
19 muertes prevenibles de niños y niñas desde julio de 2013
a la fecha, cinco de ellas entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, son parte del
diagnóstico en esa región del país.

Desde julio de 2013, por lo menos 19 niños y niñas indígenas
murieron por causa de enfermedades prevenibles en el municipio de Riosucio
(Chocó). Esta situación se agudiza cada año durante la época de sequía cuando
los problemas de calidad de agua son mayores. De hecho, y como resultado de dos
visitas realizadas en enero pasado por ONU-Derechos Humanos, Defensoría del
Pueblo y ACNUR a los resguardos indígenas asentados en las cuencas del Atrato,
se obtuvo información acerca del fallecimiento de cuatro niños y niñas dentro
de sus comunidades por vómito y diarrea, entre el 15 de diciembre y el 2 de
enero, las cuales se suman al caso de la bebé reportado este 2 de marzo.
Durante la visita, se evidenciaron problemas de contaminación de agua,
deficiencias en la manipulación de alimentos, parasitismo intestinal y
desnutrición, entre otros factores.
En una de las visitas se a atendió 40 niños y niñas de las
comunidades indígenas, constatando que 35 de ellos presentaban enfermedad
diarreica aguda, 19 reportaban síntomas de enfermedad respiratoria aguda, todos
tenían afecciones en la piel y algunos tenían otitis, rinitis, asma y bajo
peso. En la otra visita que incluyó a cuatro comunidades del Truandó, se
atendieron 150 niños, 43% de ellos reportaban diarrea y 28% enfermedades
respiratorias, adicionalmente fueron conocidos 7 casos de personas con
discapacidad, entre ellos niñas y niños, que nunca habían recibido atención
médica.
La persistencia de esta situación en las comunidades
indígenas del Bajo Atrato chocoano evidencia graves deficiencias para brindar
prestaciones de agua y salud adaptados a la realidad rural y étnica de esa
zona, viéndose así vulnerados los derechos de la población al agua, la salud y
a la vida digna.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y ACNUR han observado que, desde
hace varios años, el centro de salud médico Juan Bautista Luna, único con
atención de urgencias para los 28.879 habitantes de Riosucio, presenta graves
deficiencias en la prestación de los servicios y carece de los instrumentos,
medicamentos y medios adecuados para la atención. Esta situación se agrava
porque, según la información documentada, el 41% de la población, cifra de
afiliados a Caprecom en la zona, no es transportada para el acceso ambulatorio
a la red de salud. De hecho, en el área donde se han presentado las muertes
evitables de niños y niñas, las comunidades deben recorrer hasta 2 días para
llegar a Riosucio y posteriormente hasta tres horas para llegar al hospital de
Turbo, y hasta 3 días para acceder a los servicios de salud en Quibdó.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la Defensoría del Pueblo y ACNUR saludan el esfuerzo de las
comunidades indígenas y afrodescendientes para crear una Mesa de Salud en
Riosucio, y reiteran que la salud es un derecho humano que debe garantizarse
sin discriminación a todas las personas y del grado de dispersión rural donde
se encuentran, así como por encima de cualquier interés económico.