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Ante un juez presunto abusador de menores de edad, los abusos se habrían dado cuando los tatuaba

FGN.-Cali (Valle del Cauca).- El hombre fue detenido en el tradicional parque de San Antonio cuando ofrecía a los visitantes dibujarles tatuajes en sus cuerpos.

 Robinson García Díaz, alias El Tatuador, quien era buscado por las autoridades por cerca de año y medio, fue capturado en Cali por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el apoyo de un soldado de la Tercera Brigada del Ejército.
El hombre, de 36 años de edad, se encontraba en la colina de San Antonio, al occidente de esta ciudad, ofreciendo dibujarles tatuajes a los visitantes del tradicional parque.
Los servidores le notificaron de una orden de captura en su contra expedida por un juez Penal Promiscuo del municipio de Bolívar, donde es requerido para que responda por los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años agravado,  pornografía con persona menor de 18 años, y suministro a menor.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, García aprovechaba su condición de artística, para presuntamente, exigirles a sus víctimas (menores de 13 años), tener relaciones sexuales con él, a cambio de dibujarles tatuajes en diferentes partes del cuerpo.

Procuraduría pidió medidas cautelares para recuperar la bahía de Santa Marta


PGN.- La Procuraduría General de la Nación instauró una acción popular para que las autoridades ambientales adopten las medidas necesarias encaminadas a lograr la descontaminación y recuperación de la Bahía de Santa Marta.
Foto- Luis Felipe Ariza, PGN
En la acción, interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Ministerio Público pidió que se declaren vulnerados los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la región a gozar de un ambiente sano, un equilibrio ecológico y un manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
La acción fue instaurada contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la Dirección General Marítima, DIMAR, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpomag, la Alcaldía de Santa Marta, el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental de la capital del Magdalena, DADSA, y Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.
Entre las medidas cautelares solicitadas, el Ministerio Público pidió al Tribunal que ordene a la ANLA, a Corpomag y al DADSA exigir a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, que suspendan de manera inmediata sus vertimientos a los cuerpos de agua de la bahía y que inicien los procesos sancionatorios que sean pertinentes.
La Procuraduría solicitó también ordenar a la Dirección General Marítima que inspeccione y controle de forma integral la operación de los buques de carga y comerciales, para impedir que hagan vertimientos de cargas contaminantes y altamente tóxicas en el área de influencia de la bahía.
También pidió al Tribunal ordenar a Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P. que presente y obtenga la aprobación del Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos, o lo ajuste si es del caso, en cumplimiento de la normatividad legal establecida para los prestadores del servicio público de alcantarillado, sujetos al pago de la tasa retributiva.
Entre las pruebas solicitadas, el Ministerio Público pidió la realización de una inspección judicial con intervención del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Invemar, para verificar el estado de los vertimientos y su procedencia; así como la toma de muestras para evaluar la calidad del agua y determinar las causas que están originando las graves afectaciones ambientales a los ecosistemas marinos en la bahía de Santa Marta.
MLN

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