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Plenaria de senado aprobó reforma constitucional que regulariza cannabis de uso adulto

Plenaria de senado aprobó reforma constitucional que regulariza cannabis de uso adulto

Las mayorías del Senado de la República aprobaron en sesión plenaria el acto legislativo número 033 de 2022 Senado, 002 de 2022 Cámara, que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y regularizar en Colombia la venta del cannabis para uso adulto.

Es el cuarto de los ocho debates que debe completar la iniciativa para convertirse en norma constitucional.

Al presentar el proyecto ante el pleno de la corporación, su ponente, la senadora María José Pizarro Rodríguez, Pacto Histórico, sostuvo que, “en Colombia se han gastado alrededor de 16 mil millones de dólares en una guerra contra las drogas que no ha reducido el consumo, ni el acceso, ni la presencia de grupos criminales. La guerra contra las drogas no ha cumplido su objetivo, es momento de cambiar el enfoque y regularizar el consumo adulto".

Y agregó la congresista Pizarro Rodríguez, que el tabaco y el alcohol son sustancias legales que causan más daño que el cannabis, “en Colombia, fallecen más de 20 mil personas al año por enfermedades atribuibles al tabaquismo, y una de cada 20 muertes en el mundo está relacionada con el consumo de alcohol. La Corte Constitucional señaló en 1994 que el porte y consumo son acciones dentro del ámbito privado y no afectan los derechos de las demás personas”, precisó.

Por su parte, la senadora Karina Espinosa, Partido Liberal, sostuvo: "La droga destruye nuestro país y causa violencia, por lo que en vez de apostar por la regularización, tenemos que educar a nuestros niños para cambiar nuestra sociedad".

De otro lado, el senador Alirio Barrera, Centro Democrático, rechazó el proyecto y argumentó, “es triste ver al Congreso legalizar lo ilegal, lo que daña la juventud, lo que va a dañar al país. Cuál es el afán de llevar la sociedad a un vicio; una ilegalidad disfrazada de legalidad. Quieren convertir a Colombia en paraíso de drogas; vamos a ser el puerto cocalero más grande del mundo. Nos van a hacer ver como la súper chimba, lo único que faltó fue que trajeran una muestra”.

El autor del proyecto, representante Juan Carlos Losada Vargas, Partido Liberal, sostuvo que es histórico el avance que ha tenido esta reforma constitucional, “vamos a tener otros cuatro debates de marzo a junio de 2023, para que esta reforma constitucional se perfeccione, y de esa manera haya en Colombia un mercado legal del cannabis, en el que no sea ilegal venderlo y comprarlo. Hoy, los colombianos tienen derecho a portar cannabis, a cultivarlo, pero no tienen el derecho a cultivar y vender una sustancia que es legal en todos los otros aspectos”.

Precisó el congresista Losada Vargas, que el cannabis lo van a poder adquirir las personas que sean mayores de 18 años. Cabe anotar que la iniciativa contó con el apoyo del Partido Liberal, del Pacto Histórico, la Alianza Verde, un sector del Partido de la U, y también de Cambio Radical; pero no contó con los votos del conservatismo, ni del Centro Democrático.

¿Qué implica reconocer al campesino colombiano como sujeto de especial protección constitucional?

Colombia vive una revolución campesina. Y es que tras la asunción de Gustavo Petro como presidente, en agosto pasado, las piezas se han movido sistemáticamente para resarcir a un sector históricamente marginado y vulnerado: el campesinado colombiano.
Campesinos colombianos asisten al Congreso, en Bogotá, Colombia, el 5 de diciembre de 2022Twitter / @juanpabloszar

Orlando Rangel.- La semana siguiente a la toma de posesión de Petro, su Ejecutivo introdujo ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que pretende reconocer al campesino como sujeto de especial protección constitucional y, en consecuencia, garantizar su acceso a una vida digna en el campo.

"Que se sepa, que los campesinos llegaron al Congreso y van a defender los derechos de esta población", dijo en su momento el senador y presidente del Parlamento colombiano, Roy Barreras, quien agregó que la iniciativa es "un reto prioritario, porque beneficiará a más de seis millones de campesinos de Colombia".
La cuestión no quedó allí. A los pocos días, la Cámara de Representantes abrió la Comisión por el Campesinado Colombiano, para atender las demandas históricas de esa población y crear un marco jurídico sobre sus derechos.

En paralelo, más de 60 organizaciones campesinas entregaron un manifiesto a Petro con propuestas legislativas, políticas y económicas para la Reforma Agraria, su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo y la creación de la Dirección de Asuntos Campesinos en entidades del Estado.

Tras casi cuatro meses de gestiones, el proyecto radicado ante el Congreso por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, consiguió el lunes la cuarta aprobación,de los ocho debates necesarios, para reconocer al campesino como sujeto de protección constitucional especial.

¿Qué significa el reconocimiento?

"Este acto constitucional le impone al Estado el deber de garantizar de manera efectiva el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos a la población campesina", explicó López Montaño, quien estuvo presente en el cuarto debate legislativo y agradeció el avance del proyecto en el Senado.

La titular de Agricultura agregó que lo que está haciendo el Parlamento y el Ejecutivo "es aceptar por fin la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales".

López resaltó que Colombia está dando un paso más allá al incorporar los derechos campesinos al "bloque de la constitucionalidad", lo que implica que al ser parte del ordenamiento jurídico del país e incorporarse a la Constitución como ley, "se vuelve vinculante" y "el Estado está obligado a aplicar", por lo que deja de ser "una norma blanda".

El proyecto también busca dar a los trabajadores del campo el acceso progresivo a la tierra, así como garantizar sus derechos a la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, para mejorar su calidad de vida.

"La población campesina enfrenta graves falencias en la garantía de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios básicos y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado", comentó la ministra cuando se introdujo el proyecto al Congreso, en agosto pasado.

La iniciativa, además, aspira a proteger a las mujeres del campo, principales víctimas de "la violencia estructural y económica", que las somete a abusos por razones de género, como responsabilidades no remuneradas, restricciones educativas, de empleo, entre otras.

¿Por qué se hace la reforma?

El proyecto pretende modificar el artículo 64 de la Constitución y se considera necesario debido a la difícil situación que viven los campesinos colombianos, con niveles de pobreza multidimensional de 29,43 %, según el índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global) citado por el Ministerio de Agricultura.

Además, busca cambiar los niveles de concentración de la tierra, que según los datos actuales, 501 predios (0,01 %) concentran más del 44,52 % del área agropecuaria disponible; mientras el 48,5 % de los predios rurales tienen solo el 0,5 % de la tierra.

Otro punto es la educación, que muestra mayor rezago en el campesinado, pues en la mayoría de los departamentos, los campesinos alcanzan un máximo de ocho años de estudio, mientras que a nivel nacional la cifra está por encima de diez años.
Mientras el Parlamento hace las gestiones para lograr la reforma a la Constitución, así como crear una jurisdicción agraria y rural para resolver los conflictos por tenencia de tierra –acto legislativo que también avanza dentro del Congreso con cuatro debates aprobados–, el Gobierno se ha comprometido con el campesinado a realizar varias tareas para conseguir los cambios necesarios.

La importancia de los campesinos en Colombia es de tal magnitud que incluso el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron invitar al campesinado a participar en los diálogos de paz que adelantan en Venezuela.

¿Qué se está haciendo?

En la Convención Nacional de Campesinos realizada el fin de semana, la ministra López anunció cuatro compromisos que dirigirá desde el despacho de Agricultura para priorizar las demandas de ese sector.

El primer compromiso es sobre la implementación de la Reforma Rural Integral que deberá contar con el aporte de los campesinos, para que se construya de forma conjunta. Otro pacto es reconocer "la deuda histórica por el aporte del campesinado a la sociedad", que nunca ha sido compensado por el mercado.
Un tercer acuerdo es otorgar plenos derechos a los campesinos en la Constitución, con base en los términos de la declaración de la ONU de 2018, que es el trabajo que adelanta el Parlamento. Mientras que el cuarto compromiso es fortalecer y habilitar los mecanismos institucionales de participación, entre ellos la reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural.

Por su parte, Petro dijo en el encuentro con los campesinos, que Colombia requiere un movimiento nacional que sea capaz de soportar reformas fundamentales que necesita la sociedad, y que tiene como ejes "la tierra, el agua, la mujer, la democracia, la libertad, la paz, la producción de alimentos".
"Todos, temas que se relacionan unos con otros. No se puede hablar de paz sin hablar de la mujer campesina, como aquí bien lo han dicho. No se puede hablar de la mujer campesina sin hablar de la tierra o del agua o de la producción de alimentos. Que haya un sujeto, le dicen los sociólogos, un sujeto campesino en la vida política y social colombiana".

Para ello, agregó, se debe construir un Estado que sea capaz de ayudar al proceso de industrialización en la producción de alimentos, así como democratizar la tenencia de la tierra, que por años ha estado en manos de pocos.

Todo esto, dijo Petro, profundizaría la lucha contra el narcotráfico, que se aprovecha del "uso irracional de la tierra", mientras en paralelo se avanza hacia una "reforma agraria pacífica", que propone comprar los predios a precio comercial para evitar por procesos conflictivos como la estatización.

Proyecto que prohibe el Fracking pasa primera prueba en el Senado

La Comisión Quinta del Senado aprobó, en primer debate, la prohibición de una de las técnicas del Fracturamiento Hidráulico Multietapa (fracking) en el país. Pese a que es un avance, la decisión no brinda las herramientas necesarias para su prohibición y deja totalmente reducido el proyecto inicial que apoya, decididamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el gobierno en general.


“Este proyecto como fue aprobado no cumple la promesa de campaña del presidente, Gustavo Petro, que busca prohibir el fracking y los no convencionales”, aseguró la ministra, Susana Muhamad, durante el debate del proyecto.

La iniciativa legislativa inicial, que fue radicada en la primera semana del Gobierno del Cambio con el apoyo de más de 74 congresistas, incluye también la prohibición de la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales; la reformulación de la política de transición energética; la suscripción, adición u otorgación de contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para dichas explotaciones. Estas medidas no fueron avaladas anoche.

“Aquí hubo un referendo democrático frente al tema del Fracking. Esta es una discusión que las comunidades de las zonas donde se propuso hacer Fracking han dado desde los territorios y que se convirtió en mandato popular en las elecciones del 2022. Dejo total claridad: el proyecto no quiere prohibir exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos convencionales”, puntualizó Muhamad


Las acciones plasmadas en la iniciativa que apoya el Minambiente también son apoyadas por más de 174.000 colombianos, quienes a través de sus firmas, avalaron en el mes de septiembre el proyecto de ley inicial.

Asimismo, frente a las dudas en materia de afectación fiscal, la ministra Muhamad sostuvo que “no hay afectación fiscal porque hoy, no existe este tipo explotación. No se encuentra en los cálculos del marco fiscal de mediano plazo ninguna reserva para ingresos fiscales que venga de estas actividades, no afecta la proyección financiera del Estado colombiano. Además, reiteró que no se afectarían actividades de yacimientos convencionales”.

En ese sentido, trabajar por un país que haga una transición social, económica y ambiental para hacerle frente a la crisis climática y el fortalecimiento de la democracia ambiental, son algunas de las razones por las que el Minambiente insiste en apoyar la iniciativa sin las modificaciones aprobadas hoy.
Ahora, el proyecto de ley será debatido en la Plenaria del Senado de la República, donde se abriría la posibilidad de sumar nuevos artículos que permitan llevar el proyecto a su idea inicial que busca prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales.

Al respecto. se recuerda que ciudades como Fusagasugá en Cundinamarca (2018) mediante el mecanismo de la Consulta Popular han prohibido el fracking en sus territorios.

¿Qué es el Fracking?

El fracking es la técnica con la que se realiza la inyección, en más de tres etapas, de un fluido compuesto por agua, propante y aditivos químicos, con el objetivo de generar o inducir fracturas en las rocas de los yacimientos no convencionales para facilitar el flujo de la formación productora.

Luz verde a la Tributaria

El Gobierno del Cambio cuenta con su primera gran reforma aprobada: la Cámara de Representantes dio luz verde la conciliación final de la Reforma Tributaria que pasa a la próxima sanción del Presidente Gustavo Petro.
Foto: archivo, Presidencia de la República
El cálculo del Gobierno es el recaudo de $20 billones adicionales en 2023 y que aumentará hasta $23 billones, en 2026, con el fin de ser invertidos en las necesidades sociales del país, como los programas para enfrentar el hambre, y hacer inversiones en educación, salud, vivienda, y acueductos para los ciudadanos que hoy carecen de ellos, entre otras.

“Esta reforma hace un gran avance en los programas del Presidente Gustavo Petro. Representa, en primer lugar, una reforma tributaria progresiva; las personas de más altos ingresos pagarán más; lo mismo a través de renta y patrimonio”, declaró el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo Gaviria.

Explicó, en conferencia de prensa, que las empresas simplificarán el régimen de beneficios tributarios, eliminando algunos que generaban inequidades entre sectores productivos, pero al mismo tiempo manteniendo los que tienen un efecto social, en cultura, ciencia y tecnología.

Punto central que se mantiene en la reforma aprobada es la contribución especial y temporal a los sectores del petróleo y carbón, que, dijo el Ministro Ocampo, “permite utilizar parte de sus ingresos extraordinarios por los precios altos a nivel internacional, para financiar el gasto social”.

El sector minero-energético será el aportante mayoritario de recursos. Se impuso una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y carbón, que equivale al 10% en el primer año; 7,5% en el segundo y 5% en el tercero. Además, no podrán deducir las regalías de su impuesto de renta.

Agregó que otra norma aprobada en la reforma es el establecimiento de un régimen tributario para las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y que tendrá un efecto mínimo sobre el costo de vida. “Lo hemos estimado en 0,27% el año entrante, además (entrará en vigencia) desde el primero de noviembre de 2023, esperando a que baje la inflación de manera significativa y con unos efectos de salud a largo plazo”, afirmó.

Los alimentos ultraprocesados tendrán un tributo del 10% a partir de 2023 y se incrementa hasta el 20%, para 2025. El pan, lácteos, el salchichón, arequipe y obleas quedaron excluidos de este gravamen.

“Esperamos que, además, se cambien patrones de consumo y que las empresas que fabrican estos productos empiecen a hacer otros más saludables”, apuntó.

Destacó la imposición de impuestos ambientales para los plásticos de un solo uso y al carbono. Y se aprobó una sobretasa de 3 puntos a las hidroeléctricas y de 5 puntos al sistema financiero.

Otras medidas de la reforma

Ocampo Gaviria detalló que el cambio central al régimen de zonas francas busca promover las exportaciones del país para ir sustituyendo al petróleo como el principal sector de exportación.

El Ministro resaltó la importancia de las normas aprobadas para combatir la evasión tributaria porque es uno de los grandes males del sistema en Colombia. “Es una de sus injusticias evidentes, ya que los que pagamos impuestos sentimos que somos tratados injustamente por aquellos que los evaden”, afirmó.

Habrá cárcel para los evasores de impuestos y se redujo el tope de $ 5 mil a $1 mil millones.
Reiteró que una persona que gane menos de $13 millones mensuales, es decir el 98% de las personas de Colombia, no tendrán efecto alguno en renta ni en patrimonio.
El impuesto al patrimonio será progresivo y por cuatro años. Las tarifas marginales serán a partir de 0,5% para los patrimonios de más de $3.000 millones; 1% para los de más de $5.000 millones y del 1,5% para los de más de $10.000 millones.

Confirmó que se aprobó la exención de $500 millones para la vivienda individual de quienes deban tributar patrimonio.

En cuanto a ganancias ocasionales y herencias, la tarifa se fijó en 15% y quien se gane la lotería tributará el 20%.

Para las zonas francas se determinó que deben establecer con progresividad un plan para incrementar las exportaciones y así mantener los beneficios tributarios que gozan.

No a tasa diferencial de renta para Mipymes

El Ministro Ocampo reiteró que el Gobierno trabajó en conjunto con las bancadas del Congreso para impulsar la reforma al régimen SIMPLE de tributación, que irá en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa del país, y fomentará la formalización tributaria de este sector los próximos años.

Confirmó que el Gobierno del Cambio consideró como improcedente la propuesta legislativa de crear una tasa diferencial en el impuesto de renta para este sector porque esas tarifas diferenciales son muy difíciles de manejar e, incluso, promueven normas de evasión.

“Por ejemplo, una empresa mediana se divide en varias empresas, a su vez, para utilizar la tasa más baja”, concluyó el Ministro Ocampo.

Seguridad Alimentaria a rango constitucional, pasa primera vuelta en senado

La plenaria del Senado de la República aprobó con 80 votos por el sí y 0 en contra, el proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 65 de la Carta Fundamental, para que se logre la soberanía alimentaria y la capacidad adquisitiva, que permitan acceder a una alimentación digna y adecuada a la población colombiana.


En la sesión plenaria, donde el presidente del Congreso, Roy Barreras, dio la bienvenida a la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, después de su incapacidad por problemas de salud, se inició el debate, sobre el entendido que los congresistas no se opusieron a la propuesta, pero sí consideraron necesario aclarar varios aspectos en su articulado.

Concepto de seguridad y soberanía de alimentos

El senador Humberto de la Calle Lombana, Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, uno de los protagonistas de la constituyente del 91, expresó contundente: “Votaré positivamente, en el entendido que por soberanía alimentaria se conciba lo que se dictaminó en la Cumbre Mundial sobre la alimentación de la FAO en 1996; porque hay otra concepción de soberanía, que es la autarquía alimentaria, la tesis de que un país tiene que producir la totalidad de sus alimentos”.

A nombre del Partido MIRA, el senador Carlos Eduardo Guevara Villabón fue enfático al señalar, que se debe reducir la pérdida de alimentos que está alrededor de los 6 millones de toneladas, y que se debe potencializar el banco de alimentos.

En el mismo sentido, el senador Wilson Arias, Pacto Histórico, expresó que se adhiere a la proposición con que termina el informe de ponencia, que garantiza constitucionalmente ese derecho fundamental a la alimentación, y no solo bajo el enfoque productivo, “me adhiero al proyecto”, puntualizó.

Por su parte, la senadora indígena Aída Quilcué, fue clara en advertir que se debe revisar el articulado para que se tenga en cuenta el enfoque diferencial por la cultura que representan, ya que la producción alimentaria es distinta en esas comunidades.

De otro lado, la senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, pidió que se adicione lo del tema del libre comercio: “Se debe dejar claro, para que no vengan tutelas por importación de alimentos, porque puede dar lugar a cualquier tipo de demandas, que cualquier importación de alimentos se vuelve inconstitucional; generaríamos graves tropiezos en Acuerdos y Tratados internacionales”, ratificó.

A su vez, la senadora Gloria Inés Flórez Schneider, Pacto Histórico, argumentó que apoyaba y votaba la reforma, bajo la premisa que la soberanía alimentaria debe ser la capacidad de producir y proteger las semillas nativas; es decir, producir sus propios alimentos y no depender de las trasnacionales de alimentos.

Reforma tributaria del Gobierno Nacional aspira recaudar $ 25 billones adicionales en 2023 y aumentar a $ 50 billones con normas antievasión y eliminación de exenciones

Ministerio de Hacienda.- La financiación de los programas sociales del Gobierno es el objetivo central del proyecto de reforma tributaria, que fue radicado este lunes ante el Congreso de la República, y con el que se aspira a recaudar $ 25 billones, en 2023, y aumentar a $ 50 billones, en forma gradual, con la eliminación de exenciones y con medidas contra la evasión.

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó en rueda de prensa, el articulado de la iniciativa, denominada “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”.


“El Estado colombiano tiene una deuda social histórica. Los niveles de pobreza y desigualdad han sido altos y persistentes. El hambre se ha convertido en un aspecto que resalta en medio de la tragedia social que viven millones de colombianos. No hay justicia social cuando esto ocurre, y menos cuando simultáneamente existen privilegios, gabelas tributarias injustificadas y mecanismos que facilitan la evasión y la elusión de las obligaciones fiscales”, dice la exposición de motivos del proyecto.


Las propuestas centrales de la iniciativa de ley se centran en limitar los beneficios tributarios a personas naturales con más de $ 10 millones de ingresos mensuales, que representan tan solo el 2 % de la población colombiana.

En cuanto a los llamados profesionales independientes que ganan más de los $ 10 millones mensuales, el Ministro Ocampo afirmó que otro de los objetivos de la propuesta y del Gobierno es fortalecer los sistemas informáticos de la DIAN “para poder detectar a más personas y frenar la evasión”.

“Lo que se busca es que estos independientes declaren sus rentas como cualquier asalariado. Los asalariados no tenemos forma de evadir nuestra renta. Hay historias de muchos médicos que no facturan; ahora deberán”, declaró.

Reiteró que se aplicarán mayores controles a la evasión y elusión de impuestos y su aplicación en forma gradual son las que permitirán aumentar el recaudo de $ 25 a $ 50 billones.

“Esta reforma reduce parte de la deuda histórica del Estado con la población colombiana, al incrementar progresivamente la tarifa efectiva de tributación de las personas de mayores ingresos. Lo anterior se da como resultado de la unificación de las rentas líquidas gravables en una única tarifa y la disminución de los topes nominales de rentas exentas y deducciones”, indica el articulado.

Impuestos a bebidas azucaradas y medidas para minero-energéticos

El Ministro Ocampo explicó que otros de los apartes centrales del proyecto de reforma tributaria son los de la salud y el medio ambiente.

Por eso, se impondrá impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que en sus etiquetas adviertan sobre riesgos para la salud.

“La base gravable del impuesto correspondería al contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (ml), mientras que la tarifa se define a partir de tres categorías asociadas a la cantidad de azúcar incorporada en cada una de las bebidas. Esta diferenciación tarifaria contribuye a promover la reducción del consumo de los productos con mayor contenido de azúcar, al tiempo que incentiva a la oferta a reformular el contenido de azúcar que tienen los bienes producidos”, reseña el articulado.

En cuanto a los alimentos ultraprocesados y con azúcares añadidos, “el impuesto corresponderá a un tributo con una tarifa del 10 % sobre el precio de venta del bien, el cual será recaudado por el productor en la entrega en fábrica o en planta para su distribución, y posterior venta”.

En el campo ambiental, se impondrá un impuesto a los plásticos de un solo uso, como complemento de otras normas regulatorias, de acuerdo con la tendencia internacional al respecto, y se amplía la base al impuesto al carbono.

“Este será de 0,00005 UVT (Unidad de Valor Tributario) por cada (1) gramo del envase a los plásticos de un solo uso, el cual grava la venta e importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por única vez”, dice el texto del articulado.

También, habrá tributo para las plataformas digitales. “Pasado cierto nivel de ventas se considera que están establecidas en el país, y que paguen impuesto de renta como las empresas que están en Colombia”, afirmó.

Explicó que un bloque de reformas importantes se propone para algunos sectores mineros, especialmente para petróleo, carbón y oro, que se exportan y que reciben beneficios por “altísimos precios internacionales”.

“Proponemos impuesto a la exportación de esos productos; hay un precio base, que permite la producción estable de ese producto, y al diferencial entre el precio de mercado y ese precio base, se le quita el 10 % para financiar el gasto social”, agregó.

El monto propuesto será del 4,6 % del valor de las exportaciones petroleras; 7,6 %, para el carbón; y 7,8 % para el oro. Esta iniciativa es una tendencia internacional y recordó que Reino Unido acaba de imponer un 25 % adicional de impuesto a las empresas petroleras que están aprovechando la bonanza actual de precios mundiales.

Regalías y Zonas Francas

Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo
Foto:PresidenciaColombia.
El Ministro Ocampo detalló que el proyecto de reforma tributaria también establecerá que las regalías no son deducibles ni descontables como gasto del impuesto de renta. “Las regalías son, si se quiere, cuando el Estado le da recursos a una empresa; el recurso es del Estado, es de la Nación; estas empresas compran un recurso del Estado, por tanto, no es un costo de producción, es la compra de un activo que es del Estado”, aclaró.

Otra medida planteada es el plazo de un año para que las Zonas Francas presenten un plan de internacionalización, con la meta de exportar del 40 %, inicial, al 70 %.

“Las Zonas Francas son para exportar; los beneficios tributarios son para que exporten, no para que vendan en el mercado interno. (La idea) tiene mucha resistencia en ese sector, pero no; el objetivo de las Zonas Francas es exportar; así que exporten”, recalcó.

El Ministro agregó que el impacto social con esta reforma es realmente significativo. “Podremos reducir la pobreza extrema en cerca de 5 puntos porcentuales a través de gastos sociales con estos recursos a recoger, y los coeficientes GINI se reducen significativamente, por cuanto los sectores pudientes pagan más impuestos y esos recursos van a los sectores de bajos recursos. Este indicador mundial de desigualdad pasaría de 0,54 a 0,49, por primera vez en Colombia.

Complementó que los tres días sin IVA se eliminarán y confirmó que la regla fiscal se va a cumplir. “Es un compromiso del Gobierno y de quien les habla como Ministro de Hacienda”, concluyó.
(Fin/cfac)

Tribunal ordenó un nuevo listado de elegibles para Contralor

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Congreso de la República rehacer el listado de los 10 aspirantes al cargo de Contralor General de la República, la medida la adopta el Tribunal al acoger los argumentos de una demanda contra ese listado que argumentaba que el mismo no cumplía con diversos requisitos, entre ellos el de paridad de género y méritos de los aspirantes.


"La señora Dalal Karime Dager Nieto, presentó demanda en contra de la Contraloría General de la República con el objeto de lograr la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa por no respetarse el principio de mérito y la equidad de género en el proceso de elección del contralor general de la República, además de desconocerse los requisitos establecidos para el cargo por parte de algunos de los seleccionados en la lista de elegibles definitiva", señala la primera parte del comunicado del Tribunal al justificar la medida cautelar.

En otro de los apartes del comunicado del organismo judicial, se le solicita al Congreso rehacer el listado de los aspirantes a Contralor, teniendo en cuenta los criterios necesarios para que los integrantes de dicho listado cumplan con los requisitos legales para desempeñar ese cargo, entre ellos el tema de la equidad de género, experiencia e idoneidad.

"En atención a lo anterior, requirió que con fundamento en el artículo 234 del C.P.A.C.A. se tramitara Medida Cautelar de Urgencia a fin de que se rehaga la lista de los diez (10) seleccionados para ser contralor general de la República, con el fin de que en ella se respete el principio de equidad de género y se retire de la Exp. 25000234100020220073700 Demandante: Dalal Karime Dager Nieto Demandado: Congreso General de la República Acción Popular lista a los candidatos que no cumplen con las condiciones exigidas en la Constitución Política de Colombia, con fundamento en los siguientes hechos", detalla el comunicado del Tribunal.

Precisamente el tema del listado para elegir Contralor General generó las primeras discusiones en la coalición del Gobierno entrante en el Congreso, pues el senador Gustavo Bolívar había expresado su inconformidad con dicho listado precisamente por las mismas razones por las cuales el Tribunal acogió los argumentos de esta demanda, esto generó un rifirrafe con el próximo presidente del congreso e integrante de la misma coalición, Roy Barreras.

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter en su momento.

Gustavo Bolivar y Roy Barreras
El senador Gustavo Bolívar señaló que los reparos que ha hecho contra Roy Barreras “no es una división interna” sino un “llamado de atención” para revisar las listas de los elegibles como Contralor al interior del Congreso.

“Estoy haciendo un llamado al Pacto Histórico, para que tengamos mucha responsabilidad en la elección del nuevo Contralor, recibimos un mandato para un cambio, esto supone elegir a personas con una hoja de vida impecable que no tengan compromisos con la vieja clase política, ni con el actual Contralor, Felipe Córdoba”, señaló Bolívar tras la polémica con Roy Barreras.

Sobre el mismo tema, Roy Barreras respondió a través de su cuenta de Twitter, señalando “apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del Gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad política” y agregó que “no tengo candidato”.

Enfatizó en relación a la lista de candidatos que: “he dicho que lo revise jurídicamente.

Parlamentarias en Colombia: ¿ni cambio ni continuismo?

En las parlamentarias de este 13 de marzo, que anteceden a las presidenciales del 29 de mayo, ningún partido ni movimiento obtuvo una mayoría con la que el próximo presidente de Colombia pueda gobernar sin consensos.
La coalición de izquierda Pacto Histórico, de izquierda a derecha: Alfredo Saade, Francia Márquez, Gustavo Petro y Camilo Romero.
Autor: José Ospina-Valencia-DW.- El Pacto Histórico, liderado por el candidato a la presidencia Gustavo Petro, que reúne a la izquierda colombiana y a muchos desencantados del Gobierno uribista de Iván Duque, consiguió 16 escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes, este 13 de marzo, en unas elecciones legislativas en las que el gran perdedor fue el uribista Centro Democrático, hasta ahora la principal fuerza política del país. DW consultó a su central en Bogotá, solicitando una entrevista, pero hasta el cierre de edición no recibió respuesta.

No obstante, la victoria de la izquierda y el centro en el Congreso no es suficiente como para garantizarle "total respaldo" a un eventual presidente de centro, Sergio Fajardo, ni al de la izquierda, Gustavo Petro, como tampoco a Federico Gutiérrez, de la derecha.

"El nuevo Congreso quedó fragmentado", dice a DW Ariel Ávila, electo senador por la Alianza Verde, quien saca tres conclusiones de los resultados de las elecciones de este 13 de marzo: "Lo primero es que en la oposición tenemos ahora 36 senadores, contando a los 5 comunes y un escaño indígena. Pero a pesar de ser la bancada opositora más grande que hayamos tenido, es insuficiente para mantener la gobernabilidad de un presidente alternativo".

Las "fuerzas tradicionales" cayeron, pero no tanto

¿Qué pasó con las fuerzas tradicionales, tan criticadas por casos de corrupción y hasta por títulos de estudio falsificados? "Cayeron, pero no tanto como esperábamos", concede Ávila, reconocido politólogo dedicado a explicar y a seguirle la huella a la corrupción, la criminalidad y a los políticos que la fomentan.

Así, prosigue el ecologista electo, "la derecha tampoco va a tener gobernabilidad ilimitada, ya que la oposición logró más del 33 por ciento de los escaños, que era nuestro objetivo". Echadas las cartas, "un eventual Gobierno de Petro (izquierda) o de Gutiérrez (derecha) tendría grandes problemas de gobernabilidad".

La tercera conclusión de Ávila es que el Partido Liberal, despreciado por "venderse al mejor postor en el gobierno de turno", podrá escoger a quién apoyar a la presidencia.

En resumen, el próximo Congreso de Colombia contará con fuerzas de izquierda fortalecidas y de derecha debilitadas, pero no tanto como para permitirle a cualquier Ejecutivo hacer lo que quiera.

La izquierda como alternativa seria de poder

El problema es que el cambio que han propuesto el centro y la izquierda necesita mayorías cualificadas. Pero un cambio sí ha sucedido: "En Colombia, por primera vez, ya no será el partido más grande el partido de Gobierno", concluye Ávila. Y otra cosa se evidencia: "Surge una nueva vertiente –esta vez de izquierda– que se ha convertido en seria opción de Gobierno, incluso en territorio uribista". El Pacto Histórico de Gustavo Petro pasó de tener 9 escaños a lograr 14 en el Senado.

¿Cómo cumple un presidente con un programa sin mayorías en el legislativo? "Para eso están el diálogo y los consensos", replica el analista Eduardo Celis, para quien la victoria parlamentaria del Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro, es "la gran posibilidad para hacer los importantes cambios pendientes en la sociedad colombiana". Y entre esos cambios cuenta "la necesidad de avanzar en una sociedad de hechos, con una mejor democracia, superando las exclusiones".

Cambios, sí. Pero, ¿a toda costa?

"Desde luego que la transformación tiene que darse sin alterar elementos importantes de la arquitectura del Estado", acota el profesor Celis, experto en conflictos. Y se refiere a que "el cambio es posible respetando la iniciativa privada y el Estado de derecho constitucional que, por demás, hoy mismo no es respetado en distintas partes del país".

Estallido social en Colombia: protestas lideradas por
jóvenes se encendieron en 2019 y se reanudaron
en 2021, acompañadas de múltiples denuncias
de graves violaciones de derechos humanos.

¿Quiere decir con eso que no hay que tener miedo a una victoria de Petro en Colombia; que él, como eventual presidente, no va a dañar el Estado de derecho? "Así lo creo firmemente", asegura Eduardo Celis a DW y agrega que "Colombia tiene que transitar hacia la alternancia de las fuerzas y proyectos en el poder, como toda sociedad que se considere democrática".
Leyendas, realidades y necesidades

Si bien, la leyenda del llamado "castrochavismo" no cundió en estas elecciones, algunos colombianos, como los venezolanos refugiados en Colombia, temen repetir la pesadilla que sacó a estos últimos de Venezuela.

"Ellos están en su derecho de pensar e ir a donde quieran, pero lo que Colombia necesita es ampliar la base de derechos y las condiciones materiales con una economía al servicio de la inclusión y no de la expansión como la actual", opina Celis.

Los candidatos a la presidencia, Sergio Fajardo, de Centro Esperanza, y Gustavo Petro, del Pacto Histórico, se proponen reanudar las relaciones consulares con el Gobierno de Venezuela, con el fin de "atender las necesidades de los colombianos y venezolanos a lado y lado de la frontera".

¿Perderían los venezolanos exiliados en Colombia, con un entendimiento con el régimen de Nicolás Maduro? "Nada, en absoluto", insiste Celis, quien destaca la necesidad del restablecimiento de las relaciones consulares con respeto mutuo, recordando que "la migración venezolana en Colombia tiene un estatuto de protección y tiene todos los derechos que la normatividad nacional e internacional le confiere". Y subraya que el entendimiento consular entre dos países como Colombia y Venezuela, que comparten más de 2 mil kilómetros de frontera, "nunca ha sido una amenaza".

¿Con decretos contra el hambre?

Uno de los grandes problemas de Colombia es el hambre, potenciada con la pandemia. Gustavo Petro anunció que decretaría una emergencia alimentaria, como una de sus primeras ordenes, si llega al Palacio de Nariño.

"Colombia requiere, en efecto, de una política de seguridad alimentaria fuerte", reconoce Eduardo Celis. Se habla de 12 millones en pobreza extrema, que pasan y hambre, y otros 12 millones que no logran suplir las necesidades calóricas diarias. Entre ellos, la niñez es la más afectada. Pero, ¿se puede luchar contra el hambre por decreto?

"No necesariamente tiene que ser a través de un dictamen de emergencia. Hay mecanismos para llevar adelante esos programas y quizás se logre un mínimo de acuerdo político", advierte Celis, quien lamenta que la actitud del Gobierno de Iván Duque frente al hambre ha sido de vergonzante "inactividad".

En definitiva, si bien Gustavo Petro aún sigue liderando las encuestas como "favorito" a la presidencia, los candidatos del centro y la derecha aún pueden reforzar sus apoyos y ganar. Lo único seguro, hasta ahora, es que, gane quien gane, no podrá gobernar sin consensos.

Ley de Seguridad Ciudadana: criminalizar la protesta

Crece polémica alrededor del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Varios congresistas han criticado la iniciativa. Mayorías en el Congreso aprobaron proyecto de ley que criminaliza la protesta social

Al ser aprobado en la Cámara de Representantes este proyecto de ley de seguridad ciudadana son varios los congresistas que han criticado esta iniciativa. El representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Leon Freddy Muñoz, señaló que: “Este proyecto es una respuesta contra los jóvenes que salieron a protestar desde el 28 de abril. Esto le pone una lápida en la espalda a los jóvenes”. 

Con mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley “Seguridad ciudadana” para que fuese debatido en época decembrina, en un solo día y en sesión extraordinaria en el Congreso de la República; una iniciativa que busca, en palabras de la Representante María José Pizarro, “revivir el Estatuto de Seguridad Nacional del gobierno de Julio César Turbay Ayala”.
«Estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que torturó a los jóvenes de entonces, a mis padres por ejemplo», dijo la Congresista.
Así mismo señaló “Este proyecto de ley tiene un enfoque militarista, guerrerista y represivo”, dijo Pizarro al denunciar que se pretende responder al legítimo derecho a la protesta y a la movilización social con una gran carga de populismo punitivo y criminalización de la protesta social, a través de disposiciones inconstitucionales e inconvenientes:

1. Crea conductas punibles innecesarias y aumento de penas desproporcionadas, que como se ha demostrado NO previenen la ocurrencia de los delitos, generando disposiciones de populismo punitivo.

2. Aumenta la pena máxima de prisión a de 50 a 60 años, implementando así una cadena perpetua de manera indirecta donde el único efecto real es el aumento del hacinamiento carcelario. El aumento de las penas estaría configurando “un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas”, como lo estableció la Corte Constitucional en el análisis de constitucionalidad del acto legislativo que creó la cadena perpetua.

3. Crea disposiciones peligrosas que criminalizan la protesta social y facilitan la judicialización y encarcelamiento de las y los manifestantes y defensores de Derechos Humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado en materia del derecho a la protesta.

4. No se establecen parámetros de prevención de carácter intersectorial, como tampoco soluciones contextualmente pertinentes para contribuir a hacer realidad un mundo libre de temor, miseria y falta de dignidad.

Los artículos que se debían eliminar

Habiendo sido negada la proposición de archivo de este proyecto de ley, la Congresista, propuso la eliminación de 16 artículos entre ellos: Art.3, que legitima el uso de la fuerza letal; art. 13, con el que se busca perseguir y judicializar a la ciudadanía, en especial a las comunidades indígenas; art.16, que limita el ejercicio libre de la protesta y de la libertad de expresión, al impedir que las personas que salgan a manifestarse usen elementos que oculten su identidad; art. 18, con el que se quiere legitimar las judicializaciones injustificadas y masivas; art. 20, el que obstaculiza la defensa de los derechos humanos en el marco de la protesta social y criminaliza la labor que realizan organizaciones y líderes sociales, entre otros, las cuales fueron negadas por las mayorías del Congreso.

Desde el 2018, venimos alertando y denunciando en debates de control político y mociones de censura cómo las movilizaciones están siendo reprimidas brutalmente, hemos denunciado los patrones de horror generalizados en el manejo de la protesta por parte de la fuerza pública. 
El presidente más joven que ha tenido el país le ha declarado la ‘guerra a las juventudes‘.
Nos oponemos a este proyecto de ley que presentan ante el Congreso a hurtadillas, a escondidas, en el último momento. Con broche de oro cierra el Gobierno de Iván Duque, no son capaces de dar el debate abiertamente”. afirmó María José Pizarro en una de sus intervenciones.


Por su parte, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, afirmó que desde la oposición se va a demandar esta iniciativa.

“Es absolutamente inconveniente, no solamente no responde al llamado de la ciudadanía, sino que con la excusa de mejorar la seguridad ciudadana introduce populismo punitivo con aumento penas, creación de nuevos delitos, judicializa asuntos que deberían ser únicamente de convivencia”, explicó la representante.

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional celebraron esta aprobación e indicaron que está pensado para que quienes atenten contra los derechos de los ciudadanos y hagan daño en bien ajeno asuman su responsabilidad.

Escuadrón Antidisturbios seguirá operando en Colombia pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos

actualidad.rt.- Por segunda vez en este año fue archivado un proyecto legislativo que buscaba desmontar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Colombia, señalado de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.

Altercados durante una protesta contra el Gobierno de Duque, Bogotá, Colombia, 28 de julio de 2021Nathalia Angarita -Reuters

En esta oportunidad, con siete votos a favor y tres en contra, la Comisión Segunda del Senado colombiano tumbó el proyecto de Ley impulsado por los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia. En julio pasado un grupo de parlamentarios había hecho la propuesta ante la Cámara de Representantes de modificar la Policía Nacional y prohibir el uso de algunas armas por parte de los antidisturbios, sin éxito.

En su cuenta de Twitter, el senador del Polo Democrático Alternativo afirmó que aunque en "esta ocasión no se pudo", persistirá. "Al Esmad lo vamos a desmontar", agregó.

Por su parte, Sanguino, aspirante presidencial por el partido Alianza Verde, dijo en un trino que la eliminación del cuerpo antidisturbios, adscrito al Ministerio de Defensa, "tendrá que esperar al nuevo congreso con mayorías democráticas". "Un gobierno y Congreso del cambio en el 2022 debe avanzar en reformas como estas", agregó.


¿Cuál era la propuesta?

En el proyecto de nueve artículos se planteaba desmontar en un plazo de seis meses al Esmad, creado en 1999, y que sus atribuciones las cumpliera la Policía Nacional, que también absorbería a los funcionarios antidisturbios.

Los agentes que tuvieran investigaciones penales o disciplinarias por presuntas violaciones a los derechos humanos no podrían ser incorporados a cargos relacionados con la contención de manifestaciones.

Esta iniciativa legislativa proponía sustituir al Esmad por una 'Unidad Especial de Diálogo y Mediación Policial' que diese "garantía al derecho a la protesta y la dignidad humana, con un enfoque diferencial, al diálogo y la resolución de conflictos", escribió el senador Valencia en un trino.
¿Por qué desmontar al Esmad?

Desde las protestas de 2019 se ha incrementado el clamor entre las voces opositoras en el Senado y las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos para que se revise la acción del Esmad y se desintegre ante las múltiples denuncias de violación de los derechos humanos en las movilizaciones.

Según afirmó Cepeda en su intervención ante la Comisión Segunda del Senado, en las pasadas protestas, que comenzaron en abril de este año, 61 muertes de las 80 registradas por organismos de defensa de los derechos humanos habrían sido responsabilidad de agentes antidisturbios.

"Es evidente que el Esmad tiene serios problemas en su funcionamiento y en su concepción, no basta con reformas superficiales, vemos que hay un comportamiento sistemático", expresó el senador opositor.

El senador colombiano Iván Cepeda en Bogotá,
el 3 de octubre de 2019

Daniel Munoz - AFP
Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita de trabajo a Colombia, pidió separar a la Policía y al Esmad del Ministerio de Defensa para "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos". Sin embargo, este llamado fue rechazado por el presidente colombiano, Iván Duque, que afirmó en un trino que nadie podía recomendarle a un país "ser tolerante con actos de criminalidad".

En ese contexto, el mandatario anunció a mediados de año la "transformación" policial y "modernización" del Ministerio de Defensa, en medio de peticiones del cese de la violencia policial contra los manifestantes. Esta iniciativa fue criticada en su momento por quienes la tildaron de "cambio cosmético" que no resolvía la raíz del problema causado por la militarización y el "uso excesivo de la fuerza" durante las protestas.

Este no ha sido el primer señalamiento de un organismo internacional a los antidisturbios. En 2020, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió un cambio "urgente" del Esmad, en el contexto de las movilizaciones antigubernamentales de 2019 y de ese año.

Cepeda recordó que además de las recomendaciones internacionales sobre el Esmad hay decisiones de la Justicia que plantean que "existe por una conducta de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática contra personas que han participado en movilizaciones de manera pacífica".

En septiembre de 2020, la Corte Suprema dictó un fallo histórico donde ordenaba el Ejecutivo la una reestructuración general del uso de la fuerza o la suspensión del uso las escopetas de calibre 12, que usaba el Esmad para contener las protestas, que habría sido la causante de la muerte del joven Dilan Cruz, emblema de las manifestaciones en Colombia.
Nathali Gómez

Denuncian a 71 congresistas que votaron por cambios en la Ley de Garantías

La denuncia se dio por el presunto delito de prevaricato y por la posible vulneración contra la Constitución y la ley.

Por: Coprensa.- Ante la Corte Suprema de Justicia fueron denunciados 71 representantes a la Cámara por el presunto delito de prevaricato, luego de la discusión del artículo incluido en el Presupuesto General de la Nación para 2022, que terminó con la suspensión de la Ley de Garantías.

El tema lo habían advertido varios congresistas de la oposición luego del debate en la plenaria de la corporación, por la posible vulneración contra la Constitución y la ley que estarían cometiendo al votar afirmativamente el artículo 125 del proyecto.

Este artículo pretendía la suspensión del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, con el objetivo de que las entidades del orden nacional y territorial pudieran celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

El representante Germán Navas Talero señaló que “los miembros de la Cámara sabían de antemano que, de votar ese ‘articulito’, estarían violando la ley, puesto que una ley estatutaria no puede ser derogada con una ley ordinaria, como lo estarían haciendo al aprobar el mencionado apartado”.

Agregó que “esto nada tenía que ver con el tema de presupuesto, por eso para mí, no es más que un mico que le terminaron colgando a ese proyecto”.

La representante Ángela María Robledo afirmó que “esos mismos congresistas prevaricaron con la complicidad del ministro de Hacienda y les hicieron votar un artículo para acabar con la Ley de Garantías, una Ley Estatutaria en el marco del trámite de una Ley Orgánica”
La denuncia, radicada este viernes ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue firmada por los representantes Juanita Goebertus, David Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro, Fabián Díaz, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero.

Importante.

“Colombia es el único país en el mundo que está implementando una estrategia de planificación ambiental”: profesor Andreas Malm

En una intervención en la cátedra de Geografía del Instituto La Boétie, en Francia, el destacado académico y líder mundial ambiental Andreas...

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