Fiscalía captura al exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar, a su exesposa y a otra persona, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

FGN.- Persecución de activos ilícitos a 33 bienes que superarían en valor comercial los $15.000’000.000, se les solicitará medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo.

 Los análisis y las evidencias indican que habrían sido adquiridos con recursos que el exfuncionario obtuvo por sus nexos con grupos paramilitares. Entre las propiedades hay inmuebles en condominios lujosos y vehículos de gama alta, dos de ellos tipo Porsche. 

 La Fiscalía General de la Nación avanza en la búsqueda de los dineros y activos ilícitos que estarían en manos de varios de los condenados por la denominada ‘Parapolítica’.

En desarrollo de esta tarea, el equipo de peritos judiciales, tributarios y financieros analizó un crecimiento patrimonial inusitado y acelerado del exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo y estableció que, a través de presuntas triangulaciones comerciales con algunos integrantes de su núcleo familiar y terceras personas, habría intentado legalizar y ocultar recursos obtenidos por su relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las autodefensas.

Las indagaciones permitieron conocer que no existe justificación ni soporte frente a $2.500’000.000 que harían parte del capital del exfuncionario, y evidenciaron ingresos elevados en algunos de sus familiares, de los que se desconoce el origen.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación obtuvo tres órdenes de captura, que se hicieron efectivas en Bucaramanga y Piedecuesta (Santander), y Cúcuta (Norte de Santander). Las personas detenidas son:

·       Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, exgobernador de Santander (2004-2007).

Procuraduría investiga a exgobernador Alan Jara por liquidación del Fondo Ganadero del Meta y deuda de Llanopetrol

PGN.- La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, por su presunta omisión de preservar los intereses del departamento en el Fondo Ganadero del Meta (FGM) y por posible extralimitación en sus funciones al asumir obligaciones crediticias de Llanopetrol.

En el caso del fondo ganadero, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública investiga a Jara Urzola, al representante del departamento ante el Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, que a su vez era el secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta; y a Néstor Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del FGM.

Capturan a presuntos testaferros de la antigua guerrilla de las Farc, con red de 60 supermercados y otros bienes

Incautación por $650.000’000.000

En colaboración con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación capturó a presuntos testaferros de las desmovilizadas FARC y logró la extinción del derecho de dominio sobre bienes en 23 municipios, en el centro del país.

FGN.- Luego de varios meses de investigación y de un exhaustivo trabajo de campo para el que fue fundamental la colaboración del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación capturó a presuntos testaferros de la antigua guerrilla de las FARC: la detención de tres de los cuatro hermanos Mora Urrea, y la extinción del derecho de dominio sobre los bienes de la familia Chaux González, presuntos testaferros de alias el Negro Acacio.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes cuyo valor es cercano a los seiscientos cincuenta mil millones de pesos ($650.000.000.000), entre los que se cuentan una cadena de supermercados populares y casas de recreo en los llanos colombianos, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de seis departamentos colombianos.

Los supermercados de la guerrilla
Por testimonios de desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación que permitió identificar una red de posibles testaferros de dicha organización, que remonta sus orígenes a la antigua zona de distensión del Caguán.

En el centro de esta red se identificó a los propietarios de la cadena de Supermercados SUPERCUNDI, MERKANDREA Y MERCAFUSA, que suman 60 locales comerciales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).

Los hermanos NORBERTO, LUIS ALIRIO, URIEL Y EDNA YANETH MORA URREA, se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años noventa, eran propiedad de un empresario cundinamarqués que fue víctima de secuestro, además de aparecer como propietarios de otras sociedades que llamaron la atención por su rápido e inexplicable crecimiento económico.

Los testimonios recogidos en la investigación, permiten remontar la relación de esta familia con la entonces organización insurgente a épocas anteriores a la zona de distensión del Caguán. De hecho, la señora María Ana Bertilda Urrea de Mora, madre de los dueños de los supermercados, fue reconocida como amiga cercana de alias el Mono Jojoy.

Las evidencias dan cuenta de que NORBERTO MORA URREA y su hermano LUIS ALIRIO MORA URREA, frecuentaban los campamentos de los frentes 51,53 y 55, y de la compañía móvil Abelardo Romero de las FARC. Asimismo, LUIS ALIRIO MORA URREA habría estado encargado de entregar información a la guerrilla.

Los supermercados, que habrían servido como red de abastecimiento para la insurgencia, al tiempo que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, se caracterizaban por presentar productos con precios muy por debajo del valor comercial al que eran ofrecidos por el comercio legal.

Por citar algunos ejemplos, dos bolsas grandes de jabón de loza eran ofrecidas en $9.800, mientras que en grandes superficies cuesta $10.390 la unidad. Un kilo de lulo era vendido a $1.900 pesos, mientras que en el comercio se consigue alrededor de los $4.000. En algunos casos los precios llegaban incluso a ser inferiores a los pagados a los fabricantes, al punto de ofrecer morrales a $44.000, cuando su valor real, en la tienda de línea, es de $74.900.

Homicidios, desplazamiento, violaciones de derechos humanos en el Bajo Cauca Antioqueño, preocupan y alarman a la ONU

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Agencia de la ONU para los Refugiados manifiestan su preocupación por la persistencia de desplazamientos masivos y violaciones de derechos humanos en el Bajo Cauca

Bogotá, 18 de febrero de 2018

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos -ONU Derechos Humanos- y la Agencia de la ONU para los Refugiados –ACNUR- manifiestan su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y las violaciones de derechos humanos que se han presentado en las últimas semanas en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.

 ONU Derechos Humanos y ACNUR manifestamos nuestra preocupación por la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia), que hasta la fecha y desde el 19 de enero del presente año ha afectado por lo menos a 822 personas, (461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes).  Estos hechos reiterados de desplazamiento afectan el día de hoy a las comunidades de las veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.
 

A su vez, quienes suscribimos este comunicado expresamos nuestra alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior.

En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio.

La situación de riesgo de las comunidades del Bajo Cauca Antioqueño ha sido advertida ya por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana de inminencia 009 del 22 de enero de 2018.
 

Reconocemos el esfuerzo que la institucionalidad ha realizado hasta la fecha para responder a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. No obstante, observamos que la situación continúa empeorando.