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Judicializados funcionarios y contratista de la Alcaldía de Cartago (Valle), por presuntas irregularidades en contratos.

Cartago (Valle del Cauca). - Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento contra cuatro funcionarios de la administración municipal de Cartago (Valle del Cauca) y un contratista, por supuestas irregularidades en 3 contratos, uno de ellos en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid -19.

El despacho judicial ordenó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los cuatro servidores públicos: Gloria Syrley Salazar, Secretaria General de Cartago; Gustavo Adolfo Rojas Giraldo, Secretario Jurídico; Johana Andrea Betancourt Ramírez, Jefe Oficina de Planeación Educativa; y Mauricio Andrés Cerezo Osorio, auxiliar administrativo del Municipio, a quienes se les formuló cargos por los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades; interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad Juan Diego Osorio Peláez, contratista representante legal de la Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General, evidenció que los hoy imputados habrían suscrito 3 contratos por 80, 135 y 230 millones de pesos; este último, relacionado con la emergencia sanitaria por el Covid-19, con la empresa Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales, con la que supuestamente tenían vínculo a través de terceros y habrían buscado su favorecimiento.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron la orden judicial de captura de las 5 personas y la hicieron efectiva el 23 de junio pasado.

Por presuntas irregularidades en elección de personero SANCIONADOS CUATRO CONCEJALES en Mompox, -Bolivar-.


Foto tomada de www.agendaincolombia.com
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a los concejales de Mompox, Bolívar, Luz Mery Pérez Bulloso, Jimmy Alberto Pedrozo Castro, Álvaro Arévalo Suárez y Élber Chacón Sáenz, por presuntas irregularidades en la elección de personero municipal para el periodo 2016 – 2020.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Magangué, Bolívar, aparentemente la elección fue realizada fuera de los términos legales establecidos.
Pérez Bulloso y Pedrozo Castro se desempeñaron como presidentes de la corporación durante el proceso de selección en los años 2015 y 2016, respectivamente, mientras que Arévalo Suárez cumplía funciones como primer Vicepresidente y Chacón Sáenz era el segundo Vicepresidente.
El Ministerio Público consideró necesario suspender provisionalmente a los cuatro funcionarios, en atención a que actualmente la corporación adelanta el proceso de selección de personero para el periodo 2020 – 2024. Además, Luz Mery Pérez Bulloso y Jimmy Alberto Pedrozo Castro, fueron reelegidos para el periodo 2020 – 2023.

Procuraduría pidió a 11 concejos de Boyacá y Meta información sobre el concurso de selección a personero


La Procuraduría General de la Nación solicitó a las presidencias de 11 concejos de Boyacá y Meta información sobre los convenios celebrados para el proceso de selección del personero municipal.
Foto ilustrativa tomada de: El Confidencial
El Ministerio Público, como parte de la acción preventiva iniciada para la vigilancia de los procesos de selección de 1.102 personeros en el país, envió comunicaciones a los concejos de Chitaraque y Guatavita en Boyaca; y Acacias, El Calvario, El Castillo, El Dorado, La Macarena, Lejanías, Puerto Lleras, Restrepo y Uribe en el departamento del Meta.
Los 11 concejos habrían firmado contratos con la firma Solución planificada grupo empresarial solidario, que en el Registro Único Empresarial y Social – RUES – reporta entre sus actividades contratos de fumigación y desratización, actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales y recolección de desechos peligrosos
En su requerimiento la Procuraduría pidió que se informe cuáles fueron los criterios que tuvieron en cuenta las corporaciones para determinar la idoneidad de las empresas seleccionadas, si la experiencia certificada es proporcional y adecuada con el objeto del convenio y la verificada por ese cuerpo.
Recordó que las mesas directivas de los concejos están obligadas a determinar que la empresa seleccionada cumple con los requisitos necesarios para adelantar el concurso.
Precisó que de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, el concurso público de méritos para elección de personeros puede efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.
“Una empresa especializada en procesos de selección de personal es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del convenio, esto es adelantar el concurso público de méritos para elección de personeros”.
Finalmente, indicó que en el caso de que el concejo municipal haya contratado con una persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos previstos en la normativa descrita debe “analizar jurídicamente la terminación de mutuo o la terminación unilateral, si así lo prevé el convenio, dando lugar a iniciar un nuevo proceso con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”. 

Así están las carreteras colombianas


Derrumbes que inhabilitan vías importantes, carreteras sin pavimentar y proyectos inconclusos o fallidos. ¿Realmente es todo culpa de la geografía y el clima?

Fernando Guerra Rincón*
Un país desconectado
Durante los últimos meses, como en todos los inviernos, el país presenció la fragilidad de la red vial: derrumbes, muertos y cierre de vías estratégicas. La carretera que conecta a Bogotá con Villavicencio, por ejemplo, muchos días cerrada y los costos son inmensos para la economía y la población.
Teniendo en cuenta de lo que es capaz la ingeniería actual, la excusa de la juventud de nuestra geología como causa primera de los desastres en las vías nacionales es cada vez menos convincente.
En realidad, lo que causa las calamidades en Colombia no es la geología, no es tampoco el clima. Es:
- El mal uso del suelo;
- La ingeniería deficiente de los proyectos;
- La corrupción en las corporaciones ambientales, alcaldías y gobernaciones;
- La improvisación en los proyectos de infraestructura; y
- La minería con la consecuente deforestación.
Por sugerencia del Banco Mundial, en los años setenta-ochenta del siglo XX, la dirigencia colombiana decidió acabar con los ferrocarriles después de tantos esfuerzos humanos, técnicos y financieros para construirlos en medio de nuestra difícil geografía. Para reemplazar ese vital medio de transporte, debieron construir buenas carreteras. Pero no lo hicieron.
El resultado es que inmensos territorios están desconectados de los principales mercados, perpetuando su abandono, su atraso y las complicadas condiciones de vida de sus gentes. Las carreteras que existen están en pésimas condiciones y además son insuficientes. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, nos hacen falta 45.000 kilómetros de vías adicionales.
Inclusive en comparación con otros países del mismo nivel de desarrollo, la brecha en dotación y calidad de carreteras es del 52 por ciento. La densidad vial de Colombia, es decir, el número de kilómetros por millón de habitantes es de solo 530, mientras que en México es de 1.188 y en Brasil de 1.066 kilómetros.
El estado de las principales vías nacionales
Nuestra actual red vial tiene 206.700 kilómetros. Toda ella es vulnerable a factores climáticos y cuenta con poca inversión gubernamental. Además, las conexiones entre ciudades y hacia el interior de los departamentos son precarias. En algunos, los más lejanos, las conexiones son nulas o iguales a las que existían en el siglo XIX.
Todas estas características indeseables se acentúan dramáticamente en los 142.284 kilómetros de las llamadas vías terciarias: el 94 por ciento está sin pavimento y el 84 por ciento se encuentra en regular o pésimo estado.
La poca planeación de las carreteras las hace vulnerables a los cambios climáticos. Foto: Alcaldía de Caquezá

 Los programas para la adecuación de esas vías terciarias son precarios, y eso que son piedra angular del programa de sustitución de cultivos. Para este año se proyecta mejorar 400 kilómetros y hacerle mantenimiento a 15.000, pero no se contempla ni un solo kilómetro nuevo de vía terciaria.
Las vías principales tampoco son motivo de orgullo. Los dos mercados más importantes, Bogotá y Medellín, no están unidos por una carretera fiable y en el tramo entre Puerto Triunfo y Remedios, en la mal llamada autopista Medellín-Bogotá, sus habitantes siembran árboles en los huecos de la vía en señal de protesta por su mal estado.
La excusa de la juventud de nuestra geología como causa primera de los desastres es cada vez menos convincente.
El Túnel de la Línea, paso con el que se ha intentado franquear la Cordillera Central, ha visto pasar 29 presidentes, 18 ministros de Obras Públicas y ocho documentos CONPES, desde el 3084 del año 2000 al 3845 del 2015. A partir del año 2000 se han gastado más de 2,2 billones de pesos para una obra que fue adjudicada por 649.000 millones. Y lo que falta, pues aún no se termina.
El corredor Buga-Buenaventura, una vía de solo 118 kilómetros hasta el puerto, lleva 13 años en construcción y aún no tiene fecha de terminación. Esto, a pesar de que diariamente la transitan 2.000 tractomulas y de que es la vía que conecta al país con el Asia-Pacífico, el área más dinámica de la economía mundial.
Actualmente la Buga-Buenaventura está obstruida por un deslizamiento de la banca en el kilómetro 89 del tramo Loboguerrero-Lago Calima, y es posible que se inutilice la otra calzada. Ese tramo está construido sobre una falla geológica que viene desde El Carmen y termina en Calima. Por tanto, todo lo que se ha hecho está en riesgo. A estas alturas se dice que debió construirse sobre el otro lado del río. Aún faltan 34 kilómetros, sin contar los 10 kilómetros de la entrada a la zona portuaria.
De Medellín hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta la situación es la misma. La vieja carretera bordea la montaña, como hace casi un siglo. Los derrumbes impiden el paso cada que cae una gota de lluvia. En la carretera Medellín-Quibdó, que se está construyendo hace 180 años y es una de las más peligrosas del país, ha habido más de cien muertos en los últimos seis años.
La carretera al Llano
La carretera al Llano es el súmmum del desastre de nuestras vías. Sobre una carretera vital para la conectividad del país cayeron en los últimos días más de 120.000 metros cúbicos de tierra que se desprendieron de la montaña y bloquearon la vía. La población de Guayabetal ahora duerme sobre una amenaza latente y las pérdidas para la economía nacional se estiman en 50.000 millones diarios. No parece haber un fin para esta crisis.

La vía al Llano es la mina de oro de Sarmiento Angulo

Las pérdidas que ha dejado el cierre de la vía al Llano contrastan con las ganancias que la carretera le ha dejado a Sarmiento.


Libardo Espitia*
 ¿Una mina para Sarmiento?
Desde que se cerró la vía al Llano por los continuos deslizamientos de tierra, cada día se pierden aproximadamente 18 mil millones de pesos. En total, las pérdidas ya superan el billón y medio de pesos.
Desde 1994, la obra ha estado a cargo de la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes), una sociedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. A pesar de los constantes problemas en la vía, en 2015 el Gobierno Nacional suscribió un nuevo contrato de concesión con un objeto distinto con la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), también del grupo de Sarmiento.
Las pérdidas por el cierre de la vía contrastan con las cuantiosas sumas con las que se ha quedado el concesionario durante la ejecución de los contratos. ¿Por qué la organización de Sarmiento ha ganado tanto, mientras que los colombianos pierden cada día?

El contrato con Coviandes

Luis Carlos Sarmiento, dueño de Coviandes
Foto: Histórico de la Presidencia de la República
En 1993, durante el gobierno de César Gaviria, el Conpes 2654 autorizó la construcción de la vía Bogotá-Villavicencio.
 Entonces, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) abrió la licitación pública 066-93 con el objetivo de seleccionar al concesionario que realizara (1) los estudios y diseños definitivos; (2) las obras de rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del sector Bogotá-Cáqueza-km 55+000 y (3) el mantenimiento y operación del sector km 55+000-Villavicencio.
La licitación fue declarada desierta y por tanto el Estado quedó autorizado por la ley para seleccionar al concesionario por contratación directa, es decir, sin realizar una convocatoria pública.
¿Por qué la organización de Sarmiento ha ganado tanto, mientras que los colombianos pierden cada día?
El 2 de agosto de 1994, el INVIAS seleccionó a Coviandes y celebró con él el contrato de concesión 444 de 1994, por un plazo de 16 años y un costo total de más de 79 mil millones de pesos.
En el contrato se pactó que a cambio de la construcción de la vía, el concesionario recaudaría los ingresos de las siguientes estaciones de peaje:
  • El Antojo
  • Sector El Antojo-Cáqueza
  • Sector Cáqueza-Villavicencio
El corredor vial tiene una longitud de 86 km y fue dividido en tres tramos como se ve en la siguiente imagen.
 Sin embargo, el contrato tuvo problemas desde el comienzo. Cuando se firmó el contrato, el concesionario no contaba con los diseños definitivos. Esa deficiente planeación provocó prórrogas, adiciones y modificaciones que alteraron el objeto, plazo y valor del contrato, lo que violó los principios de economía y responsabilidad del Estatuto de Contratación Pública.
En total, fueron 53 acuerdos modificatorios, que además no contaron con sus respectivos estudios de conveniencia que sustentaran por qué eran la mejor opción para el interés general. Esas modificaciones en los valores y los plazos afectaron el equilibrio económico del contrato en perjuicio de la Nación.

Prórrogas, adiciones y modificaciones

En 2008, el Gobierno Nacional de entonces expidió los documentos Conpes 3535 y 3563, mediante los cuales emitió un concepto previo favorable para la prórroga o adición de los contratos de concesión vial y férrea.
En dichos documentos se autorizó la ejecución de obras en el corredor vial Bogotá-Villavicencio. El alcance de dichas obras fue la “estabilización de puntos críticos y atención de emergencias” para 2009, 2010 y 2011 por 22.950 millones de pesos.
El gremio camionero ha sido uno de los más
afectados con el cierre de la vía al Llano.
Foto: Ministerio de Agricultura
 Según los cálculos financieros del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) -hoy, Agencia Nacional de Infraestructura-, la adición no afectaría el plazo del contrato de concesión, y los montos previstos cubrirían las obras en su totalidad.
Sin embargo, los cálculos del INCO fallaron y la necesidad de nuevas obras exigió adicionar y prorrogar el contrato de concesión. El Conpes 3612 de 2009 —modificado por el 3633 de 2009— emitió concepto favorable para hacerlo.

Un congresista se adueña de la tierra en Vichada


Liga Contra El Silencio.- El representante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, es ahora dueño de una inmensa finca en La Primavera, un municipio del departamento que representa.
 Allí tiene unas 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados, con agua abundante de la quebrada La Bomba y del río Gavilán, que desemboca allí mismo en el río Tomo.
 La finca se llama “Buenavista”, y en efecto, desde los balcones de la casa se pueden ver parte de sus 6.633 hectáreas. 

Londoño obtuvo esta tierra —el doble de extensión de la Hacienda Nápoles— sin cumplir los requisitos que exige la ley. Y podría enfrentar un conflicto de interés debido a su investidura como congresista. 
Gustavo Londoño, nacido en Cartago*, Valle del Cauca, amasó fortuna vendiendo semillas y luego como contratista público en el Meta. Quiso ser gobernador del Vichada, pero se quemó en las elecciones de 2015. Según su perfil en la red LinkedIN, Londoño es dueño de la Comercializadora del Pacífico, una empresa de insumos agrícolas con sede en Villavicencio que surte a muchas ganaderías y plantaciones del Vichada. 
AFICHE DE LA CAMPAÑA DEL ENTONCES CANDIDATO
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, GUSTAVO LONDOÑO,
CON EL LEMA ‘EL VICHADA ES DE TODOS’.
FOTO- FACEBOOK GUSTAVO LONDOÑO
El representante ganó su curul en agosto de 2018 por el partido Centro Democrático, con la promesa de defender los intereses de los vichadenses. “El Vichada es de todos” fue uno de sus lemas de campaña, pero a espaldas de todos se hizo declarar dueño de miles de hectáreas que sólo podían entregarse a campesinos sin tierra. 
Para adquirir la tierra, en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño una demanda “contra indeterminados”; es decir contra desconocidos, donde pedía la propiedad de esa tierra. En el argot legal esto se conoce como una demanda de “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” sobre un predio rural. El 30 de agosto de 2017, en un fallo, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó entregar la propiedad a Londoño García. 
En su fallo, la jueza desconoce un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto significa que se presume como tierra baldía, propiedad exclusiva de la Nación.
“La jueza ha debido inadmitir la demanda desde el primer día y trasladarla a la Agencia Nacional de Tierras”, explicó el abogado Alejandro Reyes, experto en temas de tierras, a quien La Liga Contra el Silencio pidió leer y comentar el fallo.
“Este es el caso clásico de apropiación ilegal de baldíos mediante juicio de pertenencia concedido por un jueza que no está aplicando el derecho. La sentencia se convierte en un título de propiedad”, explicó Reyes.
Según la Ley 160 de 1994, los baldíos son tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Solo pueden ser titulados a campesinos sin tierra por la ANT (antes Incoder). La jueza nunca involucró a la agencia, y aunque dice que notificó del proceso al procurador agrario, éste nunca participó ni hizo reparos.
El fallo enriqueció más al representante Londoño y también a su socio en “Buenavista”, el empresario Nicolás Laserna. Juntos interpusieron la demanda ante la jueza. Laserna es un ganadero y arrocero del Tolima, y aparece como presidente de una empresa en Panamá, creada en 2009 a través del bufete Mossack Fonseca, famoso tras el escándalo de los “Panama Papers” por constituir empresas fantasmas. Es familiar de la senadora Paloma Valencia Laserna, copartidaria de Londoño.
La Liga contactó al representante Londoño, quien negó haber obrado fuera de la ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie”, dijo. 
El congresista, a quien le gusta presentarse como campesino y cultivador desde los 15 años, dijo que tenía derecho a reclamar esa tierra.
“Yo instauré esa demanda ante el juzgado porque cuando usted demuestra que ha estado trabajando la tierra durante equis años, bien habida, pasivamente, el Estado y la ley le da el derecho de que un juzgado le otorgue la pertenencia sobre esa tierra”, argumentó. 
El empresario Nicolás Laserna también negó a La Liga que se tratara de tierras baldías, pero reconoció haber indagado la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras se las adjudicara. “Pero nos pedían plata porque es una agencia corrupta y nosotros no estábamos dispuestos a darle plata a nadie”, dijo.

Un gran negocio

A Londoño y Laserna les salió barato ocupar este predio. Según consta en archivos públicos, en 2008 el representante y su socio le dieron 50 millones de pesos al señor Milciades Burgos Tuay, un colono que se asentó en esa tierra con sus ocho hijos en 1976. Como miles de campesinos en Colombia, Burgos ocupaba esos baldíos sin título de propiedad. Por ese dinero —menos de 10 mil pesos la hectárea— el campesino dejó su casa y firmó una escritura de compra-venta a través de la cual Londoño y Laserna adquirieron la posesión.
“Yo ya no podía trabajar esa tierra y con la plata me pude pagar mi salud”, dijo Burgos, de 71 años y con problemas de vista, a quien La Liga ubicó en una alejada vereda del Vichada.
Pero Burgos no podía vender, pues no tenía títulos; ni Londoño podía comprar, pues esa tierra pertenece a la Nación. La escritura, registrada en una notaría, da fe de que hubo una transacción entre los firmantes, pero no valida ni certifica su legalidad.
VISTA AÉREA DEL VASTO TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA,
 FOTOGRAFIADA DESDE UNA AVIONETA DE LA FUERZA NAVAL
EN ALGÚN LUGAR SOBRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO Y CUMARIBO.
NOVIEMBRE 2018. FOTO: GENA STEFFENS
Con el fallo de la jueza, el congresista y el empresario quedaron a un paso de adquirir el título de propiedad. Así multiplicaron de forma astronómica el valor de esa tierra. “Una hectárea de una finca productiva en La Primavera puede costar millón y medio de pesos”, dijo el vocero de un gremio agrícola que conoce el mercado de la tierra en Vichada. “Si son tierras legalizadas con título, claro”, dijo. Con el título de propiedad que la jueza ordena entregar, la tierra de Londoño podría costar ahora, según eso, unos 10 mil millones de pesos. 
Hasta la fecha, los dos hacendados se han eximido de obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. “Nosotros no hemos pagado impuestos porque no nos han dado las fichas catastrales”, explicó Laserna.
La acumulación y apropiación de tierras baldías se ha extendido en muchas regiones de Colombia. Esta acumulación fraudulenta ha contribuido para ubicar a Colombia como el país con la peor distribución de tierra en América Latina. El 81% de nuestra tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios, según un análisis de la organización internacional Oxfam, basado en datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario.
El Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que la desigualdad en la distribución de la tierra ha sido la principal causa del conflicto armado en Colombia. Vichada, según datos del gobierno, es el cuarto departamento con mayor concentración de la propiedad rural en Colombia; y el segundo, después del Meta, con mayor acumulación irregular de tierras baldías, según una investigación de 2013 de la Contraloría General de la República
VICHADA ES EL CUARTO DEPARTAMENTO CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN COLOMBIA. EN LA FOTO, VIVIENDA DE UN POBLADOR A ORILLAS DEL RÍO TOMO, VICHADA, TOMADA DURANTE LA EXPEDICIÓN COLOMBIA BIO CON EL INSTITUTO HUMBOLDT. MARZO 2017. FOTO: CHINO ROMERO
En la apropiación y acumulación ilegal de estas tierras en Vichada han participado, según la Contraloría, numerosas empresas y funcionarios del gobierno pasado como Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura (2013-2014), y su esposa María Fernanda Campo, ministra de Educación (2010-2014), junto a sus hermanos y su hijo. También familiares de Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior (2013-2014) y ministro de Agricultura (2014-2017). Ninguno ha sido sancionado.

¿Regular o no regular las redes sociales?


Un proyecto de ley y una polémica declaración reabrieron el debate. ¿Está en peligro la libertad de expresión?


    Víctor Solano*

Senadores contra redes sociales

El pasado nueve de enero, el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín afirmó en un debate del programa radial Partida W que las redes sociales deben ser “controladas”.
Pocos días atrás, Zabaraín había sido noticia por su desatinada intervención durante el debate en el Congreso acerca de Odebrecht, que despertó burlas e indignación y que llevó a muchos a preguntarse si el senador estaría ebrio en el momento de hablar.
Esta vez el congresista volvió a ser noticia por su polémica defensa del fiscal Martínez. Según Zabaraín, “hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales”, porque han sido el arma predilecta de muchos antisociales” para poner “en tela de juicio la honorabilidad” del Fiscal.
Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los funcionarios públicos.
Antonio Zabaraín es además el ponente de un proyecto de ley que “establece mecanismos para ejercer un mayor control sobre la libertad de publicación de contenidos en la web”. El proyecto fue presentado por el senador del Partido de la U, José David Name, según él, con el propósito de “proteger la honra y el buen nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través de las redes sociales”.

Más ojos sobre los corruptos

 Intentar regular las redes sociales no solo es ingenuo sino innecesario.Foto: Royal air force Lakenheath

Las propuestas de Name y Zabaraín parecen intentos desesperados de complacer a un fiscal poderoso —o quizás de congraciarse con sus jefes políticos—.
Pero recoger esos réditos tendría un costo social muy alto. El proyecto de Name y las declaraciones de Zabaraín se dan cuando todos los países del mundo quieren aprovechar el potencial de internet, por ejemplo, para estimular el emprendimiento o para fortalecer las instituciones promoviendo la participación ciudadana.
De hecho, las redes sociales pueden ser una herramienta para hacer más transparente la gestión pública. Se trata de un espacio donde los ciudadanos pueden hacer control político y veeduría a todas las ramas del poder.
La corrupción nunca había sido tan visible como ahora. Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los funcionarios públicos y, por lo tanto, implican un camino más estrecho para los corruptos.
Eso es, precisamente, lo que le “da alergia” a Zabaraín y a sus padrinos políticos, los Char, lo mismo que molesta al senador Name en la misma Barranquilla, lo mismo que no les gusta a todos quienes proponen regular las redes para evitar que los ciudadanos vigilen y hagan denuncias.

Autoritarismo y censura

 Redes sociales Foto: U.S Fire Administration
Las redes sociales no son buenas ni malas en sí mismas. Se trata de plataformas que los seres humanos utilizan para comunicarse e interactuar entre ellos.
Por definición, las redes sociales son un espacio de libertad. Por eso causa tanta molestia que un político hable de “controlar” las redes sociales. Más aún si ese “control” tiene el propósito de silenciar denuncias o, inclusive, de evitar las burlas de las que ha sido víctima el mismo Zabaraín en todas las redes, en especial en Twitter.
La singular “propuesta” de los senadores Name y Zabaraín es retrógrada y autoritaria. El deseo de controlar las redes es propio de los regímenes totalitarios, que quieren controlar la vida privada de sus ciudadanos.
Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales.
En China, Cuba y Venezuela se han tomado medidas para censurar o limitar las redes sociales. Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales para evitar que se convirtieran en plataformas de odio “contrarevolucionarias”.
En un modelo político diametralmente opuesto, el presidente Trump ha acusado a Google, Facebook y Twitter de tener un sesgo político. Paradójicamente, Trump ha hecho de Twitter una de las principales armas para atacar a sus contradictores.

Procuraduría pidió medidas cautelares para recuperar la bahía de Santa Marta


PGN.- La Procuraduría General de la Nación instauró una acción popular para que las autoridades ambientales adopten las medidas necesarias encaminadas a lograr la descontaminación y recuperación de la Bahía de Santa Marta.
Foto- Luis Felipe Ariza, PGN
En la acción, interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Ministerio Público pidió que se declaren vulnerados los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la región a gozar de un ambiente sano, un equilibrio ecológico y un manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
La acción fue instaurada contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la Dirección General Marítima, DIMAR, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpomag, la Alcaldía de Santa Marta, el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental de la capital del Magdalena, DADSA, y Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.
Entre las medidas cautelares solicitadas, el Ministerio Público pidió al Tribunal que ordene a la ANLA, a Corpomag y al DADSA exigir a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, que suspendan de manera inmediata sus vertimientos a los cuerpos de agua de la bahía y que inicien los procesos sancionatorios que sean pertinentes.
La Procuraduría solicitó también ordenar a la Dirección General Marítima que inspeccione y controle de forma integral la operación de los buques de carga y comerciales, para impedir que hagan vertimientos de cargas contaminantes y altamente tóxicas en el área de influencia de la bahía.
También pidió al Tribunal ordenar a Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P. que presente y obtenga la aprobación del Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos, o lo ajuste si es del caso, en cumplimiento de la normatividad legal establecida para los prestadores del servicio público de alcantarillado, sujetos al pago de la tasa retributiva.
Entre las pruebas solicitadas, el Ministerio Público pidió la realización de una inspección judicial con intervención del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Invemar, para verificar el estado de los vertimientos y su procedencia; así como la toma de muestras para evaluar la calidad del agua y determinar las causas que están originando las graves afectaciones ambientales a los ecosistemas marinos en la bahía de Santa Marta.
MLN

Checking en el mundo: Colombiacheck


ICFJ.ORG- Ana Luisa González.- Esta entrega destaca el trabajo de organizaciones que luchan contra la desinformación.

Los esfuerzos por frenar la circulación de noticias falsas han crecido sin parar desde 2016. Ese año, durante las conversaciones previas al acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Consejo de Redacción (CdR), una asociación que promueve el periodismo de investigación en Colombia, lanzó la primera organización de fact-checking del país, centrada en la verificación del discurso público.
Modelado a partir de Chequeado de Argentina, Colombiacheck, inicialmente financiada por Open Society Foundations, comenzó una difícil batalla contra la difusión de noticias falsas en las redes sociales antes del referéndum sobre los acuerdos de paz.
En el 2016, los colombianos votaron en contra del acuerdo con los rebeldes de las FARC por un margen de menos de un 1%. Luego de ese asombroso resultado, un prominente funcionario admitió haber engañado deliberadamente a la población antes de la votación con "mensajes tergiversados" en las redes.
Ese fue un punto de partida para Colombiacheck, que comenzó a buscar estrategias para reducir la proliferación de noticias falsas. "Al igual que los académicos, creemos que los resultados del referéndum se debieron a la gran cantidad de desinformación", dice Dora Montero, periodista de investigación y cofundadora de Colombiacheck. "El referéndum fue la primera alerta para que buscáramos una visión global sobre la desinformación y creáramos una estrategia, en la que todavía estamos trabajando".
Después de esta primera fase, Colombiacheck trabajó verificando el discurso público durante la campaña electoral presidencial y ahora se ocupará de las elecciones regionales. Esperan crear más alertas cuando se comparten noticias falsas e informar a los ciudadanos sobre cómo reconocer información falsa o engañosa en las redes sociales. También esperan desarrollar investigaciones en profundidad.
Desde su creación, Colombiacheck estableció una sólida metodología, similar a la de Chequeado, pero ha adoptado ciertos detalles más acordes a su contexto. Como parte de la Red Internacional de Fact-Checking (IFCN), están certificados y se adscriben a sus principios.
El equipo, formado por cinco periodistas y un pasante, cuenta con un sólido método de análisis de datos. La editora de datos Miriam Forero dice que "Colombiacheck ha identificado que el componente de análisis de datos es ideal para aplicar a la metodología de verificación, ya que otorga precisión".

Ampliando su alcance

CdR, que cuenta con más de 120 periodistas asociados en todo el país, ofrece capacitación sobre metodología de verificación de datos e información. El año pasado realizaron tres talleres en todo el país para medios locales y ofrecerán tres talleres más este año.
Como Colombiacheck es parte de la red, constantemente toman cursos para mejorar y aprender más sobre análisis de datos y nuevas herramientas tecnológicas. Una de ellas es Twitter Check, una herramienta de búsqueda en bases de datos que les permite rastrear tendencias.

Importante.

Filial de Ecopetrol abre oficina comercial en EE.UU.

El Grupo Ecopetrol acaba de inaugurar una oficina en la ciudad de Houston, Texas (Estados Unidos), un lugar que es clave para la industria m...

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