En el caso del fondo ganadero, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública investiga a Jara Urzola, al representante del departamento ante el Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, que a su vez era el secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta; y a Néstor Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del FGM.
El ente de control busca
establecer si se presentaron posibles irregularidades en la administración del
fondo, que tuvo como socios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a
la Gobernación del Meta.
Al parecer, los accionistas
mayoritarios no tomaron las decisiones dirigidas a cumplir con obligaciones
establecidas en el acuerdo de reestructuración del fondo ganadero, lo que
habría llevado a su liquidación y a un eventual detrimento patrimonial para el
departamento.
En el caso de Llanopetrol
investiga si la Gobernación del Meta habría asumido obligaciones crediticias de
la empresa de petróleos como si se tratase de deudas propias del departamento.
Por este caso se investiga
además del exgobernador al exsecretario de Hacienda, Jairo Frías Carreño;
exgerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, y al exgerente de la
Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), Ricardo Rodríguez Henao.
Entre las pruebas que figuran
en el expediente están cinco otrosíes firmados por el exgobernador Jara Urzola
para avalar estos compromisos financieros en su totalidad.
Según el informe de la
auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta, la gobernación
pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo un crédito de
tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno, y sin que se
hubiera expedido certificado ni registro presupuestal.
El ente de control ordenó la
práctica de pruebas testimoniales y documentales a fin de esclarecer los hechos
objeto de investigación.
CCJ/ram