Ante el hundimiento al Derecho Fundamental al Agua en la Constitución Política colombiana.

El partido Alianza Verde expresa su más profundo sentimiento de rechazo e indignación por la manera como el día de ayer fue hundida la iniciativa legislativa que pretendía consagrar el Derecho Fundamental al Agua en la Constitución Política colombiana.

Cuando restaban apenas dos de ocho debates para lograr esta inaplazable reforma constitucional, aparecieron las maniobras y la arrogancia de los parlamentarios a cargo de las presidencias de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, quienes de manera abierta y sin reparar en la
trascendencia de esta importante decisión, ejecutaron todo tipo de maniobras dilatorias durante el proceso de segunda vuelta, y finalmente impidieron que se reuniera la Comisión Primera de la Cámara el día de hoy, miércoles 7 de diciembre, para que el proyecto de Acto Legislativo continuara su trámite en séptimo debate.

Telésforo Pedraza, Representante a la Cámara por el
partido Conservador y Presidente de la Comisión
Primera, principal responsable por el hundimiento de
la iniciativa legislativa que pretendía consagrar el
Derecho Fundamental al Agua en la Constitución
Política colombiana.

No podemos ocultar la indignación que este tipo de actuaciones producen, ante la actitud complaciente y pasmosa de un gobierno que se dice angustiado por la suerte de miles de niños del departamento de la Guajira, expuestos de manera vergonzosa a padecer hambre y sed por las intervenciones irresponsables de la industria minera.

Juez de conocimiento negó libertad a expresidente de Fidupetrol

El Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, negó las pretensiones de la defensa del expresidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano, de obtener la libertad mediante preacuerdo, luego de aceptar el cargo de tráfico de influencias en calidad de cómplice.

 En la audiencia, la juez advirtió que se trata de un delito contra la administración pública y que por lo tanto solicitar la libertad por esta vía no es posible, toda vez que está expresamente prohibido por la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia.

“Se trata de una violación al principio de estricta legalidad porque conlleva implícita la aplicación de una norma superior”, manifestó la togada.

Los hechos relatados por la Fiscalía General, vinculan a Caballero Lozano como determinador para que un grupo de abogados pagara 400 millones de pesos a magistrados de la Corte Constitucional para la revisión de una acción de tutela, la cual obliga a esta compañía al pago de 22.500 millones de pesos al departamento de Casanare.

Expresidente de Fidupetrol,
 Abel Guillermo Caballero Lozano

Como elementos materiales probatorios el ente acusador cuenta con documentos, contratos y las declaraciones entregadas por el mismo funcionario, en las que afirma haber sostenido reuniones con el expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, para estos efectos relatados por el ente acusador.

INCREMENTO DE ASESINATOS CONTRA LÍDERES SOCIALES EN 2016

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos,
preocupada por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población que habita zonas rurales

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.

Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía.

Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.

El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales –incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño- en donde las FARC-EP tenían presencia histórica, y están retirándose.

La Oficina observa la confluencia de dos características comunes en las áreas rurales donde han ocurrido estos homicidios:

1. Por una parte la presencia histórica de las FARC-EP, quienes ante la firma del primer Acuerdo de Paz, iniciaron su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden”.