Asegurado alcalde de San Gil por caso - Asovibrisas - proyecto urbanístico

Bucaramanga (Santander) - Un juez con función de control de garantías de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del Alcalde de San Gil, Álvaro Agón Martínez, (Coalición entre el Partido Conservador Colombiano, Partido Verde, Cambio Radical y Partido de Integración Nacional, PIN.) a quien la Fiscalía le imputó cargos por siete delitos. 

La audiencia de imputación se realizó el pasado 30 de junio, cuando el burgomaestre no aceptó cargos por fraude al sufragarte, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual, la no devolución de lo captado y prevaricato por acción.

Alianza Verde demandó el Plan Nacional de Desarrollo ante la Corte Constitucional

La demanda ante la Corte Constitucional fue presentada por los senadores Claudia López, Jorge Iván Ospina y Jorge Prieto. "El Plan Nacional de Desarrollo es una amenaza para Colombia en un sector clave de la economía como el medio ambiente. Pone en riesgo a los páramos, que abastecen de agua al 70 por ciento de la población", dijo la senadora Claudia López.

La legisladora le recordó al presidente Juan Manuel Santos, la preocupación del Partido Alianza Verde frente al contenido y los alcances del Plan Nacional de Desarrollo. "Es una iniciativa que pone en riesgo el agua, la vida y la supervivencia de las futuras generaciones de colombianos", recalcó el senador Jorge Iván Ospina.

"El PND es un verdugo para el medio ambiente del país", subrayaron los senadores Claudia López, Jorge Iván Ospina y Jorge Prieto.

Colombia prepara medidas draconianas para combatir la minería de oro ilegal

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las guerrillas. El Gobierno estimó en unos 2.450 millones de dólares estadounidenses las recaudaciones anuales de distintas agrupaciones que no pagan impuestos.

actualidad.rt - Esta es una de las razones por las que las autoridades colombianas están dispuestas a aplicar medidas draconianas a quienes se dediquen a esta práctica. Se trata de penas de hasta 20 años de cárcel por el delito de extraer ilegalmente el metal precioso.

REVOCATORIA DE INSCRIPCIONES