538.000 estudiantes en 4 departamentos y 12 municipios sin cobertura de PAE

La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE.

 De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica,  Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.

Para el ente de control resulta preocupante la interrupción del PAE en Casanare y el municipio de Neiva, donde el programa operó con recursos de la vigencia anterior hasta el pasado mes de marzo, lo que obliga a adelantar un nuevo proceso de contratación para la vigencia 2018.

Los casos más dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar inicio el pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del PAE, a la espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para la contratación de los operadores del programa.

De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar.

En Montería, el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación del operador PAE para atender 30.112 alumnos. Un nuevo proceso tomará como mínimo 20 días hábiles.

Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.

Para el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para su efectivo disfrute.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Cárcel para nueve personas que estarían involucradas en el desfalco a las finanzas del hospital de Buenaventura

FGN.- Con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario fueron cobijados 9 de los 10 procesados por la supuesta apropiación de cinco mil ciento cuatro millones de pesos ($5.104.000.000) destinados al mejoramiento de la infraestructura del único hospital de Buenaventura.

El Juzgado Séptimo de control de garantías de Buenaventura aceptó la argumentación de la Fiscalía, que imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedad en documento privado.

Los hoy procesados fueron capturados el 16 de abril del año en curso por investigadores de la Dijin de la Policía Nacional en Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), y Popayán (Cauca).

Los hechos

Los contratos investigados tenían por objeto mejorar las zonas de hospitalización de adultos, cirugía, imagenología, pediatría, nutrición y despensa de la institución.

Estos contratos fueron suscritos con la Unión Temporal MC Asociados, cuyo representante legal es Carolina Moreno Caicedo, por valor de nueve mil novecientos noventa y cuatro millones de pesos ($9.994.000.000).

Durante las labores investigativa se pudo establecer ausencia de diseños, planos arquitectónicos, estudios técnicos estructurales y de vulnerabilidad sísmica; además, quedó en evidencia la poca experiencia de la empresa y la supuesta falsificación de documentos de varios de los integrantes del equipo de trabajo, con el fin de acreditar recorrido en la ejecución de obras.

Seguimiento

En junio de 2016 se firmó el contrato para las mejoras locativas del Hospital Luis Ablanque de la Plata. El 2 de octubre de 2017, el alcalde Eliécer Arboleda Torres inauguró las obras de remodelación. Esa misma noche llovió en el lugar y la cubierta, que estaba recién instalada, se derrumbó. Esta obra fue reparada y el 21 de marzo de este año volvió a precipitarse.

Según la hipótesis investigativa de la Fiscalía, el contrato suscrito con la mencionada Unión Temporal no habría cumplido con los requisitos legales. Esto también habría ocurrido con el contrato de interventoría firmado el 29 de junio de 2016 por el alcalde de Buenaventura con la empresa INGCSE-A LTDA., representada legalmente por Orlando Ocoró González, por valor de cuatrocientos sesenta y cuatro millones de pesos ($464.000.000).

Los procesados son:

Eliécer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura

Luis Fernando Ramos Carabalí, secretario de gobierno

Juan Carlos González Cortez, secretario de infraestructura Vial

Félix Riascos Brome, secretario de salud

Jorge Omar Riascos Hurtado, jefe asesor oficina jurídica

Carolina Moreno Caicedo, representante legal de MC. Asociados

Orlando Ocoró González, representante legal de INGCSE-A LTDA firma interventora

Karina Moreno Caicedo, representante legal de INGEMEDI S.A.S.

Víctor Gabriel Parra Jurado. Miembro de la Unión Temporal MC. Asociados.

Harry Mosquera

MAP/JARG

Fiscalía entregó cuerpo de víctima de desaparición forzada en Manizales

FGN.- En ceremonia solemne, la Fiscalía General de la Nación entregó los restos de José Heriberto Ramírez Llanos, quien fue encontrado muerto el 22 de marzo de 1988, en la finca Taparcal, en la vereda La Inmaculada de Palestina (Caldas).

Luego del procedimiento científico, se estableció el perfil genético de los restos recuperados y su plena identidad, por lo que fue posible hacer una entrega digna a sus familiares, en cumplimiento de los protocolos que establece la ley.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en el momento de su desaparición, Ramírez Llanos tenía 16 años de edad. Quedó demostrado en el proceso que integrantes de un cuerpo de seguridad del Estado lo sacaron a la fuerza de un restaurante en Manizales (Caldas), y se lo llevaron con rumbo desconocido junto a otro joven.

La Fiscalía entregará el cuerpo de la otra persona involucrada en estos hechos en diligencia que se cumplirá en junio del año en curso.

Hay que precisar que los restos de estos dos jóvenes fueron exhumados con fines de identificación, en cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 79/11.

 PAAM/JARG

Petro fue el único candidato que asistió al encuentro con niños y adolescentes de Colombia

Preparado por la organización NiñezYa, con asistencia infantil y juvenil del Caribe, del Pacífico, del Sur, del Centro, preparándose varios días para su encuentro con los aspirantes a gobernarlos, confiados en ser escuchados y dispuestos a escuchar sobre su futuro, los menores salieron con la decepción causada por la no atención de los candidatos presidenciales, estaban invitados todos, desde hace más de un mes, pero el único que llegó al auditorio Alberto Lleras de la Universidad de los Andes fue el candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana.

Entre los temas más destacados de las respuestas de Petro se encuentran la justicia social, el amor por los niños de Colombia, el cuidado integral en la primera infancia.

"La justicia social sin tener en cuenta a la niñez no es justicia", dijo el candidato y argumentó que los primeros en ser amados deben ser los niños y las niñas.

Gustavo Petro firmó el compromiso de Niñez Ya, aceptó trabajar por los puntos que buscan garantizar el bienestar de la población infantil en Colombia.

“Cuando un niño se desnutre, está comiéndose el cerebro, su capacidad de inteligencia y puede terminar en estos grandes criminales que hoy tenemos en Colombia. Si un niño se educa, tiene la nutrición, será un gran constructor de la sociedad colombiana”, dijo Petro al cierre del evento.

Argos y Bancolombia entre las empresas condenadas a devolver predios despojados a los campesinos

En las sentencias de restitución de tierras también se condena a mineras como AngloGold Ashanti y Gran Colombian Gold, al igual que a empresas ganaderas, palmicultoras y bananeras.

Agencia de Prensa Rural-Yhoban Camilo Hernández Cifuentes.- Son las 25 empresas (ver imagen) que han sido condenadas hasta ahora, por los jueces de restitución de tierras, a devolver predios que fueron despojados a campesinos en medio del conflicto armado en Colombia.

El dato lo dio a conocer en Medellín un estudio de la Fundación Forjando Futuros que analizó las 3.500 sentencias que han emitido los jueces de restitución desde el año 2012 hasta abril de 2018.

“Queremos resaltar que hay empresas con cinco sentencias. Argos (Fiducor S.A.) tiene cinco sentencias en contra, Bancolombia una, la AngloGold una y Continental Gold una”, indicó Gerardo Vega Medina, director de Forjando Futuros, organización que representa jurídicamente a víctimas reclamantes de tierras.

Las otras empresas con cinco sentencias en su contra son: Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A. y Soc. Jorge Herrera e Hijos SCS, ambas en el municipio Carmen de Bolívar donde también se reportan las cinco sentencias contra Argos.

Vega Medina precisó que son 135 las sentencias en las que los jueces han ordenado a la Fiscalía que investigue a estas empresas, así como a personas naturales, para establecer cómo fue el despojo de tierras en estos casos. Y detalló:

Procuraduría suspende por tres meses al gobernador de San Andrés

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos al Hospital Clarence Lynd Newvald.

 La investigación también cobija al actual secretario de Salud del departamento, Adolfo Lambis Urueta; a la exgobernadora Aury Socorro Guerrero Bowie, y a los exsecretarios de Salud Miguel Alfredo May Salcedo y Heyder Enrique Avendaño Villa.

El Procurador, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó la operación de la IPS Universitaria, contratada para gestionar el hospital, por su deficiente servicio, falta de especialistas, escasez de insumos, medicamentos y de personal para la atención. 

 “Estamos hablando de la vulneración de los derechos a la salud en un territorio tan estratégico y tan fundamental para la defensa de nuestra soberanía”.

La Entidad reprochó que el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no cuente con un plan para la adecuada gestión de la red pública para la prestación de los servicios de salud. Actualmente opera un convenio con la IPS Universitaria que tiene una vigencia de cuatro años. 

La Procuraduría cuestionó que pese a que el gobernador Housni Jaller conocía la deficiente prestación de los servicios de salud celebró nuevamente un convenio con la IPS Universitaria (1134 de 2017), sin tomar las medidas para superar el caos institucional.