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Gustavo Petro denuncia que la empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio en Haití ha trabajado en el escrutinio electoral en Colombia

Esta firma habría controlado el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

El senador colombiano Gustavo Petro denunció que la empresa que contrató a los mercenarios para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es la misma que habría provisto el software para el escrutinio electoral en Colombia.

"Son los contratistas del software de las elecciones en Colombia [...] O sea, parte de las empresas que cuidan el voto, a través del software, supuestamente la transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para ir a matar al presidente de Haití", dijo Petro, durante una sesión de la Comisión Primera del Senado.

De acuerdo a su denuncia, estas empresas –aunque solo una se ha vinculado con el magnicidio– controlaron el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

Según el senador, las firmas tendrían interacción con círculos "uribistas" en Miami, EE.UU. "¿Qué significa eso para Colombia, para su democracia, para su seguridad en términos integrales? Porque es que la seguridad integral tiene que ver con el ejercicio mismo de la democracia", añadió Petro, quien sin embargo no dijo explícitamente el nombre de la empresa a la que aludía en su denuncia.

La empresa vinculada al magnicidio

Al momento, la única empresa vinculada al magnicidio de Moïse es CTU Security (registrada como Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC), con sede en Doral Beach, Miami, y dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Según las autoridades policiales de Haití y Colombia, CTU Security contrató a los exmilitares colombianos Duberney Capador y Germán Rivera y estos se encargaron de reclutar al resto de los mercenarios que participaron en el magnicidio.

Por su parte, la versión que brindó Intriago, a través de sus abogados en Miami, fue que habría "víctima de un esquema para asumir el poder en Haití".

Según él, su compañía fue contratada para suministrar la seguridad de un proyecto de infraestructura "humanitario" en Haití y que luego se le informó que la misión había "cambiado de dirección", por lo que los colombianos contratados acompañarían a un juez y a la Policía haitiana para entregar al presidente una orden de arresto.
Amenazas y un muerto entre los investigadores

La investigación en torno al magnicidio ha estado llena de contratiempos. A finales de julio, jueces de paz y secretarios judiciales haitianos involucrados en las pesquisas denunciaron que han recibido amenazas de muerte.

El jueves, fue encontrado muerto, en una sala del hospital de la Universidad Estatal de Haití, Ernst Lafortune, un secretario judicial que trabajaba en la investigación del asesinato del presidente.

Un policía frente a un mural con el rostro de Jovenel Moïse
en Puerto Príncipe, 15 de julio de 2021
Valerie Baeriswyl / AFP

De acuerdo con la Asociación Nacional de Registradores de Haití (ANAGH, por sus siglas en francés), Lafortune fue asignado al registro del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, más precisamente a la oficina del juez Mathieu Chanlatte, juez recién nombrado para investigar el caso de Moïse, reseñó Alter Presse.

La ANAGH calificó este hecho como un "asesinato" e indicó que se produjo luego que Lafortune sostuviera una discusión con Chanlatte acerca del expediente del magnicidio.

9 de Agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas

“Los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber la colonización, la desposesión de sus, territorios , la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida. Los Estados coloniales y modernos, en la búsqueda del crecimiento económico, les han denegado ampliamente su derecho al desarrollo”.

ONIC.- 115 Pueblos y Naciones Indígenas en Colombia, desde hace más de 5 siglos han sido invadidas, irrespetadas y violentadas.

Los Pueblos Indígenas mantenemos Armonía permanente con la Madre Tierra y por ende, preservamos como patrimonio arraigado espiritual y natural con saberes milenarios.

A pesar de las raíces profundamente asentadas en las tierras originarias mucho antes de las invasiones, los pueblos indígenas también se cuentan entre los más desfavorecidos del mundo, sus derechos vulnerados e ignorados constantemente alrededor del mundo.

“Como pueblos milenarios, desde el CRIC, antes que ser colombianos, somos los antiguos pobladores de estos territorios y gestionamos nuestro propio proceso, conservamos tradiciones y valores culturales milenarios con los cuales esperamos contribuir al mundo”.

Nuestra lucha es por la pervivencia y la unidad, con autonomía.

Fuerza Pueblos Indígenas del mundo, en especial las Naciones: Yanakunas, Nasas, Totoróez, Kokonukos, Misak, Huitotos, Koreguajes, Makaguajes y demás Naciones Indígenas que a pesar de las invasiones occidentales seguimos defendiendo nuestro Derecho Propio, Derecho Mayor, Ley de Origen, así como nuestra medicina Tradicional que occidente irrespeta y desvalora con sus químicos y sus EPSs.

“El 9 de agosto de 1994 fue declarado como Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas-ONU- en un intento por garantizar los derechos humanos de los más de 5mil grupos indígenas que existen en 99 países”.
“La naturaleza es fuente de vida y sabiduría de ahí que toda agresión contra ella, pone de inmediato en peligro la existencia del indio como parte viviente de la naturaleza”. Manuel Quintín Lame.

Doly Enríquez
Runa Warmy Yanakuna
Periodista y Poeta

"Nadie nos tiene que decir qué hacer en nuestra casa"

integrante de la Guardia Indígena del Kauka

Mario Montoya será imputado por más de 100 "falsos positivos

"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado de 104 de los llamados falsos positivos", dijo Francisco Barbosa.

DW.- El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del Ejército de Colombia (2006-2008), anunció este sábado (31.07.2021) la Fiscalía.

"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos", dijo a la revista Semana el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de su lucha antiguerrillera.

Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de las víctimas eran niños. "Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército", agregó Barbosa. Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.

La JEP estima que más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el Gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un body count o conteo premiado de cuerpos. La imputación de la Fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.

Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter, pero lamentó "que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica".

Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios. El entonces mayor del Ejército Gustavo Soto relató a la agencia AFP en 2020 que Montoya medía los resultados operacionales "en muertos".

Según Barbosa, el oficial retirado "fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones (...) con la política de premios por esas ejecuciones". Pero el general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que "en ningún momento existió una directiva o directriz al Ejército para hechos tan atroces".

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