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Este instrumento económico
ofrecerá pagos por servicios ambientales,
previniendo la deforestación
y destrucción de bosques.
- Fotos: Víctor Holguín / Unimedios
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El instrumento económico
que ofrecerá pagos por servicios ambientales previniendo la deforestación y
destrucción de bosques, se basa en aspectos técnicos de aplicación que dejan a
un lado posibles impactos sociales.
Agencia de Noticias UN - En 2007 el
Ministerio de Medioambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, desde la
Oficina de Análisis Económico, realizó un documento llamado “Estrategia
nacional para el pago por servicios ambientales en Colombia”, en el que,
mediante pruebas piloto, se tuvo un acercamiento a posibles diseños y aspectos
claves en la implementación de esquemas de pago.
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| El estudio se
concentró en aspectos técnicos de aplicación y diseño. |
Organismos
como el Ministerio, la Unidad de Parques y el IDEAM, entre otros, vienen
impulsando con fuerza instrumentos económicos para evitar la deforestación y la
destrucción de los bosques en Colombia.
El estudio
realizado se concentra en aspectos técnicos de aplicación y diseño, como
metodologías para calcular adicionalidad en la prestación o informaciones de
líneas base. Esto, con base en la teoría de que los ecosistemas prestan
servicios y proveen bienes que aportan al bienestar humano.
Por esa razón
se hace necesario compensar a quien los provee, en este caso, a propietarios
ubicados en áreas de importancia ambiental que ayudan a reducir los usos que
van en contra de la conservación, como monocultivos y ganadería extensiva,
actividades que ofrecen gran rentabilidad.
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| El impacto social no es fuente de análisis, tampoco los efectos que se pueden generar en términos de equidad. |
Según
Carmenza Castiblanco, directora del Instituto de Estudios Ambientales de la
U.N. (IDEA), dicho análisis tiene un enfoque económico que no se acopla al
contexto real del medioambiente.
“Los
economistas hablan de proveedores donde no existen, pues la naturaleza es la
que provee. Los demandantes en este caso son los beneficiarios de un servicio
ambiental, además, el término de precios de equilibrio no contextualiza a lo
que realmente se refiere, es decir, acuerdos de conservación en los que hay
unos pagos que pueden ser monetarios o de especie”, expresó la directora en su
charla titulada “Pagos por servicios ambientales: potencialidades y
limitaciones”, la cual tuvo lugar durante la V Semana de la Investigación del
IDEA.
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El estudio tiene un enfoque
económico
que no se acopla
al contexto real del medioambiente.
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Adicionalmente,
tampoco están presentes los impactos que se pueden generar en términos de
equidad, su aplicación en latifundios y zonas de conflicto armado que podrían
convertirse en estímulos perversos del beneficio.
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Lo más importante de estos
incentivos
es la estructura de organización
de los habitantes locales.
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Para la
profesora Castiblanco, lo más importante de estos incentivos es la estructura
de organización de los habitantes locales, pues son ellos los beneficiados. Por
eso, debe existir apropiación de estas comunidades, así como convencimiento y
condiciones para que en el futuro funcione.
Solo hasta el
2013, cuando con el decreto 953 se reglamentó el artículo 111 de la ley 99 de
1993 que establecía que los municipios debían destinar el 1 % de sus ingresos a
la compra de predios de alta importancia para la protección de cuencas, se dio
normatividad a los pagos por servicios ambientales, para la conservación del
recurso hídrico.
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Carmenza Castiblanco, directora del
Instituto de Estudios Ambientales de la U.N.
(IDEA).
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Con esta
modificación, los municipios tienen la posibilidad de decidir si compran
predios o invierten ese 1 % en esquemas de pago por los servicios
ambientales.
Este decreto
es solo el inicio de la reglamentación para este tipo de incentivos, que aún
espera un largo camino hasta que el país los tenga en pleno
funcionamiento.
Diferente es
el caso de países como Costa Rica donde ejecutan esquemas de pagos
estructurados desde los años 90.
(Por:Fin/VMH/dmh/AC) N° 66
