Magdalena presenta dos nuevos brotes de influenza aviar

Con estos ya son cuatro los brotes que se han presentado en el país durante el 2024, sumados a los dos reportados en el municipio de Acandí, Chocó, la semana anterior. Cabe resaltar que durante 2022 y 2023, el ICA atendió y erradicó 66 brotes en aves silvestres y de traspatio. A la fecha no hay granjas comerciales con resultados positivos a influenza aviar en ninguna zona del país.

“Como autoridad sanitaria hacemos un llamado urgente a los productores avícolas para que refuercen todas las medidas de bioseguridad para prevenir la presentación de otros casos de la enfermedad, que puedan afectar en gran manera sus aves. Desde el ICA estamos preparados para atender esta emergencia, pero todas las acciones de prevención y erradicación, dependen de las notificaciones a tiempo que han hechos nuestros productores”, expresó Paula Cepeda, gerente general (e) del ICA.

El ICA ya ha informado de estos nuevos brotes a las autoridades de salud y de ambiente para establecer, de manera articulada, todas las medidas necesarias para el control de esta importante enfermedad, activando las rutas adecuadas para el manejo de la emergencia.

El Instituto en conjunto con las demás entidades se encuentran adelantando todos los protocolos establecidos a nivel nacional para contener la enfermedad y evitar su propagación.

La autoridad sanitaria hace un llamado a las comunidades de la región para que notifiquen cualquier signo clínico sospechoso en sus aves, en la oficina del ICA más cercana, a través de la página www.ica.gov.co o al WhatsApp 3242380738, de manera tal que se pueda actuar con rapidez ante la posible presencia de la enfermedad.

A pesar de la detección de estos nuevos brotes, según lo establecido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el país no pierde su condición sanitaria de autodeclaración de libre de influenza aviar altamente patógena.

Ley Ferroviaria ya tiene ponencia positiva en Comisión VI de Senado de la República

La rehabilitación de la red férrea nacional perm​itirá mejorar la
conectividad del país e impulsar el desarrollo nacional.
Foto: Ministerio de Transporte

​La Comisión Sexta del Senado de la República tiene lista la ponencia positiva para primer debate del proyecto de Ley Ferroviaria que presentó el Ministerio de Transporte, y que busca adecuar los instrumentos legales y técnicos para la reactivación del modo ferroviario y mejorar la competitividad del sector.

La iniciativa, que ha sido presentada al Legislativo en dos ocasiones, reducirá en 22% las emisiones de CO2 y se articula con otros modos de transporte para crear una red logística eficiente y sostenible.

El país cuenta con 3.533 km de línea férrea, de los cuales 1.610 km están administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 1.734 km por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y 189 km por sectores privados.

El proyecto de ley No. 232 de 2024, “por medio de la cual se definen y establecen las condiciones para el desarrollo de infraestructura ferroviaria nacional, se regula la prestación del servicio público de transporte ferroviario y se dictan otras disposiciones", adopta medidas para facilitar la construcción, mantenimiento y operación de una infraestructura ferroviaria moderna que conecte los centros de producción con los puertos y regiones de consumo.

La iniciativa pretende regular la prestación de servicios de transporte público de carga y pasajeros utilizando la red férrea nacional, y establecer las condiciones para el desarrollo de su infraestructura, su ordenamiento institucional, el régimen económico y los mecanismos de gestión y financiación, así como la definición de lineamientos que promuevan la intermodalidad, interoperabilidad y complementariedad para la reactivación sostenible, eficiente y segura del modo férreo.

Una de las ventajas en el uso de este sistema, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, es la reducción de costos operativos y logísticos, disminución de la congestión y de la contaminación, al tiempo que beneficia a pasajeros y empresas.

Esto permite, según la ponencia, impulsar uno de los motores económicos del país, generando desarrollo en las regiones, la creación de empleos y ofreciendo menores costos de logística para las empresas pues se proyecta a 2030 disminuir esa cifra de 17,9%, en la actualidad, a 9,5%, para llegar a nivel de países OCDE.

Además, permitirá reducir en 26,2 % el costo y en un 23,5 % los tiempos de transporte para el comercio exterior, impulsando la integración regional.

Igualmente, el proyecto promueve una política de Estado que fomente inversiones en infraestructura, tecnología, modernización y expansión de la red ferroviaria nacional de acuerdo con normas internacionales.

El objetivo es impulsar el transporte intermodal y posicionar a Colombia como un puerto de transferencia de carga internacional en la región.

El proyecto de ley propone también la creación de la Agencia Nacional de Ferrocarriles, una entidad clave para centralizar y optimizar la planificación, operación y mantenimiento de la red ferroviaria.

Expos​ición de motivos

​La propuesta también incluye la actualización del Plan Maestro Ferroviario, con el fin de guiar el desarrollo del sistema ferroviario a corto, mediano y largo plazo, garantizando un enfoque sostenible y continuo más allá de los cambios administrativos.

Dice la exposición de motivos del proyecto que la inversión en infraestructura ferroviaria ha sido históricamente insuficiente. Desde 2010, Colombia ha destinado menos del 1,8% de los recursos públicos al sistema férreo, lo que equivale a aproximadamente 247.000 millones de pesos anuales, de los cuales 175.000 millones son aportados por el sector privado y 75.000 millones por el sector público.

El proyecto de ley busca aumentar esta inversión mediante la promoción de la cooperación público-privada y la implementación de incentivos fiscales y créditos preferenciales, para estimular la participación del sector privado, que no solo aportará capital, sino también experiencia y eficiencia en la gestión de proyectos ferroviarios. Este modelo, probado con éxito en otros países de América Latina, podría ser un catalizador para el desarrollo del sistema ferroviario colombiano.

Ministerio de Educación anuncia giro por $197 mil millones para el Icetex

El anuncio se oficializó durante la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), durante la cual se aprobaron nuevas medidas y apoyos, que buscan cumplir el compromiso con la educación de los jóvenes beneficiarios de la entidad.

De este monto total, $95 mil millones corresponden al Fondo Generación E Excelencia, y se destinarán a los componentes de matrícula y sostenimiento de los jóvenes.

Así mismo, el Ministerio de Educación informó que gestionó los recursos necesarios para la apertura de los fondos de administración que atienden a población con especial protección constitucional: el Fondo para Población Víctima del Conflicto Armado, el Fondo para Población con Discapacidad y el Fondo para la Población Rrom.

Nuevo Fondo

La Junta Directiva del Icetex aprobó el nuevo Fondo Pasivo Contingente, iniciativa creada para otorgar respaldo y protección integral a los beneficiarios de créditos ante situaciones que puedan comprometer su estabilidad económica y académica.

Este nuevo Fondo incluye tres coberturas principales de protección económica al beneficiario del Icetex: asistencia en caso de desempleo, apoyo en materia de enfermedades catastróficas y garantía de estabilidad en el giro (este último permitirá el giro de crédito a las universidades cuando existan retrasos en estos desembolsos).

El Fondo Pasivo Contingente complementa medidas ya existentes en el crédito educativo del Icetex, como es el Fondo de Invalidez y Muerte, que protege al beneficiario de esta financiación con la condonación del crédito en caso de estos dos riesgos.

En este contexto, el Icetex invitó a los alcaldes y a los gobernadores para que, de manera articulada con el Instituto, exploren mecanismos que permitan la destinación de recursos, especialmente a través del Sistema General de Regalías de las entidades territoriales, que apoyen con nuevos programas a los jóvenes de población vulnerable y en condiciones de pobreza extrema para el acceso y permanencia en la educación superior.

La Junta Directiva del Icetex seguirá trabajando a través de sesiones extraordinarias en lo que resta del año para continuar evaluando alternativas y escenarios que permitan la apertura de la convocatoria de nuevos créditos educativos y el acompañamiento a los proyectos de vida de los jóvenes colombianos.

Seguridad y confianza...

UNAL y Mintrabajo proponen modelo para proteger a trabajadores informales rurales del país

El 24 % de la población colombiana reside en áreas rurales y enfrenta desigualdades
para acceder a los servicios de salud.
Foto: archivo Unimedios.

En términos laborales, los hombres se accidentan más en actividades agrícolas, debido tanto al manejo de maquinaria pesada y herramientas cortantes como a la exposición prolongada a condiciones climáticas adversas. Talar árboles y recoger cultivos de alto riesgo, como la caña de azúcar, también aumenta la probabilidad de sufrir lesiones.

Por su parte las mujeres, especialmente aquellas involucradas en actividades agrícolas, están expuestas al contacto directo con productos químicos como los fungicidas, sustancias utilizadas para proteger cultivos que se asocian con problemas respiratorios, irritaciones cutáneas y enfermedades crónicas como el cáncer.

Pero eso no es todo. En actividades mineras como el barequeo (extracción manual de oro) las mujeres tienen contacto constante con el mercurio, utilizado para separar el oro de los sedimentos. Lo que preocupa es que este metal pesado se asocia con intoxicaciones que afectan el sistema nervioso y los riñones, y pueden generar daños irreversibles a la salud.

Así lo evidenció el diagnóstico epidemiológico adelantado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) que ha servido como base para que el Ministerio de Trabajo presente un modelo de protección de riesgos laborales para los trabajadores vulnerables del área rural del país.

Esta propuesta inicial busca garantizar su inclusión en un sistema integral de seguridad social –centrado en la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo–, y al mismo tiempo abordar las desigualdades en el acceso a servicios de salud en las zonas rurales de Colombia.

Los hombres se accidentan más en actividades agrícolas, pesqueras y mineras.
Foto: archivo Unimedios.

El 24 % de la población vive en zonas rurales, y a pesar de que estas comunidades son fundamentales para la producción agrícola, pesquera y minera del país, enfrentan altos índices de enfermedades laborales y accidentes de trabajo; además enfrentan desigualdades sociales, económicas, y de acceso a servicios básicos.

Uno de los pilares del modelo es el análisis del perfil epidemiológico de los trabajadores rurales en Colombia, realizado por investigadores de la UNAL con base en fuentes de información sobre enfermedad y accidentalidad laboral del país, las cuales revelan que en las áreas rurales la carga de enfermedades laborales y accidentes es desproporcionada frente a las áreas urbanas.

Además de las enfermedades laborales mencionadas, se encontraron dengue, malaria, chikunguña y leishmaniasis, las cuales son transmitidas por vectores que clasifican dentro de las afecciones comunes en la ruralidad, y cuya incidencia varía según factores climáticos y económicos.

La propuesta prioriza a las comunidades más vulnerables, incluyendo
aquellas en zonas de difícil acceso y en condiciones de pobreza.
Foto: archivo Unimedios.

La infección respiratoria aguda (IRA) y la tuberculosis afectan de manera importante a los residentes de áreas rurales de departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar. En 2019 la IRA registró una tasa de hasta 213,4 casos por cada 1.000 afiliados, mientras en la tuberculosis fue de hasta el 82,69 % de los casos por cada 100.000 afiliados.

También se encontró que la malaria y los accidentes ofídicos tienen una prevalencia significativa en la Amazonia y Orinoquia, mientras que las enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión y diabetes, se concentran en la región Andina.

Según la profesora Oneys del Carmen de Arco Canoles, de la Facultad de Enfermería de la UNAL, “las enfermedades prevenibles tienen una carga altísima en las regiones rurales, especialmente aquellas asociadas con el trabajo agrícola y minero. Es urgente mejorar las estrategias de prevención y atención”.

Así sería el modelo de protección de riesgos laborales

La propuesta, presentada tras años de investigación interdisciplinaria, se fundamenta en principios de justicia social, sostenibilidad y enfoque diferencial. Uno de sus elementos esenciales es la implementación de un régimen subsidiado en riesgos laborales, que complementa el sistema contributivo existente y prioriza a las poblaciones más vulnerables, incluyendo trabajadores informales, mujeres rurales y comunidades étnicas.

La presentación del modelo se realizó simultáneamente en 10 ciudades.
Foto: Nicol Torres, Unimedios.

El modelo plantea tres dimensiones fundamentales. La primera es la cobertura poblacional, que busca incluir a trabajadores independientes, informales, y aquellos vinculados a actividades familiares y comunitarias. La segunda se centra en los servicios ofrecidos, con un enfoque en promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral en casos de accidentes laborales. La tercera aborda la financiación, con la propuesta de incrementar en dos puntos porcentuales el recaudo del Fondo de Riesgos Laborales, destinados exclusivamente al régimen subsidiado.

La propuesta también incluye aprendizaje de modelos internacionales. Según un análisis realizado por el equipo de la UNAL, solo el 21,5 % de los países reportan cobertura explícita en riesgos laborales para trabajadores rurales; entre estos se destacan Brasil, China y Ecuador, que han implementado esquemas específicos adaptados a las particularidades de su población rural.

El profesor Jairo Ernesto Luna García, de la Facultad de Medicina de la UNAL, aclara que esta importante propuesta también es susceptible a desafíos como la alta tasa de informalidad laboral, que en las zonas rurales alcanza el 84 %, lo cual dificulta la inclusión de estas comunidades en sistemas de seguridad social tradicionales.

El profesor Jairo Ernesto Luna García, de la Facultad de
Medicina, presentó la propuesta del modelo.
Foto: Nicol Torres, Unimedios.

“En este contexto el desafío de la política pública radica en lograr que la población en situación de pobreza supere esta condición, además de garantizar que aquellos que se encuentran en la informalidad puedan superar esta situación y acceder a un trabajo digno y decente”.

Pese a estos retos, el modelo plantea aprovechar oportunidades esenciales, como el Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo sobre transiciones sostenibles (socioecológicas). Así mismo, usar herramientas tecnológicas como auditorías basadas en inteligencia artificial, las cuales permitirían mejorar la calidad de los datos para una planificación más precisa.

“Aún en sus primeras fases de formulación esta propuesta es un paso hacia un sistema de seguridad social más inclusivo y justo, capaz de responder a las necesidades y los desafíos de la ruralidad del país”, concluyen los investigadores.

En un año la inflación cayó casi a la mitad, reveló el DANE

En noviembre de 2023 la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más conocido como inflación, era de 10,15%, mientras que a noviembre de 2024 se ubica en 5,20%, es decir, 4,95 puntos porcentuales menos que la reportada hace un año.

Según la directora del Departamento Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, el último resultado anual inferior al observado en noviembre de 2024 se presentó hace tres años, en octubre de 2021, cuando la inflación se ubicó en 4,5%.

De otro lado, en su informe de este viernes, el DANE indicó que en noviembre de 2024 y frente al pasado mes de octubre la variación mensual del IPC fue 0,2%.

En tanto que la variación año corrido (entre enero y noviembre de este año) se sitúa en 4,7%.

El comportamiento de la inflación al penúltimo mes de 2024 se considera clave para la negociación del salario mínimo para 2025.

Gobierno destaca resultado

Respecto a estos resultados, el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X: “A un mes de acabar el año y con dato de inflación de noviembre, llevamos una inflación en el año de 4,7%; altamente probable que al terminar el año tengamos una inflación menor al 5% anual. El acumulado anual de alimentos va en 2,7%, diez veces menos que la inflación del último año de Duque”.

A su turno, el ministro saliente de Hacienda, Ricardo Bonilla, resaltó en la misma red social: “Llevamos 21 meses controlando la inflación en Colombia. La recibimos en 13,3% y la entregamos hoy en 5,2%.  La inflación ha bajado 814 puntos”.

Por su parte, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Laura Sarabia, escribió: “La inflación sigue cayendo. En su variación del año corrido, el IPC se ubicó en 4,7%. Esto significa que para las familias colombianas el dinero está rindiendo más; hay mejor poder adquisitivo, y más facilidades para cubrir sus necesidades básicas. La reactivación económica avanza con solidez”.

IPC anual

En el último año se ubicaron por encima del promedio nacional (5,2%) las divisiones educación (10,6%), restaurantes y hoteles (8,4%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (5,8%) y salud (5,6%).

Por debajo del promedio nacional se ubicaron las divisiones transporte (5%), bienes y servicios diversos (3,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,2%), prendas de vestir y calzado (2,1%), recreación y cultura (0,7%) y, por último, información y comunicación (-1%).

IPC mensual

En cuanto a la variación mensual, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,2%): recreación y cultura (1,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (0,5%), salud (0,3%), restaurantes y hoteles (0,3%) y, por último, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,2%).

Por debajo se ubicaron: bienes y servicios diversos (0,2%), prendas de vestir y calzado (0,2%), transporte (0,1%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,1%), educación (-0,02%) y, por último, información y comunicación (-0,04%).

Por ciudades

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Armenia (0,5%), Villavicencio (0,4%), Ibagué (0,4%) y Sincelejo (0,4) fueron las ciudades con mayor variación mensual del IPC.

Las ciudades de menor variación mensual fueron Santa Marta (-0,03%), Popayán (0,04 %), Florencia (0,06) y Barranquilla (0,07).