Un proyecto de ley que limitaría la detención preventiva a un máximo de dos años de duración, fue presentado por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, y el ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado.
El proyecto fue presentado ante la Secretaría del Senado de la República por los dos funcionarios para optimizar la utilización de esta institución jurídico-penal, teniendo en cuenta que su uso se ha extendido y realmente sólo ha servido para congestionar las cárceles. El proyecto de ley, que comenzará su trámite en la Comisión Primera del Senado de la República, buscará de fondo resolver el problema de hacinamiento y descongestión a la justicia.El Fiscal General aseguró que este proyecto profundiza la tendencia que hemos venido trabajando con el Gobierno Nacional en el sentido de labrar un derecho penal garantista que proteja los derechos fundamentales dentro del proceso, ya que la medida de detención preventiva debe ser una medida excepcional, teniendo en cuenta que la regla general del proceso penal debe ser la libertad”.
Por su parte, Reyes afirmó que “se va a exigir que no solamente los jueces analicen la conducta por la cual se está investigando a la persona sino que haga, como ha dicho la jurisprudencia de las cortes, el pronóstico hacia el futuro del posible comportamiento de la persona durante el juicio. Se pedirá que se demuestre en la audiencia que las medidas no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar la comparecencia del indiciado al proceso y la no participación de otras conductas delictivas”.
El proyecto fue presentado ante la Secretaría del Senado de la República por los dos funcionarios para optimizar la utilización de esta institución jurídico-penal, teniendo en cuenta que su uso se ha extendido y realmente sólo ha servido para congestionar las cárceles. El proyecto de ley, que comenzará su trámite en la Comisión Primera del Senado de la República, buscará de fondo resolver el problema de hacinamiento y descongestión a la justicia.El Fiscal General aseguró que este proyecto profundiza la tendencia que hemos venido trabajando con el Gobierno Nacional en el sentido de labrar un derecho penal garantista que proteja los derechos fundamentales dentro del proceso, ya que la medida de detención preventiva debe ser una medida excepcional, teniendo en cuenta que la regla general del proceso penal debe ser la libertad”.
Por su parte, Reyes afirmó que “se va a exigir que no solamente los jueces analicen la conducta por la cual se está investigando a la persona sino que haga, como ha dicho la jurisprudencia de las cortes, el pronóstico hacia el futuro del posible comportamiento de la persona durante el juicio. Se pedirá que se demuestre en la audiencia que las medidas no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar la comparecencia del indiciado al proceso y la no participación de otras conductas delictivas”.