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Colombia cierra su espacio aéreo a aviones Boeing 737 MAX y prohíbe su operación en territorio nacional
Los
operadores aéreos extranjeros, tales como Aeroméxico y Copa Panamá también
habían optado por suspender la operación de dichas aeronaves, reporta el
regulador de la aviación colombiana.
Joshua Roberts - Reuters |
Colombia
ha cerrado su espacio aéreo a los aviones Boeing 737 MAX y ha prohibido su
operación en el territorio nacional tras la catástrofe en Etiopía, ha anunciado
la Aeronáutica Civil del país en un comunicado.
"La
Aerocivil ha mantenido consultas permanentes con otras autoridades de aviación
civil, incluida la FAA (Federal Aviation Administration) de los Estados Unidos, quienes
el día de hoy mediante un boletín de emergencia notificaron su decisión de prohibir la operación dichas
aeronaves", reza el mensaje.
MCAS: El sistema informático de los Boeing 737 MAX 8 que podría
estar detrás de los siniestros en Indonesia y Etiopía
El
comunicado también informa que "a la fecha ninguna aerolínea colombiana opera las aeronaves B737
Max-8 y B737 Max-9, diseñadas por Boeing".
Además,
la Aeronáutica Civil colombiana ha reportado que los operadores aéreos
extranjeros, tales como Aeroméxico y Copa Panamá, también habían optado por
suspender la operación de dichas aeronaves "mientras se obtenía mayor
información sobre la causa probable de los accidentes ocurridos".
La
reciente catástrofe aérea de un Boeing 737 MAX 8 de la compañía Ethiopian
Airlines, que se cobró la vida de 157 personas, fue el segundo siniestro
mortal que sufrió ese modelo de avión en menos de cinco meses. A finales
del pasado octubre, otro Boeing 737 MAX 8 de Lion Air se estrelló frente a las costas de
Indonesia con 189 personas a bordo 13 minutos después de despegar de Yakarta.
Ese aparato accidentado en el mar de Java era nuevo y apenas llevaba dos meses
de servicio.
La Constitución de Colombia se respeta: Procurador General
PGN.- El Procurador General de la
Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que objetar el proyecto de la ley
estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “abre un debate
político inoportuno e inútil y desconoce el rol de la Corte Constitucional”, y
agregó que la ruta propuesta por el Presidente Iván Duque Márquez, conduce a
“agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia”.
“La Constitución de Colombia se
respeta”, advirtió e jefe del Ministerio Público al instalar el conversatorio
Crisis de la justicia y legitimidad del Estado Social de Derecho “Homenaje a la
jurisprudencia de María Victoria Calle”.
En su intervención el Procurador
enumeró en 10 puntos sus argumentos según los cuales las objeciones
presidenciales a la JEP agudizan la fractura política que vive el país, ponen
en alto riesgo la institucionalidad, generan un enfrentamiento innecesario
entre los poderes, y abren espacio a la inseguridad jurídica.
“A situaciones excepcionales,
salidas excepcionales pero institucionales”, sostuvo Carrillo Flórez al hacer
un llamado al Jefe de Estado a generar consensos y a no perder la oportunidad
de ser el adalid de un gran pacto en el que participen las fuerzas vivas, las
víctimas, los partidos, donde se “construya una agenda inmediata de ajustes y
modificaciones a la JEP, si ello es necesario”.
Estos fueron los 10 puntos
manifestados por el Procurador en su intervención:
1. El tema ya no es
improcedencia de la formulación de objeciones, sino la intangibilidad de
decisiones de la justicia. Aquí media una decisión sobre un proyecto de ley
estatutaria en ejercicio de un control previo, único y exclusivo. Hay cosa
juzgada constitucional.
2. Soslayar el cumplimiento
del principio de respeto a decisiones autónomas de la justicia, pone en alto
riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de Derecho, respetuoso de
la separación de poderes y de la independencia del poder judicial.
3. Genera un enfrentamiento
innecesario entre los poderes públicos y abre espacio a inseguridad jurídica
sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final.
4. Abre un debate político
inoportuno e inútil desconociendo abiertamente el rol de la Corte Constitucional
cuando ella será quien termine de todas maneras resolviendo este problema. La
ruta propuesta por el Presidente conduce a agudizar la fractura política en la
que se encuentra Colombia.
5. Otro asunto diferente es
la forma como opera la JEP y el alcance de sus decisiones, por ejemplo, en
materia de solicitudes de garantía de no extradición o de amparo de la justicia
transicional SIN derecho a ello. A todo esto, la Procuraduría se ha opuesto
sistemáticamente como parte procesal independiente y defensora de los derechos
de las víctimas.
Pesos pesados le piden a la ONU proteger el acuerdo de paz
las2orillas.- Que el presidente Iván Duque haya presentado varias objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP causó preocupación en algunos y alegría en otros. El pasado 20 de febrero un grupo de dirigentes políticos, líderes sociales, y figuras públicas —todos promotores del SÍ— se reunieron en el Centro Cultural Gabriel García Márquez para defender el Tribunal de paz y el acuerdo firmado en La Habana; y ahora le enviaron esta carta al secretario general de la ONU Antonio Guterres pidiéndole que respalde tanto el acuerdo como la JEP. La carta va con copia a la presidenta de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, quien ya había advertido que dejaran trabajar a la JEP, si no la CPI podía entrar a jugar en la justicia colombiana.
Esta es la carta encabezada por Humberto De
La Calle y firmada por un gran número de exministros, congresistas, líderes
sociales, y algunos negociadores:
Los promotores del Sí se volvieron esta vez
bajo la bandera de “Defendamos la Paz” para que el uribismo no se le atraviese
al tribunal
Con sus objeciones a la JEP, Duque muestra un uribismo más duro
Con su anuncio de presentar objeciones a la
ley estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque deja claro que su uribismo
es menos 2.0 de lo que había mostrado: cambió de postura tras una intervención
pública de Álvaro Uribe y dejó atrás la búsqueda de no crear choques
institucionales para enfrentarse a una decisión ya tomada de la Corte
Constitucional.
Hasta ahora no había tomado ninguna decisión a la vez pública y tan importante que mostrara un reflejo de las posturas duras de Uribe
Por JUAN ESTEBAN
LEWIN | JUANITA VÉLEZ ·
Aunque Duque arrancó su discurso diciendo que
la decisión no buscaba un choque de trenes con la Corte y que no
significa que deje de implementar el Acuerdo de La Habana sí lo
pone en contravía de la Corte por el contenido de las objeciones y del proyecto
complementario de reforma constitucional que anunció. También es un golpe
al Acuerdo.
Es decir, uribismo puro y duro, a pesar
de los matices que había evidenciado hasta ahora en su Gobierno y de sus formas
conciliadoras.
Un uribismo puro y duro que se nota en
que hace menos de un
mes dijo que no objetaría esta ley porque no era legalmente
posible hacerlo, y que haya decidió objetar después de que Uribe dijo que dado
que no se podía eliminar la JEP había que objetar y buscando cambios contarios
a lo que ya decidió la Corte.
La pregunta por sus objeciones arrancó hace
un mes, antes de que se resolviera el capítulo anterior de la novela del
proyecto de ley, que se demoró en firmar el presidente uribista del Senado,
Ernesto Macías, y que luego envió a la Cámara sin algunos renglones.
Desde ese entonces hubo rumores de que el Gobierno
estaría pensando objetarla, para lo que tenía plazo hasta el lunes
11.
Hacerlo tenía sentido político pues desde
septiembre el uribismo dijo que le preocupaba la decisión de la Corte
Constitucional sobre ese proyecto, que revisó antes de su firma por ser una ley
estatutaria y en la que si bien solo tumbó algunos puntos, incluía varios de los que la endurecían.
Ese rumor se llenó de carne hace tres
semanas, cuando el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a
Duque pidiendo que la objetara en cuatro puntos:
· que la JEP investigue delitos de ejecución permanente que se empezaron a
cometer antes del 1 de diciembre de 2016 y siguieron después
· que la JEP pueda decidir qué desmovilizados mantendrán penas blandas y
no extradición a pesar de volver a delinquir
· que la Fiscalía supuestamente queda totalmente maniatada en los casos
que luego asuma la JEP
· Que la JEP solo investigará y procesará a los máximos responsables de
crímenes de guerra, no a todos sus responsables
Fue en ese entonces que Duque dijo que no
objetaría.
Luego Álvaro Uribe sumó otras críticas, sobre
los delitos contra menores y la supuesta casi prohibición de la extradición.
A eso la revista Semana, decenas de líderes
de opinión, organizaciones sociales y la misma JEP respondieron con la petición
contraria a Duque, firmarla como está.
La tensión se mantuvo a pesar de que lo más probable era que la objetara,
por sus críticas pasadas y el clima político, y se reforzó con la bomba que
publicó la Fiscalía sobre la corrupción de un fiscal de la JEP y su todavía
dudosa relación con el trámite de extradición de Jesús Santrich.
El viernes pasado varios medios dijeron que
Duque iba a objetar, como en efecto lo hizo anoche, además haciendo lo que está
en sus manos para abrir la puerta a cambios al Acuerdo, vía reformas
constitucionales.
Con eso llevó a la práctica lo que Uribe y
Martínez le pidieron que hiciera y, como dijo Héctor
Riveros en su columna, su imagen de moderado que mantiene cierta
independencia frente a Uribe quedó golpeada.
Las objeciones y el proyecto
Duque decidió objetar por inconvenientes seis
artículos (de 150), cada uno con cargas políticas y consecuencias prácticas, y
algunos con interrogantes jurídicos:
· El artículo 7, porque “no establece de manera clara la obligación
principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”.
· El inciso octavo del artículo 63 porque, según Duque “no determina el
alcance de la competencia al Alto Comisionado para la Paz para verificar la
lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se
sometan a un proceso de paz”
· El inciso tercero del literal j del artículo 79, porque “se trata de la
suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas
acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no
precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de
realizar”, dijo Duque.
· El artículo 2 del artículo 19, que habla “sobre la renuncia a la acción
penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra
en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción
penal es inconveniente porque constituiría impunidad.”
· El artículo sobre la extradición de personas por conductas posteriores a
la firma del Acuerdo. Duque dijo que “es inconveniente debido a que no precisa
lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la
Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas.”
· El artículo 153 porque, según dijo “condiciona la extradición de otras
personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni
oportunidad para hacerlo”
Además de esas seis objeciones, anunció un
proyecto de reforma constitucional para abordar otros tres puntos: excluir del
trabajo de la JEP los delitos contra menores, eliminar de tajo todos los
beneficios de los desmovilizados que reincidan (aparentemente sea con el delito
que sea) y llevar a la justicia ordinaria todos los delitos de ejecución
continuada que se siguieron cometiendo después del 1 de diciembre de 2016.
Ese último punto abre la puerta a que el
Congreso le meta la mano a las reformas constitucionales que implementaron el
Acuerdo, el mayor golpe que ha recibido hasta ahora.
Esas objeciones y el proyecto retoman todas
de Uribe, pero también se enfrentan en varios puntos a decisiones que
ya tomó la Corte sobre esta misma ley estatutaria, como el de
la reducción proporcional de los beneficios a los reincidentes, el del artículo
153 sobre extradición o el de delitos sexuales frente a menores.
Con eso, arranca un camino de debate y
tensión política que pondrá al Congreso a tomar una decisión de alto voltaje
político, pues será el momento de saber si ese uribismo duro tiene mayorías o
no.
El Congreso a la palestra; Cambio, a definirse
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