Gobierno garantiza recursos para servicios de salud con giros por más de $1,1 billones a las EPS

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha girado esos recursos con lo que se demuestra el compromiso del Gobierno del Cambio con la garantía del derecho a la salud de los colombianos.

 Según detalló ADRES, 539 mil millones de pesos fueron destinados al cierre y ajustes finales de las cuentas correspondientes al año 2023, mientras que más de 605 mil millones de pesos fueron asignados para cubrir los servicios de salud prestados durante enero y febrero de 2024.

En total, se trata de 1 billón 144 mil millones de pesos. Estas transferencias de recursos se realizaron a las EPS que manifestaron su conformidad con las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de las cuales el sistema reconoce los gastos adicionales en los que incurren las entidades para garantizar la atención integral de sus afiliados.

A continuación, se presentan las tablas con el detalle de los giros realizados por ADRES a las diferentes EPS del país, tanto para el cierre de 2023 como para los primeros meses de 2024:

​​​Tabla 1. Giros Presupuestos Máximos 2023

​​Tabla 2. Giros Presupuestos Máximos 2024

ADRES informó que se encuentra a la espera de recibir las resoluciones ejecutoriadas de las EPS restantes para proceder con los giros correspondientes, reafirmando así el compromiso del Gobierno del Cambio con la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la garantía del acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud para todos los colombianos.

Guía para afiliados a Sanitas y Nueva EPS

 

Supersalud realizó intervención forzosa administrativa para administrar Nueva EPS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La Superintendencia Nacional de Salud efectuó la intervención forzosa administrativa para administrar la Nueva EPS y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, tras evidenciarse una crítica situación financiera en la que actualmente se encuentra y el creciente incumplimiento con sus usuarios, factores que ponían en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 10.9 millones de personas.

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​​​​​​​​​​​​Esta medida no implica el cierre de servicios de salud, ni el despido de los trabajadores que laboran en las EPS intervenidas (Sanitas y Nueva EPS). Esta medida es preventiva para evitar la liquidación y busca fortalecer las EPS que han sido intervenidas para garantizar y proteger el derecho a la salud de los colombianos y colombianas en todo el territorio nacional”, señaló el Superintendente Luis Carlos Leal Angarita, y agregó “Es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud garantizar que los recursos de la salud lleguen a donde deben llegar y que segundo, el derecho fundamental a la salud se respete”.

​​​​​​​​​​​En el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia encontró un incumplimiento reiterado de las normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud, en aspectos tales como: 

1- Se evidenció que la NUEVA EPS SA no cumple con el capital mínimo, ni con las reservas técnicas y tampoco con el régimen de inversiones que las respalda. Estas son condiciones financieras y de solvencia de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS, según lo establecido en el Decreto 780 de 2016.

2- La NUEVA EPS SA ha faltado en la obligación de pago a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud. Es así como las deudas con IPS por parte de esa entidad ascendían para noviembre de 2023 a la suma de $1.194.629.869.529, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.

3- Se ha constatado una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones en contra de la NUEVA EPS SA, desde el año 2017 con una tasa de 126.43 y al mes de diciembre de 2023, con un total de 1.075.319 reclamos y una tasa de incidencia de 263.61 por cada 10.000 afiliados.

 ​​​​​​​​​​​Este incremento notorio en las quejas, no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la NUEVA EPS SA frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también se evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud ofertados y los efectivamente prestados.

​​​​​​​​​​​La Superintendencia aclara que no se está entrando en un proceso de liquidación de la NUEVA EPS SA; es una intervención forzosa administrativa para administrar y corregir los errores administrativos evidenciados para poder garantizar y proteger el servicio, los recursos y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional.

​​​​​​​​​​​Al tomar el control administrativo, se reitera que toda la población afiliada a la Nueva EPS SA, debe tener la certeza y tranquilidad de que las funciones de la EPS van a continuar con normalidad.

Deudas superiores a los 2 Billones y más de 185 mil reclamos. Causas para intervenir a Sanitas.

Foto: SuperSalud.

La Superintendencia Nacional de Salud efectuó la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS Sanitas, y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados.

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​​​​​La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”, señaló la resolución mediante la cual el Superintendente Luis Carlos Leal Angarita ordenó, por el término de un año, la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS.Para la Supersalud, es claro que esas situaciones e indicadores de la EPS “se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”.

​​​​​Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.

​​​​​Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.

​​​​​A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.

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Es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático; que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud. Esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población así que este mensaje es de tranquilidad, no se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS; es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional”, aseguró el Superintendente Luis Carlos Leal. 

​​​​​Alarmante aumento de quejas y tutelas

​​​​​Se constató, así mismo, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.

 ​​​​​Para la Supersalud, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud prometidos y los efectivamente entregados. Dicha disparidad, sumada a una falta crítica en el cumplimiento de un sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias y de requerimientos judiciales como tutelas e incidentes de desacato, pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia de la EPS en su rol como proveedor de servicios de salud, al no lograr satisfacer las demandas esenciales de atención que son cruciales para el bienestar de sus afiliados, lo que a su vez sugiere una insostenibilidad operativa que compromete su misión fundamental.

​​​​​Los principales motivos de reclamaciones resaltan deficiencias críticas en áreas fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de tecnologías en salud, y en la autorización y atención de otros servicios de salud.

​​​​​Tales deficiencias son indicativas de una vulneración sistemática de los principios de continuidad, disponibilidad, accesibilidad, y oportunidad en la prestación de servicios de salud, contraviniendo los estándares mínimos establecidos en la legislación vigente. Este escenario refleja, una violación de los derechos básicos de los usuarios.

​​​​​Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y lleve a cabo el proceso de intervención.