Gobierno Nacional sancionado nuevamente por no cumplir la sentencia T–052 del 2017

 Catatumbo - Norte de Santander, julio 28 de 2021.

La Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, el Pueblo Indígena Barí, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, resaltan la decisión tomada el pasado 28 de junio de 2021 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Cúcuta – Sala Penal, respecto a las medidas sancionadoras en contra del Gobierno Nacional representado a través de la Agencia Nacional de Tierras, así como la enérgica orden emitida al Ministerio del Interior para que cumpla con sus deberes misionales.

La razón de ser de esta decisión tiene su origen en el fallo proferido por la Corte Constitucional en Sentencia T–052 de 2017, mediante la cual se da reconocimiento a derechos territoriales del Pueblo Barí y a las comunidades campesinas representadas en la ASCAMCAT, respecto de la delimitación, saneamiento y ampliación de los Resguardos Indígenas Motilón Barí y Catalaura - La Gabarra; así mismo, de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo - ZRCC. A pesar que la Corte estableció un término específico de cumplimiento de las mencionadas órdenes en el lapso de 1 año, los destinatarios estatales de éstas han actuado de manera recurrente, omisiva e injustificada para su integral cumplimiento durante 4 años y 5 meses.

Con fundamento en lo anterior, las comunidades afectadas dieron lugar al inicio del trámite incidental de DESACATO, que fue decidido inicialmente el pasado 13 de diciembre de 2019, donde se declaró INCUMPLIDA la Sentencia y se impuso sanción de multa y arresto en contra de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, decisión que fue confirmada el 18 de febrero de 2020 por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala Casación Penal.

• De esta manera alertamos a la sociedad y al Estado colombiano sobre la falta de voluntad política del Gobierno Nacional frente al acceso y goce de los derechos del Pueblo Barí y de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en Norte de Santander; sin embargo, a pesar del incumplimiento de las medidas judiciales, seguiremos exigiendo el acceso a la administración de justicia con plenas garantías del ejercicio de nuestros derechos constitucionales incluyendo los de la Sentencia T – 052 de 2017.
  
  ASCAMCAT  -  PUEBLO BARÍ  -  ONIC  -  ANZORC

Diplomáticos colombianos viajarán a Haití para asistir a mercenarios

Una misión de diplomáticos colombianos viajará a Haití para asistir a los mercenarios detenidos por el magnicidio de Jovenel Moïse

Hasta ahora, 26 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el asesinato del mandatario, entre ellas, 19 colombianos.

Una misión consular de Colombia viajará el próximo domingo a Haití para asistir a los connacionales detenidos en el país caribeño por su presunta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

La cancillería informó que durante el viaje, que tendrá lugar entre el 25 y 27 de julio, se verificarán las condiciones de reclusión de los detenidos, así como "el respeto al debido proceso". Además, se gestionará la repatriación de los cuerpos de los tres colombianos fallecidos durante los enfrentamientos con la Policía tras el magnicidio.

"Colombia ha reiterado que seguirá colaborando con las investigaciones que permitan esclarecer el asesinato del presidente de Haití –crimen rechazado enfáticamente por el Gobierno Nacional–, y de igual forma, velará para que los colombianos señalados de participar en el crimen, tengan todas las garantías humanitarias", añade el texto.

La delegación colombiana, que se encuentra a la espera de que el Gobierno haitiano le confirme el viaje, estará formada por Luis Fernando Cuartas, director de asistencia a connacionales, dos funcionarios de la embajada de Colombia en República Dominicana; y el cónsul honorario en Puerto Príncipe.

Hasta ahora, 26 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el asesinato de mandatario, entre ellas, 19 colombianos, en su mayoría militares retirados.

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó a su homólogo haitiano, Renan Hedouville, información sobre las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y el debido proceso de los colombianos detenidos.

Carmargo también pidió apoyo para la repatriación de los fallecidos y manifestó su preocupación por los 80 colombianos que viven en Haití, tras los recientes acontecimientos.

Magnicidio de Moïse

Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio en su residencia privada en Puerto Príncipe, a manos de un comando de mercenarios colombianos y haitiano-estadounidenses.

Durante el ataque, la mujer del presidente, Martine Moïse, resultó herida y fue trasladada en estado crítico hasta un hospital de Florida, pero ya se recuperó y regresó a Haití. Está previsto que el viernes se celebre el funeral del presidente en la ciudad de Cap-Haitien.

Las autoridades haitianas apuntan a que se organizó un complot en el que el médico Christian Emmanuel Sanon habría sido uno de los autores intelectuales ya que, según la policía, aspiraba a ocupar el cargo de presidente.

En sus más recientes declaraciones, el director general de la Policía, Léon Charles, informó que tres personas que no son de nacionalidad haitiana, y que viven en EE.UU., habrían participado en la financiación del asesinato.

Hay al menos ocho órdenes de captura como parte de la investigación, entre ellas, la de John Joel Joseph, exsenador opositor y uno de los planificadores del asesinato, y la de de Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia, quien habría encargado y supervisado la operación.

Una de las piezas claves para esclarecer el magnicidio sería la empresa de seguridad CTU Security, con sede en Miami y dirigida por el venezolano Tony Intriago, que, según los investigadores haitianos, habría reclutado a los exmilitares colombianos que integraron el comando armado.

“El país les falló brutalmente a los jóvenes”

Las oportunidades que se brindan a los jóvenes para que puedan planear su vida, estudiar, trabajar y aportar a la sociedad, son muy escasas; cuando se implementan proyectos en pro de la educación superior muchas veces las ofertas son limitadas.

— Agencia de Noticias UN - Así lo afirmó, la politóloga María Emma Wills, doctora en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad de los Andes, durante una charla organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Ante la evidencia de altas tasas de desempleo
y la falta de oportunidades, los jóvenes en Colombia
no tienen un futuro prometedor.
Foto: Brandon Pinto.

En dicho evento se analizaron las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril y que en la mayoría de las ciudades fueron protagonizadas por los jóvenes colombianos descontentos con el Gobierno y velando por derechos a la justicia, la igualdad, la educación, el empleo, la verdad y la paz, e intentando expresar que el futuro está en sus manos.

La falla se evidencia en las altas tasas de desempleo y en la deserción universitaria, pues desde 2016 el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) ha detectado una baja en el número de matrículas, incrementada por la pandemia de COVID-19 que obligó al cierre de los campus y espacios académicos presenciales.

Desde el 2016 el SNIES se ha detectado
una baja en el número de matrículas.
Foto: archivo Unimedios.

De otra parte, según el DANE el desempleo juvenil alcanzó en 2020 la histórica cifra de 3 millones de jóvenes desempleados, de los cerca de 11 millones en el país.

La académica reiteró que tales indicadores muestran que “se les falló a los jóvenes porque este es un país con falta de oportunidades, inclusión, educación y protección juvenil para que desarrollen el concepto de proyecto de vida y lo amplíen hasta la definición de buena vida que cada uno tiene”.

Agregó que “los jóvenes son la semilla del Acuerdo Final de Paz, pero lo que existe hoy es una profunda decepción hacia un Estado autoritario, que ve en las organizaciones del orden la mejor forma de solucionar las grandes brechas entre la sociedad y el Gobierno”.

El panorama es aún más desalentador cuando el 33 %
de los jóvenes son “ninis” (ni estudian ni trabajan).
Foto: archivo Unimedios.

Mirada autoritaria no es la solución

Durante su intervención, la politóloga Wills dijo que en Colombia hay dos miradas absolutamente contrarias sobre cómo organizar el poder y la autoridad en el país, entendiendo que las fuerzas públicas están para preservar los derechos de la sociedad y no de las esferas privadas.

“Hay una mirada autoritaria que propone que lo más importante para mantener el orden es la obediencia y seguir unas normas y leyes, así tu no creas en ellas”.

En su opinión, esta matriz cultural tiene su fundamento en un concepto de que la seguridad es esencial para que “podamos vivir juntos, sin matarnos”. Esto hace que se priorice la seguridad sobre otro tipo de aproximaciones a los conflictos que hay en Colombia.

Los jóvenes son la semilla del proceso de paz,
pero lo que existe hoy es una profunda rabia
hacia un Estado autoritario. Foto: Unimedios.

Indica que, de otro lado, hay una matriz que pone mucho más el énfasis en escuchar, si se quiere, a que el orden se sostenga sobre el consentimiento activo frente a la autoridad, en “esta segunda matriz vemos cómo para esas élites gobernantes lo fundamental es lograr y construir ese consentimiento y esas dos matrices, no hay puentes”.

Para la experta, se entiende que la mirada autoritaria ha dominado al país por mucho tiempo, y en momentos de grandes tensiones esa mirada no es la solución, lo fundamental es tener una seguridad sin homicidios, secuestros o violaciones.

Las fuerzas públicas están para preservar
los derechos de la sociedad
y no de las esferas privadas.
Foto: Brandon Pinto.

“Lo que se debe lograr es que, más que diálogos de negociación con una mirada autoritaria, lo que hay que hacer es convencer a los sectores de que la ruta que tenemos para resolver las diferencias tiene que la ruta reformista”.

Propone además que entre esas dos miradas se habiliten mesas de diálogo para encontrar puntos de acuerdos hacia un camino más democrático, por ejemplo con una mayor redistribución a través de las políticas públicas de salud y educación.

(Por: fin/PRC/dmh/LOF)

N.° 194