UNAL y Mintrabajo proponen modelo para proteger a trabajadores informales rurales del país

El 24 % de la población colombiana reside en áreas rurales y enfrenta desigualdades
para acceder a los servicios de salud.
Foto: archivo Unimedios.
En términos laborales, los hombres se accidentan más en actividades agrícolas, debido tanto al manejo de maquinaria pesada y herramientas cortantes como a la exposición prolongada a condiciones climáticas adversas. Talar árboles y recoger cultivos de alto riesgo, como la caña de azúcar, también aumenta la probabilidad de sufrir lesiones.

Por su parte las mujeres, especialmente aquellas involucradas en actividades agrícolas, están expuestas al contacto directo con productos químicos como los fungicidas, sustancias utilizadas para proteger cultivos que se asocian con problemas respiratorios, irritaciones cutáneas y enfermedades crónicas como el cáncer.

Pero eso no es todo. En actividades mineras como el barequeo (extracción manual de oro) las mujeres tienen contacto constante con el mercurio, utilizado para separar el oro de los sedimentos. Lo que preocupa es que este metal pesado se asocia con intoxicaciones que afectan el sistema nervioso y los riñones, y pueden generar daños irreversibles a la salud.

Así lo evidenció el diagnóstico epidemiológico adelantado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) que ha servido como base para que el Ministerio de Trabajo presente un modelo de protección de riesgos laborales para los trabajadores vulnerables del área rural del país.

Esta propuesta inicial busca garantizar su inclusión en un sistema integral de seguridad social –centrado en la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo–, y al mismo tiempo abordar las desigualdades en el acceso a servicios de salud en las zonas rurales de Colombia.

Los hombres se accidentan más en actividades agrícolas, pesqueras y mineras.
Foto: archivo Unimedios.
El 24 % de la población vive en zonas rurales, y a pesar de que estas comunidades son fundamentales para la producción agrícola, pesquera y minera del país, enfrentan altos índices de enfermedades laborales y accidentes de trabajo; además enfrentan desigualdades sociales, económicas, y de acceso a servicios básicos.

Uno de los pilares del modelo es el análisis del perfil epidemiológico de los trabajadores rurales en Colombia, realizado por investigadores de la UNAL con base en fuentes de información sobre enfermedad y accidentalidad laboral del país, las cuales revelan que en las áreas rurales la carga de enfermedades laborales y accidentes es desproporcionada frente a las áreas urbanas.

Además de las enfermedades laborales mencionadas, se encontraron dengue, malaria, chikunguña y leishmaniasis, las cuales son transmitidas por vectores que clasifican dentro de las afecciones comunes en la ruralidad, y cuya incidencia varía según factores climáticos y económicos.

La propuesta prioriza a las comunidades más vulnerables, incluyendo
aquellas en zonas de difícil acceso y en condiciones de pobreza.
Foto: archivo Unimedios.
La infección respiratoria aguda (IRA) y la tuberculosis afectan de manera importante a los residentes de áreas rurales de departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar. En 2019 la IRA registró una tasa de hasta 213,4 casos por cada 1.000 afiliados, mientras en la tuberculosis fue de hasta el 82,69 % de los casos por cada 100.000 afiliados.

También se encontró que la malaria y los accidentes ofídicos tienen una prevalencia significativa en la Amazonia y Orinoquia, mientras que las enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión y diabetes, se concentran en la región Andina.

Según la profesora Oneys del Carmen de Arco Canoles, de la Facultad de Enfermería de la UNAL, “las enfermedades prevenibles tienen una carga altísima en las regiones rurales, especialmente aquellas asociadas con el trabajo agrícola y minero. Es urgente mejorar las estrategias de prevención y atención”.

Así sería el modelo de protección de riesgos laborales

La propuesta, presentada tras años de investigación interdisciplinaria, se fundamenta en principios de justicia social, sostenibilidad y enfoque diferencial. Uno de sus elementos esenciales es la implementación de un régimen subsidiado en riesgos laborales, que complementa el sistema contributivo existente y prioriza a las poblaciones más vulnerables, incluyendo trabajadores informales, mujeres rurales y comunidades étnicas.

La presentación del modelo se realizó simultáneamente en 10 ciudades.
Foto: Nicol Torres, Unimedios.
El modelo plantea tres dimensiones fundamentales. La primera es la cobertura poblacional, que busca incluir a trabajadores independientes, informales, y aquellos vinculados a actividades familiares y comunitarias. La segunda se centra en los servicios ofrecidos, con un enfoque en promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral en casos de accidentes laborales. La tercera aborda la financiación, con la propuesta de incrementar en dos puntos porcentuales el recaudo del Fondo de Riesgos Laborales, destinados exclusivamente al régimen subsidiado.

La propuesta también incluye aprendizaje de modelos internacionales. Según un análisis realizado por el equipo de la UNAL, solo el 21,5 % de los países reportan cobertura explícita en riesgos laborales para trabajadores rurales; entre estos se destacan Brasil, China y Ecuador, que han implementado esquemas específicos adaptados a las particularidades de su población rural.

El profesor Jairo Ernesto Luna García, de la Facultad de Medicina de la UNAL, aclara que esta importante propuesta también es susceptible a desafíos como la alta tasa de informalidad laboral, que en las zonas rurales alcanza el 84 %, lo cual dificulta la inclusión de estas comunidades en sistemas de seguridad social tradicionales.

El profesor Jairo Ernesto Luna García, de la Facultad de
Medicina, presentó la propuesta del modelo.
Foto: Nicol Torres, Unimedios.
“En este contexto el desafío de la política pública radica en lograr que la población en situación de pobreza supere esta condición, además de garantizar que aquellos que se encuentran en la informalidad puedan superar esta situación y acceder a un trabajo digno y decente”.

Pese a estos retos, el modelo plantea aprovechar oportunidades esenciales, como el Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo sobre transiciones sostenibles (socioecológicas). Así mismo, usar herramientas tecnológicas como auditorías basadas en inteligencia artificial, las cuales permitirían mejorar la calidad de los datos para una planificación más precisa.

“Aún en sus primeras fases de formulación esta propuesta es un paso hacia un sistema de seguridad social más inclusivo y justo, capaz de responder a las necesidades y los desafíos de la ruralidad del país”, concluyen los investigadores.

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