesta de ampliar el IVA a la canasta familiar, a
pesar de que el Expresidente le había dicho públicamente que era una mala idea.
Al final, tuvo que retirarlas y asumir un
gran costo en la opinón.
Esta vez su decisión fue hacerle caso.
Con las objeciones, y con decisiones como
pedirle a la Corte Constitucional modular su sentencia sobre aspersión con
glifosato para hacerla más fácil o nombrar a Darío Acevedo en el Centro de
Memoria Histórica y a Claudia Ortiz en la Agencia para el Desarrollo Rural,
Duque ha dado pruebas de su uribismo.
Ese uribismo se nota en otras coincidencias
entre sus políticas y las de Álvaro Uribe en la Presidencia.
Por ejemplo, la reforma tributaria de Duque y
su Plan de Desarrollo buscan incentivar los grandes capitales, reduciendo su
carga tributaria, con la meta de que así se mueva más la economía y generen más
empleo.
Aunque algunas herramientas son diferentes
-mientras Uribe creó una deducción al impuesto de renta para grandes
inversiones en plantas o equipos, Duque bajó el impuesto de renta a las
empresas-, la lógica coincide.
Lo mismo pasa con las negativas a negociar
con las guerrillas, la intención de privatizar empresas públicas, el énfasis de
la política de drogas en la erradicación forzosa con glifosato, la apuesta por
informantes o cooperantes para mejorar la seguridad, o la preferencia de
generales troperos.
Incluso se parece en la lógica de los los
Talleres Construyendo País, que como los consejos comunitarios de Uribe son los
sábados, todas las semanas, con presencia de todo el gabinete y orientados a
las necesidades locales.
En estos primeros meses, ha mostrado
diferencias de fondo con el uribismo 1.0. Por ejemplo, no ha buscado ganar
gobernabilidad en el Congreso entregando burocracia o representación política a
partidos que no lo acompañaron en campaña, como sí hizo Uribe ni ha entrado en
conflicto con la Rama Judicial.
Además, Duque tiene un talante más
conciliador, un discurso más mesurado y una menor capacidad de conectar con los
políticos y la gente de a pie.
Quizás por eso, mientras Uribe arrancó
pisando muy fuerte con la política de seguridad democrática y su referendo
contra la corrupción y la politiquería, Duque ha tardado más en definir su
norte.
Algo que probablemente esté cambiando, en un
giro hacia el uribismo más tradicional que refuerzan las objeciones y el
proyecto de reforma constitucional.
