Al intervenir
en la IV Cátedra de Libertad de Expresión Antonio Nariño 2018, en la
Universidad de los Andes, el Jefe del Ministerio Público dijo que con esa
medida se “busca asegurar que no se den ese tipo de agresiones y poner un
semáforo rojo al acoso judicial”.
Carrillo
Flórez señaló que con base en la Directiva Interna No 002 del 14 de junio de
2017 que contiene los lineamientos para la protección de los defensores de
derechos humanos y líderes sociales en el país, la entidad va a intervenir en
los procesos de protección a los periodistas.
“Vamos a
tener acciones territoriales de protección en las comunidades, y a partir de la
Directiva al lado de los líderes sociales caben los periodistas”.
El Procurador
resaltó el concepto de la Corte Suprema de Justicia que admitió que los
periodistas sí pueden proteger sus fuentes de información, porque es un paso
adelante en la defensa de la libertad de prensa, y en el caso de la
procuraduría “es una herramienta útil en la lucha contra la corrupción. Yo les
diría que buena parte de las investigaciones que ha hecho la Procuraduría
responden a este tipo de fuente”.
Dijo que el
sistema de justicia debe comprometerse en la garantía del derecho de libertad
de expresión. “No se trata únicamente de la capacitación a los jueces sino de
todo un sistema de justicia que tenga conciencia absoluta de cuáles son los
riesgos en materia de consolidación de la libertad de expresión y de la
libertad de prensa”.
Competencia de la Procuraduría
Sobre la
decisión del Consejo de Estado sobre la competencia de la entidad para
destituir funcionarios de elección popular, Carrillo Flórez señaló que “hemos
seguido adelante en la plenitud de las potestades disciplinarias de la
Procuraduría General de la Nación, no solo porque aplica interpartes, sino
porque lo que nos interesa a nosotros es no debilitar las herramientas en la
lucha contra la corrupción”.
“Lo que deja
el Consejo de Estado afuera es utilizar la potestad disciplinaria sin controles
y desmesuradamente para poner en entredicho políticas públicas, actuaciones de
los funcionarios de elección popular que no tengan que ver con la corrupción”,
explicó.
Para el Jefe
del Ministerio Público “lo importante es que el derecho disciplinario permanece
incólume y por eso es muy grato tener esa noticia por parte del Consejo de
Estado”.
