Liga
Contra el Silencio.-
El homicidio ocurrió en la pequeña cancha de fútbol entre las veredas Guásima y
Progreso Alto: un pedazo de tierra flanqueado por rústicos arcos de madera,
ubicado a menos de 100 metros de una vivienda, a unos 200 de la escuela y a
unos 40 minutos en moto del casco urbano de Micoahumado. Desde la cancha se ve
la Serranía de San Lucas. A un lado está la trocha por donde transitan los
habitantes y, comúnmente, hombres del ELN que hacen presencia en la zona.
Enclavado
en las montañas, Micoahumado es un lugar de difícil acceso, no solo por las
condiciones de seguridad, sino por el largo viaje: media hora por carretera
desde Aguachica hasta Gamarra; un ferry para cruzar el río Magdalena; otro
trecho de carretera hasta el municipio de Morales, al que pertenece el
corregimiento; unos minutos en chalupa hasta Moralito; y luego subir por
caminos lastrados por varias horas, dependiendo del medio de transporte.
En
el camino, en la montaña, aparece el primer cartel: “ELN. Zona minada. FGDRC”.
Las siglas corresponden al frente que opera en la región: Frente de Guerra
Darío Ramírez Castro. En la entrada del casco urbano, otro letrero dice:
“Bienvenidos. Territorio de paz”, aunque por estos días la conflictividad está
al alza.
El
ELN controla esta zona desde hace décadas. Por eso los pobladores de
Micoahumado, unos 3.500 habitantes dedicados en su mayoría a la agricultura y
la pequeña minería, cargan un estigma permanente: los acusan de guerrilleros o
colaboradores. Ellos rechazan estos señalamientos y temen ser víctimas del
enfrentamiento entre los elenos y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que desde febrero busca asegurar ese
territorio, después del fracaso de los diálogos entre esa guerrilla y el
Gobierno.
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| Bienvenida al corregimiento de Micoahumado, Municipio de Morales, sur de Bolívar. Foto- la liga contra el silencio |
bienvenida al corregimiento de Micoahumado, Municipio de Morales, sur de Bolívar. Foto- la liga contra el silencio
La
muerte de José Sánchez Quintero, conocido como ‘Coco’, y las heridas de fusil
que sufrió Henri Sarabia en el brazo derecho, son los eventos más graves que
han ocurrido en Micoahumado este año. El 2 de febrero y el 2 de marzo, dos
combates entre militares y el ELN en el casco urbano dejaron a los civiles en
el medio. Hoy muchos temen que la situación se agrave.
Los
militares, asegura Sarabia, “disparaban sin sacarle el dedo a ese fusil.
Entonces, yo le dije a los pelados: ‘corran que nos van a matar’. Yo salí a
correr, no volví a mirar pa’ trás. No sabía que a ‘Coco’ lo habían herido, que
le habían pegado ese tiro de muerte”. Sarabia hoy se recupera en la casa de su
hermano en Bodega Central, un caserío ubicado a orillas del río Magdalena, a
unas horas de Micoahumado.
Sarabia
ganaba 25.000 pesos diarios trabajando como jornalero de lunes a sábado.
Esperaba incrementar su salario con la temporada de siembra de fríjol que
empezará el 15 de abril, pero no podrá trabajar hasta que recupere la movilidad
de su mano y su brazo que tiene los tendones comprometidos. Eso le llena de
angustia, pero tiene el consuelo de seguir con vida.
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| Henri Sarabia, campesino de 27 años, que resultó herido durante una operación de la Fuerza de Tarea Marte contra el ELN el 7 de marzo. Foto- La Liga Contra el Silencio |
Él y
varios testigos dijeron a La
Liga Contra el Silencio que a la cancha esa tarde se
acercó, desarmado, un guerrillero vestido de civil; y que de repente comenzaron
los tiros desde una loma cercana. Luego supieron que había disparado el
ejército. Cerca de allí estaba otro guerrillero, y en el medio, varios
civiles.
En la cancha jugaban ‘Coco’, Henri y un menor de edad que al oír los disparos
corrió y se lanzó a una zanja. En la vivienda cercana estaban Astrid Bayona, su
esposo Jimmy y al menos dos menores. Más abajo hay casas donde estaban otros
pobladores que iban a sumarse al partido de fútbol.
“Yo
me fui (corriendo), me tiré en la esquina de la casa de Jimmy y le decía que me
ayudara, que me habían herido, y él me decía que me metiera pa’ dentro como
pudiera. Yo como pude fui y me metí al lado de ellos y el ejército seguía
disparando y disparando. Jimmy les gritaba que no disparan porque había niños,
que habían civiles (sic), que tenían un civil herido”, cuenta Henri conteniendo
las lágrimas.
Casi
una semana después del tiroteo, todavía asustado, el menor de edad que estuvo
en la cancha se lamenta:
“Nosotros éramos civiles y nos metieron a plomo”.
Astrid
Bayona, oriunda de Ocaña, llegó a la zona hace casi siete meses, y desde hace
dos vive en la casa de madera y techo de zinc cercana a la cancha, donde se
refugió Henri. Un rastro de la sangre sigue en las cortinas de la entrada, en
la cama, en la tabla del suelo donde se acostó él para esconderse. A pocos
centímetros de la foto de su matrimonio llegó un tiro, y hay otro más en la
pared de enfrente.
Afuera
hay más señales de disparos: en el tanque de agua, en el corral de las aves, en
las matas de mango, de mandarina y de yuca. Hasta allí llegaron días después la
Personería del municipio de Morales y la Defensoría del Pueblo para tomar
testimonios.
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| Un poblador del Corregimiento de Micoahumado, muestra la zona donde se registró una operación de la Fuerza de Tarea Marte contra el ELN el 7 de marzo. Foto- La Liga Contra El Silencio |
La
versión oficial dice que se trató de una operación conjunta de fuerzas
militares y policía contra la estructura de Jorge Luis García Montes, alias
Santiago, “tercer cabecilla” del Frente Luis José Solano Sepúlveda, del Frente
de Guerra Darío Ramírez Castro (FGDRC) del ELN, integrado por ocho
sujetos.
El reporte no menciona ningún
guerrillero capturado o asesinado. Sí habla, en cambio, de dos heridos, a
quienes se les prestaron “primeros auxilios”. También detalla el material
incautado: dos chalecos multiusos, 352 municiones de diferente calibre, dos
artefactos explosivos, dos granadas de mano, cuatro proveedores para fusil
AK-47, un radio escáner, un uniforme camuflado de las fuerzas militares, dos
morrales, una hamaca y panfletos alusivos al ELN.
El
brigadier general Jairo Leguizamón, comandante de la Fuerza de Tarea Marte, con
jurisdicción en la zona y que está compuesta
por 4.800 hombres,
sostiene que ese 7 de marzo se presentó “un intercambio de disparos entre una
estructura (del ELN) que estaba en el sector y las tropas, en donde resultan
heridos dos jóvenes”. Según él, los heridos fueron recogidos en helicóptero y
uno de ellos “fallece en el vuelo”, pero no reconoce que “ese muerto y ese
herido hayan sido producto de los fusiles del Ejército”.
“Es un hecho que es materia de investigación”, dice
Leguizamón. El general aclara además que “en ningún momento” el Ejército
reportó a los dos jóvenes “que se vieron inmersos en la situación como
integrantes de alguna estructura”.
También
confirmó que en operativos anteriores dos soldados resultaron “levemente
heridos”.
“Las
personas civiles que se encontraban en el lugar de los hechos no tienen la
calidad de retenidos, aprendidos ni capturados”, indica el comunicado de la Fuerza de Tarea
Marte sobre Micoahumado, y dice que el fallecido y el herido “nunca fueron
presentados como resultado operacional”.
Una
fuente del Ministerio Público confirmó que el caso está a cargo de una fiscalía
de Barranquilla especializada en crimen organizado, y que el operativo estaba
dirigido contra un cabecilla del ELN. “Estaban ahí en cumplimiento de una
misión que tenía aval judicial”.
Las
circunstancias de la muerte del civil y del herido no están claras. La fiscal a
cargo está valorando los reportes antes de decidir si abre una investigación o
la traslada a otra instancia. Se deberá establecer si fue “un acto que hace
parte de sus facultades y fueros (de la fuerza pública), o si fue una acción en
la que se extralimitaron”, explica la fuente de la Fiscalía.
El
otro lado de la historia
En
al menos tres puntos, víctimas y testigos cuestionan la versión oficial.
Sostienen que no hubo intercambio de disparos ni combates. Que agentes de la
fuerza pública dispararon contra quienes estaban en la cancha e incluso hubo
presión para cambiar testimonios.
Los
dos civiles fueron evacuados en un helicóptero del ejército junto a Ferney
Herrera, un amigo que se ofreció a acompañarlos. Los llevaron al batallón
Juncal, en Aguachica, Cesar. Henri Sarabia cuenta que un militar lo abordó en
la ambulancia, rumbo al hospital. “Me insistía que dijera que nosotros habíamos
quedado en el fuego cruzado. Le decía que no, que eso era una mentira (…) En
ningún momento, ninguno les quemó un tiro a los soldados. Eso se lo inventaron
ellos y quieren sacar esa teoría de que eso fue así, pero no, y la gente es
testigo”, dice.
Su
compañero, Ferney Herrera, coincide:
“Ahí no hubo disparos de diferente grupo, (fue) un
solo tiroteo de pa’lante (…). Ellos (los militares) disparan aquí, diciendo que
había guerrilla, pero aquí no hubo un disparo a contra de lo que ellos estaban
disparando”.
Sarabia
va más allá: “Para mí que ellos nos querían dar por ‘falsos positivos’ porque
por qué nos dispararon, por qué nos rodearon”. Pablo de Jesús Santiago, uno de
los líderes de la comunidad que denunció los hechos recientes, alude al joven
fallecido: “Donde la comunidad no atestigüe que es un civil, hubiera quedado
como un ‘falso positivo’. Ellos no encontraron ningún elemento que lo hubiera
sindicado como guerrillero”.
Ambos
se refieren al eufemismo que califica las ejecuciones perpetradas por agentes
del Estado contra civiles que hacen pasar por guerrilleros, para obtener
beneficios e incrementar el número de bajas en el conflicto armado. Se han
identificado 2.248 víctimas de esta práctica entre 1988 y 2014, según un
informe que le entregó la Fiscalía a la Justicia Especial para la
Paz (JEP). Otros
cálculos estiman
el número de víctimas en casi diez mil.
La
muerte del joven también tiene versiones encontradas. Sus amigos afirman que
falleció en el sitio: “Él murió en el lugar de los hechos (…) Cuando a mí me
echaron al helicóptero, después lo cogieron a él, de patas y manos, y lo
tiraron allá al helicóptero, pero ‘Coco’ ya no estaba vivo”. Su acompañante,
Herrera, coincide: “A él lo dejan correr dos metros hacia adelante, donde cayó
boca abajo y ahí fue la muerte (…) Cuando nos montaron al helicóptero yo ya
sabía que él estaba muerto”. Según testigos, ni en la cancha ni en el
helicóptero hubo indicios de que le hubieran prestado primeros auxilios al
joven fallecido.
Su
familia se enteró de la muerte porque les avisó un profesor de la vereda.
Hicieron el largo trayecto hasta Aguachica y encontraron su cuerpo en la morgue
del hospital local de Barahoja. Un oficial de policía les entregó sus
pertenencias sin ninguna explicación. Ahora esperan alguna indemnización. “Me
dio como una rabia de ver que ellos le habían quitado la vida a mi hermano (…)
Lo único que pido es que ellos paguen, porque no tenían por qué hacer eso con
mi hermano”, dice Luzdari Sánchez Quintero.
A
los 9 años, ‘Coco’ dejó su casa para trabajar en una finca. Era el penúltimo de
ocho hermanos y solo llegó hasta segundo de primaria. Dicen que era bueno para
“tirar rula” (machete), sembrar y hacer mandados. Hoy su madre lo llora y
aclara que no era guerrillero. “Era un pelado humilde, trabajador”, dice.
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| Familia de José Sánchez Quintero. En la mitad su madre Ester y a los costados, sus hermanas Doris y Luzdari. Foto- la liga contra el silencio |
El
general Leguizamón insiste en que nunca se acusó a los jóvenes de guerrilleros,
pero los testimonios de los testigos revelan un trato diferente.
“Del
finado me sostuvieron, en el batallón (Juncal) me lo sostuvieron, que él era
guerrillero. Que por qué usaba esas botas, y yo la verdad (dije) que nosotros
en el campo no trabajamos a pie limpio, todos trabajamos con botas de caucho”,
cuenta Herrera.
En
el hospital dos soldados custodiaban al herido. Ramón, el hermano de Henri, les
insistió en que no era guerrillero, y no había razón para custodiarlo:
“‘Tenemos una orden”, dice que le respondieron. “Él puede decir que no, pero es
posible que hasta sí”. Hoy Henri Sarabia no tiene ninguna acusación en su
contra.
La
estigmatización ha llevado a la judicialización de líderes campesinos.
Inteligencia Militar señala a algunos de ser “integrantes de la red de apoyo al
terrorismo”, según denunció Jorge Reales, abogado de la Corporación Sembrar,
que trabaja en la zona. Reales lleva algunos de esos casos y recuerda la
captura de 14 personas en marzo de 2017, la mayoría de Micoahumado. Todos están
libres, aunque el proceso judicial en su contra continúa y, según Reales, “el
riesgo de persecución todavía está vigente”. Esos casos se suman a otras
detenciones de defensores de derechos humanos en el sur de Bolívar.
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| UNA MUJER MIRA LA TELEVISIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE MICOAHUMADO, DONDE LA POBLACIÓN DENUNCIA ESTIGMATIZACIÓN CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA. FOTO- LA LIGA CONTRA EL SILENCIO |
Riesgo de desplazamiento
En
la región hay menos paz de la que todos quisieran. Incluso la directora del
Magdalena Medio de la Unidad de Víctimas, Amparo Chicue Cristancho, convocó a
la Alcaldía de Morales a estar preparada para un “posible desplazamiento”, un
escenario que Micoahumado padeció con los paramilitares a finales de los
noventa e inicios de la década siguiente cuando se registraron desplazamientos
masivos.
Ante
la situación actual, una semana después del operativo militar, en una reunión
celebrada en el polideportivo, la población expresó sus preocupaciones y
denuncias. La cita se realizó después de cuatro consejos extraordinarios de
seguridad en menos de un mes, y estaban convocadas autoridades de diferentes
niveles, pero no todas llegaron.
El
alcalde Rodolfo Díaz dijo que los delegados de la Gobernación de Bolívar no
asistieron “argumentando cuestiones de seguridad en la vía”. Por su parte, el
general Leguizamón explicó a La
Liga que han escuchado las quejas en otras reuniones y que
están “prestos a realizar las correcciones a que haya lugar”, pero que
decidieron no ir porque consideraron que el escenario sería “completamente
hostil”. La Fuerza de Tarea Marte tiene unidades móviles en la zona y su base
está en Santa Rosa, a menos de 100 kilómetros al sur de Micoahumado, desde
donde combaten al ELN, al Clan del Golfo, la minería ilegal y los cultivos de
uso ilícito.
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| LETRERO DE ADVERTENCIA INSTALADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE MICOAHUMADO, MUNICIPIO DE MORALES. MARZO 2019. FOTO: LA LIGA CONTRA EL SILENCIO |
En
la reunión, la personera de Morales, Melissa Pereira, denunció presuntas
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), y riesgos, como la
presencia de actores armados cerca de la comunidad, la violación del principio
de distinción entre combatientes y no combatientes, la persecución a líderes
sociales y el abordaje de niños en las calles por parte de la fuerza pública
para obtener información. El comandante Leguizamón negó los señalamientos de la
Personería, a la que acusó de estar “parcializada” y de no tener pruebas.
La
Defensoría del Pueblo también hace alertas. Esa entidad considera que por años
la población ha estado sometida al control territorial del ELN, a sus
extorsiones y a la amenaza de los campos minados. Se suma, además, la presencia
de la fuerza pública que es vista por la población con “desconfianza” y como
“un factor de riesgo”.
“Se necesita una intervención más independiente,
más desde la civilidad hacia el territorio, no agenciada por la fuerza
pública”, explica Rafael Navarro, Defensor Delegado para la Prevención de
Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas.
Con
lo que ha ocurrido considera que “hay elementos suficientes para deducir que la
situación de riesgo se va a profundizar”.
La
región, que forma parte del corredor que se conecta con el Catatumbo, otra zona
conflictiva, también enfrenta problemas de comunicación: unos pocos teléfonos
cuentan con cobertura móvil, a través de una antena especial, y no hay
internet, por la desconfianza que tiene la guerrilla en el ingreso de
tecnología. Ese grupo incluso prohibió los celulares en las calles para evitar
fotos. Además, en el
departamento,
31 de los 46 municipios no tienen medios de comunicación que produzcan noticias
locales.
Frente
a los hechos recientes, la comunidad teme que se repita un escenario como el de
años atrás cuando ante la violencia se vieron obligados a conformar una
Asamblea Popular Constituyente que declaró su neutralidad frente al conflicto
armado y rechazó la presencia de grupos armados. Hoy la población está en riesgo,
entre dos fuerzas, en una zona pobre y apartada, silenciada por el miedo, sin
un médico, sin agua potable y sin más oferta del Estado que la presencia
militar.
“Estamos
en medio. A uno le da miedo de que si le hace el favor a la guerrilla, el
ejército nos puede acorralar, decir cosas, o (hacer) señalamientos. Y si se lo
hacemos al ejército, igual (…) El que tenga las armas es el que manda, así
mande mal”, dice Marleny Díaz, representante de las víctimas de la región.
El
líder Pablo Santiago expresa otros temores. “Los militares van a ocupar
nuestros espacios, nuestras casas (…) Si fuera que el ejército va a estar toda
la vida, pero el ejército se va. Nos quedamos nosotros, la población, y después
viene la guerrilla a cobrarnos lo que a ellos les parece mal”.
