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Gustavo Petro denuncia que la empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio en Haití ha trabajado en el escrutinio electoral en Colombia

Esta firma habría controlado el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

El senador colombiano Gustavo Petro denunció que la empresa que contrató a los mercenarios para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es la misma que habría provisto el software para el escrutinio electoral en Colombia.

"Son los contratistas del software de las elecciones en Colombia [...] O sea, parte de las empresas que cuidan el voto, a través del software, supuestamente la transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para ir a matar al presidente de Haití", dijo Petro, durante una sesión de la Comisión Primera del Senado.

De acuerdo a su denuncia, estas empresas –aunque solo una se ha vinculado con el magnicidio– controlaron el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

Según el senador, las firmas tendrían interacción con círculos "uribistas" en Miami, EE.UU. "¿Qué significa eso para Colombia, para su democracia, para su seguridad en términos integrales? Porque es que la seguridad integral tiene que ver con el ejercicio mismo de la democracia", añadió Petro, quien sin embargo no dijo explícitamente el nombre de la empresa a la que aludía en su denuncia.

La empresa vinculada al magnicidio

Al momento, la única empresa vinculada al magnicidio de Moïse es CTU Security (registrada como Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC), con sede en Doral Beach, Miami, y dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Según las autoridades policiales de Haití y Colombia, CTU Security contrató a los exmilitares colombianos Duberney Capador y Germán Rivera y estos se encargaron de reclutar al resto de los mercenarios que participaron en el magnicidio.

Por su parte, la versión que brindó Intriago, a través de sus abogados en Miami, fue que habría "víctima de un esquema para asumir el poder en Haití".

Según él, su compañía fue contratada para suministrar la seguridad de un proyecto de infraestructura "humanitario" en Haití y que luego se le informó que la misión había "cambiado de dirección", por lo que los colombianos contratados acompañarían a un juez y a la Policía haitiana para entregar al presidente una orden de arresto.
Amenazas y un muerto entre los investigadores

La investigación en torno al magnicidio ha estado llena de contratiempos. A finales de julio, jueces de paz y secretarios judiciales haitianos involucrados en las pesquisas denunciaron que han recibido amenazas de muerte.

El jueves, fue encontrado muerto, en una sala del hospital de la Universidad Estatal de Haití, Ernst Lafortune, un secretario judicial que trabajaba en la investigación del asesinato del presidente.

Un policía frente a un mural con el rostro de Jovenel Moïse
en Puerto Príncipe, 15 de julio de 2021Valerie Baeriswyl / AFP

De acuerdo con la Asociación Nacional de Registradores de Haití (ANAGH, por sus siglas en francés), Lafortune fue asignado al registro del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, más precisamente a la oficina del juez Mathieu Chanlatte, juez recién nombrado para investigar el caso de Moïse, reseñó Alter Presse.

La ANAGH calificó este hecho como un "asesinato" e indicó que se produjo luego que Lafortune sostuviera una discusión con Chanlatte acerca del expediente del magnicidio.

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Mario Montoya será imputado por más de 100 "falsos positivos

"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado de 104 de los llamados falsos positivos", dijo Francisco Barbosa.

DW.- El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del Ejército de Colombia (2006-2008), anunció este sábado (31.07.2021) la Fiscalía.

"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos", dijo a la revista Semana el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de su lucha antiguerrillera.

Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de las víctimas eran niños. "Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército", agregó Barbosa. Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.

La JEP estima que más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el Gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un body count o conteo premiado de cuerpos. La imputación de la Fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.

Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter, pero lamentó "que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica".

Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios. El entonces mayor del Ejército Gustavo Soto relató a la agencia AFP en 2020 que Montoya medía los resultados operacionales "en muertos".

Según Barbosa, el oficial retirado "fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones (...) con la política de premios por esas ejecuciones". Pero el general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que "en ningún momento existió una directiva o directriz al Ejército para hechos tan atroces".

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Diplomáticos colombianos viajarán a Haití para asistir a mercenarios

Una misión de diplomáticos colombianos viajará a Haití para asistir a los mercenarios detenidos por el magnicidio de Jovenel Moïse
Hasta ahora, 26 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el asesinato del mandatario, entre ellas, 19 colombianos.

Una misión consular de Colombia viajará el próximo domingo a Haití para asistir a los connacionales detenidos en el país caribeño por su presunta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

La cancillería informó que durante el viaje, que tendrá lugar entre el 25 y 27 de julio, se verificarán las condiciones de reclusión de los detenidos, así como "el respeto al debido proceso". Además, se gestionará la repatriación de los cuerpos de los tres colombianos fallecidos durante los enfrentamientos con la Policía tras el magnicidio.

"Colombia ha reiterado que seguirá colaborando con las investigaciones que permitan esclarecer el asesinato del presidente de Haití –crimen rechazado enfáticamente por el Gobierno Nacional–, y de igual forma, velará para que los colombianos señalados de participar en el crimen, tengan todas las garantías humanitarias", añade el texto.

La delegación colombiana, que se encuentra a la espera de que el Gobierno haitiano le confirme el viaje, estará formada por Luis Fernando Cuartas, director de asistencia a connacionales, dos funcionarios de la embajada de Colombia en República Dominicana; y el cónsul honorario en Puerto Príncipe.

Hasta ahora, 26 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el asesinato de mandatario, entre ellas, 19 colombianos, en su mayoría militares retirados.

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó a su homólogo haitiano, Renan Hedouville, información sobre las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y el debido proceso de los colombianos detenidos.

Carmargo también pidió apoyo para la repatriación de los fallecidos y manifestó su preocupación por los 80 colombianos que viven en Haití, tras los recientes acontecimientos.

Magnicidio de Moïse

Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio en su residencia privada en Puerto Príncipe, a manos de un comando de mercenarios colombianos y haitiano-estadounidenses.

Durante el ataque, la mujer del presidente, Martine Moïse, resultó herida y fue trasladada en estado crítico hasta un hospital de Florida, pero ya se recuperó y regresó a Haití. Está previsto que el viernes se celebre el funeral del presidente en la ciudad de Cap-Haitien.

Las autoridades haitianas apuntan a que se organizó un complot en el que el médico Christian Emmanuel Sanon habría sido uno de los autores intelectuales ya que, según la policía, aspiraba a ocupar el cargo de presidente.

En sus más recientes declaraciones, el director general de la Policía, Léon Charles, informó que tres personas que no son de nacionalidad haitiana, y que viven en EE.UU., habrían participado en la financiación del asesinato.

Hay al menos ocho órdenes de captura como parte de la investigación, entre ellas, la de John Joel Joseph, exsenador opositor y uno de los planificadores del asesinato, y la de de Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia, quien habría encargado y supervisado la operación.

Una de las piezas claves para esclarecer el magnicidio sería la empresa de seguridad CTU Security, con sede en Miami y dirigida por el venezolano Tony Intriago, que, según los investigadores haitianos, habría reclutado a los exmilitares colombianos que integraron el comando armado.
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Sicarios matan a un concejal y ya son 95 líderes sociales asesinados este año

La víctima fue identificada como Rubén Darío Melo Delgado, de 43 años de edad, y falleció tras recibir varios impactos de bala.
El asesinato ejecutado contra el concejal Rubén Darío Melo Delgado se ha convertido en el número 95 registrado contra un líder social en Colombia durante el presente año.

La información fue detallada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) a través de Twitter, donde se informó que Melo fue víctima de dos sicarios que lo interceptaron a las 7:45 de la noche del jueves 15 de julio, en el barrio Popular de la ciudad de Armenia, en Quindío.

Melo, de 43 años, había sido electo concejal de Armenia por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) en 2019. De acuerdo a Indepaz, en esa zona hay presencia del grupo irregular armado denominado "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (AGC), que atentan contra personas que denuncian hechos de corrupción y realizan movilizaciones sociales a favor de la ciudadanía.

"Los hechos ocurrieron en un establecimiento público del barrio luego de que dos personas lo abordaron y le dispararon sin mediar palabra", confirmó a un medio local el comandante (e) de la Policía en Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia.
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La Justicia de Paz de Colombia imputa a 10 militares y un civil por 'falsos positivos'

Los imputados estarían involucrados en el asesinato de por lo menos 120 personas en el Catatumbo.

Imagen ilustrativa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 10 militares y un civil por su presunta vinculación en los denominados 'falsos positivos', asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De acuerdo con la institución, los imputados habrían tenido una participación determinante "en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión" en el Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander.

Las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el objetivo de "aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar", precisó la JEP.


En concreto, por estos delitos, las 11 personas fueron imputadas por "crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

Los imputados

Los imputados, identificados como máximos responsables de haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar, son:

- El brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30.

- Los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).

- El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña.

- El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15.

- El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Los otros imputados, "por haber contribuido de manera amplia y efectiva" en los delitos, señala la JEP, son:

- El capitán Daladier Rivera Jácome.

- El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz.

- El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN.

- El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15.

- El tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares (BRIM15 y BISAN).

Modalidad de los crímenes

De acuerdo con el comunicado de la JEP, se pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.

La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales; mientras que la segunda consistió en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.


Las 120 personas asesinadas, señala la JEP, "tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi", explicando que las víctimas "fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate real alguno" y, además, "fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales".

Según la institución, los imputados actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un "ataque generalizado y sistemático" contra la población civil.

Estas personas "o aceptan la responsabilidad o se exponen a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la justicia transicional", señaló Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Estas imputaciones, informa la JEP, hacen parte del primero de por lo menos seis casos territoriales sobre 'falsos positivos' en Colombia; los otros hechos priorizados por la institución están en Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.

En febrero pasado, la JEP elevó a 6.402 el número de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2006, los primeros seis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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Colombia: reportan presencia de paramilitares "para atemorizar" a protestas

DW.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia alertó este jueves (01.07.2021) de la "preocupante" situación debido al aumento de los "eventos de conflicto armado" durante las protestas de estos pasados meses y aseguró que tiene evidencia de que surgieron "grupos de civiles armados" en al menos 27 ciudades del país.

El último informe de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en Colombia de la JEP resalta el "surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social". La entidad informó que tienen evidencias del surgimiento de "grupos de civiles armados" en al menos 27 ciudades que realizaron 56 acciones violentas entre el 28 de abril y el 30 de mayo pasados.

Estas acciones van desde amenazas hasta los homicidios registrados en Dosquebradas y Pereira (en el departamento de Risarada, oeste), y en Caicedonia, Tuluá, Cali y Palmira (en Valle del Cauca, suroeste). Hasta ahora se destacaban sobre todo hechos de civiles armados disparando contra manifestantes en Cali y en Pereira, que dejaron homicidios como los de Lucas Villa en esta segunda ciudad, o casos como el de un motociclista armado, trabajador de la Fiscalía, que disparó contra jóvenes en un bloqueo del centro de Cali y después fue linchado hasta la muerte.

"Estos 'grupos de civiles armados' han reivindicado ideas de autodefensa o paramilitarismo en el sentido en que en los lugares donde cometen los hechos dejan grafitis pintados con siglas alusivas a las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", se lee en el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que también revela que exmiembros de estas milicias han denunciado haber sido contactados para volverse a unir a organizaciones criminales.


Además, "en 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en (los cuatro) años anteriores", asegura el documento. Es decir -según la JEP- que en esos 32 días aumentaron en 111 "municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz" hechos como "las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado".


En el marco del paro nacional, también se registraron 12 casos de violencia sexual contra manifestantes y uno contra una policía y al menos 16 afectaciones de organizaciones que participan en los procesos del Sistema Integral de Paz, en el que está integrado la JEP. Por todo ello, la entidad considera que la "situación es alarmante", ya que ve "probable" que empeore la situación de seguridad de organizaciones y personas que intervienen en el Sistema Integral para la Paz, surgido en el acuerdo con las FARC de 2016 y compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El informe concluye señalando que Colombia ha sido el segundo país -después de Birmania- con la tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (una muerte cada 36 horas) y que el paro nacional de 2021 ya cuenta con las cifras de muertes violentas más altas en los últimos 44 años en el país.



Dos meses sin tregua
Las manifestaciones en Colombia -que comenzaron el pasado 28 de abril, pero que en las últimas semanas han perdido intensidad hasta casi desaparecer- dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, en las que 48 se apunta directamente a la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 decesos y solo tres por acción de los cuerpos uniformados

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Qué o quién es responsable?

Cumplidos dos meses de protesta social Duque propone “LEY antivandalismo' desviando la atención de los “reclamos sociales”  

Siendo el causante directo del “estallido social colombiano” el presidente de la república Iván Duque no asume su responsabilidad política y pretende desviar la atención criminalizando la protesta social.

Cuando se presentó la fatídica y fallida “reforma tributaria” acompañada de otras tres reformas; A LA SALUD, PENSIONAL y LABORAL, proyectos de reformas QUE obligaron A millones DE personas salir a las calles a manifestarse ya que el presidente y su mayoria parlamentaria no escucharon las expresiones, desde diferentes sectores políticos y sociales, expresiones que reclamaban lo injusto de las reformas propuestas, esta situación acompañada de la tremenda crisis social, económica y sanitaria que vive el país a causa de la pandemia desencadenó el “estallido social “

El presidente de Colombia,
Iván Duque
 Ahora el señor presidente pretende que el país le preste mayor atención a unos cuanto actos violentos ocurridos en los últimos días de protestas, actos violentos generados por la misma institucionalidad cuando desatiende el justo reclamo y cuando a la protesta pacífica responde con violencia policial, actos violentos que si bien no debieron ocurrir no son más que el degeneramiento de una situación provocada, auspiciada e incrementada por el gobierno nacional.

Cuando la gente en las calles es golpeada, “gaseada”, cuando los jóvenes son perseguidos, desaparecidos y asesinados es de esperar que algunas personas se dejen arrastrar por ese clima violento, caigan en la trampa y respondan con hechos violentos que terminan desdibujando la causa inicial.

Algunos analistas piensan que precisamente ese es el objetivo, al desatender, por parte del gobierno nacional, las reclamaciones de la ciudadanía, es posible que se busque crear el clima de caos, de violencia, para luego entrar a justificar medidas extremas que coartan la libertad de movilización, de expresión y el derecho a la protesta.

Se recuerda cómo, cuando las protestas transcurrían pacíficamente eran infiltradas por personas que propiciaban conatos violentos para justificar la arremetida policial contra el conjunto de la protesta.

No propone el presidente una ley que castigue la desatención oficial a la reclamación ciudadana, Duque propone una ley para que, con el pretexto de castigar el vandalismo se limite el ejercicio de los derechos protegidos por la constitución nacional.

Concentración en Bogotá, el 28 de Mayo

Dice el presidente que la protesta pacífica está garantizada, pero no habla de su responsabilidad ante la misma protesta, responsabilidad por haberla generado y responsabilidad por no atenderla.

Está registrado el que la mayoría de muertos han sido personas participantes en el desarrollo del Paro Nacional, está registrado y denunciado como el estamento oficial ha violado la ley en muchas oportunidades, a esto le llama el señor presidente “casos aislados que serán investigados y sancionados” pero al tiempo no contempla los actos violentos por parte de manifestantes como hechos aislados sino que generaliza y ubica en mayor importancia.

Durante el acto de ascenso del director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, Duque pidió "rechazar con claridad la violencia y el vandalismo". Días atrás, la promoción de Vargas Valencia se aprobó en el Senado con 66 votos a favor y dos en contra debido a que la oposición se retiró de la sesión por considerar que el funcionario era responsable de los excesos cometidos por la Fuerza Pública.

la propuesta

Durante su discurso, el mandatario colombiano pidió tener "una discusión clara, participativa, deliberativa" sobre la diferencia entre una protesta pacífica y una con actos vandálicos. Además, se refirió al 'Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial', que también presentará ante el Parlamento el próximo 20 de julio, y que ha sido tildado por sus opositores como un "cambio cosmético" tardío ante el reclamo no atendido de la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuya actuación para contener las movilizaciones ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.

Duque pretende acabar con la critica, con el reclamo de quienes se atreven a cuestionar los excesos de los cuerpos de seguridad. El presidente pide que "quienes posan desde tribunas morales y posiciones públicas" para insultar "a quienes le sirven a la patria" deben ser investigados y sancionados. Servir a la patria es golpear periodistas? Servir a la patria es disparar al pecho a jóvenes desarmados?

Manifestantes en Medellín, Colombia,
el 28 de junio de 2021AFP
Si bien Duque ha dejado esta propuesta de ley sobre la mesa, según las cifras oficiales los hechos de violencia en las manifestaciones han sido minoritarios. El registro del Ministerio de Defensa, del que depende la Policía, da cuenta de que solo hubo disturbios en 1.527 de las 13.433 actividades de calle, lo que significa que 11.906 fueron pacíficas, por lo que solo hubo alteraciones del orden público en el 12,8 % de las movilizaciones.

En varias ciudades donde se protestó sin la presencia del SMAD no se presentaron hechos violentos, por lo que una de las exigencias para sentarse a dialogar del Comité de Paro, principal coordinador de las manifestaciones, era el retiro del SMAD de las zonas de manifestaciones.

La oposición reacciona

Aunque el nuevo periodo legislativo comienza el 20 de julio, los congresistas opositores ya repudiaron el planteamiento de Duque.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, compartió en sus redes un corto video donde afirma que el Gobierno sabe que en el Código Penal hay suficientes disposiciones contra los disturbios y el vandalismo y que su objetivo es "crear una norma mediante la cual se censure, se recorte e incluso se prohíba la legítima movilización social de manera pacífica".

Graban a miembros del Esmad golpeando brutalmente a un joven y agrediendo a dos periodistas en Colombia

En su opinión, el Ejecutivo "sabe que por las vías de la violencia no ha logrado acabar con la justa indignación" y que la iniciativa debería ser el diálogo, que el Comité de Paro suspendió de forma unilateral debido a que consideró que sus exigencias para sentarse a negociar no fueron atendidas.

En la misma línea se expresó María José Pizarro Rodríguez, representante a la Cámara por la coalición opositora Decentes, quien tachó de "abiertamente ilegal" la propuesta presidencial y agregó que "insistir en la militarización y criminalización de la protesta social solo muestra incapacidad y falta de visión".
Ley para ¿Criminalizar la protesta, desatender los reclamos sociales o proteger la violencia oficial?
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Hallazgo de una bolsa con la cabeza de un joven que participó en las protestas en el Valle del Cauca

Según informó una senadora, la víctima es Santiago Ochoa, a quien "capturaron, torturaron y decapitaron", aunque no precisó quiénes serían los responsables.



El hallazgo de una cabeza humana en el interior de una bolsa de plástico, que fue abandonada en el antejardín de una vivienda, ha conmocionado a Colombia.

El escalofriante suceso se produjo en el corregimiento Aguaclara, en el Tuluá del departamento colombiano de Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia.

Según informó la senadora Griselda Lobo, mejor conocida como Sandra Ramírez, la víctima es Santiago Ochoa, a quien "capturaron, torturaron y decapitaron", aunque no precisó quiénes serían los responsables.

 Sin embargo, en un tuit anterior, la legisladora había denunciado que "están encontrando jóvenes decapitados y desmembrados en los ríos y bodegas", que "fueron capturados por la policía y paramilitares".

En una muestra de la consternación vivida la artista Adriana Lucia comentó en la red social Twitter: “nadie merece morir así”



Ochoa, de 23 años, había participado en las protestas antigubernamentales que se registran en Colombia desde el 28 de abril; y formó parte de la "primera línea" en las manifestaciones que se registraron en Tuluá, según reseñó Semana.

El joven había salido el pasado sábado de su casa en una bicicleta, no volvió durante el día y su familia reportó la desaparición en algunas redes sociales, hasta que finalmente se produjo el hallazgo. De acuerdo con las primeras versiones, la bolsa habría sido abandonada en el lugar por unos motorizados.

Recompensa de 10 millones de pesos

El comandante de la Policía del departamento del Valle del Cauca, Jorge Urquijo Sandoval, publicó un video en su cuenta en Twitter, en donde exime de responsabilidad de este hecho a integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo policial al que le atribuyen violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones.

"Es importante aclarar que una vez retornado el orden público en el municipio de Tuluá, desde hace aproximadamente un mes, no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del Esmad en este municipio y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos", enfatizó Urquijo.

El comandante policial anunció que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos (poco más de 2.600 dólares) "para lograr la captura de los autores materiales e intelectuales" de este hecho.

De momento, se desconoce el lugar donde se encuentra el resto del cuerpo del joven asesinado.
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La desaparición de personas: un problema con y sin protestas

 Escrito por Rocío Quintero Martínez

La impunidad generalizada y la falta de mecanismos de prevención efectivos crean un ambiente propicio para la desaparición durante las manifestaciones.

Un problema de larga data

razonpublica.- En medio de las protestas contra el gobierno, abundan los reportes y denuncias sobre violaciones de los derechos humanos de los manifestantes. Junto con las numerosas denuncias de homicidios, violencia sexual y lesiones oculares, los casos de desaparición se han convertido en una de las violaciones más frecuentes durante las manifestaciones.

Aunque no hay cifras consolidadas, Indepaz logró reunir información sobre 346 personas reportadas como desaparecidas. Esta cifra no tiene antecedentes cercanos en el marco de las protestas y ha ocasionado una demanda colectiva—nacional e internacional— para esclarecer el paradero de estas personas.

Para quienes no han seguido de cerca el asunto, este problema puede parecer algo propio de las protestas actuales. Pero la desaparición es un fenómeno profundamente arraigado y de enormes proporciones en la historia colombiana. Los primeros casos documentados se remontan a la década de 1970 y, a pesar del subregistro, se calcula que hay al menos 120.000 personas desaparecidas.

El fenómeno se ha prolongado incluso después de la firma del acuerdo con las FARC. Entre finales de 2016 y diciembre de 2020, se han documentado 571 desapariciones.

Estamos en mora de prestarle mayor atención a la desaparición, es decir, el desconocimiento sobre el paradero de una persona. Pero debemos prestarle atención, particularmente, a la desaparición forzada, que, en términos generales, significa que se privó de la libertad a una persona —con intervención o aquiescencia de un agente estatal— y luego se niega que esta retención tuvo lugar.

Para atender este problema debemos comenzar por comprender los desafíos en la materia. Colombia tiene un marco jurídico robusto para hacer frente a la desaparición, incluida la desaparición forzada. Pero, como señalo en otro lugar, este marco no ha sido debidamente aplicado. Por eso el desafío principal no consiste en expedir nuevas normas; aquí me referiré a cuatro de estos desafíos.

Consolidación de cifras

En Colombia, existen al menos cuatro bases de datos oficiales con información sobre víctimas de desaparición forzada:

1 - el Registro Nacional de Desaparecidos,
2 - el Registro Único de Víctimas (RUV),
3 - los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación, y
4 - el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Las cifras de estas bases varían considerablemente. Por ejemplo, mientras que en el Registro Nacional de Desaparecidos están documentados 32.201 casos de desaparición forzada, la Fiscalía General tiene un registro de 89.827 casos.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) le ha reiterado al Estado colombiano (en 2016 y en 2021) la necesidad de una cifra depurada y consolidada de personas desaparecidas. El CED considera que esto es esencial para producir “información precisa y confiable que permita adoptar medidas de prevención, investigación y búsqueda más eficaces”.
la desaparición es un fenómeno profundamente arraigado y de enormes proporciones en la historia colombiana. Los primeros casos documentados se remontan a la década de 1970
Tener cifras contradictorias impide, por ejemplo, que se apropien los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de búsqueda o saber el número real de personas que deben ser reparadas.

Ahora, consolidar la información no implica que las cifras sean siempre las mismas en todas las bases de datos. Lo esencial es que la información sea coherente. Debe existir una metodología clara para el cruce, verificación, corrección y actualización de la información entre las distintas bases.

Inoperancia judicial

El segundo desafío es la falta de una debida investigación y judicialización de los responsables de desaparición forzada. Esto es un problema tanto en los casos que conoce la Fiscalía General como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al respecto, el CED ha manifestado su preocupación por “el gran número de procesos inactivos y el limitado número de condenas, incluso en contra de superiores militares y altos mandos del Ejército, perpetuando así la impunidad”.

En relación con la JEP, varias organizaciones de la sociedad civil y víctimas han solicitado reiteradamente que el tribunal cree un ‘macro caso’ para investigar de manera exclusiva la desaparición forzada. Consideran que ninguno de los siete ‘macro casos’ existentes le presta la suficiente atención a este problema. Recientemente la CED se unió a este pedido y recomendó a la JEP dar prioridad a la apertura de un ‘macro caso’ en la materia.

Desconexión institucional

En tercer lugar, no hay una buena coordinación entre las entidades que actúan frente a la desaparición, particularmente en la búsqueda de personas. En Colombia hay al menos 13 instituciones y autoridades que tienen funciones en esta materia, a veces, con competencias superpuestas o contradictorias. Esto duplica los esfuerzos, y en la práctica implica que los procesos de búsqueda no se lleven a cabo con criterios uniformes y coherentes.

Uno de los aspectos más preocupantes al respecto es que no se reconoce el papel central de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD). La UBPD, cuya creación fue prevista en el Acuerdo de Paz, tiene la función constitucional de diseñar, coordinar y llevar a cabo búsquedas humanitarias de personas desaparecidas y desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016.

El carácter humanitario de la UBPD implica que la búsqueda de personas se hace por fuera del proceso penal, un cambio de paradigma. En efecto, antes de la expedición de esta ley, la búsqueda estaba dentro de un proceso penal, donde el interés principal no es encontrar a la persona sino identificar y castigar a los responsables de los hechos.
Por lo anterior es claro que la UBPD debe tener un papel protagónico en la coordinación interinstitucional y en la consolidación de una estrategia de búsqueda de personas. No obstante, en la práctica no parece que las distintas entidades reconozcan este papel. Esto se hizo evidente en el diálogo que tuvieron distintas autoridades colombianas con el CED, en abril de 2021.
Consolidar la información no implica que las cifras sean siempre las mismas en todas las bases de datos. Lo esencial es que la información sea coherente
La participación de la UBPD fue secundaria en dicho diálogo, cuyo propósito fue examinar el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano como miembro de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Más aún, con excepción de la intervención realizada por la directora de la UBPD, los representantes de las distintas entidades —incluyendo un magistrado de la JEP— no reconocieron ni hicieron mención del papel central de esta entidad.

Desaparición de menores

En cuarto lugar, no existen medidas suficientes ni diferenciales para hacer frente al problema de la desaparición de niñas y niños. La desaparición de menores de edad es uno de los temas que menos se discuten. Sin considerar el posible subregistro, las cifras oficiales son alarmantes. Según información que la Fiscalía le suministró al CED, hay reportes de más de 10.000 menores de edad desaparecidos.

Adicionalmente, no debe ignorarse la posibilidad de que muchos de estos menores hayan desaparecido como consecuencia de un reclutamiento forzado, un problema que se ha intensificado con la pandemia de la COVID-19. Es urgente adoptar medidas específicas para prevenir nuevas desapariciones y buscar a los menores de edad cuyo paradero se desconoce.

Impunidad e indiferencia

Los anteriores son apenas algunos de los desafíos que existen frente a la desaparición.

Lo que está sucediendo durante el paro nacional podría explicarse, en parte al menos, por la falta de solución oportuna a estos viejos desafíos. Sin lugar a duda, la falta de mecanismos efectivos y la impunidad generalizada crean un ambiente propicio para la repetición de los hechos.

Para finalizar, no puedo dejar de mencionar que la atención que muchas personas le dan, por primera vez, a este problema debería ser usada para rodear a los familiares de las personas desaparecidas y exigir al Estado que les garantice sus derechos. Debemos ser más conscientes de la labor que han llevado a cabo los familiares para encontrar a sus seres queridos y garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia. En muchos casos, es una tarea que han realizado durante décadas mientras llevan a cuestas el dolor y angustia que produce la desaparición. La indiferencia también es parte del problema.

ROCÍO QUINTERO MARTÍNEZ

*Abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, maestría en Análisis y Prevención del Crimen de la Universidad Miguel Hernández de Elche (España) y LLM in Human Rights and Criminal Justice de la Queen’s University Belfast (Reino Unido). Actualmente trabaja en la Comisión Internacional de Juristas
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Registro para Recepción de Testimonios

Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invita a llenar este registro para agendar las citas para la Recepción de Testimonios durante su visita de trabajo a Colombia para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril.

* Atención ** De ser confirmada la cita para la recepción de testimonio, usted recibirá un correo con las instrucciones de fecha, horario y lugar.
 La CIDH informa que no estará en posibilidad de recibir ningún tipo de material documental ni de solicitudes en formato físico.

https://airtable.com/shrUXZ8lvxUSGBUkX
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Cuando protestar te cuesta la vida: las cifras de la violencia homicida contra manifestantes a 36 días del Paro Nacional en Colombia

En promedio, el país suramericano registra dos muertes diarias desde que iniciaron las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.

Manifestantes que se autodenominan primera línea sostienen escudos caseros en Bogotá. 28 de mayo de 2021 Foto- Fernando Vergara -AP

Al menos 76 personas han fallecido en el contexto de las protestas en Colombia, entre el 28 de abril y el 2 de junio de este año. Esas cifras, que apenas cuentan la historia de las víctimas, se traducen en dos muertes diarias desde que se convocó al Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque.

actualidad rt.- De acuerdo a los más recientes datos de la ONG Defender la Libertad, el país suramericano acumula 76 homicidios, de los cuales 34 habrían sido perpetrados por agentes de la fuerza pública. El resto, según el reporte, obedecería a crímenes ejecutados por "civiles" sin identificar.

"Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas", precisa la organización, que no solo ha dejado asentada su preocupación por los niveles de violencia homicida, sino que se ha puesto a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para "informar, visibilizar y analizar los patrones de agresiones" que se ha registrado.

Los datos recabados por las organizaciones sociales son divulgados días antes de que se concrete la visita a Colombia de la CIDH, que prevé enviar una comisión a partir del 8 de junio, para verificar las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra los manifestantes.

El conteo de esa organización sobre la violencia homicida difiere del que registra la ONG Temblores, que a la fecha da cuenta de 45 asesinatos presuntamente perpetrados por agentes de la fuerza pública. La Fiscalía, entretanto, contabiliza 48 muertes, de las cuales asegura que 20 "no están relacionadas directamente con las protestas".

"Ausencia de claridad"

Además de los muertos, las organizaciones sociales de Colombia denuncian otras violencias. Según Defender la Libertad, en las semanas de manifestaciones se han registrado 998 heridos por la presunta actuación desproporcionada de la fuerza pública, de los cuales 74 han resultado con lesiones oculares y 87 heridos con arma de fuego.

"Del universo de personas víctimas de heridas: 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 no se reporta su género; lo cual se explica por la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social", precisa el informe.

Un manifestante choca con la policía antidisturbios
durante una protesta en Facatativá, Colombia, el 31 de mayo de 2021
Raul Arboleda -AFP

Entre los agredidos están 151 defensores de derechos humanos, a pesar de estar plenamente identificados y ejerciendo labores en comisiones de verificación e intervención; 491 mujeres víctimas de violencia policiales –dos de ellas asesinadas presuntamente por la fuerza pública–, y 87 que sufrieron abusos basados en género (acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas y hostigamientos).

La ONG también da cuenta de la detención de 2.395 personas, presuntamente de manera arbitraria; 20 allanamientos; 1.273 denuncias por abusos de poder; y 346 reportes de desaparecidos, aunque la Fiscalía solo tiene un registro de 89 personas que están reportadas en esa condición.


Sobre ese último punto, la organización alega que la disparidad con la Fiscalía "demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada".

Temblores, por su parte, registra un total de 3.789 casos de violencia policial, que incluyen 1.248 víctimas de violencia física, 1.649 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 705 intervenciones en el marco de las protestas, 65 víctimas de agresiones oculares, 180 por armas de fuego, 25 personas agredidas sexualmente y otras seis que padecieron violencia basada en género.

En diálogo con RT, Nelson Alarcón, de la Federación Colombiana de Educadores, consideró que lo que ha hecho el Gobierno ha sido "declararle la guerra" al Paro Nacional, permitiendo el abuso de la fuerza pública y la acción de civiles armados contra las protestas, en paralelo con la "estigmatización" de los manifestantes.

"El Gobierno nacional hoy no quiere negociar, hoy no quiere buscarle salidas a toda esta problemática. Lo único que quiere es estigmatizar, seguir la barbarie, seguir los asesinatos, continuar con las masacres que hoy está realizando a lo largo y ancho del territorio colombiano. No le interesa el diálogo, la concertación", recalcó Alarcón.

¿Violencia sistemática?

Para las organizaciones sociales que han documentado, registrado y denunciado los hechos de violencia contra los manifestantes, hay un patrón innegable de sistematicidad en las agresiones perpetradas por la fuerza pública. Un hecho que, aunado a la participación de "civiles" armados junto a la policía, representa un peligro para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta en Colombia.

"Ante el aumento y la sistematicidad de la violencia policial, exigimos que el gobierno se pronuncie de manera contundente frente a los casos de abuso por parte de la Fuerza Pública. También, esperamos un pronunciamiento rechazando el hecho de que haya civiles con armas de fuego disparando a quienes se manifiestan", escribió la plataforma Temblores.

Sin embargo, Duque niega que la actuación desproporcionada de los agentes policiales y militares contra manifestantes sea sistemática. A principios de esta semana, el mandatario aseguró que los excesos son "una minoría de hechos".

"Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación. En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos", declaró Duque en entrevista con el diario El País, tras aseverar que las denuncias "se han investigado y sancionado".

"La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años. Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia", comentó a ese mismo medio. Y aseguró que no quedará ni un solo caso "sin investigar" porque su país "tiene instituciones independientes".
Nazareth Balbás
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