En efecto, y aunque no se ordena una prohibición explícita de la sustancia, sí se ordena a las dos reparticiones públicas que, en un plazo de cinco años, y basado en las graves consecuencias a la salud derivadas por la exposición al asbesto, lo sustituya por otras sustancias.
“Lo que dice esta sentencia es que el asbesto no es
seguro y que los ciudadanos no pueden seguir expuestos a él debido a sus
nefastas y hasta mortales consecuencias. Es un fallo macizo y contundente
que, además, deja expuesto que el Estado y el sector privado han permitido el
uso indiscriminado de esta peligrosa sustancia durante décadas”, dice Silvia
Gómez, directora de Greenpeace Colombia.
La resolución
judicial se conoce después de más de una década de fallidos intentos de
prohibición del asbesto en el Congreso y de años de intenso lobby por parte de
la industria para seguir adelante con la producción de una sustancia que, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, ha sido responsable, entre
los años 2010 y 2014, de 1.744 muertes por cáncer de pulmón atribuibles a dicha
fibra tóxica.

Por último, la
directora de Greenpeace Colombia resaltó
el papel clave que ha jugado la ciudadanía en esta batalla contra el asbesto:
“Lo vemos como un enorme triunfo ciudadano y la demostración de que, cuando las
instituciones no dan respuesta satisfactoria a los problemas, es el compromiso
y presión de la gente la que puede hacer cambiar las cosas”.