Gobierno maniobra para pagar deuda de la pasada administración.

​El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la presentación del Marco Fiscal
de Mediano Plazo, confirmó la activación de la cláusula de escape.
El Gobierno nacional anunció que activó la cláusula de escape de la Regla Fiscal, un mecanismo previsto en la Ley 2155 de 2021 y que prevé suspender temporalmente el marco de endeudamiento cuando se presentan eventos extraordinarios que puedan comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

El anuncio lo formuló el ministro de Hacienda y Crédito Púbico, Germán Ávila Plazas, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que prevé la proyección de los indicadores macroeconómicos para el próximo año.

“Se trata de una decisión responsable y cuidadosa, aprobada por el Confis (Consejo de Política Económica y Fiscal) y e Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal), pues si bien el país registra algunas dificultades fiscales, también es cierto que avanzamos por la senda deña recuperación y de un mejor comportamiento del gasto”, explicó el jefe de las finanzas públicas.

La cláusula fiscal está contenida en el parágrafo segundo de la Ley 2155 que establece: “La regla fiscal tendrá una cláusula de escape, que permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en este artículo, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país”.

De esta manera, la Regla Fiscal se suspenderá durante tres años a partir de la actual vigencia (2025, 2026 y 2027). “La principal justificación para esta decisión es que si no lo hacemos ahora se corre el riesgo de romper la estabilidad macroeconómica del país”, añadió Ávila Plazas.

El ministro explicó que este Gobierno asumió varias presiones fiscales heredadas del Gobierno anterior, como el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) que llegó a $79,6 billones ($21,4 billones en 2022; $28,9 billones en 2023; $21,3 billones en 2024 y $8 billones en 2025).

Agregó que el déficit en gasolina ya está solucionado, pero el del diésel tendrá que hacerse a partir de este año. Con el sector camionero ya hay negociaciones en marcha, dijo, pero adelantó que se estudia el decreto que definirá el incremento de ese combustible para los demás vehículos.

Otro impacto que ha afectado las finanzas públicas es el crédito flexible por US$ 5.600 millones que tomó en 2020 la pasada administración, del entonces presidente Iván Duque, para hacerle frente a la pandemia de Covid, con tres años de gracia y pagadero en dos años, del cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro solo debe una cuota que cancelará a finales de este año.

“Esta Gobierno recibió gastos acumulados por pagar de $22 billones de la pandemia, todo esto ha puesto al país en serios aprietos fiscales por $120 billones. Solo sanear el déficit del FEPC equivale a cinco reformas tributarias, los demás gastos acumulados equivalen a 1,5 reformas tributarias”, aseguró.

Añadió que la activación de la cláusula de escape se debe a que el 86% del gasto total es gasto inflexible, y añadió que de no adoptarse esa medida el país entraría en un proceso de parálisis e incumplimiento de pagos.

De hecho, explicó el ministro de Hacienda que al cierre del primer trimestre el déficit fiscal llegó a 2,4%, pero de no adoptarse medidas contingentes podría llegar a 7,1% al cierre de esta vigencia, “que debe ser manejado en varias vigencias, es decir, en tres años”, dijo el ministro Ávila Plazas.

“No nos gastaremos todo lo que nos la posibilidad de la Regla Fiscal, hay parámetros que tenemos que respetar, pero necesariamente habrá un mayor nivel de endeudamiento”, concluyó el funcionario.

Soluciones...

 

Presidente Petro explicó en CNN las bases jurídicas para decretar la consulta popular

Desde el Aeropuerto militar de Catam en Bogotá, el presidente Gustavo Petro explicó a CNN por qué su gobierno está facultado legalmente para decretar la consulta popular.

El presidente Gustavo Petro precisó que entre los argumentos que tuvo el Gobierno nacional para convocar la consulta popular mediante el decreto 0639 del 11 de junio de 2025, se destacan los siguientes:

— Constitución Nacional.

Ley 1757 de 2015 o Ley Estatutaria sobre los mecanismos de participación democrática.

Fallo del juzgado VI civil del circuito de Bogotá en el que afirmó –respecto a la votación de la consulta popular en la plenaria del Senado– que “no hay duda de que sí hubo violación al derecho fundamental al debido proceso legislativo”.

Ley Estatutaria

En la entrevista con CNN, que se realizó en el Aeropuerto Militar de Catam en Bogotá, el mandatario se refirió así a la Ley 1757 de 2015:

“Hay una oposición pequeña a la consulta popular dentro de la población colombiana, de tipo jurídico, y otra de tipo social. La de tipo jurídico dice que las normas no me permiten hacerlo, pero está exactamente explícito en el artículo 33, literal c, de la Ley 1757 de 2015, que es ley estatutaria de los mecanismos de participación”.

Y sostuvo: “Ese artículo de la Ley 1757 reglamenta que si el Congreso en 30 días no se pronuncia sobre la consulta que yo presenté, después de que durante casi tres años no quiso aprobar una reforma laboral que el pueblo le demandaba, entonces el presidente puede decretarla. Eso dice ese artículo”.

Constitución

Además, de acuerdo con el mandatario, “la Constitución de Colombia dice que Colombia es una democracia representativa y participativa; que democracia participativa es que el pueblo puede ejercer el poder de manera directa y sin intermediarios. Tiene una serie de instrumentos, referendos, plebiscitos y consultas que ya se han practicado en Colombia regional y nacionalmente”.

Fallo de juzgado

En este punto, respecto al fallo del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá, el presidente Petro recordó:

“Acaba de suceder que, habiéndose votado en la plenaria del Senado de manera tramposa, fraudulenta, dejando a muchos parlamentarios sin votar, que hacían mayoría para votar sí a la consulta popular, un juez acaba de decir que es una violación del debido proceso legislativo. Luego, no se tomó la decisión. Luego, pasó el mes. Luego, yo puedo decretarla legalmente”.

Otras posibilidades

Finalmente, el presidente de la República indicó que si el decreto que convoca la consulta se cae en la Corte Constitucional, “entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta”.

“Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que el pueblo, en elecciones, masivamente, pida la Asamblea Nacional Constituyente”, puntualizó el jefe de Estado.

Creado Centro de Información de Inteligencia Electoral para reforzar esquemas de protección a candidatos

Reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento
de los Procesos Electorales.
El gobierno nacional conformó un Centro de Información de Inteligencia Electoral para procesar y analizar datos que permitan reforzar los esquemas de prevención y mitigación de riesgos en el segundo semestre de este año y durante el 2026.

El anunció lo hizo el director de la Policía al término de la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que sesionó este lunes en Bogotá con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con la cúpula militar y policial, dirigentes y representantes de partidos políticos.

“Concentraremos nuestros esfuerzos en tener más hombres y mujeres dedicados a la protección de los aspirantes, para garantizar su seguridad integral”, aseguró el general Carlos Triana, director de la Policía.

Esto “hace parte de un paquete de acciones estratégicas que se activaron en el marco del proceso democrático que se avecina”, explicó el ministro Sánchez, quien confirmó que el Gobierno nacional fortalecerá de forma diferencial los esquemas de seguridad para figuras en riesgo.

Hizo llamado expreso a los aspirantes para que cumplan de manera rigurosa las recomendaciones emitidas por los equipos de protección y “todos los protocolos de seguridad”.

Advirtió sobre el impacto negativo que puede tener la desinformación difundida irresponsablemente, especialmente en redes sociales, al interferir en las investigaciones, exacerbar los ánimos sociales y poner en riesgo la estabilidad del país.

Con el apoyo del ministerio de Defensa funcionará una burbuja cibernética de inteligencia para detectar y prevenir campañas de desinformación, así como posibles ciberataques a los sistemas de información del Estado que garantizan la transparencia electoral.

La burbuja va a estar integrada por todas las agencias de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía, con el fin de realizar un trabajo articulado y especializado, capaz de neutralizar amenazas contra precandidatos.

Comprende acciones operacionales de inteligencia y de investigación criminal sobre el terreno, para anticipar amenazas y debilitar estructuras criminales que busquen interferir en el proceso democrático.
“La Fuerza Pública está para garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil. No es deliberante. Es completamente neutral frente a los procesos democráticos. Somos la garantía de la democracia. Y la democracia es la garantía del Estado Social de Derecho”, afirmó el ministro de Defensa.
Aumenta pie de fuerza

Otra medida anunciada fue el despliegue de más de 70 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares para cubrir cuatro mil puestos de votación, para garantizar la seguridad de candidatos, votantes y autoridades electorales.

“Nuestro deber es proteger los recorridos, actos públicos y jornadas electorales para que los candidatos puedan ejercer sus derechos con plena seguridad”, manifestó el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares.

También se activó un Mapa de Prevención y Seguridad Electoral, como herramienta dinámica que integrará variables territoriales, políticas y de riesgo para anticipar amenazas, proteger a los aspirantes y preservar el libre ejercicio de la democracia.

Al servicio de la ciudadanía fueron dispuestas las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 165 disponibles las 24 horas del día para denunciar cualquier actividad sospechosa o presencia de grupos criminales que busquen interferir en el proceso electoral, garantizando seguridad y absoluta reserva.

Presidente rechazó libertad de ‘papá Pitufo’ decretada por tribunal de Portugal

El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de un tribunal de Portugal que concedió la libertad a Diego Marín Buitrago, alias ‘papá Pitufo’, considerado el zar del contrabando en Colombia.

En su cuenta de X y tomando versiones de prensa, el jefe de Estado manifestó que “hasta este punto llegó toda mi acción por capturar al mayor contrabandista de Colombia y, quizás, su principal lavador de activos. Hablé con el presidente de España y con miembros portugueses de la Comisión europea para que el contrabandista nos fuese entregado”.

La decisión la adoptó el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, que resolvió a favor de Marín Buitrago un recurso de habeas corpus. La instancia aclaró, sin embargo, que la decisión no afecta el curso del proceso de extradición, la cual podrá reactivarse si se niega en firme la protección internacional.

Diego Marín Buitrago, alias ‘papá Pitufo’
“La excusa que presentó el contrabandista (es que ha sido) un perseguido del Presidente. Claro que debía perseguirlo, porque es un gran criminal en Colombia y el mundo. Tiene orden de captura en Colombia”, expresó el mandatario en el mensaje publicado en la red social.

Agregó que “es un hecho que Colombia vive los Cien años de Soledad. Rechazo esta conducta de los magistrados del tribunal de Portugal. No sé si no se le entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista. No sé si hubo una negociación con el gobierno de EE.UU. que venía presionando una líder colombiana de la oposición con torvos intereses”.

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