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Un congresista se adueña de la tierra en Vichada


Liga Contra El Silencio.- El representante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, es ahora dueño de una inmensa finca en La Primavera, un municipio del departamento que representa.
 Allí tiene unas 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados, con agua abundante de la quebrada La Bomba y del río Gavilán, que desemboca allí mismo en el río Tomo.
 La finca se llama “Buenavista”, y en efecto, desde los balcones de la casa se pueden ver parte de sus 6.633 hectáreas. 

Londoño obtuvo esta tierra —el doble de extensión de la Hacienda Nápoles— sin cumplir los requisitos que exige la ley. Y podría enfrentar un conflicto de interés debido a su investidura como congresista. 
Gustavo Londoño, nacido en Cartago*, Valle del Cauca, amasó fortuna vendiendo semillas y luego como contratista público en el Meta. Quiso ser gobernador del Vichada, pero se quemó en las elecciones de 2015. Según su perfil en la red LinkedIN, Londoño es dueño de la Comercializadora del Pacífico, una empresa de insumos agrícolas con sede en Villavicencio que surte a muchas ganaderías y plantaciones del Vichada. 
AFICHE DE LA CAMPAÑA DEL ENTONCES CANDIDATO
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, GUSTAVO LONDOÑO,
CON EL LEMA ‘EL VICHADA ES DE TODOS’.
FOTO- FACEBOOK GUSTAVO LONDOÑO
El representante ganó su curul en agosto de 2018 por el partido Centro Democrático, con la promesa de defender los intereses de los vichadenses. “El Vichada es de todos” fue uno de sus lemas de campaña, pero a espaldas de todos se hizo declarar dueño de miles de hectáreas que sólo podían entregarse a campesinos sin tierra. 
Para adquirir la tierra, en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño una demanda “contra indeterminados”; es decir contra desconocidos, donde pedía la propiedad de esa tierra. En el argot legal esto se conoce como una demanda de “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” sobre un predio rural. El 30 de agosto de 2017, en un fallo, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó entregar la propiedad a Londoño García. 
En su fallo, la jueza desconoce un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto significa que se presume como tierra baldía, propiedad exclusiva de la Nación.
“La jueza ha debido inadmitir la demanda desde el primer día y trasladarla a la Agencia Nacional de Tierras”, explicó el abogado Alejandro Reyes, experto en temas de tierras, a quien La Liga Contra el Silencio pidió leer y comentar el fallo.
“Este es el caso clásico de apropiación ilegal de baldíos mediante juicio de pertenencia concedido por un jueza que no está aplicando el derecho. La sentencia se convierte en un título de propiedad”, explicó Reyes.
Según la Ley 160 de 1994, los baldíos son tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Solo pueden ser titulados a campesinos sin tierra por la ANT (antes Incoder). La jueza nunca involucró a la agencia, y aunque dice que notificó del proceso al procurador agrario, éste nunca participó ni hizo reparos.
El fallo enriqueció más al representante Londoño y también a su socio en “Buenavista”, el empresario Nicolás Laserna. Juntos interpusieron la demanda ante la jueza. Laserna es un ganadero y arrocero del Tolima, y aparece como presidente de una empresa en Panamá, creada en 2009 a través del bufete Mossack Fonseca, famoso tras el escándalo de los “Panama Papers” por constituir empresas fantasmas. Es familiar de la senadora Paloma Valencia Laserna, copartidaria de Londoño.
La Liga contactó al representante Londoño, quien negó haber obrado fuera de la ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie”, dijo. 
El congresista, a quien le gusta presentarse como campesino y cultivador desde los 15 años, dijo que tenía derecho a reclamar esa tierra.
“Yo instauré esa demanda ante el juzgado porque cuando usted demuestra que ha estado trabajando la tierra durante equis años, bien habida, pasivamente, el Estado y la ley le da el derecho de que un juzgado le otorgue la pertenencia sobre esa tierra”, argumentó. 
El empresario Nicolás Laserna también negó a La Liga que se tratara de tierras baldías, pero reconoció haber indagado la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras se las adjudicara. “Pero nos pedían plata porque es una agencia corrupta y nosotros no estábamos dispuestos a darle plata a nadie”, dijo.

Un gran negocio

A Londoño y Laserna les salió barato ocupar este predio. Según consta en archivos públicos, en 2008 el representante y su socio le dieron 50 millones de pesos al señor Milciades Burgos Tuay, un colono que se asentó en esa tierra con sus ocho hijos en 1976. Como miles de campesinos en Colombia, Burgos ocupaba esos baldíos sin título de propiedad. Por ese dinero —menos de 10 mil pesos la hectárea— el campesino dejó su casa y firmó una escritura de compra-venta a través de la cual Londoño y Laserna adquirieron la posesión.
“Yo ya no podía trabajar esa tierra y con la plata me pude pagar mi salud”, dijo Burgos, de 71 años y con problemas de vista, a quien La Liga ubicó en una alejada vereda del Vichada.
Pero Burgos no podía vender, pues no tenía títulos; ni Londoño podía comprar, pues esa tierra pertenece a la Nación. La escritura, registrada en una notaría, da fe de que hubo una transacción entre los firmantes, pero no valida ni certifica su legalidad.
VISTA AÉREA DEL VASTO TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA,
 FOTOGRAFIADA DESDE UNA AVIONETA DE LA FUERZA NAVAL
EN ALGÚN LUGAR SOBRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO Y CUMARIBO.
NOVIEMBRE 2018. FOTO: GENA STEFFENS
Con el fallo de la jueza, el congresista y el empresario quedaron a un paso de adquirir el título de propiedad. Así multiplicaron de forma astronómica el valor de esa tierra. “Una hectárea de una finca productiva en La Primavera puede costar millón y medio de pesos”, dijo el vocero de un gremio agrícola que conoce el mercado de la tierra en Vichada. “Si son tierras legalizadas con título, claro”, dijo. Con el título de propiedad que la jueza ordena entregar, la tierra de Londoño podría costar ahora, según eso, unos 10 mil millones de pesos. 
Hasta la fecha, los dos hacendados se han eximido de obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. “Nosotros no hemos pagado impuestos porque no nos han dado las fichas catastrales”, explicó Laserna.
La acumulación y apropiación de tierras baldías se ha extendido en muchas regiones de Colombia. Esta acumulación fraudulenta ha contribuido para ubicar a Colombia como el país con la peor distribución de tierra en América Latina. El 81% de nuestra tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios, según un análisis de la organización internacional Oxfam, basado en datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario.
El Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que la desigualdad en la distribución de la tierra ha sido la principal causa del conflicto armado en Colombia. Vichada, según datos del gobierno, es el cuarto departamento con mayor concentración de la propiedad rural en Colombia; y el segundo, después del Meta, con mayor acumulación irregular de tierras baldías, según una investigación de 2013 de la Contraloría General de la República
VICHADA ES EL CUARTO DEPARTAMENTO CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN COLOMBIA. EN LA FOTO, VIVIENDA DE UN POBLADOR A ORILLAS DEL RÍO TOMO, VICHADA, TOMADA DURANTE LA EXPEDICIÓN COLOMBIA BIO CON EL INSTITUTO HUMBOLDT. MARZO 2017. FOTO: CHINO ROMERO
En la apropiación y acumulación ilegal de estas tierras en Vichada han participado, según la Contraloría, numerosas empresas y funcionarios del gobierno pasado como Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura (2013-2014), y su esposa María Fernanda Campo, ministra de Educación (2010-2014), junto a sus hermanos y su hijo. También familiares de Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior (2013-2014) y ministro de Agricultura (2014-2017). Ninguno ha sido sancionado.

El fiscal no da señales de querer renunciar y anuncia medida contra Daniel Coronell


confidencialcolombia-Esneyder Negrete.- El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reapareció este domingo luego del plantón simultáneo que se desarrolló el pasado viernes en gran parte del país, donde miles de ciudadanos pidieron su renuncia. 
Contrario a la voluntad de los manifestantes, Martínez Neira, no da luces de querer apartarse del cargo.
Además, anunció que en las próximas horas pedirá al periodista Daniel Coronell, que rectifique las columnas en su contra, donde le atribuye “haber omitido el envío a la Corte Suprema de Justicia, de unas transcripciones de grabaciones obtenidas por la DEA” en el caso del corrupto exfiscal Luis Gustavo Moreno.
Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación
En un comunicado firmado por Néstor Humberto Martínez, sin membrete alguno de la Fiscalía pero sí dado a conocer por la oficina de prensa de la entidad; el jefe del ente investigador anuncia que, haré pública la carta que oportunamente dirigí a la Corte Suprema y el fragmento adjunto a ella, en el que se transcribe el aparte en el que se menciona mi nombre, por lo que no deja de ser sórdido sugerir la existencia de una omisión dolosa”.
En la misma comunicación, el fiscal critica a la periodista María Jimena Duzán por la publicación de la columna donde “Temor a la Verdad”, donde acusa a la Fiscalía de no llegar a acuerdos con los brasileños de Odebrecht.
Martínez Neira concluye haciendo referencia al principio de acuerdo que logró la Fiscalía con los directivos de Odebrecht y el cual fue avalado por un juez en días pasado. “¿Cómo puede haber alguien que, de buena fe, desconozca esta realidad?”, puntualiza.

Miles piden la renuncia del fiscal general por caso Odebrecht

Las protestas exigiendo la dimisión de Néstor Humberto Martínez se desarrollaron en varias ciudades del país.

DW.- Miles de ciudadanos realizaron este viernes (11.01.2019) en Bogotá y en otras ciudades intermedias como Fusagasugá, en Cundinamarca se realizaron plantones para exigir la renuncia del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, señalado de omitir información que tenía sobre el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Martínez está en el ojo del huracán por los señalamientos que le hacen desde varios sectores porque supuestamente él conocía de la corrupción de Odebrecht en el país antes de que él ocupara el cargo, en agosto de 2016.
La principal y más numerosa concentración se realizó frente a las instalaciones de la Fiscalía, en Bogotá, que estaba custodiado por policías. Los plantones fueron convocados a través de redes sociales por colectivos ciudadanos y activistas e incluso senadores, quienes coinciden que Martínez no debería seguir en la Fiscalía.
En Bogotá, la gente enarboló linternas y pancartas que decían "Colombia necesita la renuncia del Fiscal" y otra más rezaba "fuera el fiscal". A lo anterior se sumaron fuertes voces que gritaban: "renuncie, renuncie" y "¡fuera, fuera fiscal corrupto!".
"Queremos proteger a la justicia, queremos proteger a la institución de una persona con tantos impedimentos como Néstor Humberto Martínez", dijo a periodistas María Fernanda Carrascal, una activista y promotora del plantón. Explicó que las concentraciones surgieron por "una cantidad de acontecimientos, entre esos, la muerte de, en condiciones muy raras y muy sospechosas de testigos en el caso Odebrecht. Lo lento que va el proceso y las investigaciones en el país".
La sombra de Odebrecht sobre Martínez
Martínez se vio salpicado en la trama de corrupción después de que Jorge Enrique Pizano, interventor de la Ruta del Sol II y quien falleció de un infarto el pasado 8 de noviembre, asegurara en una entrevista grabada al telenoticiero Noticias Uno que el fiscal conocía desde 2015 las supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la carretera.
Sin embargo, Martínez ha negado que supiera de la corrupción en Odebrecht antes de llegar a la Fiscalía, el 1 de agosto de 2016, y asegura que en las informaciones que recibió de Pizano un año antes no estaba claro que se tratara del pago de sobornos.

Hallan muerto en su apartamento a Rafael Merchán, testigo en la trama Odebrecht

El también exsecretario de Transparencia de la Presidencia fue encontrado sin vida en su residencia, ubicada en el norte de Bogotá.

Rafael M.Merchán - La F.m.
 El CTI de la Fiscalía ya “inició una investigación” sobre las posibles causas de muerte de Merchán.
Según La F.M., el cuerpo del exfuncionario fue encontrado cuatro días después de que su familia reportara la desaparición.
Ese medio destaca que Merchán era importante en la investigación, puntualmente, en el proceso penal contra el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. La emisora señala que era uno más de los más de 80 testigos llamados para testificar en este caso.
 Fuentes consultadas por El Tiempo revelaron que Merchán no contestaba el teléfono desde hacía dos días, por lo que fueron a buscarlo a su apartamento en la capital colombiana y lo encontraron muerto. 
Rafael M.Merchán
El Espectador, por su parte, asegura que Merchán iba a declarar a favor de Andrade. Además, alerta en que él es el segundo testigo en el proceso, después de Jorge Enrique Pizano, que aparece muerto. No obstante, no hay certeza de que su muerte esté relacionada con las investigaciones en contra de la corruptora brasileña.
Además de ser exsecretario de Transparencia, Merchán fue edil de Chapinero, trabajo en el Instituto de Ciencia Política y fue cónsul en Londres.
En medio del caso Odebrecht

La consulta anticorrupción: una derrota con sabor a victoria


Análisis completo y detallado sobre el proceso y los resultados de la votación, que arroja luces clarísimas sobre las fuerzas limpias y las fuerzas menos limpias que se mueven en la política colombiana.

Javier Duque*

Una larga demora

Los políticos se resisten a hacer reformas que les afecten en sus ingresos, su estatus o su influencia. Por eso aunque el Congreso es el escenario central para expedir las leyes, las constituciones establecen mecanismos de participación ciudadana para proponer cambios que cuenten con el apoyo masivo de la población.

La consulta anticorrupción fue sin embargo iniciativa de algunos líderes políticos -el Partido Alianza Verde- acompañados de organizaciones sociales. Muy pronto se unieron el Polo Democrático, Colombia Humana y los congresistas de Decentes, así como sectores minoritarios de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical. Se recurrió a los medios de comunicación, a las redes sociales y a centenares de personas que se sumaron a la propuesta. Hubo hasta un reggaetón para animar a los jóvenes.

Es la primera consulta popular nacional en 27 años de vigencia de la Constitución. Su artículo 104 establece que el presidente, previo concepto del Senado, puede consultar al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional. Los impulsores debían presentar el respaldo equivalente al menos el cinco por ciento del censo electoral (36.421.026) y finalmente se lograron recoger 4.236.681 firmas, de las cuales la Registraduría avaló 3.092.138.

La consulta estuvo en vilo por la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE). La congresista Angélica Lozano declaró que el Consejo “tenía secuestradas las firmas y retenida  la certificación de cómo se recogieron. Le están haciendo el mandado a la clase política”. Hubo protestas en las redes, declaraciones y movilizaciones, también un plantón frente al CNE, que tuvo efecto: el 23 de enero fueron certificadas las firmas y las cuentas.

Faltaba que los ciudadanos se movilizaran. Y lo hicieron, pero no alcanzó.

Los resultados

Participación de los ciudadanos en la Consulta Anticorrupción.  Foto- Procuraduría General de la Nación

Según la Ley 1757 de 2015, cada pregunta debería obtener el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando hubiera participado al menos la tercera parte de los electores que componen el censo electoral. Esto implicaba un mínimo de 12.261.314 personas votos en cada pregunta, de los cuales al menos 6.130.658 personas tendrían que ser afirmativos.
Es la primera consulta popular nacional en 27 años de vigencia de la Constitución. 
Se trataba entonces de una altísima votación, mayor aún que la del presidente Duque (10.398.689 votos) y de la que obtuvieron en conjunto el Centro Democrático, Cambio Radical, los partidos Conservador, Liberal y de la U, MIRA, Colombia Justa Libre en las pasadas elecciones de Congreso.  

Y así sucedió: con el 99, 98 por ciento de las mesas escrutadas, la consulta logró 11.671.420 votos. Con varios hechos relevantes:

· La Consulta no alcanzó el umbral por menos del 1 por ciento, y una gran mayoría de votantes lo hizo a favor la Consulta y en bloque: todas las preguntas obtuvieron más del 99 por ciento, con muy leves variaciones entre preguntas (ver el Cuadro 1)
Cuadro 1. Resultados de la Consulta Anticorrupción
Pregunta
Votación
% participación
1. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas, de 40 a 25 salarios mínimos mensuales vigentes, fijando un tope de 25 como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado (artículo 197 de la Constitución Política)?
11.671.420
32.04
2. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización?
11.672.464
32.04
3. ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?
11.669.195
32.03
4. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?
11.670.722
32.04
5. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás representantes a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

11.666.541

32.03
6. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros?

11.666.727

32.03
7. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?
11.659.609
32.01
 *Con el 99,98 por ciento de los resultados.
Fuente: Registraduría nacional del Estado Civil.

· En la votación por departamentos  (Cuadro 2),  se pueden distinguir tres situaciones:
a. Hay 15 departamentos (incluida Bogotá) donde sí se superó el umbral o sea que ganó la Consulta.  Con excepción de Putumayo (de donde es Rodrigo Rivera, el último Ministro del Interior de Santos, quien impulsó la Consulta) todos quedan en la región andina, están muy interconectados, hay mayor densidad de organizaciones sociales y el voto urbano es más importante que el rural. En la mayoría de estas entidades territoriales hubo Comités por el Si, lo que contribuyó a movilizar los electores. Un dato muy importante: estas quince entidades suman el 58,7 por ciento del total de la población del país. De forma ponderada, en donde vive la mayoría de colombianos la consulta pasó el umbral.

b. Los departamentos de la Costa Atlántica y el Chocó compartieron un patrón: fueron en promedio los de más bajos porcentajes del país (19,6 por ciento). Estos departamentos se caracterizan por situaciones extendidas de corrupción política y administrativa. Resalta que sea la Guajira, en donde la corrupción es superlativa, el departamento con menor porcentaje de votación de todo el país.
c. Entre los otros nueve departamentos donde la Consulta no superó el umbral sobresale Antioquia, fortín político y electoral de Álvaro Uribe y del Centro Democrático. Fue el único de los grandes departamentos del país donde no se superó el umbral. También figuran en este grupo la mayoría de los departamentos marginales, aislados y rurales del país, donde la presencia del Estado ha sido muy deficiente donde predomina la población rural y dispersa (Amazonas, Arauca, Caquetá, Guainía, Vichada, Vaupés y Guaviare).

Cuadro 2. Niveles de votación por departamentos
Departamento
Comités por el Si
Porcentaje de votación
Departamentos que superaron el umbral
Bogotá
6 comités
45.74
Boyacá
-----
41.38
Caldas
Villamaría
Manizales (2)
La Dorada
Anserma
37.18
Casanare
-----
33.87
Cauca
Popayán
Miranda
31.30
Cundinamarca
Funza
Tocancipá
41.69
Huila
Pitalito
34.16
Meta
-----
35.94
Nariño
-----
35.79
Tolima
Espinal
31.75
Putumayo
-----
30.76
Quindío
-----
36.39
Risaralda
-----
36.05
Santander
Barrancabermeja
Bucaramanga
Usiacurí
Piedecuesta
38.44
Valle del Cauca
Cali
34.33
Otros departamentos que no superaron el umbral
Amazonas
-----
18.50
Antioquia
Medellín
Apartadó
27.33
Arauca
-----
24.60
Caquetá
-----
25.08
Guanía
-----
17.26
Norte de Santander
-----
27.81
Vichada
-----
14.71
Vaupés
-----
16.96
Guaviare
-----
23.22
Costa Atlántica no pasó el umbral
Atlántico
Barranquilla (6)
Malambó
23.53
Bolívar
----
21.63
Cesar
Valledupar
22.61
Córdoba
-----
18.72
La Guajira
-----
12.87
Magdalena
-----
19.51
San Andrés
-----
16.90
Sucre
-----
22.38
Chocó
------
18.49
· En las 17 ciudades más pobladas la Consulta superó el umbral, incluso en Medellín, santuario uribista (Cuadro 3).  La excepción fue Barranquilla, lo cual es consistente con lo dicho a propósito de los departamentos y capitales de la Costa Atlántica, donde se presentó una muy baja votación. Así sucedió también en las capitales de los departamentos marginales, aislados y con predominio de población rural.

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