El Gobierno del Cambio designa siete Voceros de Paz de organizaciones sociales y humanitarias para que contribuyan a la Paz Total
El Presidente de la República, Gustavo Petro, firmó las resoluciones en las que designó siete Voceros de Paz, miembros de organizaciones sociales y humanitarias, quienes acompañarán la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total.
Así lo confirmaron este viernes los miembros de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que es integrada por los ministros de Interior, Alfonso Prada; de Justicia, Néstor Osuna, de Defensa, Iván Velásquez; el Director del DAPRE, Mauricio Lizcano, y la Secretaría Técnica del Alto Comisionado de Paz.
En su intervención, el Ministro de Justicia explicó que esta Comisión evalúa casos de personas privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, para seguir haciendo recomendaciones al Presidente sobre nuevos Voceros de Paz, todo dentro del propósito que estos jóvenes apoyen las gestiones de pacificación en sus regiones y, con ello, arrebatárselos a la violencia.
El titular de la cartera dijo además que estos jóvenes apoyarán al Gobierno para lograr, lo que denominó, “la Paz del Barrio”, y para ello se analizaron “más de 200 perfiles, hojas de vida, de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, que pudieran tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto; verificamos que formaran parte de una organización social y le recomendamos al Presidente que designara Voceros de Paz a siete personas”.
Así, los siete voceros –hombres, mujeres, indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas– son Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.
Cinco de ellos, según determinó la Comisión, se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria. Estos siete jóvenes han sido reconocidos por su liderazgo social y su trabajo comunitario. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali.
El Ministro Osuna aclaró que “ninguna de estas personas está condenada”, pero tienen procesos judiciales vigentes, razón por la cual aseguró que “tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como Voceros de Paz, la Comisión Intersectorial recomendará al Presidente revocar sus designaciones”.
En este sentido, el Ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que lo que se busca es que haya una suspensión de la detención, pero “los jueces en su competencia tienen las decisiones”, a lo que el titular de Justicia complementó que “este es el mejor ejemplo de la separación de poderes, porque el Presidente designa los voceros, pero los procesos judiciales continúan” porque el Ejecutivo “no interviene en los procesos judiciales”.
“Ninguna de estas personas tiene sindicaciones por delitos de lesa humanidad, ni homicidios, ni delitos sexuales, ni delitos contra menores de edad, ni tortura, son delitos de afectación de bien público o privado, obstrucción de vía pública, de medios de transporte público, irrespeto a las autoridades”, aclaró el Ministro de Justicia.
Adicionalmente, se dejó claro que el Estado no asignará salarios a los Voceros de Paz.
Además, la designación de Voceros de Paz no se puede confundir con la iniciativa de los 100.000 jóvenes Gestores de Paz que harán parte del programa de Gestores para la Vida del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior.
Las responsabilidades
Se determinó que “las personas que ingresen al programa de Voceros de Paz tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos y la construcción de la Paz Total”.
“Para ello, harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria); Unidad para las Víctimas; el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior; el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros. Las entidades y voceros que estén en el programa tienen la responsabilidad de rendir un informe mensual de sus actividades.
Los voceros
• Santiago Márquez Charris – estudiante
Lugar de reclusión: Centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón, Santander.
Etapa del proceso: sindicado.
Perfil del joven: estudiante universitario en el área de pedagogía en Bogotá. Reconocido por sus profesores por su disciplina y dedicación. Comprometido con el desarrollo social, la academia y la pedagogía. Ha colaborado en jornadas de recolección y entrega de juguetes y ropa para los niños de Ciudad Bolívar. Ayudó a pintar y reparar un parque infantil público del sector, donde también apoyó la siembra de árboles.
Mientras estuvo en el establecimiento carcelario de La Modelo ayudó a pintar las escaleras del patio, dejó algunos libros en donación para la biblioteca y ayudó con actividades académicas con algunos otros privados de la libertad.
En Girón retomó su aprendizaje y talento y fue monitor del área educativa. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional lo visitó en la cárcel y luego de eso publicó una columna en diario El Espectador titulada ‘Un futuro maestro ejemplar’, en la que aseguró: “Sin duda, Santiago va a ser un gran maestro, digno egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo esperamos de vuelta en nuestra casa”.
• Arles Andrés Bolaños Zemanate - líder indígena
Lugar de reclusión: Se encuentra en detención domiciliaria a cargo del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali, Villa hermosa.
Etapa del proceso: sindicado
Perfil del joven: Según su mamá, Rosa y su hermano Jaime, habitantes de la comuna 18 de Cali, participó en actividades sociales en el centro comunitario La Colina. Nació el 12 de julio de 2002 en La Vega, Cauca. Tiene 20 años de edad, su nivel de escolaridad es sexto de bachillerato.
Se vinculó al paro nacional en el punto de resistencia Meléndez, sitio de confluencia hacia el sur de Cali, Jamundí y el Cauca.
Vive en Cali desde hace 14 años, llegaron a vivir donde un familiar que les dio posada. Su mamá trabajó para sacarlos adelante.
Después de dos años conocieron la Fundación CEUCOL, que les dio un techo para vivir y estudiar. Allí vivieron ocho años, estudiaron la primaria e hicieron parte en actividades artísticas y culturales.
• Adriana Esperanza Bermeo Súa - defensora de causas animalistas
Lugar de reclusión: Establecimiento de reclusión del Pedregal, Medellín
Etapa del proceso: sindicado.
Perfil de la joven: según su familia, es una joven bogotana que ha dedicado gran parte de su vida a la protección de animales de la calle. En sus actividades de tiempo libre, le gusta el maquillaje artístico, pintar murales y dibujar. Es también defensora de los derechos humanos. Según la certificación entregada por la junta de acción comunal: “Adriana es una líder comunitaria de nuestro territorio donde desarrolla hace cinco años, en niños niñas y adolescentes, formación en prácticas deportivas y artísticas en el marco de la metodología convivencial”.
• Laura Camila Ramírez Enciso - lideresa de la lucha contra el hambre
Lugar de reclusión: Detención domiciliaria.
Etapa del proceso: sindicado
Perfil de la joven: nacida en Medellín, Antioquía el 11 de octubre de 1997 y egresada de Contaduría pública.
Ha acompañado diferentes movilizaciones sociales desde la misión médica brindando primeros auxilios. Laura es miembro activo de Procesos para la Gente por la Vida Digna. Se ha destacado por su liderazgo en la lucha contra el hambre de Medellín desde el arte.
• Juan Sebastián Galeano Correa – artista
Lugar de reclusión: detención domiciliaria.
Etapa del proceso: sindicado.
Perfil del joven: nació en Medellín, Antioquía, el 26 de octubre de 1999. Estudiante hasta tercer semestre de informática musical y producción en el Instituto Metropolitano de Medellín. Ha sido líder estudiantil en diferentes instituciones, artista de comparsas y miembro de la JAC de su barrio ‘Comuna Seis’. Ha participado en diferentes actividades de impacto ambiental, fue miembro de grupos scout y gestión de rescate animal.
• Álvaro Andrés Duque Ruiz - líder estudiantil y campesino
Lugar de reclusión: cárcel de San Isidro, Popayán
Etapa del proceso: Sindicado
Perfil del joven: estudiante de historia, líder social. Ha asesorado a los habitantes del barrio Sinaí desde la coordinación de ‘Los Sin Techo’, con quienes construyó con respaldo de la Pastoral Social ‘La Casa del Pensamiento’. Hace parte de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, integrada por organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas que defienden derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
• Bremmen Hinestroza - líder estudiantil y campesino
Lugar de Reclusión: Cárcel de San Isidro, Popayán.
Etapa del proceso: sindicado.
Perfil del joven: padre de una niña de 8 años. Tallerista de arte dramático y líder social. Hace parte del movimiento ‘Los Sin Techo’, que trabaja por viviendas dignas para habitantes que no cuentan con recursos para adquirirlos. Es miembro de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, una red de organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, que defienden los derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un aumento del salario mínimo en el país de 16 % para 2023, tras acuerdo con empresarios y trabajadores
El salario mínimo subirá a 1.160.000 pesos (alrededor de 242 dólares).
Con la medida, explicó en mandatario en declaraciones a la prensa, habrá un incremento de 160.000 pesos (unos 33 dólares), con lo que el sueldo mínimo sube a 1.160.000 pesos (alrededor de 242 dólares).
Asimismo, el aumento del subsidio de transporte será del 20 %, quedando en 140.606 pesos (29 dólares).
🔴 #Atención | El Presidente @petrogustavo anuncia que el salario mínimo aumentará 16% para el 2023.
Con ello, el total entre el salario mínimo y el subsidio de transporte sumarán 1.300.606 pesos (272 dólares), dijo el mandatario colombiano.
El anuncio se produce, explicó Petro, luego de que se alcanzara un acuerdo entre trabajadores y empresarios en la mesa de concertación, en la que también estuvo presente el Gobierno, que respaldó la decisión; después de varios días de duras negociaciones.
En la negociación se tenía como base la cifra de 13,77 % de alza salarial, si se tiene en cuenta el dato de inflación de noviembre, que fue de 12,53 %, más la cifra de productividad, de 1,24 %; como techo estaba la propuesta de 20 % de los sindicatos.
Acuerdo "histórico"
"Espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses en virtud de la inflación, recupere el incremento de la productividad promedio de la economía", expresó Petro en sus declaraciones a la prensa.
Asimismo, señaló que espera que esta medida les permita "hacer saltar la demanda interna en Colombia, en sus sectores más vulnerables", para "corregir una situación del incremento del hambre" y que "se convierta en motor del crecimiento económico".
"Si la demanda interna crece en Colombia el año entrante, estoy convencido crecerá la economía mucho más allá del pronostico poco optimista que las condiciones internacionales están imponiendo" para el país, enfatizó.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por su parte, calificó de "histórico" el acuerdo al que se llegó en la mesa tripartita.
"Lo llamo histórico porque por primera vez en la historia de esta comisión nos hemos centrado en las políticas y medidas para proteger el valor adquisitivo del salario" y "por los grandes esfuerzos y la rigurosidad con que toda las partes hemos venido trabajando para construir, no solamente las acciones y medidas, sino la cifra única de concertación del salario como tal", destacó.
Ramírez indicó que también es histórico porque han tomado como cifra básica "lo que es la inflación de los pobres".
Colombia recibió los primeros recursos de cooperación internacional para salvar la selva en Caquetá y Guaviare
Los gobiernos de Alemania y Noruega entregaron hoy oficialmente los primeros recursos para financiar el Plan Nacional de Contención de la Deforestación por 25 millones de dólares, cifra que fue anunciada el pasado 7 de noviembre durante la Cumbre del Cambio Climático COP 27, realizada en Egipto.
Para la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad: “Este es un voto de confianza al trabajo que ha venido haciendo el Gobierno del Cambio. Con estos recursos aumentamos la cobertura a tres nuevos Núcleos de Desarrollo Forestal, donde con los grupos de juntas de acción comunal trabajaremos en la Amazonía para que esos terrenos que hoy están deforestados se conviertan en zonas de biodiversidad. Pasamos de tres a seis núcleos, nuestra proyección es llegar a más de 20; esto es un paso muy importante que damos en cuatro meses de haber iniciado el Gobierno”.
En ese sentido, los recursos serán invertidos a través del programa REM Visión Amazonía, que inicia su segunda fase. Así, consolidamos seis Núcleos de Desarrollo Forestal en los municipios de Cartagena del Chairá, Miraflores, Solano y San Vicente del Caguán (Caquetá) y Calamar (Guaviare).
El trabajo con las Comunidades
En estos núcleos se desarrollarán Planes de Manejo Forestal Comunitario, la firma de acuerdos de conservación por parte de las comunidades, educación ambiental, pagos por servicios ambientales, asistencia técnica, créditos verdes y el acompañamiento social y empresarial que son la base para el desarrollo de este modelo económico de aprovechamiento sostenible del bosque.
Por su parte, el embajador de Noruega en el país, Nils Martin Gunneg, mencionó que “nos complace continuar apoyando al Gobierno de Colombia para lograr sus ambiciosas metas para contener la deforestación y al mismo tiempo contribuir a un desarrollo rural sostenible. Con certeza, esta segunda fase del programa REM Visión Amazonía será exitosa y permitirá avanzar tanto en la protección de los bosques como en la consolidación de la paz en estos territorios”.
Así mismo, Klaus Botzet, encargado de Negocios de la Embajada de Alemania en Colombia, felicitó al Gobierno colombiano por su gran compromiso y liderazgo en la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. “Alemania seguirá al lado de Colombia para apoyar y estrechar todavía más la cooperación”, afirmó.
Llamado a contener la deforestación en esta temporada
La Ministra Susana Muhamad hizo un llamado a las comunidades de Caquetá, Sur del Meta, Guaviare y Putumayo para seguir trabajando juntos para contener la deforestación en los territorios. “El Gobierno del presidente Gustavo Petro está firmemente comprometido con su bienestar. Esperamos seguir construyendo una economía que sea ejemplo mundial con la biodiversidad para salvar y cuidar la selva. Queremos que en el centro esté el campesinado abandonado por tantos años y trabajar con ustedes, para ello estamos consiguiendo los recursos y los estamos escuchando para avanzar en este proceso”, manifestó.
-con información del Ministerio del Medio Ambiente-
El Estado colombiano sufre de una enfermedad crónica: la normatitis, en promedio en el país se expiden 16 normas al día. Así no hay negocio que prospere, no hay ciudadano que no se sienta afectado, en ultimas no hay país que avance. Para erradicar el trancón normativo la Representante de Bogotá por el partido Colombia Humana María del Mar Pizarro, radicó el Proyecto de Ley Antileyes que busca frenar la normatitis: “menos normas y más cumplimiento” afirma la congresista.
Con el proyecto se busca hacer más ágil y eficiente el Estado, pasar de una pequeña vía llena de trancones a una autopista rápida de muchos carriles, en la cual reduzcamos un 25% de la carga reguladora y así podamos hacer que la economía del país cerca en más de 10 billones de pesos, es decir 1,5% del PIB.
En el Pacto Histórico sabemos construir sobre lo construido hemos retomado y mejorado el proyecto de ley del exrepresentante Juan Fernando Reyes Kuri del partido liberal, con la seguridad que el congreso del cambio, de mayorías Progresista, aprobará esta iniciativa para mejorar la vida a los empresarios y ciudadanos.
El exceso de normas son un castigo para Colombia. Nuestras normas deben ser de calidad, pertinentes y eficaces. No podemos seguir aplaudiendo el trancón, no podemos seguir reduciéndole la velocidad al mercado, afectando a la ciudadanía, desde el año 2000 hasta 2022 se han promulgado 113.325 Resoluciones; 20.964 Decretos; y 3.559 Circulares, para un total de 139.523 normas expedidas. Esto significa que en promedio se han expedido 16 normas por día durante este período, de acuerdo a lo reportado por el Observatorio de Mejora Normativa, liderado por el Departamento Nacional de Planeación y la Imprenta Nacional de Colombia,
La representante Pizarro, indicó que “Al día de hoy en Colombia se han expedido casi 140.000 normas. Este exceso de regulaciones ha hecho que estas sean poco efectivas. La alta carga regulatoria para el Estado, los ciudadanos y las empresas ha llevado a Colombia a ocupar puestos bajos frente al resto de Latinoamérica en índices de competitividad, carga normativa y cumplimiento de la regulación. La gente tiene muchos problemas como para que el Estado les complique más la vida a la gente con mil normas y que los obligan a hacer mil vueltas”.
¿Cuántos empresarios han tenido que sufrir ante la expedición de nuevos trámites, requisitos, resoluciones, o cualquier otro castigo normativo? Necesitamos una Colombia productiva, no una que duplique tramites y cobre de más, los congresistas le debemos al país crear un contexto de seguridad jurídica, una autopista de última generación para que nuestras MiPymes crezcan y nos llenes de orgullo. La Ley Anti-leyes es una apuesta por la productividad y la competitividad.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, sanciona este martes, en la Casa de Nariño, la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, que tiene como objetivo principal atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal.
Con esta norma, el Gobierno del Cambio recaudará $19,7 billones en 2023 y un promedio de $20 billones en los siguientes tres años. Dichos recursos se destinarán, en su mayoría, al gasto social, por lo que se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas. De esta manera, el Presidente cumple una de las promesas de campaña.
“El interés del gobierno es consolidar una política fiscal sostenible, fundamentada en ingresos corrientes y en la reducción de la dependencia de la deuda. La Reforma Tributaria es importante en su finalidad de equidad y como factor anticíclico en la recesión mundial venidera”, manifestó el Mandatario el pasado 6 de octubre, a través de su cuenta de Twitter.
¿Cuál será la fuente de ingresos de la Reforma?
Personas con mayor capacidad contributiva
Pagarán más impuesto de renta quienes tengan ingresos mayores a $13 millones mensuales. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más de dos terceras partes del recaudo adicional de este impuesto provienen de los contribuyentes con ingresos superiores a $20 millones mensuales.
Sector minero-energético
Se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales; será del 5% o 10% para carbón; y del 5%, 10% o 15% para el petróleo.
En el caso del petróleo, para 2023, la sobretasa será de 5% si el precio es mayor a USD 67 por barril; de 10% si el precio supera USD 75; y de 15%, si el crudo de referencia Brent es mayor a USD 82.
También, no se podrán deducir de los impuestos de renta de las compañías de ambos sectores los montos de las regalías.
Adiós a los beneficios tributarios
El texto plantea la reducción de algunos beneficios tributarios específicos para algunos sectores y regiones. Además, se depuraron los no estratégicos, racionalizándolos a las actividades que constituyen prioridades de política pública en los territorios.
Impuestos saludables y ambientales
Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados entrarán en vigencia en noviembre del próximo año, periodo para el cual se espera que ya se haya materializado una reducción de la inflación. Solo aplicará a los productores que obtengan ingresos mayores a $419 millones anuales por estos mismos.
Con lo anterior se evita gravar a microempresas productoras de estos bienes, con gran impacto en la economía popular, como las panaderías de barrio.
Se excluyeron de este impuesto, además, alimentos con una participación importante en la canasta familiar, como el pan y las bebidas lácteas.
En cuanto a los tributos ambientales, se han establecido gravámenes al carbono y los plásticos de un solo uso.
El Gobierno del Cambio busca tener un mayor recaudo para el bienestar de los más vulnerables así:
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Más inversiones, menos evasiones
La Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social reduce los montos, a partir de los cuales la evasión se vuelve un delito, es decir que las personas naturales o jurídicas que ahora tengan ingresos superiores a $1.000 millones en activos o pasivos que no reporten incurrirán en sanciones establecidas en la ley.
Además, la norma establece que las condiciones para la prescripción penal de la evasión se vuelven más restrictivas.
Así mismo, en zonas francas habrá impuesto ponderado: 20% para ventas al exterior y 35% para el mercado interno. Se exceptuarán productos energéticos que se vendan al mercado interno como las zonas francas costa afuera de gas, la refinación de petróleo y la producción de biocombustibles.
(Con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
Representantes de sectores públicos y privados de Alemania y Colombia adelantaron el primer Diálogo Binacional sobre la política de reindustrialización basada en las energías renovables y el desarrollo del sector del hidrógeno verde.
Los dos países fortalecieron sus relaciones para acordar proyectos conjuntos, con el objetivo de implementarlos en los siguientes años de gobierno.
Participaron los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; de Minas y Energía; y de Relaciones Exteriores de Colombia, así como la Embajada de Colombia en Alemania y la Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI por su sigla en alemán).
El trabajo conjunto permitirá involucrar a Alemania en la transición energética y en la descarbonización de la economía colombiana, con miras a convertir a nuestro país en un exportador de energía limpia.
Al mismo tiempo, las acciones apoyarán la transformación de Alemania hacia una economía descarbonizada.
El término hidrógeno verde hace referencia al generado con energías renovables y de bajas emisiones como la eólica (generada por el viento) y electrólisis de agua, principalmente.
Previamente, como preparación para el diálogo se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo virtuales los días 17 y 18 de noviembre en la que los participantes identificaron que el foco de la articulación bilateral debe ser la "financiación para el intercambio”.
El destino de los recursos económicos se debe centrar en tres áreas: desarrollo tecnológico, capacidades técnicas e infraestructura, mediante un trabajo conjunto de las industrias colombiana y alemana con el fin de acceder a los fondos de financiación que ofrece la nación germana.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, indicó que es el momento para fortalecer y profundizar los vínculos bilaterales con el país europeo y su sector energético, con el objetivo de avanzar en la transición energética que busca el Gobierno de Colombia.
“Colombia cuenta con una combinación óptima de abundantes recursos, un potencial excelente para parques solares y eólicos, y acceso al agua, así como capacidad de exportar a países de gran demanda energética como Alemania”, dijo el ministro.
Y agregó que la idea es convertir a Colombia en un país exportador de energía limpia, produciendo grandes volúmenes de hidrógeno verde y los correspondientes derivados, como metanol y amoníaco.
“Lo que queremos es dar costos competitivos a partir de 2030 en un mercado local y a 2050 en el mercado internacional, generando cadenas de valor, manifestó.
Para la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, “las políticas públicas, los desarrollos tecnológicos y científicos, y el impulso industrial que tiene Alemania frente a los procesos de transición energética son referente para el impulso de la política de reindustrialización y para el progreso técnico que busca Colombia”.
“Desde el Gobierno Nacional, hemos identificado en el amoníaco verde una oportunidad importante para el despliegue de la Economía del Hidrógeno en Colombia, logrando un encadenamiento con la producción de fertilizantes, que aporten a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de la productividad del sector agrícola del país. En este sentido, estamos trabajando para dar cumplimiento a la Hoja de Ruta del Hidrógeno que nos permita alcanzar las metas previstas a 2030”, explicó la ministra.
Por su parte, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, manifestó que “esta es una gran oportunidad para profundizar nuestras relaciones con Alemania y aumentar la inversión en proyectos de nuevas energías, incluidas las renovables y el hidrógeno, a través de mecanismos de financiación que ofrece el gobierno alemán. En nuestro objetivo de ser un actor clave en la transición energética de la región, Ecopetrol tiene gran interés en tener acceso temprano al desarrollo de nuevas tecnologías en Alemania y generar transferencia de conocimiento para su escalamiento en Colombia.”
Memorando de entendimiento
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, el Grupo de Energía de Bogotá y Promigas suscribieron un Memorando de Entendimiento donde se comprometieron a avanzar en una producción y un funcionamiento industrial sostenible en el país.
Las entidades trabajarán conjuntamente en el fortalecimiento del intercambio científico para mitigar las barreras técnicas concernientes a la transición energética ambiciosa y ordenada.
También acordaron avanzar en acciones internacionales, con socios estratégicos, destinadas a impulsar la reindustrialización basada en energías renovables.
Este esfuerzo demandará la búsqueda de países comprometidos con la transferencia de tecnología y conocimiento enfocados en desarrollar una industria sostenible, e interesados en la financiación a largo plazo de los procesos de transición energética.
Esta transición también debe enfocarse en generar empleos, fortalecer el capital humano y facilitar la inserción de las comunidades, por lo que se enfatizará en la importancia del rol del empleo y de las comunidades locales en el proceso de reindustrialización.
Finalmente, los firmantes se comprometieron a desarrollar conjuntamente un artículo para el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de impulsar la producción industrial del país con energías renovables y procesos de descarbonización.
Luego de haber perdido más de cuatro años en el proceso de paz el gobierno del Presidente Petro y la guerrilla del ELN retoman y avanzan por el camino del diálogo y los acuerdos para la Paz Total.
El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerraron este lunes la primera ronda de negociaciones en Caracas (Venezuela), luego de varias semanas de conversaciones.
En una rueda de prensa desde el Hotel Humbolt, en el Parque Nacional Waraira Repano, las delegaciones dieron a conocer los acuerdos alcanzados en esta primera ronda.
✅ ATENCIÓN | Iglesia Católica acepta acompañar el proceso de negociación con el ELN. Nombra como representante a monseñor Héctor Fabio Henao, delegado por la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado. CONT 👇🏼 pic.twitter.com/gWzvd0daGg
— Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) December 12, 2022
Mayor participación ciudadana así como paridad de género, son las características principales del nuevo rumbo en las negociaciones. Los sectores sociales -campesinado, empresarios, organizaciones sociales y civiles- que en el país se han visto afectados por el conflicto tendrán asiento en la mesa de diálogo.
Avances
Tras las primera semana de conversaciones, el Gobierno de Petro y el ELN anunciaron los tres primeros acuerdos del diálogo en Caracas sobre los países garantes y acompañantes; las acciones y dinámicas humanitarias; y la creación de un "equipo conjunto de comunicación" para informar de manera "objetiva, oportuna, clara y transparente" sobre el desarrollo y avance de las negociaciones.
En el primer acuerdo se ratificó a Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes y se invitó a Brasil, Chile y México para que asuman el mismo papel. Los gobiernos de Chile y México ya aceptaron la propuesta; mientras que el gobierno de Jair Bolsonaron aún no se pronuncia, por lo que podría darse una respuesta en enero próximo cuando asuma la Presidencia Luiz Inácio Lula da Silva.
Además, se formalizaron como acompañantes al secretario general de la Organización de las Naciones unidas (ONU), a través de su representante especial en Colombia; y a la Conferencia Episcopal de Colombia. Igualmente acordaron invitar a Alemania, Suecia, Suiza y España para que se unan al proceso, en calidad de acompañantes, y adelantar acciones diplomáticas con EE.UU. para conocer su disposición de participar en el diálogo.
#ATENCIÓN🚨 | El acompañamiento de la comunidad internacional es un apoyo vital para los diferentes procesos de construcción de paz que componen la política de #PazTotal del Gobierno del presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/bwwTttimT5
De igual forma coincidieron en retomar el punto de los acuerdos correspondientes a la agenda establecida en marzo de 2016, respecto de las acciones y dinámicas humanitarias para realizar en corto plazo "procesos de alivios humanitarios" que será acompañado por la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia.
Las delegaciones acordaron invitar a la Convención Nacional Campesina de Colombia para integrarla a la mesa de diálogo y buscar acuerdos que apunten también a generar medidas económicas, sociales, políticas y de seguridad a favor de ese sector, que ha sido uno de los más castigados por el conflicto armado.
Plenaria de senado aprobó reforma constitucional que regulariza cannabis de uso adulto
Las mayorías del Senado de la República aprobaron en sesión plenaria el acto legislativo número 033 de 2022 Senado, 002 de 2022 Cámara, que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y regularizar en Colombia la venta del cannabis para uso adulto.
Es el cuarto de los ocho debates que debe completar la iniciativa para convertirse en norma constitucional.
Al presentar el proyecto ante el pleno de la corporación, su ponente, la senadora María José Pizarro Rodríguez, Pacto Histórico, sostuvo que, “en Colombia se han gastado alrededor de 16 mil millones de dólares en una guerra contra las drogas que no ha reducido el consumo, ni el acceso, ni la presencia de grupos criminales. La guerra contra las drogas no ha cumplido su objetivo, es momento de cambiar el enfoque y regularizar el consumo adulto".
Y agregó la congresista Pizarro Rodríguez, que el tabaco y el alcohol son sustancias legales que causan más daño que el cannabis, “en Colombia, fallecen más de 20 mil personas al año por enfermedades atribuibles al tabaquismo, y una de cada 20 muertes en el mundo está relacionada con el consumo de alcohol. La Corte Constitucional señaló en 1994 que el porte y consumo son acciones dentro del ámbito privado y no afectan los derechos de las demás personas”, precisó.
Por su parte, la senadora Karina Espinosa, Partido Liberal, sostuvo: "La droga destruye nuestro país y causa violencia, por lo que en vez de apostar por la regularización, tenemos que educar a nuestros niños para cambiar nuestra sociedad".
De otro lado, el senador Alirio Barrera, Centro Democrático, rechazó el proyecto y argumentó, “es triste ver al Congreso legalizar lo ilegal, lo que daña la juventud, lo que va a dañar al país. Cuál es el afán de llevar la sociedad a un vicio; una ilegalidad disfrazada de legalidad. Quieren convertir a Colombia en paraíso de drogas; vamos a ser el puerto cocalero más grande del mundo. Nos van a hacer ver como la súper chimba, lo único que faltó fue que trajeran una muestra”.
El autor del proyecto, representante Juan Carlos Losada Vargas, Partido Liberal, sostuvo que es histórico el avance que ha tenido esta reforma constitucional, “vamos a tener otros cuatro debates de marzo a junio de 2023, para que esta reforma constitucional se perfeccione, y de esa manera haya en Colombia un mercado legal del cannabis, en el que no sea ilegal venderlo y comprarlo. Hoy, los colombianos tienen derecho a portar cannabis, a cultivarlo, pero no tienen el derecho a cultivar y vender una sustancia que es legal en todos los otros aspectos”.
Precisó el congresista Losada Vargas, que el cannabis lo van a poder adquirir las personas que sean mayores de 18 años. Cabe anotar que la iniciativa contó con el apoyo del Partido Liberal, del Pacto Histórico, la Alianza Verde, un sector del Partido de la U, y también de Cambio Radical; pero no contó con los votos del conservatismo, ni del Centro Democrático.
Luego de escuchar a las comunidades, el Gobierno del Cambio adjudica la megaobra del Canal del Dique
Como una de las premisas del Gobierno del presidente Gustavo Petro de escuchar a las comunidades y luego de cumplirse en los últimos tres meses cerca de 20 mesas de diálogo, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, adjudica del proyecto de APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique, un proceso que se logra después de oír a los pobladores y tras un minucioso proceso de estructuración que duró cerca de siete años.
“La adjudicación del Canal del Dique fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique. El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, indicó Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte.
Para lograr este objetivo, el Gobierno del Cambio cumplió con todas las etapas previas que incluyeron procesos de socialización con comunidades en al área de influencia del canal. Además, durante la estructuración se hicieron más de 250 mesas de trabajo y se protocolizaron 16 procesos de consulta previa ordenados por el Ministerio del Interior, que tuvieron acompañamiento de Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República.
Incluso, estos procesos de diálogo y concertación se mantendrán durante toda la ejecución del proyecto. “Tenemos un profundo respeto por las comunidades y estamos cumpliendo con una de las solicitudes del presidente Gustavo Petro: que el proyecto fuera socializado con los pobladores. El compromiso de la ANI es que estos procesos sigan durante la preconstrucción, construcción y operación, porque vamos a crear oportunidades para los pobladores, garantizando su seguridad alimentaria, pero respetando su pasado y sus tradiciones”, dijo William Camargo Triana, presidente de la ANI.
Desde que inició el mandato del presidente Gustavo Petro se han llevado a cabo cerca de 20 mesas de diálogo con comunidades y líderes regionales a las que asistieron cerca de 1.000 personas. Estas jornadas arrancaron el 8 de septiembre con la visita que hizo el primer mandatario al municipio de Santa Lucía (Atlántico). Previamente, el 6 y 7 de septiembre, la ANI hizo mesas de trabajo en Suán, sede Universidad del Atlántico, Palacio de la Proclamación en Cartagena y la Casa de la Cultura en San Onofre (Sucre).
Otras 13 reuniones se hicieron, entre el 27 y el 30 de septiembre: Los lugares fueron: Campo de la Cruz, Casa de la Cultura de Repelón, Candelaria, Carreto, Manatí, Luruaco y Sabanalarga, en el Atlántico. También en: San Estanislao, San Cristóbal, Tierra Bomba, Caño del Oro, Calamar y Punta Arena, en Bolívar.
Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado del área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco de la ejecución del proyecto.
Generalidades del proyecto
Dentro de los trámites adelantados por la entidad, el proyecto contó también con aprobaciones de otras entidades del orden nacional como: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación-DNP, las cuales garantizaron los recursos para ejecutar las obras que inician con el proceso de preconstrucción y tienen una duración de 18 meses.
En esta etapa se adelantarán requerimientos técnicos, ambientes, sociales y prediales que permitan dar paso al proceso de construcción. En esta fase de preconstrucción, el concesionario podrá adelantar actividades de mitigación ante probables sucesos producto de la ola invernal, es decir, podrá hacer mantenimiento a lo largo del canal navegable.
El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel; también el proyecto tendrá compuertas en Calamar.
La ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y según los cálculos estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.
La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes de 19 municipios: ocho del Atlántico: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez ubicados en el departamento de Bolívar: Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana; y uno en Sucre, San Onofre.
Este megaproyecto ambiental es una iniciativa de la que se viene hablando hace más de 50 años en el país y sus obras son primordiales porque, además de aliviar los problemas de sedimentación y riesgos de inundación que incluso hace más 12 años causaron una enorme tragedia al dejar más de 100 mil damnificados en la costa Caribe, beneficia el transporte de mercancías por sus aguas a los puertos del Caribe.
De hecho, con el proyecto se mantendrá el control de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas; también mejorará las conexiones ciénaga-ciénaga y ciénaga-canal e impulsará la restauración de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
El canal del Dique es un proyecto estructurado conjuntamente por la ANI, el Fondo Adaptación y Cormagdalena, con el liderazgo del Ministerio de Transporte.
Desde lo técnico el proyecto contó con estudios y diseños definitivos a Fase III aportados por el Fondo Adaptación y elaborados por empresas del más alto nivel y reconocida experiencia internacional: Royal HaskoningDHV y Gómez Cajiao. También se contó con la asesoría técnica del Banco Mundial y la estructuración jurídica, financiera y de riesgos de Bonus Banca de Inversión. Gómez Cajiao adelantó el componente técnico.