En el marco del Festival de las Ideas, organizado por el Grupo Prisa, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció lo que el gobierno ha llamado las bases de un Acuerdo Mínimo contra la Violencia y por la Democracia.
Con la propuesta de dicho acuerdo, el Gobierno nacional convoca a las fuerzas políticas, autoridades locales y regionales, organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, empresarios, iglesias y sociedad civil, a participar en un diálogo político y social que permita alcanzar un Acuerdo Nacional para respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia.
La búsqueda del Acuerdo Mínimo parte del principio de que cualquier conversación nacional debe darse en el marco de la Constitución Política de 1991, en un ambiente seguro y de respeto para la deliberación.
Para el ministro Cristo, “se trata de un proceso incluyente y participativo que buscará una metodología de construcción de consensos y acuerdos y que convocará a las diferentes instancias de diálogo institucional y sectores sociales representativos”.
Las bases del Acuerdo Mínimo Nacional, propuestas por el gobierno, son las siguientes:
1. Seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política
Se debe promover desde el ejemplo la recuperación de los valores democráticos, desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios; acordar medidas efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz.
Asimismo, promover y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional que tenga como fin la reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún anhela Colombia.
Debe haber un compromiso de las partes de rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales.
El Estado debe cumplir con su obligación constitucional de avanzar en la recuperación del control territorial, ejerciendo su autoridad legítima en contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia, así como promover la construcción de una estrategia para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra fuerza pública y de la población civil.
La búsqueda de la paz seguirá siendo un propósito superior y en él se avanzará con los actores armados que demuestren una verdadera voluntad para alcanzarla.
2. Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral
Se debe garantizar la estabilidad de las reglas de juego democráticas en el corto, mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional y local. No se promoverá la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular.
Nos comprometemos, en el marco del proceso del Acuerdo Nacional, a estudiar y construir consensos sobre el cambio en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente, para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas.
Cualquier cambio institucional tendrá que ser producto de los trámites y requisitos contenidos en la Constitución Política de 1991 y que implican un amplio proceso de participación ciudadana, deliberación legislativa y controles de constitucionalidad.
3. Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto
Es necesario dar un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Más allá de las diferencias políticas respecto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y gobernadores y, de manera articulada y participativa, con las comunidades, el sector privado, el gobierno nacional y la comunidad internacional, en las iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y seguridad de los 6,6 millones de habitantes de esos 170 municipios.
Solo la intervención integral de esos territorios para transformarlos impedirá el reciclaje de las distintas violencias en las zonas PDET y las regiones históricamente más afectadas por el conflicto. Esa intervención integral en los territorios críticos debe convertirse en una prioridad del Estado y de la sociedad, más allá del gobierno de turno.
4. Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía
Se debe transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que proteja y conserve la naturaleza y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
En ese sentido, creemos que se puede avanzar de manera concertada en el impulso al desarrollo rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales.
Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria estratégica con innovación, estándares de competitividad y políticas de crédito y fomento a sectores estratégicos como el agropecuario, el industrial y el turismo para jalonar la economía y el empleo.
5. Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales
Es esencial reconocer la necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz.
Por esta razón, acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación, en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación argumentativa, de la búsqueda constructiva de consensos y del dialogo respetuoso.
“El Acuerdo Nacional va más allá de los trámites legislativos. Es un compromiso con la institucionalidad, con el reconocimiento a las realidades territoriales, con el respeto a los disensos y a las construcciones civilizadas. Si no nos hemos podido poner de acuerdo sobre los máximos, pongámonos de acuerdo sobre los mínimos”, anotó el Ministro Cristo en su presentación del Acuerdo.
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