De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.
Para
el ente de control resulta preocupante la interrupción del PAE en Casanare y el
municipio de Neiva, donde el programa operó con recursos de la vigencia
anterior hasta el pasado mes de marzo, lo que obliga a adelantar un nuevo
proceso de contratación para la vigencia 2018.
Los
casos más dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar
inicio el pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del
PAE, a la espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para
la contratación de los operadores del programa.
De
ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en
instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor
número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones
alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar.
En
Montería, el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación
para la contratación del operador PAE para atender 30.112 alumnos. Un nuevo
proceso tomará como mínimo 20 días hábiles.
Ante
el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta
en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia,
la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un
proceso disciplinario.
Para
el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición
necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental
a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una
barrera para su efectivo disfrute.
PROCESOS DISCIPLINARIOS
En
lo que va de 2018 la Procuraduría General de la Nación ha adelantado 24
acciones directas frente al Programa de Alimentación Escolar que manejan las 95
Entidades Territoriales Certificadas en el país.
Se
ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones
de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas (2), Quindío y Armenia (2), Cúcuta,
Cauca y Popayán (3), Casanare (2), Tolima y Florencia.
Adicionalmente,
el pasado 7 de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a
las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por
presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
La
Procuraduría, a través de sus delegadas del nivel central, ordenó la apertura
de 4 investigaciones disciplinarias en los departamentos de Amazonas, Meta y
Caquetá y el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
En
las últimas horas la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el actual
gobernador de Sucre, Edgar Enrique Martínez Romero, y su secretario de
Educación, Álvaro Manuel Hoyos Romero, por presuntas irregularidades en el
convenio PAE de 2016.
Así
mismo, citó a juicio disciplinario en un proceso verbal a los funcionarios de
la gobernación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de
Educación Departamental; José Luis Moreno Lozano, jefe de la Oficina de
Contratación, y Óscar Darío Mayama Quetama, secretario de Servicios
Administrativo y gobernador encargado para la época de los hechos.
Entre
los cargos por los que deberán responder figura que el contrato 023 de 2017 habría
sido adjudicado sin las condiciones objetivas, justas, claras y completas, a un
proponente quien presuntamente no cumplía con la capacidad jurídica, ni
financiera, ni de organización, ni la experiencia.
Igualmente,
formuló cargos al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis; al
secretario de Educación, Milton Humberto Delgado, y al jefe de la Oficina
Asesora de la gobernación, Andrés Antonio Caicedo Arana.
Por
último, también formuló cargos al entonces alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres
Torres, y a su secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Montoya
Estepa.
Se
les reprocha haber entregado de manera directa a la Fundación Somos Manos
Unidas el convenio de asociación 010 de 2016, por valor de $3.000 millones de
pesos, sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley.
SHRM/fnp