La
exfuncionaria fue detenida el 6 de abril del presente año, junto a
otras seis personas, entre ellas su esposo Francisco Javier Valencia,
a quienes la Fiscalía también les formula cargos por diferentes
conductas como peculado por apropiación y concierto para
delinquir agravado.
Las
anomalías detectadas habrían iniciado en 2014, cuando la hoy
imputada presentó al Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para
que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización por
$100.000’000.000.
Los
proyectos previstos le fueron confiados en abril y mayo del 2015, a
la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua), para que
seleccionara a los contratistas de las obras, los diseñadores e
interventores. El 21 de julio de ese mismo año, sin que se hubiera
efectuado el recaudo de la valorización, se celebró el primer
contrato de obra por $30.000’000.000 para la construcción de
cuatro vías. De estas obras a la fecha se han concluido tres.
El
23 de diciembre de 2015, una semana antes de vencerse el período de
la administración local, se celebró el segundo contrato por valor
de $80.000’000.000 para la construcción de seis obras de
infraestructura urbana; de las mismas, se suprimieron tres obras
entre 2016-2017 y las tres restantes tienen un porcentaje de
ejecución promedio inferior al diez por ciento (10%). Los dineros de
este segundo contrato sirvieron, según las evidencias obtenidas por
la Fiscalía, para terminar las tres obras del primer contrato.
Igualmente,
se pudo detectar que las interventorías y los diseños fueron
adjudicados a empresas vinculadas al mismo contratista, el señor
Fernando León Diez Cardona. Esos diseños que deberían ser previos,
habrían sido contratados con posterioridad y contrario a los
parámetros legales.
En
el expediente se acredita a través de prueba testimonial y
documental que, desde el año 2014, Valencia Salazar —esposo de la
excaldesa— y el contratista Diez Cardona
supuestamente convinieron la manera de que este último
recibiera los contratos de obra pública a cambio del 10% del valor
de cada uno de los contratos e interventorías y el 100% de los
contratos de consultoría de diseños. Esta presunta conducta
delictiva fue reconocida ante la fiscal de conocimiento por el propio
contratista en interrogatorios surtidos luego de su captura.
Este
acuerdo, sin que aún se hubiesen suscrito los contratos respectivos,
fue avalado con la entrega de $300’000.000 iniciales que hizo Diez
a Valencia, quien se habría reunido con los secretarios del despacho
de la exalcaldesa de Armenia para definir el direccionamiento del
proceso contractual a favor del contratista mencionado.
Los
secretarios del despacho de la entonces mandataria, presuntamente,
aceptaron las condiciones para dicho favorecimiento. Además, en la
investigación obra evidencia testimonial y documental que daría
cuenta de la entrega en efectivo de las sumas de dinero del acuerdo
ilícito en las ciudades de Armenia y Medellín, a los señores
Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga, que tendrían
como destino final la familia Valencia.
Es
de recordar que, el 22 de marzo del año en curso, en una primera
fase de este proceso fueron detenidas cinco personas en Medellín
(Antioquia) y una en Armenia, por los delitos de peculado por
apropiación, lavado de activos, falsedad ideológica en documento
público y celebración indebida de contratos, entre ellos el
contratista Diez Cardona, representante de las uniones temporales
Vías de Armenia y Puentes Armenia, que recibieron todas las obras
por valor de $110.000’000.000.
A
los procesados les fue otorgada medida de aseguramiento en su
domicilio en Medellín, a excepción de Andrés Leonardo Lasso
Aguirre, quien fue trasladado a Armenia. Él era el representante
legal del Consorcio Interventoría Interpuentes Quindío y suplente
del Consorcio Interventoría Vías Armenia, que actuaría como
interventor de los contratos de construcción mencionados.
PAAM/JARG
