Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos anunciaron este miércoles un acuerdo sobre la participación del grupo insurgente en la vida política del país suramericano, segundo punto en la agenda pactada para los Diálogos de Paz en Cuba.
A través de un comunicado conjunto emitido desde el Palacio de Convenciones de La Habana, ambas delegaciones aseguraron que con el acuerdo firmado está garantizado que se den las características necesarias para que surjan nuevas opciones políticas. “Hay consensos en temas de derechos y garantías de posición política para los nuevos movimientos que surjan (...) que tengan acceso a los medios de comunicación", señaló el documento.
Asimismo, el texto agregó que “en el acuerdo se estima garantizar los mecanismos de participación ciudadana en los diferentes niveles sociales con el objetivo de promover participación política regional y local de todos los sectores en igualdad de condiciones".
“Este acuerdo amplía y robustece la democracia; promueve el pluralismo, la cultura democrática y ayuda a la apertura en el marco del fin del conflicto”, detalló. Al tiempo que las partes precisaron que “la línea de tiempo (en el que se aplicará este acuerdo) se convendrá en el sexto punto de la agenda.
Este es el segundo acuerdo parcial al que llegan las FARC-EP y el Gobierno colombiano, luego de que en mayo lograron acercar posiciones sobre temas agrarios, que incluyen viejas demandas del grupo sobre acceso a la tierra a campesinos pobres y sobre un mayor apoyo social del Estado al sector rural.
Crean sistema de seguridad para garantizar participación
El representante de Noruega en la mesa de negociaciones entre las FARC-EP y el Ejecutivo, Dag Nylander, precisó que entre los acuerdos alcanzados este miércoles figura la creación de un sistema de seguridad para garantizar la participación política.
“Se acordó la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que busca asegurar la protección de quienes participan, esto con la intención de fortalecer y profundizar la democracia en un clima de tolerancia", indicó, al afirmar que esto sucederá cuando las FARC se sumen a la “actividad política legal”.
Destacó que la implementación del acuerdo final “contribuirá en el fortalecimiento de la democracia” en Colombia porque “implicará la dejación de las armas y las proscripción de la violencia como método de acción política a fin de transitar a un escenario donde impere la democracia con garantías plenas para quienes participen en política”.
En este sentido, señaló que aras de “promocionar pluralismo político” se acordó en La Habana adelantar “cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política”.
Ambas delegaciones estuvieron de acuerdo en la necesidad de garantizar la transparencia en los procesos electorales en zonas de mayor riesgo de fraude y “la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente, los que habitan en regiones de difícil acceso”, detalló.
El representante de Noruega señaló que también acordaron la creación de “circunscripciones transitorias de paz” en las zonas afectadas por el conflicto armado para “promover la integración e inclusión política” en la Cámara de Representantes.
Las delegaciones de la agrupación y del Ejecutivo colombiano iniciaron el proceso de conversaciones el pasado 18 de octubre de 2012, en la ciudad de Hurdal, en las afueras de Oslo (capital de Noruega) y luego fueron trasladadas a La Habana (capital de Cuba), donde se desarrollan desde noviembre con Venezuela y Chile como países acompañantes.
En ese encuentro, los representantes de ambas partes establecieron una agenda de cinco puntos para debatir: el desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto y desmovilización, solución al problema de las drogas ilícitas y reparación a las víctimas.
Posterior a resolver el conflicto agrario, en la agenda de negociación quedan pendientes los temas de las drogas ilícitas, el abandono de las armas y las víctimas del conflicto armado.
El conflicto armado en la nación suramericana, ha dejado casi cuatro millones de desplazados y 600 mil muertos en aproximadamente 50 años, en cuyo proceso también han participado grupos de insurgentes, paramilitares de derecha y organizaciones relacionadas con el narcotráfico.
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