Los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025 y un legado: la inclusión

La clausura de los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025 tuvo este domingo en la noche esos matices y valores agregados que la hicieron igual de inolvidable: el reconocimiento a su organización, la ovación merecida a los voluntarios y el legado que ya los hace históricos: la inclusión de dos deportes adaptados en el programa oficial.

En el parque Simón Bolívar, la ministra del Deporte, Patricia Duque; el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, lideraron el acto que evocó los mejores momentos, como también los gestos de gratitud para despedir al evento multideportivo.

"Tuvieron que pasar siete ediciones para que los deportes adaptados tuviesen espacio en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe y ese hecho histórico se produjo en Córdoba 2025. El futuro de la para natación y el para atletismo en la región tiene más cimientos desde ahora", destacó la jefe de cartera.

El alcalde Kerguelén resaltó el valor social de las justas y su impacto en la comunidad. "Todos ustedes queridos deportistas, se convierten desde ahora en embajadores de Colombia, Córdoba y Montería. Gracias porque su esfuerzo inspirará a las presentes y futuras generaciones de la ciudad y el departamento", dijo emocionado, al apreciar también en primera fila la muestra cultural que exaltó la bioversidad cordobesa.

Venezuela, por segunda edición consecutiva, ocupó el primer lugar del medallero, seguido por Colombia que mejoró su rendimiento, respecto a la edición de hace dos años en el vecino país. Había logrado 39 medallas de oro y en esta oportunidad sumó 70.

"El legado de estos Juegos es incalculable y solo tengo palabras de agradecimiento para la organización y principalmente a todos los atletas y para atletas. Gracias por enseñarnos la pasión que se va perdiendo con los años", señaló el director de las justas, Juan Miguel Villalba, quien cerró la ceremonia con el apagado del fuego deportivo.

Aníbal Izturis, jefe de misión de Venezuela, dijo que "lo que ha hecho Colombia es relevante. Todo el mundo es ganador. Hay que incorporar más países porque el nivel de estos Juegos ha sido alto y permiten una proyección real hacia el alto rendimiento".

"Esta ha sido una gran experiencia para la delegación y todos los países participantes. Colombia estuvo a la altura y ojalá la próxima sede tenga un evento como este", destacó José Martín Sánchez, delegado de México, mientras su homólogo de Nicaragua, Gustavo Argüello, extendió su "felicitaciones a la organización por haber incluido los deportes adaptados".

En la próxima reunión del Consejo Centroamericano y del Caribe de Deportes, CONCECADE, a realizarse en abril de 2026, los ministros de los países miembros, en compañía de sus jefes técnicos, analizarán conclusiones de Córdoba 2025 y estudiarán las propuestas para definir la próxima sede de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe.

Con información de Mindeporte

En la Cámara de Representantes avanzan reformas a los Consejos de Juventud.

En su primer debate, la Cámara de Representantes aprobó la reforma a los Consejos de Juventud con miras a fortalecerlos en su ejercicio político, dotándolos de mecanismos que los hagan más atractivos para los jóvenes, con real autonomía y con un carácter decisorio más que consultivo, en las decisiones trascendentales para sus comunidades.

Esta iniciativa llegó en un momento clave, después de diez años de intentos fallidos por reformar el estatuto y tras unas elecciones marcadas por la baja participación.

En los pasados comicios para elegir los nuevos Consejos de Juventud, la participación alcanzó apenas el 12,5% de los 12 millones de jóvenes habilitados para votar y solo 1 millón 500 mil acudió a las urnas.

Para el representante, Gabriel Becerra, uno de los coordinadores ponentes del proyecto, existe un cansancio por parte de los miembros de los consejos, al no tener una incidencia real en las decisiones políticas. Asimismo, señaló la importancia de crear las Oficinas de la Juventud donde se puedan delinear políticas para esta población y dialogar con instancias de primer nivel como las gobernaciones y alcaldías.

Para el congresista, Duvalier Sánchez, resulta impensable concebir una democracia sin la participación activa de la juventud. En Colombia, los jóvenes representan 12 millones de personas, equivalentes al 25% de la población. Uno de cada cuatro colombianos es joven, y aún persiste una deuda pendiente con ellos en el marco de este estatuto.

Según explicó, la iniciativa busca que los incentivos sean más claros y que los Consejos de Juventud puedan ejercer una verdadera vocería política. Además, pretende que los jóvenes aborden temas clave como la salud mental, la educación de calidad y la seguridad, como también que se elimine la práctica de tener que esperar “hasta cuando el alcalde los quiera posesionar”.

Para la representante, Astrid Sánchez, la problemática de los jóvenes es evidente. Durante las audiencias públicas realizadas antes de las elecciones, muchos relataron cómo se retiraron de los consejos debido a la falta de apoyo por parte de algunas alcaldías y a la ausencia de recursos para asistir a las reuniones.

Por su parte, la representante, Marelén Castillo, advirtió sobre la necesidad de blindar los Consejos de Juventud, con el fin de evitar su instrumentalización a través de prácticas clientelistas, como ofrecer calificaciones académicas, dinero u otros beneficios a cambio de apoyo político.

De esta manera, la Comisión Primera, abrió el camino para que se construya una nueva historia para los jóvenes de nuestro país, logrando que su voz y su voto dejen huella.

Fuente: Helen García – Periodista Oficina de Información y Prensa Cámara

"A nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica"

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En un acto cargado de sentimiento y emotividad, el presidente Gustavo Petro, a nombre del Estado colombiano, les pidió a las miles de víctimas del partido político Unión Patriótica, por el genocidio de más de 6.200 de sus militantes entre los años 1984 y 2000.

En el ‘Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica’, el mandatario expresó: “Como jefe del Estado, sin que el Estado esté aquí, sino nosotros, la cúpula militar y policial y el Gobierno civil, a nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político, y le pido a la gente que está aquí y a quien me escucha y más allá”.

Sin embargo, se preguntó “¿dónde están los presidentes de las Cortes judiciales que ayer nos criticaban? ¿Por qué no están hoy? ¿No son parte del Estado? ¿No es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también Corte de Colombia? ¿No es que hay que cumplir las sentencias, y es una sentencia pedir perdón a la Unión Patriótica por catorce hechos a las víctimas de la Unión Patriótica?”, cuestionó.

Se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado colombiano pedir perdón a las víctimas de la UP por 14 delitos:

1) Violación de la libertad de expresión, asociación y derechos políticos.

2) Violación del derecho a la vida.

3) Violación de personalidad jurídica, integridad personal y libertad y desaparición forzada.

4) Violación de derechos de niñas y niños.

5) Violación de la integridad personal, tentativa de homicidio, amenaza y hostigamiento.

6) Violación de la integridad personal, tortura.

7) Violación de la libertad personal.

8) Violación del derecho a la honra.

9) Violación del derecho de circulación y residencia, desplazamiento forzado.

10) Violación de la libertad personal y de las garantías y protección judiciales por procesamientos indebidos.

11) Violación de la integridad personal por torturas en procedimientos indebidos.

12) Violación de garantías y protección judiciales por falta de investigación de torturas.

El jefe de Estado hizo alusión a las próximas elecciones, en las que no podrá participar, pero que tienen que servir para “defender la dignidad de la soberanía nacional”.

El presidente Gustavo Petro les pidió perdón a las víctimas de
la UP por el genocidio político cometido.​​​

“No aceptamos amenazas, si nos amenazan nos vamos a levantar por millones, porque es cierta la profecía: ‘si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta’. Y somos jaguares, machos y hembras, somos jaguares, conciencia, estamos despertando y nos van a despertar, quizás a la fuerza, pero ese despertar será huracanado y tormentoso, pero feliz, alegre”.

Haciendo una analogía, a los sobrevivientes de la UP, el presidente les pidió tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica: la energía ni se crea ni se destruye, se transforma.

“Y la energía de estas miles de personas, que siendo militantes de la Unión Patriótica y teniendo sueños en los años 82 al año 2000, esas energías otra vez están aquí multiplicadas por miles. Ahora somos millones, no nos pueden asesinar, ahora somos el corazón, la esperanza del pueblo de Colombia. Ahora somos una bandera erguida y no vamos a dejar que la insulten, no vamos a dejar que la escupan en sangre, vamos a levantarnos en dignidad con las manos de millones y millones”, concluyó.

Anuncian demandas contra quienes impulsan el "bloqueo institucional"

​Comisión Séptima de Senado.​

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que emprenderá acciones penales contra los legisladores de la Comisión Séptima del Senado que se han opuesto a tramitar el proyecto de Reforma a la Salud en su tercer debate.

En su cuenta en la red social x, el mandatario informó que le dio instrucciones al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que inicie las demandas judiciales.

“La decisión de la Comisión Séptima del Senado, basada en una mayoría de congresistas cuyos nombres propios toda la sociedad debe conocer, es mentirosa, en mi opinión, delictiva. Dicen que no hay concepto de aval fiscal y sí existe. Eso es fácil de demostrar. Le solicito al ministro de Salud proceder a las demandas judiciales del caso ante la Corte Suprema de Justicia”, escribió el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, agregó en su cuenta de la misma red social: “Es evidente que los ocho de la Comisión Séptima de Senado, con las vísceras, provocan un bloqueo institucional caprichoso, egoísta, perverso, inhumano contra todos los enfermos y los que se vayan a enfermar en el país. No saben qué es justicia social”.

El funcionario anunció que “los denunciaré (a los ocho congresistas) ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia por quebrantar la Constitución y la Ley Quinta (Reglamento del Congreso). Están viciando cualquier proyecto que se discuta en la Comisión. Los que quieren es no trabajar, ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez, y lo peor es que la engañarán”.

Los congresistas mencionados por el mandatario son: Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Nadia Blel y Esperanza Andrade, del Partido Conservador; Ana Paola Agudelo, del partido Mira; Norma Hurtado, de La U; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; y Honorio Henríquez junto a Alirio Barrera, del Centro Democrático.

El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Pinto, aseguró esta semana que el trámite de la Reforma a la Salud no se ha reanudado por falta de aval fiscal del Ministerio de Hacienda, pero el ministro de Salud mostró que ese documento fue radicado en esa célula legislativa desde el pasado 20 de agosto.

El documento, contenido en el oficio Radicado No. 2-2025-050293 del 20 de agosto de 2025, fue dirigido al propio senador Pinto, en donde se dice que “el impacto fiscal estimado del proyecto de ley del asunto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”.

El ministro Jaramillo, además, señaló en su comunicado que “desde abril de 2025, en la Comisión Séptima del Senado, se ha planteado múltiples excusas para dilatar el debate, por esa razón, su trámite no ha avanzado”.

Además, el jefe de la cartera aseguró que “el proyecto de Reforma a la Salud cuenta con un impacto favorable de impacto fiscal, sin que este dependa de la aprobación de la Ley de Financiamiento, mostrando que, para este Gobierno de la Vida, la salud de los colombianos es fundamental y prioritaria”.

Dian: no hay medidas cautelares ni cobros coactivos contra Reficar

​Las cuentas de Reficar no serán embargadas, informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.​

La entidad confirmó este viernes que “no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles”.

De esta forma salió al paso de la controversia que se generó por un supuesto embargo que haría la Dian a las cuentas de la Refinería de Cartagena – Reficar, filial del Grupo Ecopetrol, que adeuda al fisco nacional cerca de $ 1,5 billones por concepto del 19 % del IVA (Impuesto al Valor Agregado) por la importación de combustibles desde 2022 a la fecha.

En su comunicado, la Dian explica que las importaciones de gasolina y Acpm se encuentran gravadas con una tarifa del 19 %, y fue ratificada en los Conceptos 010763 (int 2305) de 2024 y 08922 (int 1324) de 2025.

“En ejercicio de las facultades de control y fiscalización consagradas en el artículo 3 del Decreto 920 de 2023, la Dian inició una serie de investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por todos los importadores de combustibles bajo diferentes regímenes o modalidades, con el fin de verificar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros (aranceles e IVA). Estos procesos siguen su curso”, agrega la entidad de recaudo.

También recuerda que, según la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria), los combustibles como gasolina y Acpm están gravados con el impuesto del IVA, “por tanto los importadores deben declarar, liquidar y pagar los tributos aduaneros al momento de nacionalizar esos bienes. Varios importadores siguieron esta línea”.

Incluso, dice la Dian que, desde 2017, los minoristas de combustibles pagan el IVA cuando adquieren este tipo de bienes. En consecuencia, los importadores tienen derecho a descontar el IVA pagado en la importación de acuerdo con el artículo 488 del Estatuto Tributario.

Pero aclara: “Los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo. Para el efecto, la Dian adelantará las investigaciones correspondientes manteniendo la reserva legal (artículo 17 del Decreto 920 de 2023) y garantizando el derecho al debido proceso y a la defensa en cada una de las instancias correspondientes”.

Concluye la Dian que, como anunció en mayo pasado, “se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en todos los sectores de la economía nacional, con la correcta aplicación de las normas. Esto contribuye a la seguridad fiscal y a la competitividad del país”.

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Desde Santa Marta la sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea propone nueva agenda de cooperación

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea se reunieron en Santa Marta para aportar sus visiones y propuestas a la agenda birregional, en el marco del Foro de la Sociedad Civil ALC–UE, un espacio de diálogo previo a la IV Cumbre CELAC–UE que busca fortalecer la participación ciudadana en las decisiones globales.

El acto de instalación fue encabezado por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la Comisión Europea, Hadja Lahbib; y Andrea Remes, representante del Foro Global de la Juventud.

Durante su intervención, la canciller Villavicencio hizo un llamado a transformar la cooperación birregional en un verdadero ejercicio de corresponsabilidad. “Durante mucho tiempo, las relaciones entre nuestras regiones estuvieron marcadas por la asimetría. Pero el mundo ha cambiado. Hoy enfrentamos desafíos que no admiten respuestas unilaterales: el cambio climático, la desigualdad, las migraciones forzadas o la seguridad alimentaria. Ninguna sociedad, por fuerte que sea, puede resolverlos sola”, afirmó.

“La política exterior no puede ser un ejercicio de élites. Debe abrirse a las voces que vienen de todos los sectores: de las mujeres que cuidan la vida, de los pueblos que defienden sus ríos y ecosistemas, de los jóvenes que imaginan un futuro sostenible”, destacó la ministra Villavicencio.

El foro convocó a organizaciones juveniles, mujeres activistas, población LGBTQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes sociales e influenciadores digitales, reflejando la diversidad de voces que dan vida a la sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea.

Entre los principales resultados del encuentro se resaltó la participación inclusiva y el enfoque de igualdad de género, diversidad étnica y cultural, así como la representación equilibrada entre subregiones.

Las organizaciones participantes acordaron elaborar una Declaración Conjunta de la Sociedad Civil, que recogerá las recomendaciones y prioridades comunes para ser presentadas a los Jefes de Estado y de Gobierno durante la IV Cumbre CELAC–UE.

“Nuestra voz colectiva busca garantizar que las decisiones birregionales reflejen las realidades y aspiraciones de nuestras comunidades”, manifestó uno de los representantes de la sociedad civil.

El foro también abordó la estrategia del Global Gateway, con el objetivo de identificar oportunidades y riesgos en materia de justicia social, ambiental y económica, y reafirmar el papel de la sociedad civil en el seguimiento y sostenibilidad de las inversiones internacionales. Otro eje central fue la revisión del Pacto Birregional por los Cuidados, desde la mirada de las organizaciones sociales de ambas regiones.

Al cierre del encuentro, la canciller Villavicencio destacó el valor histórico de este espacio de diálogo birregional y señaló que “hoy tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo basado en la cooperación solidaria, el respeto por la diversidad y el compromiso con la vida en todas sus formas”.

COP 30: ‘Ahora las decisiones se toman por las palabras y por las multitudes en las calles’: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro defendió nuevamente la acción
climática como instrumento de defensa de la vida en el planeta.​

Belém do Pará (Brasil), 6 de noviembre de 2025.- El poder de la palabra se ha convertido en el principal instrumento para la toma de decisiones que afectan la vida en el planeta y pueden significar la existencia misma de la humanidad, consideró el presidente Gustavo Petro al término de su participación en la Trigésima Cumbre de las Partes (COP 30), que se realizó en Belém do Pará, Brasil.

Aunque el evento final no fue transmitido a los medios, al mandatario colombiano comentó sobre qué aspectos centró su intervención.

“Básicamente puse unas lecciones que, desde la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York a la fecha, han aparecido, y es que mientras estábamos acostumbrados a que el poder mundial lo determinaba el dinero de cada país y la cantidad de misiles, bombas y armas nucleares, apareció que al final las decisiones empezaron a ser tomadas por la palabra y por las multitudes en las calles, respaldando palabras en las asambleas. Por eso se desactivó el genocidio hasta ahora de Gaza”, aseguró el jefe de Estado.

Agregó que ese mismo criterio se debe aplicar al tema de la crisis climática: “Unos tienen el dinero, emiten CO2, están a punto de hacer pasar el planeta de la crisis climática al colapso, que será irreversible y que puede acabar con la existencia no sólo de animales y vegetales en el mar, en la tierra, sino de la misma humanidad. Y, por tanto, es el momento de pasar a la esfera de palabras que se vuelvan multitudes para que se vuelvan reales”, afirmó.

El presidente Petro también dijo que defendió en la COP 30 el papel que deben cumplir los propios campesinos que viven en la selva amazónica para su protección, como principal pulmón del planeta.

“Dijimos: la selva amazónica, en el caso concreto colombiano, debe cambiar 80.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca que están abandonados hace tres, cuatro años, por selva, primer acto del gobierno. Dos, el factor que puede hacer realidad la revitalización de la selva amazónica, y en el mundo, es la población misma que vive en la selva, es decir que quien tiene el poder de la revitalización es el campesinado, son las comunidades indígenas”.

En ese sentido, el mandatario insistió en su propuesta de cambiar deuda por acción climática para salvar la selva amazónica. “Sobre eso hay que construir una ayuda económica, que no es limosna, sino que tiene que ver con una reestructuración de deuda en todo el mundo a partir de cambios del (Fondo Monetario Internacional) FMI, que tiene que ver con la construcción de un tribunal mundial contra crímenes ambientales, y entonces implica un tratado mundial de derecho ambiental y de constitución de qué significa crímenes ambientales en las selvas, en el océano, en las grandes ciudades”.

‘Hoy la agenda de la humanidad es la agenda de la vida’

De acuerdo con el jefe de Estado, ese esfuerzo de garantizar justicia con la población y con la naturaleza “tiene que estar cimentado en la articulación de inteligencias policiales y Ejércitos en las zonas que tenemos soberanía sobre selvas, sobre océanos, sobre lugares de vulnerabilidad climática”.

El presidente Petro reiteró que esta COP 30 “es una reunión de la humanidad, humanidad tratando de salvarse, es decir salvar la vida incluida de la humanidad”.

Reiteró que el principal emisor acumulado de CO2 es Estados Unidos, principal responsable de la crisis climática en el mundo y que no asistió a esta Cumbre.

Por ello recordó lo que dijo en su intervención central, en horas de la mañana: “Su ausencia hace que el presidente (Donald) Trump esté hoy contra la humanidad, lo cual obliga a que la humanidad trabaje olvidando a Trump y se dedique y priorice no una agenda que es de guerra, de misiles, de invasiones, de genocidios, de tratamiento nazi a los migrantes en los países, sino una agenda que priorice la vida. Hoy la agenda de la humanidad es la agenda de la vida”, concluyó.

Corte Constitucional. Vivienda Digna y Adecuada

La Corte enfatizó en que el derecho a la vivienda digna no se restringe a los mecanismos de financiación de la propiedad, sino que se extiende a siete condiciones para su garantía:

- La seguridad jurídica de la tenencia.

- La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.

- Los gastos soportables.

- La habitabilidad.

- La asequibilidad.

- El lugar.

- La adecuación cultural.

Para la Corte, las dimensiones descritas dan cuenta de que el derecho a la vivienda digna no se reduce a la simple existencia de un espacio físico donde habitar, también se extiende a la adecuación y dignidad de ese espacio, es decir, a que cumpla con las condiciones materiales reseñadas. Asimismo, afirmó que una vivienda solo es digna y adecuada, si el espacio habitacional en el que se reside protege a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza y de las contingencias del desarrollo urbano.

En concordancia con lo anterior, la Sala recordó que la Ley 388 de 1997 estableció que los entes territoriales están llamados a identificar las zonas de alto riesgo con el objetivo de que, en el plan de ordenamiento territorial, se implementen mecanismos para la prevención de desastres. En este sentido, la Corte destacó que las obligaciones estatales están directamente asociadas a la faceta de habitabilidad de la vivienda digna.

Para la Sala es claro que, si el espacio físico en el que se reside no ofrece plena protección a sus ocupantes y por el contrario es una fuente de riesgos y amenazas de carácter estructural, existe una violación al derecho fundamental a la vivienda digna que debe ser remediado.

De ese modo, es importante que las intervenciones urbanísticas que desarrollan los municipios estén encaminadas a reforzar la seguridad de los asentamientos humanos y la mejora continua en las condiciones de existencia de la población.

Caso concreto

La Sala Cuarta de Revisión, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, amparó el derecho a la vivienda digna de una ciudadana cuya unidad residencial se vio afectada por la ejecución de una obra de pavimentación en las inmediaciones de su hogar.

En el caso concreto, aunque a la Corte no le fue posible definir técnicamente el grado de relación causal entre el proyecto de pavimentación en la zona y la generación de la problemática de agrietamiento y erosión en la casa de la accionante, sí pudo probarse la existencia inminente de un riesgo que el ente territorial estaba llamado a identificar y solventar.

Por otro lado, la Corporación destacó que, desde el punto de vista de la obra de pavimentación, el municipio no podía sustraerse de sus obligaciones constitucionales y legales con fundamento en el cumplimiento del contrato. Sin desmedro de los propósitos del proyecto, la Corte recordó que la acción urbanística debe tender a mejorar y no a empeorar la vida de las personas que residen en su jurisdicción.

En consecuencia, la Corte le ordenó a la Alcaldía Municipal que realice los estudios para establecer la solución más idónea a la problemática identificada en el terreno sobre el cual está erigida la vivienda de la accionante. Aunado a lo anterior le ordenó que, luego de identificar la solución más adecuada, deberá llevarla a cabo entre los seis meses siguientes a la notificación del fallo.

Por último, ordenó al ente territorial que, en caso de observar daños inminentes en la vivienda que comprometan la integridad de la accionante, adelante las gestiones necesarias para orientarla en la búsqueda y obtención de una alternativa de vivienda segura. Al respecto precisó que, en caso de ser necesaria, dicha medida deberá concederse hasta el momento en que la accionante pueda regresar a su lugar de residencia en condiciones de seguridad, o en su defecto acceder a una solución definitiva de vivienda digna.

Sentencia T-393 de 2025

M.P. Vladimir Fernández Andrade

Glosario jurídico

Vivienda digna: “Una vivienda solo es digna y adecuada (…) si el espacio habitacional en el que se reside efectivamente protege a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza y de las contingencias del desarrollo urbano”.