El
Juzgado 5° Penal del Circuito de Pereira (Risaralda) avaló el preacuerdo
celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y los defensores del
exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira para el año 2016,
Jhon Jairo Lemus y de otras cinco personas investigadas por irregularidades
presentadas en la adjudicación de cuatro contratos por $700’000.000, que tenían
como objeto la atención de los adultos mayores.
Los
procesados aceptaron su participación en delitos contra la administración
pública, y en ese sentido, recibirán diferentes condenas de acuerdo con el tipo
de participación que tuvieron.
Así,
Jhon Jairo Lemus será sentenciado a 60 meses de prisión (5 años); Diana
Carolina Sánchez Lema, exsecretaria de Población Vulnerable, cumplirá 73 meses
(6 años); Alejandro Ospina Coll, funcionario de la Alcaldía de Pereira para el
momento de la captura, sería condenado a 48 meses (4 años); mientras que
Libardo López Guerrero, representante de la Fundación Fundacol, recibiría 57
meses y 15 días de prisión.
Otros
procesados como Diana Inés García Benítez, interviniente; y Carlos Alberto Valencia, representante de la
Fundación Jóvenes del Presente, se les impondrán sentencias de 48 meses y 39
meses, respectivamente.
El
próximo 4 de mayo será la lectura de sentencia.
Los hechos
Las
personas involucradas en este caso de corrupción fueron capturadas por el CTI
de la Fiscalía Seccional Risaralda, el 16 de mayo del año 2017, luego de una
compulsa de copias por parte de la Personería Municipal de Pereira y diversas
verificaciones hechas por la Fiscalía, en las que quedaron en evidencia
irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de ejecución de
contratos para la atención integral de 93 adultos mayores.
En
su momento, los exfuncionarios y contratitas fueron imputados por diversos
delitos como: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido
en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y
privado, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito
contra la administración pública.
La
policía judicial adscrita al grupo de Administración Pública de la Fiscalía
Seccional recolectó elementos que pusieron al descubierto un andamiaje
delictivo entre funcionarios y contratistas, en el que fueron creadas entidades
carentes de idoneidad para contratar, se presentaron facturas y cuentas de cobro
falsas para el pago de terapeutas y sicólogos; y suscribieron convenios con
hogares de atención inexistentes.
Adicionalmente,
quedó demostrado que los hoy sentenciados hicieron compras ficticias de
dotaciones, camas y alimentos, entre otros productos para el cuidado integral
de los adultos mayores, transacciones que no tuvieron soporte ni sustento
legal. También registraron a adultos
mayores fallecidos o expulsados, como beneficiarios vigentes.
Es
de anotar que por estos mismos hechos fue condenada a 5 años de prisión Lina
María Franco Sierra, representante legal de la Fundación Sexto Sol, entidad que
tampoco acreditó la experiencia ni los requisitos de ley exigidos para la
celebración de contratos con el Estado.
PAAM/JARG
