La Contraloría General
de la República inició una actuación especial de control, dirigida a constatar
que haya una adecuada gestión fiscal en el proceso de traspaso y administración
de los bienes de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, del Fondo de
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, a
su nueva administradora: la Sociedad de Activos Especiales SAE.
Como resultado de las
irregularidades detectadas en la administración de los bienes incautados por
parte de la DNE, que impidieron el fenecimiento de la cuenta fiscal de la
entidad en los últimos años, el Decreto 3183 de 2011 ordenó la liquidación de
la misma, trasladándose por normas posteriores la función de administración del
FRISCO a la SAE.
