Reconocer violaciones,
una oportunidad para cambiar (I)
Reflexiones sobre la justicia transicional como una herramienta
para la protección de los derechos humanos. Esta es la primera entrega de tres
artículos escritos por Todd Howland, alto comisionado de la ONU, quien se
despide del cargo en Colombia.
Todd Howland.- Los fines son meritorios, pero
muchas cosas tienen que cambiar para conseguir que la implementación de los distintos
mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(SVJRNR) logre mejoras significativas en materia de derechos humanos. Los cambios no se producirán
por arte de magia, ni serán el resultado necesario de los
mecanismos especiales de justicia transicional. Su concreción requiere
liderazgo, voluntad política y acción de todo el aparato estatal. Sin
menospreciar el logro del Acuerdo Final, lo que viene será mucho más difícil y
tendrá más oposición.
La perpetración de atrocidades
ha signado la vida institucional y social del país. En las dos décadas pasadas
se han documentado miles de violaciones a los derechos humanos e infracciones
graves al derecho internacional humanitario. Estos hechos atroces son objeto de
distintos tipos y grados de negacionismo, incluyendo su negación literal, es
decir, la manifestación abierta de que lo que se denuncia no pasó;
interpretaciones manipuladas sobre lo acontecido, por ejemplo, la ejecución
premeditada y dirigida de un combatiente que es presentada como su muerte
resultado de un intento de fuga; desconocimiento de las víctimas de las
violaciones, y minimización de los daños y efectos causados por la violencia,
por ejemplo, sí son desplazados, pero por voluntad propia. Cada parte del conflicto,
y ahora del proceso de paz, tiene
su particular aproximación al proceso de negación.
En la medida en que algunas de
las violaciones se han cometido bajo el manto de la ley o están cobijadas por
la impunidad, la confianza en el poder público está en jaque, como lo está,
también, la
legitimidad del poder estatal.
La superación de la negación y
de la impunidad de las violaciones no será un proceso rápido ni sencillo. Como
muchas otras iniciativas en Colombia, la ambición normativa del SIVJRNR rebasa
su capacidad funcional. No es cuestión de buenas intenciones, sino de idoneidad
funcional para encarar los problemas. La sofisticación normativa del Sistema es
significativa, pero no es garantía de los cambios anunciados. Los obstáculos ya
son evidentes.
Uno de los primeros retos es la
recuperación del sentido estratégico de los mecanismos del Sistema. La actual
discusión técnica sobre los distintos mecanismos desplazó la conducción
estratégica sobre lo que se pretende lograr con su puesta en marcha. La discusión
se ha centrado en cómo usar la caja de herramientas, es decir, la Comisión de
la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y demás mecanismos, sin tener
claro cuáles son los problemas que requieren atención. Este enfoque confunde
los medios con los fines. La aproximación ritualista y formal a los mecanismos
está obviando una discusión sensible a los diversos contextos regionales y a
las necesidades concretas de víctimas y comunidades. La puesta en marcha de los
mecanismos del SIVJRNR debe satisfacer
los derechos de las víctimas en los territorios y producir la no repetición de
violaciones, no unos estándares de funcionamiento mecánico de modelos eruditos.
Otro reto central en el proceso
de implementación del Sistema es abandonar la falsa creencia de que éste se
desarrolla en un ambiente estéril, desprovisto de antecedentes y libre de
influencias externas. Como cualquier esquema de organización estatal, los
mecanismos del SIVJRNR están
insertos en el marco institucional colombiano. Esto
implica que arrastran con lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones
existentes.
Aunque se predique su
singularidad y estado virtuoso, todos los mecanismos se insertarán en un
contexto, lleno de prácticas y reglas preexistentes, que pesa mucho más que el
acto inaugural de los nuevos mecanismos. Por ejemplo, el hoy desdeñado proceso
de Justicia y Paz condicionará muchos aspectos de los nuevos mecanismos. En vez
de concentrarse tanto en diferenciarlo del nuevo sistema, deberían
contemplar los
efectos de la transmisión de prácticas que inevitablemente tendrá lugar. Asimismo,
los mecanismos del Sistema estarán igualmente expuestos a los males que
carcomen a la administración pública en Colombia, incluyendo al sector de la
justicia. Tomar
conciencia de este hecho no descalifica los esfuerzos por garantizar la
efectividad y la transparencia de los nuevos mecanismos; por el contrario,
conduce a robustecerlos.
La negación de las atrocidades
es un proceso activo en Colombia.
Tanto las partes que negociaron
el Acuerdo, como otros actores y sectores, tienen intereses en la contención y
el control de los mecanismos del SIVJRNR para evadir o disminuir el ámbito de
su responsabilidad individual y colectiva. Las partes pactaron el intrincado
sistema considerando, cada una por separado y en antagonismo abierto, su
posición frente a los actos perpetrados y las consecuencias de estos. Aunque
resulte obvio, su cálculo es un ejercicio retrospectivo con valor prospectivo:
las dos partes valoraron lo que pierden y ganan con asumir (ciertas)
responsabilidades por (algunos) hechos del pasado.
La negación literal y absoluta
no era viable, en parte, por la valiente labor de documentación y denuncia que
el movimiento de derechos humanos ha
realizado durante décadas en Colombia. Ese trabajo, junto
con el de otros grupos y sectores, como los periodistas e investigadores
académicos, ha reducido el
margen de mentira que la sociedad está dispuesta a tolerar. Aun
así, la negación es un proceso vigente que apunta, entre otros objetivos, a
controlar el número y el tipo de conductas que serán objeto de reconocimiento,
limitar la profundidad del conocimiento que se alcance en relación con las
violaciones y minimizar las implicaciones de las atrocidades.
El Acuerdo Final también asigna
a los mecanismos del Sistema Integral funciones de esclarecimiento y rendición
de cuentas en relación con actores, agentes, representantes y grupos de interés
que no participaron, al menos visiblemente, en la negociación. Muchos, de
hecho, la gran mayoría, de estos actores se oponen activamente, por medios
legales e ilegales, al proceso de reconocimiento y rendición de cuentas que se
pretende poner en marcha. Si
bien estos actores han sido incluidos en el arreglo, no hicieron parte de sus
términos y resistirán, incluso violentamente, su operación y sus consecuencias.
Con el paso del tiempo, desde
el anuncio del Acuerdo se han solidificado pactos de silencio y se han
dispuesto acciones orientadas a asegurar el hermetismo y el secretismo en torno
a la atrocidad. Asimismo
hay campañas de desinformación y de intimidación en
marcha, con el fin de reducir la efectividad de cualquier intento que busque
esclarecer lazos hasta ahora invisibles con la perpetración de las violaciones.
