Una delegación del opositor partido colombiano Centro Democrático, invitado a Bruselas por la Fundación Konrad Adenauer, centró en una presunta impunidad generalizada sus dudas en torno a la negociación de la paz.
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Wilson Cordoba, Federico Hoyos, Santiago Valencia,
Alfredo Rangel, Ana Mercedes Gómez
del partido opositor Centro Democrático
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Invitados por la Fundación Konrad Adenauer la delegación del Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, se reúne esta semana en Bruselas y Berlín con europarlamentarios, catedráticos, políticos de diversas tendencias.
Dudas al respecto
A más de dos años de comenzados los diálogos en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los representantes del partido opositor de gira por Europa hablaron sobre su preocupación de cómo se están llevando a cabo los diálogos, lo prolongado de la negociación, la inseguridad de que los acuerdos alcanzados en Cuba sean refrendados por el pueblo colombiano. También les preocupa la posibilidad de que no se castiguen reclutamientos forzosos, masacres, sometimiento de niñas a esclavitud sexual, despojo de tierras, y desapariciones forzosas.
“Si de los 30.000 paramilitares desmovilizados durante el gobierno de Álvaro Uribe, 2000 fueron procesados por cometer diversos crímenes y fueron castigados, las FARC que han cometido crímenes idénticos deben recibir semejantes castigos”, exige Alfredo Rangel, especialista en seguridad nacional y consultor en asuntos de defensa bajo el gobierno de Ernesto Samper.
¿Otra forma?
“No es que nos opongamos al diálogo, pero pondríamos como condición que las FARC suspendieran inmediatamente todas las acciones violentas contra el Estado y la población civil, que de manera inmediata concentraran a todos sus hombres y todas sus armas en algún sitio del país para garantizar que no van a seguir haciendo daño a los colombianos ni a las fuerzas militares. Eso sería un gesto de voluntad de paz creíble. Y solicitaríamos una veeduría internacional”, explica Alfredo Rangel.
“Exigiríamos garantías para que las FARC –el mayor cartel del narcotráfico- entregase cultivos, rutas y los millones de dólares que tienen escondidos en la selva”, añade Rangel, subrayando los logros que el combate contra el narcotráfico tuvo bajo el gobierno del antecesor del presidente Santos.
“Reduciríamos la agenda a acordar las condiciones de desmovilización, reinserción y entrega de armas, ofreciendo facilidades para que se constituyan en partido político. Y puedan acceder a cargos de representación popular siempre y cuando en esas votaciones no participen responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad”, agrega Rangel. “ Y garantizaríamos que al final del día hubiese un referendo para que el pueblo colombiano aprobara o no esos diálogos de paz”, acota, subrayando que el 98% de la población colombiana repudia a las FARC y no las ve como una contraparte válida.¿Una población dividida?
Aun cuando más de la mitad de la población colombiana votara en 2014 a favor de Santos que tenía como bandera estos acuerdos de paz., la senadora Ana Mercedes Gómez, que formó parte del comité negociador en el fracasado proceso de paz de El Cagúan, hace hincapié en Bruselas en que “representan a siete millones de votantes” y sostiene que “el pueblo colombiano en muy buena parte está a favor de la paz, pero no como la está haciendo Santos en La Habana”.
Lo que más preocupa a los representantes del Centro Democrático es la impunidad en un período de justicia transicional. Para ellos, no es aceptable la reciente propuesta del expresidente César Gaviria de que si no se castiga a miembros de la guerrilla, ni tampoco a los militares menos cabría castigar por su eventual responsabilidad en actos violentos a empresarios o políticos.
¿Culpa repartida, todos indultados?
“El expresidente Gaviria está promoviendo la impunidad generalizada, para que la opinión pública colombiana muerda el anzuelo de la impunidad para las FARC poniéndole como carnada algunos beneficios para las fuerzas militares. Creemos que está expresando el sentir del presidente Juan Manuel Santos. Y la del fiscal general de la Nación que ve a todos los colombianos culpables de la violencia; como la culpa está repartida todos deben ser perdonados”, explica Rangel.
De llegar, no obstante, a firmarse la paz entre el gobierno colombiano y el grupo armado más antiguo de América Latina , “según sondeos de opinión, el 75% de la población votaría en contra de unos acuerdos de paz que implicaran impunidad, no entrega de armas, elección en los cargos del congreso de responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, afirma Rangel.“Por esa razón”, concluye, “tenemos fundadas dudas de que el presidente Santos vaya a cumplir con el compromiso de refrendar los acuerdos de paz porque sabe que en las condiciones en que están ahora seguramente van a ser rechazados por el pueblo colombiano”.
Hoyos, cuya plataforma política no reconoce en la guerrilla un actor político válido, ni ve al actual diálogo como el que más cerca de la paz ha llevado al pueblo colombiano, demanda que ”la comunidad internacional le ponga la lupa a los diálogos de paz y que no se limite a los titulares gubernamentales, sino que escuche también a la oposición”.
