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Escrito
por Javier
Duque
Creado
para sumar votos y para ser el vehículo de Uribe, este partido acabó
siendo el vehículo de Santos y sumando investigaciones y
destituciones por cuenta de sus múltiples casos de corrupción y
vínculos con el crimen organizado.
Javier
Duque Daza*
Partido
de reciclaje
El
Partido Social de Unidad (PSUN) o Partido de la U surgió en 2005 en
medio de la descomposición del bipartidismo y bajo el marco de
la reforma política a la Constitución de 1991 que había sido
aprobada dos años antes (Acto
legislativo 01 de 2003).
El
PSUN nació como una agregación de políticos de diversa
procedencia:
Exdirigentes
liberales (entre ellos Juan Manuel Santos, Rafael Pardo —quien
luego regresaría al liberalismo—, Armando Benedetti, Juan Lozano,
Luis Guillermo Vélez, Carlos García Orjuela, Aurelio Iragorri,
Zulema Jattin Corrales, José David Name y Piedad Zuccardi);
De
Cambio Radical (Roy Barreras);
De
algunos pequeños partidos regionales como Sí Colombia (Mauricio
Pimiento Barrera), el Partido Nacional Cristiano (Claudia Rodríguez)
y Convergencia Popular Cívica (de la que provenía Óscar Iván
Zuluaga),
y
por algunos pocos integrantes del Partido Conservador (Marta Lucía
Ramírez —quien después se retiró—).
Este
partido se proponía ser el vehículo de Álvaro Uribe y servir de
“paraguas” para estos políticos que según la reforma
necesitaban evitar la doble militancia y reunir los votos suficientes
para pasar el umbral, sin tener renunciar a sus intereses personales
y regionales.
Como
fue creado un año antes de las elecciones de Congreso y Presidencia
de 2006, su interés central fue agregar votos y por ello se
aplicaron laxas condiciones de entrada. El resultado fue ese
reciclaje de políticos de procedencias muy diversas, muchos de ellos
con vínculos criminales.
El
Partido de la U también se vio involucrado con los grupos
paramilitares.
En
las elecciones de 2006 el PSUN obtuvo la segunda mayor representación
en el Congreso (49 de los 267 congresistas), después del Partido
Liberal, y respaldó tanto la controvertida reforma constitucional
que autorizó ese segundo período como la campaña electoral del
candidato-presidente. En 2010 el Partido sirvió para respaldar
—junto con otros partidos— a Juan Manuel Santos y en ese año
logró la primera bancada en el Congreso (76 curules).
Pero
después vino la escisión de la escisión: la ruptura entre Uribe y
Santos, la creación del Centro Democrático (CD), la reelección de
Santos, un nuevo reparto de fuerzas políticas y la polarización del
país. En 2014 disminuyó la representación del Partido en el
Congreso (a 58 curules), mientras que el CD obtuvo la cuarta mayor
bancada (39 curules).
Política
y crimen
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Corrupción en la política colombiana.
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El
Partido de la U también se vio involucrado con los grupos
paramilitares, aunque no en la misma proporción que Cambio Radical o
partidos efímeros como Colombia Democrática, Colombia Viva,
Convergencia Ciudadana, el Movimiento Popular de Unidad y el
Movimiento de Integración Popular.
Ocho
de los congresistas de la U pasaron de las curules a la Picota:
cuatro de los que habían sido elegidos en 2002 fueron condenados
(Mauricio Pimiento Barrera, Zulema Jattin, Jairo Enrique Merlano y
Miguel Ángel Rangel) igual que otros cuatro elegidos o reelegidos en
2006 (Odín Horacio Sánchez, Marco Alirio Cortés y Fuad Emilio
Rapag —Jorge Visbal Martelo está siendo investigado—). Asimismo,
decenas de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados elegidos
con su aval fueron condenados por nexos criminales.
El
ejemplo de Dilian Francisca Toro muestra cómo este partido no repara
en la procedencia de sus dirigentes o de sus electores. Esta
exsenadora renunció a su curul en 2013 cuando era investigada por
lavado de activos (por la presunta compra de propiedades a un
narcotraficante) y se le aplicó la reforma política de 2009 que
adoptó la figura de la silla
vacía.
Esta renuncia no fue obstáculo para que el Partido avalara su
candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca en 2015.
Políticos
impresentables
Además
de los involucrados en la parapolítica, el Partido de la U ha
acogido y avalado a decenas de candidatos que tuvieron éxito en las
elecciones pero al poco tiempo fueron sancionados, destituidos y/o
condenados. Dentro de este grupo hay alcaldes destituidos por
celebración indebida de contratos; concejales vinculados con
paramilitares; gobernadores en líos por corrupción y vínculos con
paramilitares; ex congresistas que perdieron su investidura por
tráfico de influencias; y hasta homicidas. Además del caso de
Dilian Francisca Toro, hay otros tres muy ilustrativos.
El
del suspendido alcalde de Moñitos, Córdoba, José Félix Martínez,
quien fue avalado, elegido y se posesionó aunque estaba detenido en
La Picota acusado de tener nexos con el jefe paramilitar Fredy
Rendón Herrera, alias “El Alemán”.
El
alcalde de Puerto Gaitán (Meta), Edgar Humberto Silva, quien fue
sancionado por violar los topes electorales en la campaña de 2011.
Por este motivo se le pidió al Tribunal Administrativo del Meta que
solicite la pérdida del cargo. El Consejo
Nacional Electoral,
que suele ser inoperante, en este caso aplicó una norma que se
viola con mucha frecuencia y prohibió que el Partido de la U
inscribiera candidato para las elecciones de 2015.
El
gobernador de La Guajira Wilmer González (antecedido de otros tres
mandatarios elegidos en menos de cuatro años), fue acusado de los
delitos de cohecho,
falsedad en documento público, corrupción del votante y fraude
procesal durante su campaña.
En
las elecciones de 2015 la Procuraduría publicó
un listado de inhabilitados, y el Partido de la U tenía 103 de sus
avalados en esta situación, desde aspirantes a ediles a las Juntas
Administradoras Locales hasta postulados a las Gobernaciones. La
lista siguiente ilustra el panorama:
Casos
de candidatos elegidos por el Partido Social de Unidad Nacional
destituidos y/o condenados
Político
|
Cargo
y año de elección
|
Situación
|
Doris Acero de Vera
|
Alcalde de Guaduas, Tolima,
2011.
|
Condenada por celebración
indebida de contratos.
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Harold Wilson Chamorro
|
Concejal de Algarrobo,
Magdalena.
|
Participó en el Pacto de
Chivolo con grupos paramilitares.
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Julio César Vélez
|
Concejal de Cúcuta, 2007 y
2011.
|
Condenado por el asesinato
de su esposa.
|
Hugo Edulfo Maestre
|
Concejal de Plato,
Magdalena.
|
Condenado por
paramilitarismo.
|
William Villamizar
|
Gobernador de Norte de
Santander 2008-2011.
|
Sanción fiscal por la
Contraloría. En la Procuraduría tiene 12 investigaciones por
contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
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Jorge Humberto Tascón
|
Alcalde de Yotoco, Valle del
Cauca, 2007.
|
Elegido mediante fraude
electoral, se mantuvo dos años en el cargo.
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Iván Vargas Silva
|
Gobernador del Guainía
2007.
|
Condenado por la Corte
Suprema de Justicia por el delito de corrupción del elector
porque ganó las elecciones comprando el voto de indígenas.
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Patrocinio Sánchez Montes
de Occa
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Gobernador del Chocó 2007.
|
Condenado por peculado
culposo y destituido en 2010.
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Odín Sánchez Montes de
Occa
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Representante a la Cámara,
2006.
|
Condenado por sus vínculos
con grupos paramilitares.
|
Óscar Raúl Iván Flórez
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Gobernador de Casanare, 2007
|
Acumuló sanciones diversas
y dos destituciones, con más de 25 años de inhabilidad
acumulada.
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Juan Manuel González Torres
|
Gobernador del Meta en
elecciones atípicas, 2006.
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Tiene varias investigaciones
en la Procuraduría y una sanción en un juicio fiscal por parte
de la Contraloría por el manejo de recursos de regalías.
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Adolfo Raad Hernández
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Concejal de Cartagena, 2007.
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Destituido por las
irregularidades como presidente del Concejo de la ciudad
(2003-2004); pagó indemnizaciones ilegales a empleados del
Concejo.
|
Eduardo Carlos Merlano
|
Senador, 2010.
|
Destituido e inhabilitado
por la Procuraduría por influencia indebida para evitar que se
le inhabilitara su vehículo por conducir ebrio.
|
Edgar Humberto Silva
|
Alcalde de Puerto Gaitán,
Meta, 2011.
|
Destituido por violar topes
de financiación en la campaña.
|
José Felix Martínez
|
Alcalde de Moñitos,
Córdoba, 2011
|
Fue elegido aunque estaba
detenido en la Picota por sus nexos con grupos paramilitares que
lo ayudaron a elegir en 2004.
|
Henry Armando Suárez
|
Alcalde de Santana, Boyacá,
2011.
|
Se posesionó a pesar de
estar inhabilitado por una sanción de la Procuraduría por
estafa.
|
Juan Carlos Giraldo
|
Alcalde de Calarcá,
Quindío, 2011.
|
Destituido por la
Procuraduría por contratación sin cumplimiento de requisitos
legales.
|
Lucero Cortés
|
Representante a la Cámara
por Bogotá, 2010.
|
Condenada por la Corte
Suprema de Justicia a cinco años de prisión por tráfico de
influencias.
|
Raúl Emilio Casallas
|
Alcalde de Mosquera,
Cundinamarca, 2015.
|
Destituido por falsificar su
diploma de pregrado de la Universidad Santo Tomás.
|
Carlos Andrés López
|
Alcalde de Fresno, Tolima, 2015.
|
Destituido por el Tribunal
Administrativo del Tolima porque su hermana era la
registradora departamental el año anterior a su candidatura.
|
Wilmer González B.
|
Gobernador de La Guajira,
2016
|
Detenido
por fraude electoral. Acusado de cohecho,
falsedad en documento público, corrupción al sufragante y
fraude procesal durante su campaña a la Gobernación en
noviembre del año pasado.
|
Fuente.
Elaboración del autor sobre la base de: Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia Única juzgamiento
31.560, marzo 24 de 2010, caso Patrocinio Sánchez Montes de
Occa; Procuraduría General de la Nación, Fallo Segunda
Instancia, caso Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, junio 17 de
2011, radicado D- 2009-643-180014, también para este caso
Procuraduría General de la Nación, Boletín 392 abril de 2011;
Caso Juan Manuel González, Procuraduría General de la Nación,
Boletín No 219, abril 30 de 2009; Caso Iván Vargas Silva: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No
32.136, septiembre 21 de 2011; El
Tiempo,
septiembre 23 de 2008 “Procuraduría destituye al concejal de
Cartagena Adolfo Raad Hernández”; Consejo Nacional Electoral,
diciembre 16 de 2014, “Alcalde de Puerto Gaitán sancionado por
violación de topes”.
|
Sancionar
a medias
 |
Exsenadora, miembro del partido de la U,
y actual Gobernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro, investigada por lavado de activos.
|
En
el asunto de los avales el Partido de la U ha seguido la misma línea
de conducta que la mayoría de los partidos, es decir, no cumple con
la ley pues no evalúa antecedentes ni estudia en detalle a quienes
le piden el aval. Esto se pone en evidencia en los casos mencionados
y en la información sobre las elecciones de 2015 proporcionada por
la Procuraduría.
El Partido de la U no evalúa antecedentes ni estudia en detalle a quienes le piden el aval.
Además,
cuando empezaron a darse las sentencias condenatorias de políticos
con nexos criminales el Partido se lavó las manos sin descuidar los
votos: expulsó a los ocho congresistas condenados (también a
gobernadores condenados o sancionados por corrupción), pero mantuvo
algunos avales cuestionables:
Jairo
Merlano fue expulsado, pero en 2010 el Partido avaló la candidatura
al Senado de su hijo Eduardo Carlos Merlano (quien después fue
destituido e inhabilitado por la Procuraduría)
El
Partido no se incomodó por mantener el electorado del controvertido
“clan” de los Sánchez Montes de Occa en el Chocó.
Avaló
a Patrocinio Sánchez, quien ganó la Gobernación en 2007 y en 2010
fue condenado y destituido por peculado culposo.
Avaló
la candidatura en 2006 de Odín Sánchez, condenado por
parapolítica,
Mantuvo
su respaldo a la candidatura de Astrid Sánchez, acusada de fraude
en las elecciones, quien ingresó en 2012 como reemplazo permanente
de Eduardo Carlos Merlano y es actualmente senadora (también
investigada por vínculos con paramilitares).
¿Otro
partido en crisis?
Al
igual que Cambio Radical, el Partido de la U enfrenta serias críticas
por sus avales, sus nexos con la criminalidad y por la inacción del
CNE frente a sus acciones. Sin embargo, ante algunas evidencias
inocultables, ya ha sido objeto de sanciones sin precedentes.
Estos
dos partidos fueron creados por agregación de dirigentes (la mayoría
liberales), sin cohesión fuerte, sin control sobre la dirigencia
regional y movidos por un afán puramente burocrático. Ambos tienen
puertas de vaivén para que entre y salga quien quiera y sin
controles para evitar los vínculos de muchos dirigentes con la
criminalidad.
En
las próximas elecciones el Partido de la U corre el riesgo de seguir
menguando su capital electoral y enfrentar una derrota que conduzca a
la pérdida de la Presidencia y de sus escaños en el Congreso.
* Politólogo,
Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.
