Cartilla de capacitación para jurados de votación en Consulta Anticorrupción

Jurados de votación para Consulta Anticorrupción que no asistieron a capacitación encontrarán instructivos en página web de la Registraduría

La Registraduría Nacional puso a disposición de los jurados de votación que no han asistido a las capacitaciones para la Consulta Popular Anticorrupción, la cartilla oficial para la capacitación y otros materiales didácticos clave para la tarea de los jurados.

En esta cartilla encontrarán el procedimiento para la instalación de la mesa, la atención de los votantes, el diligenciamiento de los formularios y cómo realizar escrutinio de mesa.

El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha agradeció a los más de 600 mil jurados de votación por el valioso servicio que prestan al país y les recordó que “es muy importante verificar el correcto diligenciamiento de los formularios de escrutinio de mesa E-14, así como el uso del cuenta votos para diligenciar el formulario. La del 26 de agosto será una tarea un poco más dispendiosa para los jurados, comparada con las elecciones para Presidencia de la República, así que es clave repasar todos los aspectos relacionados con la capacitación para evitar errores”, puntualizó el funcionario.

Galindo Vácha recordó además la importancia de tener en cuenta los derechos de las personas con alguna discapacidad, como facilitarles su ingreso sin obstáculos a los puestos de votación, permitir que una persona de su confianza les asista cuando ellos lo consideren y entregar la tarjeta en braille a quienes no pueden ver.

Para mayor información sobre la Consulta Popular Anticorrupción ingrese al siguiente enlace:

https://www.registraduria.gov.co/-Pedagogia,4337-.html

Iniciaron sorteos para jurados de votación en la Consulta Anticorrupción

La Registraduría Nacional del Estado Civil inició desde finales de Julio los sorteos de jurados de votación que atenderán la Consulta Popular Anticorrupción, los cuales han contado con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público y los comités promotores del Sí, el No y la abstención.

El pasado martes finalizaron los sorteos en algunas capitales del país y en Bogotá, sin embargo, para los demás municipios del territorio nacional, finalizarán el 9 de agosto.

En el primer sorteo realizado el 30 de julio en Bogotá, se eligieron a 100.223 jurados de votación. Las capacitaciones en la capital del país, iniciarán el 3 de agosto y se extenderán hasta el 23 de agosto de 2018. Las charlas pedagógicas se llevarán a cabo en el pabellón 1 de Corferias en los siguientes horarios

•Sesión 1: 07.30am-10:00am

·  Sesión 2:10:00am- 12:30pm

·  Sesión 3:02:00pm- 04:30pm

·  Sesión 4:4:30pm- 07:00pm

En las últimas elecciones realizadas en el país para elegir al nuevo mandatario de los colombianos que dejaron como ganador a Iván Duque, del Centro Democrático, el 53,36% de votantes habilitados asistieron a las urnas, es decir, 19'628.564 colombianos. Se espera que para la Consulta Popular Anticorrupción del próximo 26 de agosto se supere esta cifra.

Los 7 puntos de la consulta serán aprobados con el voto a favor del Sí de más de 12'321.314 de ciudadanos, es decir, la tercera parte del censo electoral. Además, cada uno de los puntos tendrá que obtener como mínimo 6'130.000 votos también por el Sí.

Todos los colombianos podrán consultar en la página de la Registraduría Nacional www.registraduria.gov.co, si resultaron designados como jurados de votación, al igual que en el aplicativo móvil “Infovotantes”.

Cárcel para nueve personas que estarían involucradas en el desfalco a las finanzas del hospital de Buenaventura

FGN.- Con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario fueron cobijados 9 de los 10 procesados por la supuesta apropiación de cinco mil ciento cuatro millones de pesos ($5.104.000.000) destinados al mejoramiento de la infraestructura del único hospital de Buenaventura.

El Juzgado Séptimo de control de garantías de Buenaventura aceptó la argumentación de la Fiscalía, que imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedad en documento privado.

Los hoy procesados fueron capturados el 16 de abril del año en curso por investigadores de la Dijin de la Policía Nacional en Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), y Popayán (Cauca).

Los hechos

Los contratos investigados tenían por objeto mejorar las zonas de hospitalización de adultos, cirugía, imagenología, pediatría, nutrición y despensa de la institución.

Estos contratos fueron suscritos con la Unión Temporal MC Asociados, cuyo representante legal es Carolina Moreno Caicedo, por valor de nueve mil novecientos noventa y cuatro millones de pesos ($9.994.000.000).

Durante las labores investigativa se pudo establecer ausencia de diseños, planos arquitectónicos, estudios técnicos estructurales y de vulnerabilidad sísmica; además, quedó en evidencia la poca experiencia de la empresa y la supuesta falsificación de documentos de varios de los integrantes del equipo de trabajo, con el fin de acreditar recorrido en la ejecución de obras.

Seguimiento

En junio de 2016 se firmó el contrato para las mejoras locativas del Hospital Luis Ablanque de la Plata. El 2 de octubre de 2017, el alcalde Eliécer Arboleda Torres inauguró las obras de remodelación. Esa misma noche llovió en el lugar y la cubierta, que estaba recién instalada, se derrumbó. Esta obra fue reparada y el 21 de marzo de este año volvió a precipitarse.

Según la hipótesis investigativa de la Fiscalía, el contrato suscrito con la mencionada Unión Temporal no habría cumplido con los requisitos legales. Esto también habría ocurrido con el contrato de interventoría firmado el 29 de junio de 2016 por el alcalde de Buenaventura con la empresa INGCSE-A LTDA., representada legalmente por Orlando Ocoró González, por valor de cuatrocientos sesenta y cuatro millones de pesos ($464.000.000).

Los procesados son:

Eliécer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura

Luis Fernando Ramos Carabalí, secretario de gobierno

Juan Carlos González Cortez, secretario de infraestructura Vial

Félix Riascos Brome, secretario de salud

Jorge Omar Riascos Hurtado, jefe asesor oficina jurídica

Carolina Moreno Caicedo, representante legal de MC. Asociados

Orlando Ocoró González, representante legal de INGCSE-A LTDA firma interventora

Karina Moreno Caicedo, representante legal de INGEMEDI S.A.S.

Víctor Gabriel Parra Jurado. Miembro de la Unión Temporal MC. Asociados.

Harry Mosquera

MAP/JARG

ACEPTARON PARTICIPACIÓN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Aceptado preacuerdo entre la Fiscalía y procesados por defraudación en programas de atención a adultos mayores en Pereira

El Juzgado 5° Penal del Circuito de Pereira (Risaralda) avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y los defensores del exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira para el año 2016, Jhon Jairo Lemus y de otras cinco personas investigadas por irregularidades presentadas en la adjudicación de cuatro contratos por $700’000.000, que tenían como objeto la atención de los adultos mayores.

Los procesados aceptaron su participación en delitos contra la administración pública, y en ese sentido, recibirán diferentes condenas de acuerdo con el tipo de participación que tuvieron.

Así, Jhon Jairo Lemus será sentenciado a 60 meses de prisión (5 años); Diana Carolina Sánchez Lema, exsecretaria de Población Vulnerable, cumplirá 73 meses (6 años); Alejandro Ospina Coll, funcionario de la Alcaldía de Pereira para el momento de la captura, sería condenado a 48 meses (4 años); mientras que Libardo López Guerrero, representante de la Fundación Fundacol, recibiría 57 meses y 15 días de prisión.

Otros procesados como Diana Inés García Benítez, interviniente; y  Carlos Alberto Valencia, representante de la Fundación Jóvenes del Presente, se les impondrán sentencias de 48 meses y 39 meses, respectivamente.

Fiscalía imputó 5 delitos a exalcaldesa de Armenia por presuntas irregularidades en la contratación de obras de valorización

La Fiscalía imputó cargos por los delitos de peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos en calidad de autora, a la exalcaldesa de Armenia (Quindío), Luz Piedad Valencia Franco, por la presunta apropiación de $12.000’000.000 de cobros de valorización y supuestas anomalías en la contratación de obras para la ciudad.

  

La exfuncionaria fue detenida el 6 de abril del presente año, junto a otras seis personas, entre ellas su esposo Francisco Javier Valencia, a quienes la Fiscalía también les formula cargos por diferentes conductas como peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

Las anomalías detectadas habrían iniciado en 2014, cuando la hoy imputada presentó al Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización por $100.000’000.000.

Los proyectos previstos le fueron confiados en abril y mayo del 2015, a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua), para que seleccionara a los contratistas de las obras, los diseñadores e interventores. El 21 de julio de ese mismo año, sin que se hubiera efectuado el recaudo de la valorización, se celebró el primer contrato de obra por $30.000’000.000 para la construcción de cuatro vías. De estas obras a la fecha se han concluido tres. 

El 23 de diciembre de 2015, una semana antes de vencerse el período de la administración local, se celebró el segundo contrato por valor de $80.000’000.000 para la construcción de seis obras de infraestructura urbana; de las mismas, se suprimieron tres obras entre 2016-2017 y las tres restantes tienen un porcentaje de ejecución promedio inferior al diez por ciento (10%). Los dineros de este segundo contrato sirvieron, según las evidencias obtenidas por la Fiscalía, para terminar las tres obras del primer contrato.

Igualmente, se pudo detectar que las interventorías y los diseños fueron adjudicados a empresas vinculadas al mismo contratista, el señor Fernando León Diez Cardona. Esos diseños que deberían ser previos, habrían sido contratados con posterioridad y contrario a los parámetros legales.

Fiscalía acusa al exmagistrado Francisco Ricaurte por presuntos hechos de corrupción en la justicia

La audiencia preparatoria de juicio será el 17 y 18 de mayo del presente año.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante el Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bogotá, al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial, y deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.  

El escrito señala al exfuncionario de conformar una organización criminal en la que estarían involucrados el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el abogado Leonardo Pinilla Gómez y otros juristas; asimismo, lo vincula a seis eventos en los que se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.

Al justificar su petición, el fiscal delegado advirtió que Ricaurte Gómez, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.

Hechos delictivos

1.       Caso excongresista Ashton Giraldo

Contra el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, la Corte Suprema adelanta varias investigaciones, una de ellas por presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas en Atlántico. La indagación preliminar por este caso inició el 10 de octubre de 2012, y el defensor para esa época era el abogado Luis Ignacio Lyons España. En 2013, el proceso quedó en manos del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar, el doctor José Reyes.

Para la Fiscalía, el señor Ashton se habría comunicado directamente con Francisco Ricaurte. Juntos se reunieron días después en el Consejo Superior de la Judicatura, el Congreso de la Republica y en su apartamento, con el único propósito de impedir que fuera abierta oficialmente la investigación y evitar una inminente captura. Para lograr esa intermediación presuntamente acordaron el pago de $1.200’000.000.

Agregó el fiscal que: “…como consecuencia, cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.

Procuraduría formula pliego de cargos a Oneida Pinto y tres exfuncionarios de la Gobernación de La Guajira

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, y tres exfuncionarios, por presuntas irregularidades en contratación.El órgano de control también endilgó cargos a Bely Géneco en su condición de secretaria de Educación; a Gilbert Meza Cerchar, director operativo, y a Gerardo Cujia Mendoza, profesional universitario de la administración departamental para la época de los hechos.

La Segunda Delegada para la Contratación estatal investiga la existencia de una posible falta disciplinaria de los exfuncionarios por su participación de la Licitación Pública 033 de 2015, al parecer, con desconocimiento de los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que dicho proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas a la experiencia y la capacidad financiera.

El órgano de control reprochó que la posible restricción probablemente ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la entidad no tuvo la oportunidad de realizar una comparación de ofertas y elegir la más favorable.

Capturados funcionarios de Secretaría de Tránsito de Tunja por presunta corrupción en trámites de comparendos

FGN.- Con la captura de tres servidores de la Secretaría de Tránsito de Tunja (Boyacá) y dos particulares, el CTI de la Fiscalía desvertebró una red delincuencial que se dedicaba a solicitar prebendas a conductores en estado de alicoramiento a cambio de no presentar el respectivo comparendo o la inmovilización del automotor.

  Este operativo se efectuó luego de las denuncias de varios ciudadanos contra agentes de tránsito municipal adscritos a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Tunja, por los hechos antes mencionados.

En la investigación desarrollada desde el año 2011, también se determinó que los capturados presuntamente solicitaban dinero cuando evidenciaban que los motores de los vehículos tenían algún defecto o vicio de legalidad para su circulación.

Los investigadores del CTI de Boyacá establecieron que el modo de operación de la red que delinquía en el perímetro urbano de Tunja, era llevar los vehículos retenidos por grúas a un parqueadero reconocido de la capital boyacense. Allí se obligaba al propietario o conductor para que entregara dinero a cambio de no realizar el comparendo por la infracción cometida y devolverles su automotor.

 Cuando el ciudadano accedía parcialmente al pago, se presentaban dos situaciones: se les realizaba un comparendo por una infracción menor o si se accedía a la cantidad requerida se le cobraba únicamente el servicio de parqueadero y de grúa.

Los tres funcionarios y los dos particulares son presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización del allanamiento y  captura, así como imputación de cargos y solicitud de medida.

MRB/DLBM

Libertad de Prensa en Colombia: “Uribe pone en riesgo a periodista”

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que Álvaro Uribe "estigmatizó" al periodista Julián Martínez, llamándolo "proFARC", por informar sobre presunto uso de dinero público para expandir su finca familiar.

Las acusaciones del expresidente senador se produjeron luego de que Martínez publicara un reportaje en el que informaba que entre los años 2008 y 2010 Uribe destinó recursos del Estado para sus propiedades, recordó la FLIP.

"Las estigmatizaciones del senador sitúan al periodista en una situación de riesgo infundado que puede desencadenar ataques de mayor gravedad. Este señalamiento, sobre el cual Uribe no presenta pruebas, supone que el reportero pertenece o simpatiza con un grupo armado. Algunos podrían interpretar esto como un aval para agredir al periodista", subraya la denuncia de la fundación.

FLIP insta a Uribe a "respetar libertad de información”

'Corrupción con dineros de la salud debe elevarse a delito de lesa humanidad'

Senador. Edinson Delgado

Prensa s. Edinson Delgado.- Un contundente llamado a endurecer las sanciones contra los responsables de delitos de corrupción con dineros de la salud en Colombia hizo este jueves el presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República, el congresista Édinson Delgado Ruiz, durante una audiencia pública en la que se discutió la responsabilidad de las EPS en el fracaso del actual modelo de salud en el país.

“Estoy planteando que se eleven a delitos de lesa humanidad todos los actos de corrupción que involucren los dineros de la salud en Colombia. Pese a los limitados recursos con que cuenta el país para la atención de la población, que es apenas el 6,2% del Producto Interno Bruto y que para este año se han presupuestado $3,3 billones, abundan las denuncias por casos de malversación, pérdida de recursos y deterioro, etc. de ese presupuesto; lo que hemos dicho es que hay que ponerle coto a esto y enviarle otra señal a la sociedad colombiana, al tiempo que se hacen los reajustes para para garantizar el funcionamiento del sistema”, dijo el Senador Delgado Ruiz.

El congresista liberal exhortó a las autoridades judiciales a “emitir sentencias rápidas, claras y contundentes para que la sociedad, y sobre todo los corruptos, sientan y sepan que hay una justicia operante.

 Por eso estoy hablando de elevar al nivel de lesa humanidad el delito y eso definitivamente envía una señal a todos esos carteles que se mueven tras el manejo de los medicamentos; también ese conjunto de actores conformado por usuarios, personal médico y farmacéuticas que integran estas organizaciones que se están apropiando de manera irregular de los dineros de la salud en Colombia”.

Sobre la propuesta de liquidar las EPS, el senador Delgado aseguró que vienen trabajando en audiencias como la de este jueves para “recoger todas las recomendaciones de diversos sectores que permitan aportar y fortalecer el proyecto que será presentado el próximo 20 de julio sobre el modelo sostenible de salud que requiere el país.

Finalmente, el senador Delgado Ruiz hizo un llamado a fortalecer los hospitales públicos, entidades fundamentales para garantizar la atención en salud al 80% de la población que no cuenta con los recursos para acceder a un servicio prepagado de salud.

Las mentiras oficiales y los medios de comunicación en Colombia

razonpublica-Sandra Morelli*.- Así muchos se precien de nuestra libertad de prensa, el control económico de los conglomerados, la burocratización de los periodistas, la contratación con el Estado y la manipulación de los gobiernos hacen que los colombianos ya no creamos en los medios.

Este no es un paraíso

razonpublica-Sandra Morelli*.-  El año pasado se nos dijo que Colombia era el país más feliz del mundo, y en la medición del Indice para este 2017 resultamos ser el segundo país más feliz del planeta (después de Fiyi, la isla idílica del Océano Pacífico).

Yo no pongo en duda el rigor científico de esos estudios, pero sí creo que su difusión a través de los medios más parecía propaganda política del régimen, que realidad del país donde vivimos.

Es que en Colombia se les arroja ácido a las mujeres, los niños en la Guajira mueren por hambre, el desempleo es altísimo, la violencia intrafamiliar es una práctica ordinaria, el número de muertes violentas y por accidentes viales es igualmente alto, los servicios públicos son muy deficientes, los impuestos superaron los límites de la razón, el cultivo de la coca y el consumo de drogas se han disparado, la inseguridad aumenta en muchas ciudades, los concejales de la Capital escupen en lugar de argumentar, la industria está deprimida, la administración pública es ineficiente, la corrupción es omnívora, los servicios de salud son precarios, el transporte masivo colapsó...

Los periodistas se burocratizaron bajo el convencimiento -auténtico, ingenuo o complaciente- de que su independenciase mantendría incólume.

Aunque también hay muchas cosas buenas y otras que están mejorando, puede decirse sin duda que la situación de Colombia no es la mejor. Y en todo caso decir que objetivamente la situación no es la mejor puede contener al menos tantas falsedades como las que día a día intentan embutirnos los medios de comunicación y los informes producidos por autoridades públicas.

Perpetuar y retroalimentar la versión del país feliz no ayuda a resolver nuestros problemas. Pero además ofende la razón y el sentido común, cuando no raya con conductas delictivas como la falsificación de los balances de la Nación, o el mantener sistemáticamente una estrategia comunicativa donde los hechos aparecen minimizado o maximizados, según la conveniencia del momento.

La verdad es tan vulnerable e indefensa que a veces se duda de su existencia misma. Para efectos de este artículo baste pues con aceptar que la verdad es la información sobre los acaecimientos o situaciones y sus condiciones de modo, tiempo y lugar sin ninguna opinión de los agentes transmisores de la información, y sin omitir, minimizar o maximizar lo que han captado sus sentidos y su inteligencia.

Hasta aquí una verdad de Perogrullo. Pero detenerse en esta realidad ayuda a comprender mejor lo que sucede con las instituciones de Colombia. 

Uso de los medios de comunicación
con fines públicos.  
Foto: Presidencia de la República

Derecho fundamental

La libertad de prensa es una de las grandes conquistas del Estado liberal. Su relevancia es tal que miles de seres humanos han muerto por hacer efectivo este derecho, cuya garantía constitucional presenta una doble dimensión: el derecho a informar y el derecho a ser informado.

¿Información acerca de qué? Pues del manejo de la cosa pública. De los asuntos que a todos nos conciernen y que se financian con nuestros impuestos, porque se trata de bienes públicos que existen para mejorar nuestra calidad de vida en sociedad.

La libertad de prensa es tan importante en un régimen democrático, donde el poder directa o indirectamente lo detenta el pueblo, que quien se dedica a esta noble función goza de un fuero especial. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recita: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

El Partido de la U y sus políticos impresentables.

 Escrito por Javier Duque

Creado para sumar votos y para ser el vehículo de Uribe, este partido acabó siendo el vehículo de Santos y sumando investigaciones y destituciones por cuenta de sus múltiples casos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Javier Duque Daza*

Partido de reciclaje

El Partido Social de Unidad (PSUN) o Partido de la U surgió en 2005 en medio de la descomposición del bipartidismo y bajo el  marco de la reforma política a la Constitución de 1991 que había sido aprobada dos años antes (Acto legislativo 01 de 2003).

El PSUN nació como una agregación de políticos de diversa procedencia:

• Exdirigentes liberales (entre ellos Juan Manuel Santos, Rafael Pardo —quien luego regresaría al liberalismo—, Armando Benedetti, Juan Lozano, Luis Guillermo Vélez, Carlos García Orjuela, Aurelio Iragorri, Zulema Jattin Corrales, José David Name y Piedad Zuccardi);
• De Cambio Radical (Roy Barreras);
• De algunos pequeños partidos regionales como Sí Colombia (Mauricio Pimiento Barrera), el Partido Nacional Cristiano (Claudia Rodríguez) y Convergencia Popular Cívica (de la que provenía Óscar Iván Zuluaga),
• y por algunos pocos integrantes del Partido Conservador (Marta Lucía Ramírez —quien después se retiró—).

Este partido se proponía ser el vehículo de Álvaro Uribe y servir de “paraguas” para estos políticos que según la reforma necesitaban evitar la doble militancia y reunir los votos suficientes para pasar el umbral, sin tener renunciar a sus intereses personales y regionales.

Como fue creado un año antes de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2006, su interés central fue agregar votos y por ello se aplicaron laxas condiciones de entrada. El resultado fue ese reciclaje de políticos de procedencias muy diversas, muchos de ellos con vínculos criminales.

El Partido de la U también se vio involucrado con los grupos paramilitares.

En las elecciones de 2006 el PSUN obtuvo la segunda mayor representación en el Congreso (49 de los 267 congresistas), después del Partido Liberal, y respaldó tanto la controvertida reforma constitucional que autorizó ese segundo período como la campaña electoral del candidato-presidente. En 2010 el Partido sirvió para respaldar —junto con otros partidos— a Juan Manuel Santos y en ese año logró la primera bancada en el Congreso (76 curules).

Pero después vino la escisión de la escisión: la ruptura entre Uribe y Santos, la creación del Centro Democrático (CD), la reelección de Santos, un nuevo reparto de fuerzas políticas y la polarización del país. En 2014 disminuyó la representación del Partido en el Congreso (a 58 curules), mientras que el CD obtuvo la cuarta mayor bancada (39 curules).

Política y crimen

Corrupción en la política colombiana. 

Foto: Urna de Cristal

El Partido de la U también se vio involucrado con los grupos paramilitares, aunque no en la misma proporción que Cambio Radical o partidos efímeros como Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, el Movimiento Popular de Unidad y el Movimiento de Integración Popular.

Ocho de los congresistas de la U pasaron de las curules a la Picota: cuatro de los que habían sido elegidos en 2002 fueron condenados (Mauricio Pimiento Barrera, Zulema Jattin, Jairo Enrique Merlano y Miguel Ángel Rangel) igual que otros cuatro elegidos o reelegidos en 2006 (Odín Horacio Sánchez, Marco Alirio Cortés y Fuad Emilio Rapag —Jorge Visbal Martelo está siendo investigado—). Asimismo, decenas de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados elegidos con su aval fueron condenados por nexos criminales.

El ejemplo de Dilian Francisca Toro muestra cómo este partido no repara en la procedencia de sus dirigentes o de sus electores. Esta exsenadora renunció a su curul en 2013 cuando era investigada por lavado de activos (por la presunta compra de propiedades a un narcotraficante) y se le aplicó la reforma política de 2009 que adoptó la figura de la silla vacía. Esta renuncia no fue obstáculo para que el Partido avalara su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca en 2015.

Políticos impresentables

Además de los involucrados en la parapolítica, el Partido de la U ha acogido y avalado a decenas de candidatos que tuvieron éxito en las elecciones pero al poco tiempo fueron sancionados, destituidos y/o condenados. Dentro de este grupo hay alcaldes destituidos por celebración indebida de contratos; concejales vinculados con paramilitares; gobernadores en líos por corrupción y vínculos con paramilitares; ex congresistas que perdieron su investidura por tráfico de influencias; y hasta homicidas. Además del caso de Dilian Francisca Toro, hay otros tres muy ilustrativos.

• El del suspendido alcalde de Moñitos, Córdoba, José Félix Martínez, quien fue avalado, elegido y se posesionó aunque estaba detenido en La Picota acusado de tener nexos con el jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”.
• El alcalde de Puerto Gaitán (Meta), Edgar Humberto Silva, quien fue sancionado por violar los topes electorales en la campaña de 2011. Por este motivo se le pidió al Tribunal Administrativo del Meta que solicite la pérdida del cargo. El Consejo Nacional Electoral, que suele ser inoperante, en este caso aplicó una norma que se viola con mucha frecuencia y prohibió que el Partido de la U inscribiera candidato para las elecciones de 2015.
• El gobernador de La Guajira Wilmer González (antecedido de otros tres mandatarios elegidos en menos de cuatro años), fue acusado de los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción del votante y fraude procesal durante su campaña.

En las elecciones de 2015 la Procuraduría publicó un listado de inhabilitados, y el Partido de la U tenía 103 de sus avalados en esta situación, desde aspirantes a ediles a las Juntas Administradoras Locales hasta postulados a las Gobernaciones. La lista siguiente ilustra el panorama:

Casos de candidatos elegidos por el Partido Social de Unidad Nacional destituidos y/o condenados

Político	Cargo y año de elección	Situación
Doris Acero de Vera	Alcalde de Guaduas, Tolima, 2011.	Condenada por celebración indebida de contratos.
Harold Wilson Chamorro	Concejal de Algarrobo, Magdalena.	Participó en el Pacto de Chivolo con grupos paramilitares.
Julio César Vélez	Concejal de Cúcuta, 2007 y 2011.	Condenado por el asesinato de su esposa.
Hugo Edulfo Maestre	Concejal de Plato, Magdalena.	Condenado por paramilitarismo.
William Villamizar	Gobernador de Norte de Santander 2008-2011.	Sanción fiscal por la Contraloría. En la Procuraduría tiene 12 investigaciones por  contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Jorge Humberto Tascón	Alcalde de Yotoco, Valle del Cauca, 2007.	Elegido mediante fraude electoral, se mantuvo dos años en el cargo.
Iván Vargas Silva	Gobernador del Guainía 2007.	Condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción del elector porque ganó las elecciones comprando el voto de indígenas.
Patrocinio Sánchez Montes de Occa	Gobernador del Chocó 2007.	Condenado por peculado culposo y destituido en 2010.
Odín Sánchez Montes de Occa	Representante a la Cámara, 2006.	Condenado por sus vínculos con grupos paramilitares.
Óscar Raúl Iván Flórez	Gobernador de Casanare, 2007	Acumuló sanciones diversas y dos destituciones, con más de 25 años de inhabilidad acumulada.
Juan Manuel González Torres	Gobernador del Meta en elecciones atípicas, 2006.	Tiene varias investigaciones en la Procuraduría y una sanción en un juicio fiscal por parte de la Contraloría  por el manejo de recursos de regalías.
Adolfo Raad Hernández	Concejal de Cartagena, 2007.	Destituido por las irregularidades como presidente del Concejo de la ciudad (2003-2004); pagó indemnizaciones ilegales a empleados del Concejo.
Eduardo Carlos Merlano	Senador, 2010.	Destituido e inhabilitado por la Procuraduría por influencia indebida para evitar que se le inhabilitara su vehículo por conducir ebrio.
Edgar Humberto Silva	Alcalde de Puerto Gaitán, Meta, 2011.	Destituido por violar topes de financiación en la campaña.
José Felix Martínez	Alcalde de Moñitos, Córdoba, 2011	Fue elegido aunque estaba detenido en la Picota por sus nexos con grupos paramilitares que lo ayudaron a elegir en 2004.
Henry Armando Suárez	Alcalde de Santana, Boyacá, 2011.	Se posesionó a pesar de estar inhabilitado por una sanción de la Procuraduría por estafa.
Juan Carlos Giraldo	Alcalde de Calarcá, Quindío, 2011.	Destituido por la Procuraduría por contratación sin cumplimiento de requisitos legales.
Lucero Cortés	Representante a la Cámara por Bogotá, 2010.	Condenada por la Corte Suprema de Justicia a cinco años de prisión por tráfico de influencias.
Raúl Emilio Casallas	Alcalde de Mosquera, Cundinamarca, 2015.	Destituido por falsificar su diploma de pregrado de la Universidad Santo Tomás.
Carlos Andrés López	Alcalde de Fresno, Tolima, 2015.	Destituido por el Tribunal Administrativo del Tolima  porque su hermana era la registradora departamental el año anterior a su candidatura.
Wilmer González B.	Gobernador de La Guajira, 2016	Detenido por fraude electoral. Acusado de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal durante su campaña a la Gobernación en noviembre del año pasado.
Fuente. Elaboración del autor sobre la base de: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia Única juzgamiento 31.560, marzo 24 de 2010, caso Patrocinio Sánchez Montes de Occa; Procuraduría General de la Nación, Fallo Segunda Instancia, caso Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, junio 17 de 2011, radicado D- 2009-643-180014, también para este caso Procuraduría General de la Nación, Boletín 392 abril de 2011; Caso Juan Manuel González, Procuraduría General de la Nación, Boletín No 219, abril 30 de 2009; Caso Iván Vargas Silva: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 32.136, septiembre 21 de 2011; El Tiempo, septiembre 23 de 2008 “Procuraduría destituye al concejal de Cartagena Adolfo Raad Hernández”; Consejo Nacional Electoral, diciembre 16 de 2014, “Alcalde de Puerto Gaitán sancionado por violación de topes”.

Sancionar a medias

Exsenadora, miembro del partido de la U,
y actual Gobernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro, investigada por lavado de activos.

Foto: Gobernación Valle del Cauca

En el asunto de los avales el Partido de la U ha seguido la misma línea de conducta que la mayoría de los partidos, es decir, no cumple con la ley pues no evalúa antecedentes ni estudia en detalle a quienes le piden el aval. Esto se pone en evidencia en los casos mencionados y en la información sobre las elecciones de 2015 proporcionada por la Procuraduría.

El Partido de la U no evalúa antecedentes ni estudia en detalle a quienes le piden el aval.

Además, cuando empezaron a darse las sentencias condenatorias de políticos con nexos criminales el Partido se lavó las manos sin descuidar los votos: expulsó a los ocho congresistas condenados (también a gobernadores condenados o sancionados por corrupción), pero mantuvo algunos avales cuestionables:

• Jairo Merlano fue expulsado, pero en 2010 el Partido avaló la candidatura al Senado de su hijo Eduardo Carlos Merlano (quien después fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría)
• El Partido no se incomodó por mantener el electorado del controvertido “clan” de los Sánchez Montes de Occa en el Chocó.
• Avaló a Patrocinio Sánchez, quien ganó la Gobernación en 2007 y en 2010 fue condenado y destituido por peculado culposo.
• Avaló la candidatura en 2006 de Odín Sánchez, condenado por parapolítica,
• Mantuvo su respaldo a la candidatura de Astrid Sánchez, acusada de fraude en las elecciones, quien ingresó en 2012 como reemplazo permanente de Eduardo Carlos Merlano y es actualmente senadora (también investigada por vínculos con paramilitares). 

¿Otro partido en crisis?

Al igual que Cambio Radical, el Partido de la U enfrenta serias críticas por sus avales, sus nexos con la criminalidad y por la inacción del CNE frente a sus acciones. Sin embargo, ante algunas evidencias inocultables, ya ha sido objeto de sanciones sin precedentes.

Estos dos partidos fueron creados por agregación de dirigentes (la mayoría liberales), sin cohesión fuerte, sin control sobre la dirigencia regional y movidos por un afán puramente burocrático. Ambos tienen puertas de vaivén para que entre y salga quien quiera y sin controles para evitar los vínculos de muchos dirigentes con la criminalidad.

En las próximas elecciones el Partido de la U corre el riesgo de seguir menguando su capital electoral y enfrentar una derrota que conduzca a la pérdida de la Presidencia y de sus escaños en el Congreso.

 * Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.