lunes, marzo 11, 2019

Con sus objeciones a la JEP, Duque muestra un uribismo más duro


Con su anuncio de presentar objeciones a la ley estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque deja claro que su uribismo es menos 2.0 de lo que había mostrado: cambió de postura tras una intervención pública de Álvaro Uribe y dejó atrás la búsqueda de no crear choques institucionales para enfrentarse a una decisión ya tomada de la Corte Constitucional.

 Hasta ahora no había tomado ninguna decisión a la vez pública y tan importante que mostrara un reflejo de las posturas duras de Uribe


Aunque Duque arrancó su discurso diciendo que la decisión no buscaba un choque de trenes con la Corte y que no significa que deje de implementar el Acuerdo de La Habana sí lo pone en contravía de la Corte por el contenido de las objeciones y del proyecto complementario de reforma constitucional que anunció. También es un golpe al Acuerdo.
Es decir, uribismo puro y duro, a pesar de los matices que había evidenciado hasta ahora en su Gobierno y de sus formas conciliadoras.
Un uribismo puro y duro que se nota en que hace menos de un mes dijo que no objetaría esta ley porque no era legalmente posible hacerlo, y que haya decidió objetar después de que Uribe dijo que dado que no se podía eliminar la JEP había que objetar y buscando cambios contarios a lo que ya decidió la Corte.
La pregunta por sus objeciones arrancó hace un mes, antes de que se resolviera el capítulo anterior de la novela del proyecto de ley, que se demoró en firmar el presidente uribista del Senado, Ernesto Macías, y que luego envió a la Cámara sin algunos renglones.
Desde ese entonces hubo rumores de que el Gobierno estaría pensando objetarla, para lo que tenía plazo hasta el lunes 11.
Hacerlo tenía sentido político pues desde septiembre el uribismo dijo que le preocupaba la decisión de la Corte Constitucional sobre ese proyecto, que revisó antes de su firma por ser una ley estatutaria y en la que si bien solo tumbó algunos puntos, incluía varios de los que la endurecían.
Ese rumor se llenó de carne hace tres semanas, cuando el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a Duque pidiendo que la objetara en cuatro puntos:
·  que la JEP investigue delitos de ejecución permanente que se empezaron a cometer antes del 1 de diciembre de 2016 y siguieron después
·  que la JEP pueda decidir qué desmovilizados mantendrán penas blandas y no extradición a pesar de volver a delinquir
·  que la Fiscalía supuestamente queda totalmente maniatada en los casos que luego asuma la JEP
·  Que la JEP solo investigará y procesará a los máximos responsables de crímenes de guerra, no a todos sus responsables
Fue en ese entonces que Duque dijo que no objetaría.
Luego Álvaro Uribe sumó otras críticas, sobre los delitos contra menores y la supuesta casi prohibición de la extradición.
A eso la revista Semana, decenas de líderes de opinión, organizaciones sociales y la misma JEP respondieron con la petición contraria a Duque, firmarla como está.
La tensión se mantuvo a pesar de que lo más probable era que la objetara, por sus críticas pasadas y el clima político, y se reforzó con la bomba que publicó la Fiscalía sobre la corrupción de un fiscal de la JEP y su todavía dudosa relación con el trámite de extradición de Jesús Santrich.
El viernes pasado varios medios dijeron que Duque iba a objetar, como en efecto lo hizo anoche, además haciendo lo que está en sus manos para abrir la puerta a cambios al Acuerdo, vía reformas constitucionales.
Con eso llevó a la práctica lo que Uribe y Martínez le pidieron que hiciera y, como dijo Héctor Riveros en su columna, su imagen de moderado que mantiene cierta independencia frente a Uribe quedó golpeada.

Las objeciones y el proyecto

Duque decidió objetar por inconvenientes seis artículos (de 150), cada uno con cargas políticas y consecuencias prácticas, y algunos con interrogantes jurídicos:
·  El artículo 7, porque “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”.
·  El inciso octavo del artículo 63 porque, según Duque “no determina el alcance de la competencia al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”
·  El inciso tercero del literal j del artículo 79, porque “se trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”, dijo Duque.
·  El artículo 2 del artículo 19, que habla “sobre la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad.”
·  El artículo sobre la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo. Duque dijo que “es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas.”
·  El artículo 153 porque, según dijo “condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo”
Además de esas seis objeciones, anunció un proyecto de reforma constitucional para abordar otros tres puntos: excluir del trabajo de la JEP los delitos contra menores, eliminar de tajo todos los beneficios de los desmovilizados que reincidan (aparentemente sea con el delito que sea) y llevar a la justicia ordinaria todos los delitos de ejecución continuada que se siguieron cometiendo después del 1 de diciembre de 2016.
Ese último punto abre la puerta a que el Congreso le meta la mano a las reformas constitucionales que implementaron el Acuerdo, el mayor golpe que ha recibido hasta ahora.
Esas objeciones y el proyecto retoman todas de Uribe, pero también se enfrentan en varios puntos a decisiones que ya tomó la Corte sobre esta misma ley estatutaria, como el de la reducción proporcional de los beneficios a los reincidentes, el del artículo 153 sobre extradición o el de delitos sexuales frente a menores.
Con eso, arranca un camino de debate y tensión política que pondrá al Congreso a tomar una decisión de alto voltaje político, pues será el momento de saber si ese uribismo duro tiene mayorías o no.

El Congreso a la palestra; Cambio, a definirse

Las objeciones le pasan la pelota al Congreso, que debe decidir si las acepta o no, en bloque o por artículos.
Las objeciones que rechacen las dos cámaras se hunden, por lo que en ese caso Duque perderá un pulso y Macías, a pesar de ser uribista, deberá firmarlas como parte de la ley estatutaria, en su calidad de presidente del Senado.
Si por lo menos una de las dos cámaras las acepta, Duque tendrá la victoria de hundir los artículos.
Esa decisión debe tardar algunas semanas, mientras Macías y el presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos Chacón, designan comisiones accidentales para estudiarlas, éstas presentan ponencias y las plenarias votan.
Mientras tanto, las bancadas en el Congreso seguramente definirán sus posiciones, si no están ya cantadas.
Ya está clara que la coalición de gobierno, de uribistas, conservadores y cristianos, votará a favor. De hecho, tanto el Partido Conservador como líderes uribistas, empezando por Álvaro Uribe, le habían pedido a Duque objetar.
Eso, de entrada, pone a favor de las objeciones 38 de los 107 votos del Senado, y 58 de los 172 de la Cámara.
En contraste, de entrada están en contra las bancadas de oposición (Polo, FARC, Verdes, petristas) y por lo menos la mayoría de liberales y parte de La U. Suman por lo menos 41 de los 107 votos del Senado, y 64 de los 172 de la Cámara.
Eso hace que la decisión final probablemente quede en manos de Cambio Radical, con sus 16 senadores y sus 30 representantes.
Falta ver si con ese papayazo político, el Partido mantiene el apoyo que hasta ahora tiene a las objeciones del Fiscal, que viene de sus toldas. Según un senador de Cambio, hasta ahora esa es la posición.
“Hace dos días tuvimos reunión de bancada y la mayoría estuvo de acuerdo con que estamos alineados con la casi todas objeciones del Fiscal”, nos dijo ese senador.  
Aunque es probable que la mantenga, su cabeza, el ex vicepresidente Germán Vargas, se ha mantenido distante de Duque, como se nota en sus constantes críticas a políticas públicas clave como el Plan de Desarrollo o la reforma tributaria y en la decisión de la bancada de declararse independiente del Gobierno. 
Además, si las termina apoyando crearía una victoria para el uribismo más duro, del que Vargas ha sido distante por lo menos desde su pelea con Uribe en 2009, y más tras haber sido puntal del gobierno de Juan Manuel Santos, al que el uribismo le hizo oposición dura y cerrada.
Por eso, las objeciones crean un dilema en Cambio, que podría resolverse si apoya unas pero no otras. Eso dejaría a Duque con una victoria parcial en un Congreso al que no ha buscado amarrar a punta de ‘mermelada’.
Además de lo que pase en el Congreso, estas objeciones son quizá el golpe más duro al Acuerdo de Paz desde que Duque llegó a la Presidencia, y una muestra de que su eslógan "ni trizas ni risas" puede resultar reflejando posturas cerradamente uribistas.

El coletazo para los excombatientes

Un primer efecto que puede tener esta decisión es que probablemente crezca la desconfianza de los excombatientes frente a la justicia transicional, que alimenta la posible extradición de alias Jesús Santrich, porque deja una sensación de falta de seguridad jurídica.
Eso puede llevar a que muchos decidan finalmente irse a engrosar las filas de las disidencias, algo que jefes de la FARC como Fabián Ramírez han intentado evitar.
Además, la objeción parcial de Duque se da justo a días de que los excomandantes farianos más desconfiados con la implementación del Acuerdo deban ir a dar versión libre ante la Sala de Reconocimiento de la JEP: mañana martes le toca a Santrich, el jueves a Iván Márquez y el próximo lunes a ‘El Paisa’, que tiene un incidente de incumplimiento abierto en la JEP.
Si Márquez llegó a llamar ‘un horroroso frankenstein santanderista’ a la JEP antes de que Duque anunciara las objeciones, es muy probable que ahora ese sistema de justicia transicional le parezca un monstruo aún peor.
Y si ‘El Paisa’ lleva meses sin aparecer, ni siquiera mandando un informe contando en qué está, lo más seguro es que con esto menos.
De hecho, el anuncio de Duque ya dio para reacciones de miembros del partido FARC
Con todo eso, así el Presidente no haya buscado eliminar la JEP o crear una sala especial para militares, como han propuesto algunos de sus copartidarios, sí la ve como favorable a la exguerrilla - pues aunque esos cambios también afecten a los militares que procesará la JEP, acoge las críticas de quienes dejan eso de lado porque la ven muy pro FARC.

Un uribismo renovado

En su primer semestre, Iván Duque ha tenido dificultades para marcar una línea política clara hacia afuera a pesar de haber sido elegido como "el de Uribe".
Como hemos contado, no ha podido consolidar una bandera.
Solo por citar un ejemplo, a pesar de que en diciembre dijo en Semana que su bandera es la equidad, que ha usado la palabra con cierta frecuencia y de que su Plan de Desarrollo se llama “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, esa idea no ha pegado por varios motivos, desde lo frío de la palabra hasta el contraste con propuestas como ampliar el IVA a la canasta familiar.
En cambio, su liderazgo en reacción a la bomba del ELN en la Escuela General Santander y, sobre todo, el que ha tenido frente a la crisis de Venezuela, le han dado aire en la opinión, como demostró la reciente encuesta Gallup.
Además, el semestre pasado se fue en contravía de una opinión de Uribe en un asunto muy sensible, aunque no medular del uribismo: avanzó en la propuesta de ampliar el IVA a la canasta familiar, a pesar de que el Expresidente le había dicho públicamente que era una mala idea.
Al final, tuvo que retirarlas y asumir un gran costo en la opinón.
Esta vez su decisión fue hacerle caso.
Con las objeciones, y con decisiones como pedirle a la Corte Constitucional modular su sentencia sobre aspersión con glifosato para hacerla más fácil o nombrar a Darío Acevedo en el Centro de Memoria Histórica y a Claudia Ortiz en la Agencia para el Desarrollo Rural, Duque ha dado pruebas de su uribismo.
Ese uribismo se nota en otras coincidencias entre sus políticas y las de Álvaro Uribe en la Presidencia.
Por ejemplo, la reforma tributaria de Duque y su Plan de Desarrollo buscan incentivar los grandes capitales, reduciendo su carga tributaria, con la meta de que así se mueva más la economía y generen más empleo.
Aunque algunas herramientas son diferentes -mientras Uribe creó una deducción al impuesto de renta para grandes inversiones en plantas o equipos, Duque bajó el impuesto de renta a las empresas-, la lógica coincide.
Lo mismo pasa con las negativas a negociar con las guerrillas, la intención de privatizar empresas públicas, el énfasis de la política de drogas en la erradicación forzosa con glifosato, la apuesta por informantes o cooperantes para mejorar la seguridad, o la preferencia de generales troperos.
Incluso se parece en la lógica de los los Talleres Construyendo País, que como los consejos comunitarios de Uribe son los sábados, todas las semanas, con presencia de todo el gabinete y orientados a las necesidades locales.
En estos primeros meses, ha mostrado diferencias de fondo con el uribismo 1.0. Por ejemplo, no ha buscado ganar gobernabilidad en el Congreso entregando burocracia o representación política a partidos que no lo acompañaron en campaña, como sí hizo Uribe ni ha entrado en conflicto con la Rama Judicial.
Además, Duque tiene un talante más conciliador, un discurso más mesurado y una menor capacidad de conectar con los políticos y la gente de a pie.
Quizás por eso, mientras Uribe arrancó pisando muy fuerte con la política de seguridad democrática y su referendo contra la corrupción y la politiquería, Duque ha tardado más en definir su norte.
Algo que probablemente esté cambiando, en un giro hacia el uribismo más tradicional que refuerzan las objeciones y el proyecto de reforma constitucional.


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