Para la sala plena hubo un menoscabo al buen nombre, la imagen y la dignidad humana. |
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Ordenan a Miguel Uribe y a Esteban Ramírez desmontar propaganda ofensiva
Por qué la Justicia colombiana declaró inconstitucional la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños
#LaCorteInforma ? | La Corte encontró que acoger ahora una sanción como la prisión perpetua configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas.
— Corte Constitucional (@CConstitucional) September 3, 2021
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Concluyó que el Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el Artículo 34 de la Constitución.(2/4) pic.twitter.com/sZhbzOWtkF
— Corte Constitucional (@CConstitucional) September 3, 2021
Mario Montoya será imputado por más de 100 "falsos positivos
"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado de 104 de los llamados falsos positivos", dijo Francisco Barbosa.
DW.- El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del Ejército de Colombia (2006-2008), anunció este sábado (31.07.2021) la Fiscalía.
"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos", dijo a la revista Semana el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de su lucha antiguerrillera.
Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de las víctimas eran niños. "Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército", agregó Barbosa. Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.
La JEP estima que más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el Gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un body count o conteo premiado de cuerpos. La imputación de la Fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.
Celebro el anuncio de @FiscaliaCol sobre la imputación al Gen. Mario Montoya, excomandante del Ejército de Colombia, por su presunto rol en ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 31, 2021
Se trata de un paso importante para el derecho a la verdad de las víctimas.
Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter, pero lamentó "que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica".
Es una lástima que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 31, 2021
Durante años, @HRW ha publicado varios informes que demuestran que la Fiscalía contaba con evidencias contra Montoya.
Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios. El entonces mayor del Ejército Gustavo Soto relató a la agencia AFP en 2020 que Montoya medía los resultados operacionales "en muertos".
Según Barbosa, el oficial retirado "fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones (...) con la política de premios por esas ejecuciones". Pero el general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que "en ningún momento existió una directiva o directriz al Ejército para hechos tan atroces".
Gobierno Nacional sancionado nuevamente por no cumplir la sentencia T–052 del 2017
Catatumbo - Norte de Santander, julio 28 de 2021.
- De esta manera alertamos a la sociedad y al Estado colombiano sobre la falta de voluntad política del Gobierno Nacional frente al acceso y goce de los derechos del Pueblo Barí y de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en Norte de Santander; sin embargo, a pesar del incumplimiento de las medidas judiciales, seguiremos exigiendo el acceso a la administración de justicia con plenas garantías del ejercicio de nuestros derechos constitucionales incluyendo los de la Sentencia T – 052 de 2017.
ASCAMCAT - PUEBLO BARÍ - ONIC - ANZORC
La Justicia de Paz de Colombia imputa a 10 militares y un civil por 'falsos positivos'
Imagen ilustrativa |
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 10 militares y un civil por su presunta vinculación en los denominados 'falsos positivos', asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
De acuerdo con la institución, los imputados habrían tenido una participación determinante "en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión" en el Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander.
Las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el objetivo de "aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar", precisó la JEP.
"Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 de la JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
En concreto, por estos delitos, las 11 personas fueron imputadas por "crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil".
Los imputados
Los imputados, identificados como máximos responsables de haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar, son:
- El brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30.
- Los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).
- El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña.
- El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15.
- El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
Los otros imputados, "por haber contribuido de manera amplia y efectiva" en los delitos, señala la JEP, son:
- El capitán Daladier Rivera Jácome.
- El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz.
- El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN.
- El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15.
- El tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares (BRIM15 y BISAN).
Modalidad de los crímenes
De acuerdo con el comunicado de la JEP, se pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.
La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales; mientras que la segunda consistió en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.
"La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 ('ejecuciones extrajudiciales') pic.twitter.com/HxJ9rcpM7F
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
Las 120 personas asesinadas, señala la JEP, "tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi", explicando que las víctimas "fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate real alguno" y, además, "fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales".
Según la institución, los imputados actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un "ataque generalizado y sistemático" contra la población civil.
Estas personas "o aceptan la responsabilidad o se exponen a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la justicia transicional", señaló Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
Estas imputaciones, informa la JEP, hacen parte del primero de por lo menos seis casos territoriales sobre 'falsos positivos' en Colombia; los otros hechos priorizados por la institución están en Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.
En febrero pasado, la JEP elevó a 6.402 el número de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2006, los primeros seis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Procuraduría pidió condenar al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte por 'el cartel de la toga'
En su alegato de conclusión, el representante del Ministerio Público señaló que las pruebas practicadas durante el juicio permitieron concluir más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de investigación, que consistieron en promover, organizar y dirigir una organización criminal con el fin de cometer delitos indeterminados que afectaron la administración pública.
Igualmente, el órgano de control pidió al juez declarar la prescripción del delito de utilización indebida de información oficial privilegiada.
MLN/jpm |
La Corte Suprema de Colombia ordena detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe
El exmandatario deberá responder por los presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos. El tribunal investiga un caso en el que alrededor de una decena de testigo denuncian que recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios para favorecer a Uribe.
La decisión fue confirmada por el propio exmandatario Uribe quien, a través de sus redes sociales, dio a conocer la medida de aseguramiento en su contra. "La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria", señaló Uribe al respecto.<
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020
La orden de detención, que podrá prolongarse por máximo un año, debe cumplirse de forma inmediata. Sin embargo, la medida admite reposición por parte de la defensa del expresidente, aunque tal recurso no congela los efectos de la resolución jurídica.
El caso se remonta a 2012
La investigación comenzó en el año 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente pedir a exparamilitares testificar en su contra a cambio de beneficios. Sin embargo, en 2018 la Corte archivó esta investigación contra Cepeda y abrió una nueva indagación, esta vez al propio exmandatario, por la presunta manipulación de testigos.
Durante las indagaciones, la Corte escuchó el testimonio de varios reconocidos exparamilitares, entre ellos Pablo Hernán Sierra alias 'Alberto Guerrero'; José Gelvez Albarracín alias 'El Canoso'; y Jesús Ignacio Roldan alias 'Monoleche'.
Asimismo, exfiscales y políticos como la excongresista Piedad Córdoba y el propio senador Iván Cepeda, quien fue reconocido como "víctima" en el proceso, presentaron sus declaraciones ante el órgano judicial encargado.
Sin embargo, al expediente aún le restan algunas pruebas, por ejemplo, los testimonios pendientes de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y el Tuso Sierra, quienes fueron extraditados a EE.UU.
Uribe Vélez fue presidente de Colombia durante dos periodos, 2002 a 2006 y 2006 a 2010. Luego, en el 2018, fue electo como senador. Unos meses después, la Corte lo llamó a indagatoria. En este entonces, el expresidente anunció su renuncia al senado argumentando que se dedicaría a su defensa, pero a los pocos días se retractó.
El exmandatario tiene más 50 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 ante la Corte Suprema de Justicia, y sus detractores esperan que sea investigado por otros presuntos delitos relacionados con escuchas ilegales, narcotráfico, homicidios, falsos positivos, paramilitarismo y masacres, entre otros.
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Mediante decisión unánime, la #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ ordena detención preventiva domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez @AlvaroUribeVel, como presunto determinador de los delitos de soborno y fraude procesal. Ver https://t.co/bbo30a0gct pic.twitter.com/t3K2iKSmzb
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 4, 2020
Álvaro Uribe pierde tutela.
Gringos, Go Home.
Respeto a personas privadas de la libertad.
PGN. - Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom.
La USPEC con la coordinación de la Alcaldía de Barranquilla deberán suministrar las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria, declarado en el país desde el pasado 17 de marzo.
Asimismo, el falló, que acogió la protección solicitada por el Ministerio Público para evitar contagios por la pandemia del coronavirus, impuso a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la dirección regional norte del INPEC iniciar acciones urgentes dirigidas a mitigar cualquier riesgo de contagio en esos espacios de detención.
La Sala Penal facultó a la Procuraduría Regional del Atlántico para que solicite dentro de las actuaciones penales el cumplimiento de las órdenes de detención domiciliarias o transitoria establecidas en el decreto 546 de 2020 para evitar la propagación de casos positivos de la covid-19 en estos lugares.
De acuerdo con la sentencia, la alcaldía y la Gobernación del Atlántico deberán gestionar y materializar espacios con miras a lograr la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, donde las secretarías de salud deberán practicar pruebas permanentes de la covid-19 y brigadas para el manejo y control del contagio del virus.
Por último, el Tribunal pidió que se garantice la prestación efectiva del servicio de salud para las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom, espacios que tendrán que ser sometidos a jornadas de limpieza intensiva encaminadas a mitigar la propagación de infecciones y epidemias y garantizar un ambiente higiénico para las personas privadas de la libertad.
Capturado el alcalde de Rionegro, Santander, Wilson Vicente González Reyes.
Procuraduría solicita a sala de instrucción de la Corte captura de 'Jesús Santrich' para que rinda indagatoria
El Ministerio Público formuló la solicitud tras el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia ordinaria, en el que advirtió que Solarte Hernández goza de fuero constitucional luego de que el Consejo de Estado, en las últimas horas, ratificara la investidura de 'Jesús Santrich' como Representante a la Cámara.
Adicionalmente, la Procuraduría insistirá en el traslado de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación contra Solarte Hernández, por los presuntos actos cometidos después del 1 de diciembre de 2016.
Ordenan cárcel contra 'Popeye', por asesinato del director del diario El Espectador
La determinación fue dictada para ser cumplida una vez que 'Popeye' finalice su actual período de detención en la cárcel de mediana y máxima seguridad de la ciudad de Valledupar, prisión popularmente llamada 'La Tramacúa'. Así, el Instituto Penitenciario Carcelario (Inpec) ya fue comunicado sobre esta decisión y el acusado no va a recuperar su libertad como estaba previsto.#ATENCIÓN Medida de aseguramiento en cárcel para alias Popeye por magnicidio del periodista Guillermo Cano Isaza. En la misma decisión fue asegurado con medida no privativa de la libertad alias Maxwell, señalado hombre de confianza de Pablo Escobar pic.twitter.com/ikUT4mb9iD— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 27 de mayo de 2019
El fiscal general de Colombia renuncia, tras orden de liberación de un líder de las Farc
"Una decisión que desafía a EE.UU."
Justicia para la Paz de Colombia ordena libertad de líder de las FARC y rechaza extradición a EE.UU. |
El pasado diciembre, el diputado de la Alianza Verde, Mauricio Toro, pidió a la Comisión de Acusación del Congreso abrir la investigación en contra del fiscal por supuesto conocimiento de unas serie de presuntas irregularidades y sobornos de la empresa Odebrecht en Colombia, desde 2013, denunciado por Jorge Enrique Pizano Callejas, quien falleció por envenenamiento tras la ingesta de cianuro.“Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por restablecimiento de legalidad y defensa de la paz, en marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para las víctimas del conflicto”: Fiscal General pic.twitter.com/PzGv7Kga4B— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019
Pesos pesados le piden a la ONU proteger el acuerdo de paz
las2orillas.- Que el presidente Iván Duque haya presentado varias objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP causó preocupación en algunos y alegría en otros. El pasado 20 de febrero un grupo de dirigentes políticos, líderes sociales, y figuras públicas —todos promotores del SÍ— se reunieron en el Centro Cultural Gabriel García Márquez para defender el Tribunal de paz y el acuerdo firmado en La Habana; y ahora le enviaron esta carta al secretario general de la ONU Antonio Guterres pidiéndole que respalde tanto el acuerdo como la JEP. La carta va con copia a la presidenta de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, quien ya había advertido que dejaran trabajar a la JEP, si no la CPI podía entrar a jugar en la justicia colombiana.
Importante.
Las 15 medidas del Gobierno para enfrentar el fenómeno de El Niño
Los ministros de Minas y Energía, Andrés Camacho, y de Ambiente, Susana Muhamad, anunciaron 15 medidas adicionales para enfrentar la última ...