Gobierno del Cambio destina $327.000 millones para fortalecer hospitales públicos y garantizar atención en salud a población vulnerable

El Ministerio de Salud y Protección Social asignó 326.926 millones de pesos para apoyar a las Empresas Sociales del Estado (ESE) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Los recursos también garantizan la continuidad de los servicios de salud en los territorios más vulnerables del país, incluyendo a la población migrante no asegurada.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, resaltó que “nuestro gobierno está comprometido con garantizar la salud de todos los colombianos y mejorar las capacidades de nuestros hospitales públicos”.

“Esta inversión es una muestra de nuestra voluntad de fortalecer el sistema público y asegurar una atención de calidad para todos los ciudadanos, especialmente en las regiones más necesitadas”, agregó.

La distribución de estos recursos cubre a 30 departamentos y 6 distritos certificados en salud, y beneficia a 659 Empresas Sociales del Estado (ESE) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Según el Ministerio, esta partida es fundamental para aliviar las deudas generadas por la prestación de servicios a la población migrante no asegurada, y, sobre todo, para continuar fortaleciendo la infraestructura y la capacidad de atención de los hospitales públicos.

El Ministerio de Salud, que implementa esta medida mediante la Resolución 1769 de 2024, indicó que “tras atender las urgencias médicas de la población migrante no afiliada al sistema de salud, las IPS y Empresas Sociales del Estado vieron afectados sus presupuestos”.

Distribución de los recursos

Anunció que la distribución de los fondos se realizará así: $299.489 millones para 404 ESE, $23.939 millones para 251 IPS privadas y $3.498 millones para 4 IPS mixtas.

Destacó que 24 departamentos –incluidos Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Norte de Santander, que han demostrado ser críticos en la atención a población migrante y en la prestación de servicios de urgencias–, recibirán recursos significativos para mejorar sus servicios de salud.

A su vez, 6 distritos certificados, como Bogotá, Medellín y Cali, también recibirán una asignación considerable, para garantizar que los principales centros urbanos del país sigan brindando atención de calidad.

“El Gobierno Nacional ha priorizado a las ESE ubicadas en capitales departamentales y otros municipios clave, en donde el impacto de la atención a migrantes ha sido mayor.

Sin embargo, el énfasis sigue siendo el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, para asegurar que estos centros continúen mejorando sus capacidades de respuesta y mantengan su sostenibilidad en el tiempo.

Conflictos por tierras

Colombia tiene la oportunidad histórica para resolver conflictos de tierra que han congestionado los tribunales, en adelante a través de la Jurisdicción Agraria y Rural por vía pacífica, y no sometiéndolos al arbitrio de actores armados ilegales, práctica que quedó en el pasado y jamás deberá repetirse.

El pasado 27 de agosto, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria 183 de 2024, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, asunto que ocupa por estos días a los Senadores de la República en su estudio y análisis, y con cuya aprobación se superarán grandes obstáculos que enfrenta el campesinado para defender sus derechos.

La jurisdicción agraria no es algo nuevo a nivel internacional, sino que es un mecanismo ya usado en países con problemas de tierras como México, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú y Brasil, quienes crearon las suyas para servir de puente y lograr que las poblaciones más vulnerables tuvieran acceso al Estado en sus múltiples dimensiones. En la práctica, comprobaron que no tener jurisdicción agraria, era negarle el acceso a la justicia a sus campesinos.

En nuestro país, el derecho agrario ha sido desarrollado por más de un siglo y existen múltiples leyes y sentencias que interpretan la normatividad agraria y protegen la propiedad. Pero los actuales despachos judiciales ya tienen suficiente congestión y relegan los procesos agrarios al olvido, en anaqueles abarrotados de viejos expedientes. Dicha saturación deja en evidencia la necesidad de contar con jueces especializados en temas agrarios que ayuden a resolver los conflictos de la tierra, en la más profunda apuesta por la paz para el campo colombiano.

Tras integrar la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, se aprobó una Ley Estatutaria que se encuentra en revisión de constitucionalidad para ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Esta norma crea la estructura de la nueva Jurisdicción y le otorga competencia a jueces y magistrados especializados para resolver los conflictos agrarios y rurales en el país.

Con la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, la Agencia Nacional de Tierras se robustecerá institucionalmente para hacer la Reforma Agraria, retomando facultades en parte de los procesos agrarios, como en su momento las tuvieron el INCORA, el INCODER y la misma ANT hasta el 2017, para poder avanzar con la correcta disposición de tierras de la Nación. Y ante cualquier inconformidad, en debido proceso sus decisiones podrán ser recurridas ante los jueces y magistrados agrarios.

#JurisdicciónAgrariaYa es el mensaje con que la ANT desplegará hoy la Jornada Nacional de Pedagogía, con el objetivo de que los colombianos conozcan este proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República, y que permitirá recuperar tierras con destino a los campesinos y comunidades étnicas para acelerar la Reforma Agraria, para así saldar una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana.

Sergio Muñoz, campeón mundial juvenil de levantamiento de pesas

COC.- La conquista de medallas para Colombia continúa en León, España, durante el Campeonato Mundial Juvenil IWF y ahora el turno fue para Sergio Alexánder Muñoz Ríos, quien en la división de los 96 kilogramos ganó la medalla de oro en el envión y el bronce en el total olímpico.

Sergio no inició muy bien en el arranque, en el que finalizó sexto con 157 kilogramos, a 14 kilos del ganador del oro, el japonés Masashi Nishikawa, pero en el envión demostró su fortaleza y con 198 kilogramos levantados se adjudicó el oro.

En el total olímpico, que es la sumatoria del arranque y el envión, el colombiano acumuló 355 kilos, para ser tercero y ganar la medalla de bronce. El oro de nuevo fue para el japonés Nishikawa y la plata para el bielorruso Ihnatsi Pauliukavets, quien compite por el equipo de atletas independientes.

Ahora Colombia acumula 18 medallas en el Mundial, la cifra más alta de nuestra historia en esta categoría, con cinco oros, seis platas y siete bronces, con la particularidad de que nueve medallas las ganaron mujeres y nueve las ganaron hombres.

Para Colombia todavía queda la competencia de los colombianos Valeria Ruíz en los -81 kilogramos; Yairan Tysforod en más de 81 kg.; Daniel Díaz en -109 kg., y John Mario Martínez en más de 109 kg.

Al derecho...

 

Empresarios extranjeros siguen confiando en Colombia y seguirán invirtiendo en el país: directora del DAPRE

Reunión del presidente Gustavo Petro y la directora del Dapre, Laura
Sarabia, con empresarios privadas en New York. 

Los empresarios extranjeros siguen confiando en Colombia como destino de inversión, y por ello se espera que esa inversión aumente en los próximos meses en diferentes sectores, entre ellos los energéticos.

Así lo advirtió la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, (Dapre), Laura Camila Sarabia Torres, tras un encuentro con empresarios privados de Estados Unidos liderada por el presidente Gustavo Petro, en el marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Una de las conclusiones es que siguen confiando en Colombia para invertir, y eso es clave para nosotros. Tuvimos varias reuniones con el sector privado. Todas estas empresas tienen inversiones en nuestro país, sobre todo en temas de agricultura, científicos y de salud, en transición energética, de hidrocarburos y gas. Viene más inversión para Colombia. Hay grandes apuestas, sobre todo en transición energética, en hidrógeno verde con Ecopetrol", agregó la directora del Dapre.

La funcionaria comentó que, en el encuentro con empresarios privados, el mandatario colombiano explicó cuál es la situación económica del país y cuáles son las nuevas estrategias para la reactivación económica.

“Que tenemos resultados como un 3% de crecimiento económico según las últimas cifras del DANE; que vemos que el sector de vivienda se ha ido reactivando. Obviamente necesitamos que se reactive de manera más rápida y con unos indicadores más altos, pero vemos una leve mejoría; vemos que el sector agrario sigue apalancando la economía. Vemos realmente el tema de inflación, que fue una inflación cero en el mes de agosto, y eso es una cifra muy importante para nosotros y que esperamos que ojalá siga en ese mismo indicador", explicó Sarabia Torres.

Añadió que “la apuesta es la inversión en Colombia, vienen muchas de las apuestas que el presidente ha manifestado públicamente y que hemos venido trabajando con el sector privado, no solo en nuestro país, sino escenarios comunes".

También dijo que, desde la reactivación del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, el pasado 23 de julio, el Gobierno ha trabajado con diversos sectores para impulsar el crecimiento y la estabilidad económica en cinco áreas priorizadas.

Se han adelantado diferentes reuniones con gremios como el bancario, que se comprometió con $55 billones para créditos en sectores estratégicos. “Firmamos un pacto que ha permitido un incremento del 28% en la inversión destinada a sectores prioritarios como vivienda, infraestructura, agricultura y turismo", destacó Sarabia.

Y vienen otras con los sectores agrario, turismo e industria, y el sector del acero donde se abordará el tema de salvaguardas y las inversiones verdes que se anunciarán en los próximos días.

“El balance es altamente positivo en esta visita, sobre todo en materia de diversidad, sobre todo en confirmaciones para la COP que tendremos en Cali, y sobre todo para que sigan confiando en nuestro país para invertir", afirmó la directora del Dapre.

No es posible sujetar la prestación del servicio público de acueducto a requisitos no exigidos por la normativa

Imagen de apoyo

La Sala Cuarta de Revisión amparó el derecho al debido proceso de 15 familias residentes en un barrio de Bucaramanga, a quienes se les negó la prestación del servicio de acueducto porque no presentaron un “paz y salvo” solicitado por la empresa prestadora de servicios públicos.

Los accionantes explicaron que, desde 2005, recibían el suministro de agua potable mediante tres pilas públicas provisionales administradas por la junta de acción comunal del barrio. Según indicaron, desde 2020, la junta dejó de recaudar el dinero a los habitantes del sector, que servía como medio para pagar el costo del servicio de pila pública; deuda que llegó a ascender a 271 millones de pesos. En el marco del proceso de individualización de los servicios de acueducto y alcantarillado, la empresa condicionó la prestación de estos servicios a que los actores presentaran un paz y salvo por el consumo de la pila pública provisional.

Al conocer del asunto, la Corte consideró que la empresa había vulnerado el derecho al debido proceso porque supeditó la conexión de aquellos servicios públicos domiciliarios a una exigencia no prevista en el ordenamiento jurídico, consistente en presentar un certificado de paz y salvo por los consumos del suscriptor del servicio de pila pública.

La Sala precisó que ninguna disposición del régimen jurídico para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado supedita la conexión a la presentación del paz y salvo solicitado por la empresa, razón por la cual su exigencia es incompatible con el artículo 84 constitucional, según el cual, “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.

Para proteger el derecho vulnerado, la Corte le ordenó a la empresa que les brindara a los accionantes información clara y suficiente acerca de las condiciones previstas en la normativa para acceder a los servicios de acueducto y alcantarillado, sin que para la conexión a estos les pudiera exigir el paz y salvo solicitado.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó su voto en la presente decisión, mientras que el magistrado Vladimir Fernández Andrade lo aclaró.

Sentencia T-275 de 2024

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:

La prestación del servicio de acueducto mediante el sistema de pilas públicas: de conformidad con el Decreto 302 de 2000, las pilas públicas son “fuente de agua colocada por la entidad, de manera temporal, para el abastecimiento colectivo en zonas urbanas distantes de la red local de acueducto, siempre que se dificulte la instalación de redes domiciliarias”.