Buscar en METROnet
Mostrando las entradas con la etiqueta DERECHOS. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta DERECHOS. Mostrar todas las entradas

¿Qué implica reconocer al campesino colombiano como sujeto de especial protección constitucional?

Colombia vive una revolución campesina. Y es que tras la asunción de Gustavo Petro como presidente, en agosto pasado, las piezas se han movido sistemáticamente para resarcir a un sector históricamente marginado y vulnerado: el campesinado colombiano.
Campesinos colombianos asisten al Congreso, en Bogotá, Colombia, el 5 de diciembre de 2022Twitter / @juanpabloszar

Orlando Rangel.- La semana siguiente a la toma de posesión de Petro, su Ejecutivo introdujo ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que pretende reconocer al campesino como sujeto de especial protección constitucional y, en consecuencia, garantizar su acceso a una vida digna en el campo.

"Que se sepa, que los campesinos llegaron al Congreso y van a defender los derechos de esta población", dijo en su momento el senador y presidente del Parlamento colombiano, Roy Barreras, quien agregó que la iniciativa es "un reto prioritario, porque beneficiará a más de seis millones de campesinos de Colombia".
La cuestión no quedó allí. A los pocos días, la Cámara de Representantes abrió la Comisión por el Campesinado Colombiano, para atender las demandas históricas de esa población y crear un marco jurídico sobre sus derechos.

En paralelo, más de 60 organizaciones campesinas entregaron un manifiesto a Petro con propuestas legislativas, políticas y económicas para la Reforma Agraria, su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo y la creación de la Dirección de Asuntos Campesinos en entidades del Estado.

Tras casi cuatro meses de gestiones, el proyecto radicado ante el Congreso por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, consiguió el lunes la cuarta aprobación,de los ocho debates necesarios, para reconocer al campesino como sujeto de protección constitucional especial.

¿Qué significa el reconocimiento?

"Este acto constitucional le impone al Estado el deber de garantizar de manera efectiva el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos a la población campesina", explicó López Montaño, quien estuvo presente en el cuarto debate legislativo y agradeció el avance del proyecto en el Senado.

La titular de Agricultura agregó que lo que está haciendo el Parlamento y el Ejecutivo "es aceptar por fin la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales".

López resaltó que Colombia está dando un paso más allá al incorporar los derechos campesinos al "bloque de la constitucionalidad", lo que implica que al ser parte del ordenamiento jurídico del país e incorporarse a la Constitución como ley, "se vuelve vinculante" y "el Estado está obligado a aplicar", por lo que deja de ser "una norma blanda".

El proyecto también busca dar a los trabajadores del campo el acceso progresivo a la tierra, así como garantizar sus derechos a la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, para mejorar su calidad de vida.

"La población campesina enfrenta graves falencias en la garantía de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios básicos y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado", comentó la ministra cuando se introdujo el proyecto al Congreso, en agosto pasado.

La iniciativa, además, aspira a proteger a las mujeres del campo, principales víctimas de "la violencia estructural y económica", que las somete a abusos por razones de género, como responsabilidades no remuneradas, restricciones educativas, de empleo, entre otras.

¿Por qué se hace la reforma?

El proyecto pretende modificar el artículo 64 de la Constitución y se considera necesario debido a la difícil situación que viven los campesinos colombianos, con niveles de pobreza multidimensional de 29,43 %, según el índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global) citado por el Ministerio de Agricultura.

Además, busca cambiar los niveles de concentración de la tierra, que según los datos actuales, 501 predios (0,01 %) concentran más del 44,52 % del área agropecuaria disponible; mientras el 48,5 % de los predios rurales tienen solo el 0,5 % de la tierra.

Otro punto es la educación, que muestra mayor rezago en el campesinado, pues en la mayoría de los departamentos, los campesinos alcanzan un máximo de ocho años de estudio, mientras que a nivel nacional la cifra está por encima de diez años.
Mientras el Parlamento hace las gestiones para lograr la reforma a la Constitución, así como crear una jurisdicción agraria y rural para resolver los conflictos por tenencia de tierra –acto legislativo que también avanza dentro del Congreso con cuatro debates aprobados–, el Gobierno se ha comprometido con el campesinado a realizar varias tareas para conseguir los cambios necesarios.

La importancia de los campesinos en Colombia es de tal magnitud que incluso el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron invitar al campesinado a participar en los diálogos de paz que adelantan en Venezuela.

¿Qué se está haciendo?

En la Convención Nacional de Campesinos realizada el fin de semana, la ministra López anunció cuatro compromisos que dirigirá desde el despacho de Agricultura para priorizar las demandas de ese sector.

El primer compromiso es sobre la implementación de la Reforma Rural Integral que deberá contar con el aporte de los campesinos, para que se construya de forma conjunta. Otro pacto es reconocer "la deuda histórica por el aporte del campesinado a la sociedad", que nunca ha sido compensado por el mercado.
Un tercer acuerdo es otorgar plenos derechos a los campesinos en la Constitución, con base en los términos de la declaración de la ONU de 2018, que es el trabajo que adelanta el Parlamento. Mientras que el cuarto compromiso es fortalecer y habilitar los mecanismos institucionales de participación, entre ellos la reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural.

Por su parte, Petro dijo en el encuentro con los campesinos, que Colombia requiere un movimiento nacional que sea capaz de soportar reformas fundamentales que necesita la sociedad, y que tiene como ejes "la tierra, el agua, la mujer, la democracia, la libertad, la paz, la producción de alimentos".
"Todos, temas que se relacionan unos con otros. No se puede hablar de paz sin hablar de la mujer campesina, como aquí bien lo han dicho. No se puede hablar de la mujer campesina sin hablar de la tierra o del agua o de la producción de alimentos. Que haya un sujeto, le dicen los sociólogos, un sujeto campesino en la vida política y social colombiana".

Para ello, agregó, se debe construir un Estado que sea capaz de ayudar al proceso de industrialización en la producción de alimentos, así como democratizar la tenencia de la tierra, que por años ha estado en manos de pocos.

Todo esto, dijo Petro, profundizaría la lucha contra el narcotráfico, que se aprovecha del "uso irracional de la tierra", mientras en paralelo se avanza hacia una "reforma agraria pacífica", que propone comprar los predios a precio comercial para evitar por procesos conflictivos como la estatización.
-
SECCIÓN: , , , ,

Jóvenes detenidos por participar en la protesta social serán declarados gestores de paz

“Este es el Gobierno del Cambio. Este lugar, donde el miedo cundió y se llenó el espacio, el temor debe ser redignificado. Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”
Foto: Presidencia de la República
Este fue el anuncio que hizo en la tarde de este sábado el Presidente Gustavo Petro al referirse a la situación de los jóvenes detenidos por su participación en los actos de movilización ciudadana del año 2021, en el marco de la protesta social.

Durante un diálogo con integrantes de Juntas de Acción Comunal en el barrio Obrero de Pasto, Nariño, el Jefe de Estado indicó que “este lugar, donde el miedo cundió y se llenó el espacio de temor, debe ser redignificado”, aludiendo al escenario deportivo en el que se desarrolló el encuentro.


El Mandatario expresó que “aquí, en este lugar, en el año 2021, pasaron centenares de jovencitos que habían participado en las protestas, detenidos”.

En cuanto a los hechos ocurridos, añadió que “el derecho a la protesta es un derecho democrático” y que “el derecho a expresarse, a movilizarse es un derecho democrático”.

En ese sentido, el Presidente Petro enfatizó que “este Gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia, cuando tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias”.

Por otra parte, el Mandatario propuso un plan que llamó ‘segunda emancipación para el Pacífico colombiano’, enfocado en la educación y generación de riqueza y oportunidades económicas para los jóvenes. "Este es un plan estratégico de la posibilidad de una Paz Total".
-
SECCIÓN: , ,

Gobierno del Presidente Petro financiará proyectos de municipios, hasta por $5 mil millones, que prioricen energías limpias, agua potable, colegios–universidad y vías terciarias.

Al referirse al ‘Derecho de Prioridad’, uno de los compromisos de su campaña electoral, el Presidente Gustavo Petro invitó a los alcaldes y alcaldesas del país a presentar al Gobierno Nacional proyectos para sus municipios, hasta por 5 mil millones de pesos cada uno, relacionados con energías limpias, agua potable y saneamiento, colegios-universidad y sedes universitarias y vías terciarias.

Al intervenir en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2022, que se realiza en Cartagena, el Mandatario explicó que el Derecho de Prioridad significa eliminar la intermediación entre las administraciones local y nacional, de manera que los alcaldes puedan presentar sus proyectos sin padrinos políticos.

“Esa intermediación ha traído problemas graves de corrupción: el que un alcalde o una alcaldesa tenga que tener un padrino político, generalmente un congresista, para tramitar dentro de un organismo nacional equis proyecto, lleva a que el intermediario se quede con parte del dinero, y al final la obra quede chueca o no se haga”, precisó.

El Jefe de Estado expuso a los mandatarios y mandatarias locales que la aplicación del Derecho de Prioridad se tomará con base en el programa de Gobierno presentado por su campaña ante la Registraduría y que más adelante, hacia junio de 2023, se convertirá en el Plan Nacional de Desarrollo de su administración.

Energías limpias

En relación con los proyectos de energías limpias, el Presidente Petro consideró que “es imprescindible la transición energética en Colombia”, la cual se puede dar con grandes proyectos de multinacionales o a través de democratizar la producción de energías limpias. Destacó que este último es el camino preferido por su administración.

El Mandatario indicó que, por ejemplo, la energía solar puede ser generada por muchos municipios y recibir ingresos por ello. Señaló que estos proyectos, en una primera fase, se podrían realizar en asociación con entidades con experiencia tecnológica. Agregó que el Ministerio de Minas trabaja en este momento en la adecuación de las normas que se requieren para avanzar en este tipo de iniciativas.

“Entonces, cualquier proyecto que ustedes nos entreguen, en diseño, de energías limpias lo financiamos hasta 5 mil millones de pesos”, subrayó el Jefe de Estado.

Agua potable y saneamiento

En cuanto a las iniciativas de agua potable y saneamiento, el Presidente llamó la atención sobre que muchos de los municipios están “llenos de proyectos siniestrados, no los han financiado, están por ahí archivados, etcétera, en lugares donde es urgente el agua potable”.

“Entonces, para aquellos municipios que prioricen el agua potable, hasta por 5 mil millones de pesos, nosotros los financiamos de manera inmediata”, reiteró.

Colegios-Universidad y sedes universitarias

A los alcaldes y alcaldesas, el Jefe de Estado informó que como consecuencia de la ola invernal el Gobierno deberá invertir alrededor de 3 billones de pesos en reparar escuelas rurales, “por la magnitud del daño en estas instalaciones”.

Igualmente, reafirmó el objetivo de su Gobierno de trabajar para que el país dé un salto en educación superior gratuita, de modo que una de las estrategias es que en el mismo colegio de secundaria se impartan dos años de universidad.

“El colegio, por tanto, tiene que tener una infraestructura mejor, adaptarse a la posibilidad de que allí se imparta educación superior. El Gobierno Nacional, entonces, tiene que lograr un sistema de contratación de profesores universitarios”, quienes dictarían los dos años de clases en las sedes de educación secundaria adaptadas para ello.

“Entonces, si hay proyectos sobre colegios de secundaria ya existentes, para mejorarlos y adecuarlos hacia la educación superior, pues los financiamos, porque daríamos saltos en la región en términos de educación superior”, resaltó.

Vías terciarias

Respecto a la pertinencia de las vías terciarias, el Presidente Petro dijo que “son las vías del campesinado, a donde ha sido recluido por no haberse hecho una reforma agraria en Colombia, decente, durante siglos”.

“Esas vías terciarias están vueltas naco. Entonces aquí también nos toca conjugar esfuerzos de muy diverso origen para poder recuperar no solo lo que había, sino aumentar la capacidad en vías terciarias del país, porque esta es una política de seguridad alimentaria fundamental, de aumento de la rentabilidad en la producción agraria”, puntualizó.
En su exposición, el Presidente Petro se refirió también a otros canales de financiación de proyectos municipales dispuestos por su Gobierno, entre ellos los relacionados con la Ley 1523 de 2012 (de gestión del riesgo de desastres), los de liberación de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y los de Ley de Regalías.
-
SECCIÓN: , , , , , , , , , ,

La Constitución está por encima de la Justicia Indígena.

Corte protege derechos de campesino que fue detenido por resguardo indígena, pese a no pertenecer a ninguna comunidad étnica
Sentencia T-372-22.- La Corte Constitucional protegió los derechos de un ciudadano que fue privado de la libertad por el Cabildo indígena de Toribío (Cauca) acusado de estafar a varios de sus integrantes, a quienes supuestamente habría pedido dinero a cambio de ayudarles en el trámite de subsidios de vivienda e indemnizaciones, entre otras cosas.

El ciudadano, mediante agente oficioso, aseguró que fue sometido a un proceso de investigación y juzgamiento sin tener en cuenta que no hace parte de ninguna comunidad indígena, sino que es un campesino de Apartadó, Antioquia. Además, alegó que fue detenido sin acceso a una asesoría legal ni posibilidad de comunicarse con el exterior, y manifestó ser víctima de amenazas por parte de un integrante de la comunidad indígena.

La Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, determinó que el Cabildo indígena vulneró el derecho al debido proceso del actor, en su faceta de juez natural, lo cual derivó en una limitación injustificada de su libertad.

Según el Alto Tribunal, no se desconoce la autonomía que la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación les ha otorgado a las comunidades indígenas para ejercer su propia jurisdicción. Sin embargo, las limitaciones a su autonomía encuentran respaldo constitucional cuando se trate de proteger el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

“Si bien el Resguardo de Toribío relató contar con las instituciones indígenas, con capacidad para investigar y dictar justicia, esta Sala no puede desconocer que hay dudas respecto a las autoridades, procedimientos y sanciones que terminan por amenazar la garantía del debido proceso de una persona externa a la comunidad, que está siendo investigado y de la cual no se desprende una identidad cultural”, indicó la sentencia.

Por otra parte, no se cumplieron con los cuatro elementos que se deben tener en cuenta para que el caso sea tramitado por la Jurisdicción Especial Indígena (JEI): territorial, objetivo, subjetivo e institucional.

Dentro del proceso se encontraron acreditados el elemento territorial y objetivo, pero no el subjetivo e institucional, debido a que el ciudadano no se autoidentifica como indígena, no fue reconocido por ellos como miembro de su comunidad, ni se encuentra censado dentro de ninguna comunidad étnica.

“Tampoco el elemento institucional, por cuanto la Sala no pudo identificar a las autoridades, procedimientos y sanciones que permitieran el despliegue efectivo de las garantías para proteger el debido proceso del investigado en el caso concreto”, indicó la sentencia.

El fallo confirmó la sentencia de un juez de Popayán que dispuso la libertad del ciudadano y le ordenó al Cabildo indígena que le devuelva todas sus pertenencias.

También ordenó a la Fiscalía General de la Nación, seccional Cauca, continuar con la investigación para esclarecer lo más pronto posible los hechos denunciados por los comuneros del Resguardo indígena de Toribío, mientras que la Unidad Nacional de Protección tendrá que realizar un estudio de riesgo para determinar si el accionante puede ser beneficiario de una medida de protección, en caso de que haya remitido los documentos para ello.

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas salvó parcialmente su voto.

-
SECCIÓN: , , ,

Seguridad Alimentaria a rango constitucional, pasa primera vuelta en senado

La plenaria del Senado de la República aprobó con 80 votos por el sí y 0 en contra, el proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 65 de la Carta Fundamental, para que se logre la soberanía alimentaria y la capacidad adquisitiva, que permitan acceder a una alimentación digna y adecuada a la población colombiana.


En la sesión plenaria, donde el presidente del Congreso, Roy Barreras, dio la bienvenida a la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, después de su incapacidad por problemas de salud, se inició el debate, sobre el entendido que los congresistas no se opusieron a la propuesta, pero sí consideraron necesario aclarar varios aspectos en su articulado.

Concepto de seguridad y soberanía de alimentos

El senador Humberto de la Calle Lombana, Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, uno de los protagonistas de la constituyente del 91, expresó contundente: “Votaré positivamente, en el entendido que por soberanía alimentaria se conciba lo que se dictaminó en la Cumbre Mundial sobre la alimentación de la FAO en 1996; porque hay otra concepción de soberanía, que es la autarquía alimentaria, la tesis de que un país tiene que producir la totalidad de sus alimentos”.

A nombre del Partido MIRA, el senador Carlos Eduardo Guevara Villabón fue enfático al señalar, que se debe reducir la pérdida de alimentos que está alrededor de los 6 millones de toneladas, y que se debe potencializar el banco de alimentos.

En el mismo sentido, el senador Wilson Arias, Pacto Histórico, expresó que se adhiere a la proposición con que termina el informe de ponencia, que garantiza constitucionalmente ese derecho fundamental a la alimentación, y no solo bajo el enfoque productivo, “me adhiero al proyecto”, puntualizó.

Por su parte, la senadora indígena Aída Quilcué, fue clara en advertir que se debe revisar el articulado para que se tenga en cuenta el enfoque diferencial por la cultura que representan, ya que la producción alimentaria es distinta en esas comunidades.

De otro lado, la senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, pidió que se adicione lo del tema del libre comercio: “Se debe dejar claro, para que no vengan tutelas por importación de alimentos, porque puede dar lugar a cualquier tipo de demandas, que cualquier importación de alimentos se vuelve inconstitucional; generaríamos graves tropiezos en Acuerdos y Tratados internacionales”, ratificó.

A su vez, la senadora Gloria Inés Flórez Schneider, Pacto Histórico, argumentó que apoyaba y votaba la reforma, bajo la premisa que la soberanía alimentaria debe ser la capacidad de producir y proteger las semillas nativas; es decir, producir sus propios alimentos y no depender de las trasnacionales de alimentos.
-
SECCIÓN: , , , ,

Denuncia la FLIP: Avanza el acoso judicial de Néstor Humberto Martínez contra Cecilia Orozco

La Fiscalía citó a la directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, a una diligencia de arraigo en el proceso de injuria y calumnia iniciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Alertamos sobre el avance en el proceso y las graves consecuencias que puede traer para la periodista, ya que con la diligencia de arraigo, por lo general, la Fiscalía busca verificar datos para notificar la imputación y el inicio formal del proceso penal.


En el 2019, con el propósito de silenciar e intimidar a la periodista, Martínez la denunció penalmente por opiniones emitidas en el programa Revelados, titulado “la Fiscalía espía a líderes políticos y periodísticos”. La directora de Noticias Uno criticó que, en un debate de control político, el exfiscal haya divulgado mensajes privados entre Orozco y un reportero del noticiero.

Frente a esta situación, preocupa el avance en la investigación penal cuando evidentemente es un caso de acoso judicial emprendido por Martínez, con el que se desconoce las garantías mínimas de la libertad de expresión y el deber de tolerancia al escrutinio público que debía soportar como funcionario público. En julio del año pasado, la FLIP solicitó el archivo de este proceso al ser un intento de censura de un asunto de alto interés público.

Preocupa, además, que esta citación coincide con la publicación de varias opiniones de Orozco en las que pone en duda el accionar de la Fiscalía cuando Martínez la dirigía. En concreto, la reactivación de la investigación se da después de una publicación en la que se evidencia que la Fiscalía de Martínez imputó indebidamente a la exsecretaria ejecutiva de la JEP, Martha Lucía Zamora.

La denuncia iniciada por el exfiscal y el impulso del proceso, sabiendo que se judicializa un asunto protegido por la libertad de expresión y que tienen como fin acallar críticas, sugiere un mal uso de la función pública para contrarrestar algunas discusiones de trascendencia social. Esto tiene un fuerte potencial silenciador porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas.

Advertimos nuestra preocupación porque, como en el caso de Yohir Ackerman, la Fiscalía impulsa las investigaciones contra periodistas a pesar de que el mismo ente investigador no tiene la misma diligencia para la investigación de los crímenes en los que la víctima es la prensa.

Por todo esto, la FLIP le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las denuncias por injuria y calumnia contra periodistas aplicando los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, y conforme a esto desestime las denuncias que buscan censurar expresiones protegidas y fundamentales para el debate público. En este caso concreto, la FLIP reitera su solicitud para que se archive el caso en contra de la periodista Cecilia Orozco.
-
SECCIÓN: ,

Carta pública a la Fiscalía General por inspección a la revista Cambio

La FLIP conoció que el miércoles 29 junio de 2022 la Fiscalía General de la Nación notificó a la Revista Cambio sobre una diligencia de inspección que se realizaría el jueves 30 de junio de 2022 con motivo de la publicación titulada ‘“Esta es la puta guerra”: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc’. En este artículo los periodistas hablan sobre presuntas alianzas del general Jorge Hernando Herrera Díaz con la red criminal 'Los Pocillos' para combatir a las disidencias en Cauca. Según la Fiscalía, la diligencia tenía como propósito “consultar y recolectar el original de la publicación de la Revista Cambio y de ser posible las grabaciones a que hace alusión tal artículo”.

El recaudo de las publicaciones periodísticas en la sede de los medios resulta innecesaria, pues estas son de dominio público. Por otro lado, solicitar o pretender acceder a los documentos de soporte de la publicación pone en serio riesgo el secreto profesional y a las fuentes. Además estas acciones pueden tener un efecto disuasivo y de autocensura para los medios de comunicación y periodistas que informan y opinan sobre asuntos de alto interés público. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU “el uso de las facultades administrativas o medios indirectos por parte del estado para intentar censurar o restringir el alcance de los medios de comunicación es inaceptable y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”.


Por eso, resulta preocupante que desde el 2019 la Fiscalía haya ordenado en tres ocasiones diferentes la inspección de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En octubre de 2020 la Fiscalía requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones, así como “los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de DIANA MARCELA DÍAZ SOTO”. Luego, en diciembre de 2021 la Fiscalía envió notificación a Noticias Uno para realizar inspección a los archivos del medio con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013 en la emisión de la noche.


Además, la práctica de recaudo de estas pruebas mediante una inspección a los medios de comunicación también genera una carga administrativa desproporcionada aunque se pretenda contribuir con la actividad investigativa a cargo de la entidad.

De ahí que en el reciente caso de la Revista Cambio, para consultar y recolectar publicaciones, la Fiscalía General de la Nación cuenta con otros mecanismos de recolección de pruebas como (i) el acceso público a las notas periodísticas que se encuentran en los sitios web de los medios de comunicación, y (ii) la solicitud de información mediante un derecho de petición en el que se especifique claramente la información requerida y su finalidad.

Propender por utilizar mecanismos menos lesivos para acceder a la información periodística no sólo beneficia al medio de comunicación y la libertad de expresión, también permite a la entidad pública descongestionar el sistema judicial, ya que no requiere todo un operativo ni organización logística de su personal para acceder a dicha información. Entonces, resulta excesivo e innecesario acudir personalmente al medio informativo para consultar una publicación que se encuentra en línea o que puede ser enviada vía electrónica, bajo el principio de la buena fe, por el mismo medio de comunicación.

La FLIP hace un respetuoso llamado para que la Fiscalía fomente en la institución una garantía y respeto por la actividad periodística, de manera que se promuevan buenas prácticas investigativas que no pongan en riesgo los derechos de los y las periodistas y medios de comunicación.

Descargar archivos adjuntos:
-
SECCIÓN: , , ,

REVIVEN PERSONERÍA JURÍDICA DE VERDE OXÍGENO Y SALVACIÓN NACIONAL

La sala tuvo en cuenta la decisión de la Corte Constitucional que le otorgó personería al Nuevo Liberalismo.

CNE revive personerías jurídicas de Verde Oxígeno y Salvación Nacional. Fotografías Juan Carlos Sierra y Zurek Gómez Abogados.

El Consejo Nacional Electoral, en sala celebrada hoy, otorgó personería jurídica al partido Verde Oxígeno y al Movimiento de Salvación Nacional.

Con ponencia de los magistrados Pedro Felipe Gutiérrez Sierra y Hernán Penagos Giraldo, quienes asumieron respectivamente los casos, el Tribunal consideró que en ambas actuaciones administrativas se presentaron hechos de violencia a causa del conflicto armado, que terminaron con el secuestro de la excandidata Ingrid Betancourt y el magnicidio del también excandidato Álvaro Gómez Hurtado; similares a las vividas por el Partido Nuevo liberalismo, con el asesinato del entonces aspirante presidencial Luis Carlos Galán.

Los magistrados tuvieron en consideración la decisión de la Corte Constitucional, en su sentencia SU-257 del 2021, que ordenó otorgar personería al Nuevo Liberalismo.

Para la sala plena del CNE, se presentaron similares situaciones fácticas, jurídicas y hechos de violencia a las vividas por los miembros del partido Nuevo Liberalismo, respecto de los miembros del movimiento de Salvación Nacional y Verde Oxígeno, que afectaron su permanencia en las contiendas electorales a partir de 1990 y, por tanto, deben hacer parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022.

-
SECCIÓN: ,

12 menores inscritos en el registro civil de nacimiento llevan como primer apellido el de su progenitora

Desde el pasado 4 de agosto, fecha en la que se sancionó la Ley 2129 (conocida como Ley Aluna), la cual establece que en el registro civil de nacimiento se consignará el orden de los apellidos del recién nacido de común acuerdo entre los padres, han sido registrados 12 menores a los que les fue asignado como primer apellido el de su progenitora.

Es de advertir que, en caso de no existir un acuerdo entre los padres sobre el orden de los apellidos de sus hijos e hijas, el funcionario encargado de realizar el trámite de registro civil de nacimiento, resolverá la discrepancia mediante el mecanismo de sorteo. La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un plazo de seis meses, contados a partir del 4 de agosto del 2021, para reglamentar el procedimiento de dicho sorteo de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2129 del 2021.

“Les corresponderá a los registradores y funcionarios con facultad de registro, garantizar que sea mediante el mecanismo de sorteo que reglamenta dicha ley, el orden de los apellidos, ya sea del padre o de la madre en el registro civil de nacimiento”, señaló Rodrigo Pérez, director nacional de Registro Civil.

Cabe anotar que esta norma rige para los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de unión marital de hecho, de parejas conformadas por el mismo sexo y con paternidad o maternidad declarada judicialmente.

Los interesados en llevar a cabo el trámite de inscripción de una persona en el registro civil de nacimiento, pueden consultar el procedimiento y los requisitos en la página web de la entidad www.registraduria.gov.co.
-
SECCIÓN: ,

Gobierno Nacional sancionado nuevamente por no cumplir la sentencia T–052 del 2017


 Catatumbo - Norte de Santander, julio 28 de 2021.

La Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, el Pueblo Indígena Barí, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, resaltan la decisión tomada el pasado 28 de junio de 2021 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Cúcuta – Sala Penal, respecto a las medidas sancionadoras en contra del Gobierno Nacional representado a través de la Agencia Nacional de Tierras, así como la enérgica orden emitida al Ministerio del Interior para que cumpla con sus deberes misionales.

La razón de ser de esta decisión tiene su origen en el fallo proferido por la Corte Constitucional en Sentencia T–052 de 2017, mediante la cual se da reconocimiento a derechos territoriales del Pueblo Barí y a las comunidades campesinas representadas en la ASCAMCAT, respecto de la delimitación, saneamiento y ampliación de los Resguardos Indígenas Motilón Barí y Catalaura - La Gabarra; así mismo, de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo - ZRCC. A pesar que la Corte estableció un término específico de cumplimiento de las mencionadas órdenes en el lapso de 1 año, los destinatarios estatales de éstas han actuado de manera recurrente, omisiva e injustificada para su integral cumplimiento durante 4 años y 5 meses.

Con fundamento en lo anterior, las comunidades afectadas dieron lugar al inicio del trámite incidental de DESACATO, que fue decidido inicialmente el pasado 13 de diciembre de 2019, donde se declaró INCUMPLIDA la Sentencia y se impuso sanción de multa y arresto en contra de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, decisión que fue confirmada el 18 de febrero de 2020 por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala Casación Penal.

  • De esta manera alertamos a la sociedad y al Estado colombiano sobre la falta de voluntad política del Gobierno Nacional frente al acceso y goce de los derechos del Pueblo Barí y de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en Norte de Santander; sin embargo, a pesar del incumplimiento de las medidas judiciales, seguiremos exigiendo el acceso a la administración de justicia con plenas garantías del ejercicio de nuestros derechos constitucionales incluyendo los de la Sentencia T – 052 de 2017.

    ASCAMCAT  -  PUEBLO BARÍ  -  ONIC  -  ANZORC
-
SECCIÓN: , , , ,

Colombia: reportan presencia de paramilitares "para atemorizar" a protestas

DW.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia alertó este jueves (01.07.2021) de la "preocupante" situación debido al aumento de los "eventos de conflicto armado" durante las protestas de estos pasados meses y aseguró que tiene evidencia de que surgieron "grupos de civiles armados" en al menos 27 ciudades del país.

El último informe de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en Colombia de la JEP resalta el "surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social". La entidad informó que tienen evidencias del surgimiento de "grupos de civiles armados" en al menos 27 ciudades que realizaron 56 acciones violentas entre el 28 de abril y el 30 de mayo pasados.

Estas acciones van desde amenazas hasta los homicidios registrados en Dosquebradas y Pereira (en el departamento de Risarada, oeste), y en Caicedonia, Tuluá, Cali y Palmira (en Valle del Cauca, suroeste). Hasta ahora se destacaban sobre todo hechos de civiles armados disparando contra manifestantes en Cali y en Pereira, que dejaron homicidios como los de Lucas Villa en esta segunda ciudad, o casos como el de un motociclista armado, trabajador de la Fiscalía, que disparó contra jóvenes en un bloqueo del centro de Cali y después fue linchado hasta la muerte.

"Estos 'grupos de civiles armados' han reivindicado ideas de autodefensa o paramilitarismo en el sentido en que en los lugares donde cometen los hechos dejan grafitis pintados con siglas alusivas a las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", se lee en el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que también revela que exmiembros de estas milicias han denunciado haber sido contactados para volverse a unir a organizaciones criminales.


Además, "en 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en (los cuatro) años anteriores", asegura el documento. Es decir -según la JEP- que en esos 32 días aumentaron en 111 "municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz" hechos como "las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado".


En el marco del paro nacional, también se registraron 12 casos de violencia sexual contra manifestantes y uno contra una policía y al menos 16 afectaciones de organizaciones que participan en los procesos del Sistema Integral de Paz, en el que está integrado la JEP. Por todo ello, la entidad considera que la "situación es alarmante", ya que ve "probable" que empeore la situación de seguridad de organizaciones y personas que intervienen en el Sistema Integral para la Paz, surgido en el acuerdo con las FARC de 2016 y compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El informe concluye señalando que Colombia ha sido el segundo país -después de Birmania- con la tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (una muerte cada 36 horas) y que el paro nacional de 2021 ya cuenta con las cifras de muertes violentas más altas en los últimos 44 años en el país.



Dos meses sin tregua
Las manifestaciones en Colombia -que comenzaron el pasado 28 de abril, pero que en las últimas semanas han perdido intensidad hasta casi desaparecer- dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, en las que 48 se apunta directamente a la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 decesos y solo tres por acción de los cuerpos uniformados

-
SECCIÓN: , ,

Inscripción de cédulas donde habitualmente funcionan los puestos de votación.

 La Registraduría Nacional abrirá 10.748 puntos de inscripción de cédulas, que funcionarán de 10:00 am a 6:00 pm.

Para las elecciones del próximo 27 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil del 8 al 14 de julio abrirá puntos de inscripción de cédulas de ciudadanía en donde habitualmente funcionan todos los puestos de votación del país, como complemento al servicio de inscripción en sedes de la entidad y centros comerciales, para que los colombianos puedan acercarse a inscribir su cédula de ciudadanía para votar cerca a su lugar de residencia.
 El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, recordó que “solo deben inscribir la cédula los colombianos que hayan cambiado su lugar de residencia, o dentro del mismo municipio deseen cambiar su puesto de votación”. 
Para inscribir la cédula los colombianos deberán acercarse al puesto de votación con su cédula de ciudadanía. Los extranjeros residentes en Colombia deberán presentar su cédula de extranjería de residente en estado vigente.
Una vez inscrita la cédula los ciudadanos podrán descargar a través de la página web de la entidad www.registraduria.gov.co, el comprobante de su inscripción.

-
SECCIÓN: ,

El miedo a los “falsos positivos” vuelve al sur de Bolívar


Liga Contra el Silencio.- El homicidio ocurrió en la pequeña cancha de fútbol entre las veredas Guásima y Progreso Alto: un pedazo de tierra flanqueado por rústicos arcos de madera, ubicado a menos de 100 metros de una vivienda, a unos 200 de la escuela y a unos 40 minutos en moto del casco urbano de Micoahumado. Desde la cancha se ve la Serranía de San Lucas. A un lado está la trocha por donde transitan los habitantes y, comúnmente, hombres del ELN que hacen presencia en la zona.

Enclavado en las montañas, Micoahumado es un lugar de difícil acceso, no solo por las condiciones de seguridad, sino por el largo viaje: media hora por carretera desde Aguachica hasta Gamarra; un ferry para cruzar el río Magdalena; otro trecho de carretera hasta el municipio de Morales, al que pertenece el corregimiento; unos minutos en chalupa hasta Moralito; y luego subir por caminos lastrados por varias horas, dependiendo del medio de transporte. 
En el camino, en la montaña, aparece el primer cartel: “ELN. Zona minada. FGDRC”. Las siglas corresponden al frente que opera en la región: Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. En la entrada del casco urbano, otro letrero dice: “Bienvenidos. Territorio de paz”, aunque por estos días la conflictividad está al alza.
El ELN controla esta zona desde hace décadas. Por eso los pobladores de Micoahumado, unos 3.500 habitantes dedicados en su mayoría a la agricultura y la pequeña minería, cargan un estigma permanente: los acusan de guerrilleros o colaboradores. Ellos rechazan estos señalamientos y temen ser víctimas del enfrentamiento entre los elenos y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que desde febrero busca asegurar ese territorio, después del fracaso de los diálogos entre esa guerrilla y el Gobierno.
Bienvenida al corregimiento de Micoahumado,
Municipio de Morales, sur de Bolívar.
Foto- la liga contra el silencio

bienvenida al corregimiento de Micoahumado, Municipio de Morales, sur de Bolívar. Foto- la liga contra el silencio

La muerte de José Sánchez Quintero, conocido como ‘Coco’, y las heridas de fusil que sufrió Henri Sarabia en el brazo derecho, son los eventos más graves que han ocurrido en Micoahumado este año. El 2 de febrero y el 2 de marzo, dos combates entre militares y el ELN en el casco urbano dejaron a los civiles en el medio. Hoy muchos temen que la situación se agrave.
Los militares, asegura Sarabia, “disparaban sin sacarle el dedo a ese fusil. Entonces, yo le dije a los pelados: ‘corran que nos van a matar’. Yo salí a correr, no volví a mirar pa’ trás. No sabía que a ‘Coco’ lo habían herido, que le habían pegado ese tiro de muerte”. Sarabia hoy se recupera en la casa de su hermano en Bodega Central, un caserío ubicado a orillas del río Magdalena, a unas horas de Micoahumado.
Sarabia ganaba 25.000 pesos diarios trabajando como jornalero de lunes a sábado. Esperaba incrementar su salario con la temporada de siembra de fríjol que empezará el 15 de abril, pero no podrá trabajar hasta que recupere la movilidad de su mano y su brazo que tiene los tendones comprometidos. Eso le llena de angustia, pero tiene el consuelo de seguir con vida. 
Henri Sarabia, campesino de 27 años,
que resultó herido durante una operación
de la Fuerza de Tarea Marte contra el ELN
el 7 de marzo. Foto- La Liga Contra el Silencio
Él y varios testigos dijeron a La Liga Contra el Silencio que a la cancha esa tarde se acercó, desarmado, un guerrillero vestido de civil; y que de repente comenzaron los tiros desde una loma cercana. Luego supieron que había disparado el ejército. Cerca de allí estaba otro guerrillero, y en el medio, varios civiles. 
En la cancha jugaban ‘Coco’, Henri y un menor de edad que al oír los disparos corrió y se lanzó a una zanja. En la vivienda cercana estaban Astrid Bayona, su esposo Jimmy y al menos dos menores. Más abajo hay casas donde estaban otros pobladores que iban a sumarse al partido de fútbol.
“Yo me fui (corriendo), me tiré en la esquina de la casa de Jimmy y le decía que me ayudara, que me habían herido, y él me decía que me metiera pa’ dentro como pudiera. Yo como pude fui y me metí al lado de ellos y el ejército seguía disparando y disparando. Jimmy les gritaba que no disparan porque había niños, que habían civiles (sic), que tenían un civil herido”, cuenta Henri conteniendo las lágrimas.
Casi una semana después del tiroteo, todavía asustado, el menor de edad que estuvo en la cancha se lamenta:
“Nosotros éramos civiles y nos metieron a plomo”.
Astrid Bayona, oriunda de Ocaña, llegó a la zona hace casi siete meses, y desde hace dos vive en la casa de madera y techo de zinc cercana a la cancha, donde se refugió Henri. Un rastro de la sangre sigue en las cortinas de la entrada, en la cama, en la tabla del suelo donde se acostó él para esconderse. A pocos centímetros de la foto de su matrimonio llegó un tiro, y hay otro más en la pared de enfrente. 
Afuera hay más señales de disparos: en el tanque de agua, en el corral de las aves, en las matas de mango, de mandarina y de yuca. Hasta allí llegaron días después la Personería del municipio de Morales y la Defensoría del Pueblo para tomar testimonios.
Un poblador del Corregimiento de Micoahumado,
muestra la zona donde se registró una operación
de la Fuerza de Tarea Marte contra el ELN
el 7 de marzo.
Foto- La Liga Contra El Silencio
La versión oficial dice que se trató de una operación conjunta de fuerzas militares y policía contra la estructura de Jorge Luis García Montes, alias Santiago, “tercer cabecilla” del Frente Luis José Solano Sepúlveda, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro (FGDRC) del ELN, integrado por ocho sujetos. 
El reporte no menciona ningún guerrillero capturado o asesinado. Sí habla, en cambio, de dos heridos, a quienes se les prestaron “primeros auxilios”. También detalla el material incautado: dos chalecos multiusos, 352 municiones de diferente calibre, dos artefactos explosivos, dos granadas de mano, cuatro proveedores para fusil AK-47, un radio escáner, un uniforme camuflado de las fuerzas militares, dos morrales, una hamaca y panfletos alusivos al ELN.
El brigadier general Jairo Leguizamón, comandante de la Fuerza de Tarea Marte, con jurisdicción en la zona y que está compuesta por 4.800 hombres, sostiene que ese 7 de marzo se presentó “un intercambio de disparos entre una estructura (del ELN) que estaba en el sector y las tropas, en donde resultan heridos dos jóvenes”. Según él, los heridos fueron recogidos en helicóptero y uno de ellos “fallece en el vuelo”, pero no reconoce que “ese muerto y ese herido hayan sido producto de los fusiles del Ejército”. 
“Es un hecho que es materia de investigación”, dice Leguizamón. El general aclara además que “en ningún momento” el Ejército reportó a los dos jóvenes “que se vieron inmersos en la situación como integrantes de alguna estructura”.
También confirmó que en operativos anteriores dos soldados resultaron “levemente heridos”. 
Leer más
-
SECCIÓN: , , ,
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Importante.

Juegos Olímpicos París 2024: Cómo quedó el grupo donde juega la Selección Colombia Femenina de Fùtbol

 Con el sueño intacto de superar lo hecho en Londres 2012 y Río 2016, la Selección Colombia Femenina conoció, este miércoles, sus rivales en...

Agencia de Publicidad

Agencia de Publicidad