Elecciones del 11 de marzo: fallas e irregularidades

Tarjetones insuficientes, falta de pedagogía electoral y campañas poco exitosas: lo que nos dejó el domingo 11

 Clara Rocío Rodríguez*

La improvisación, las fallas en la logística, las sospechas de fraude, la violación eventual del secreto del voto, los votos anulados por no entender el tarjetón, la repetición de las elecciones entre los indígenas…¿Cómo evitar estos problemas?

Democracia en problemas

Muchos analistas y muchos ciudadanos piensan que las elecciones son el corazón de la democracia.
Y tienen razón. A través de las urnas la gente escoge a quienes tomarán las decisiones en nombre de la sociedad. Tan importantes son las elecciones que si ellas no existen o si están amañadas nos encontramos frente un régimen autoritario donde no existe la democracia ni la representación de la ciudadanía.
El caso actual de Colombia es diferente: las elecciones funcionan de manera regular y son el mecanismo reconocido para elegir a los altos funcionarios, pero las fallas e irregularidades de diverso tipo siguen siendo constantes.
Esta situación da fuerza a los argumentos de quienes se oponen a la democracia o la descalifican como un simple “formalismo”, socavando con eso la legitimidad y credibilidad de los políticos, los partidos, el Congreso, los altos funcionarios del gobierno y la propia autoridad electoral.
Estas fallas no se limitan a la violencia o al fraude electoral sino que incluyen problemas tocantes a la organización, la logística, las reglas de juego y la posibilidad de participación de los ciudadanos. Algunos hechos ocurridos durante las elecciones del pasado 11 de marzo son ejemplos de lo anterior.

Problema logístico y de planeación 
Elecciones.  Foto-  Alcaldía Mayor de Bogotá
En la “Gran Consulta por Colombia” y la “Consulta de Inclusión Social por la Paz” se estaban poniendo en juego varios asuntos:
·         La realización de consultas interpartidistas y la posibilidad de conformar alianzas entre fuerzas políticas.
·         La elección de los candidatos presidenciales ubicados al extremo del espectro derecha – izquierda, con posturas claramente diferentes.
·         La definición del peso real de los candidatos como un indicador de sus posibilidades de pasar a la segunda vuelta.
·         La reconfiguración del mapa de competidores, incluyendo la escogencia de los candidatos a la Vicepresidencia.
Ante este panorama el electorado acudió a las urnas solo para encontrarse con que no existían tarjetones para marcar su voto. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), las denuncias empezaron a llegar a las 11:45 a.m. El problema no fue del todo resuelto y lo que vino a continuación fue todo un espectáculo – de improvisación-.
·         Las instrucciones fueron contradictorias: que se podía fotocopiar el tarjetón, que este debía ir firmado por los jurados, que lo valdrían sin la firma, etc.
·         Tanto el Registrador Nacional como el gobierno intentaron evadir la responsabilidad, discutiendo si fueron o no suficientes los recursos destinados a las consultas, mientras que se planteó la imposibilidad de reunión por parte del Consejo Nacional Electoral.
·         Las indicaciones en los puestos de votación no fueron claras, de manera que pudieron presentarse situaciones irregulares que no solo involucraron a la consulta de derecha sino también a la otra consulta.
Los dos candidatos ganadores y otras figuras públicas destacadas se pronunciaron con más o menos dureza sobre estos indudables desaciertos.
Esta situación fortalece los argumentos de quienes se oponen a los procesos democráticos.
Si bien el problema se vivió solo en algunas mesas de las ciudades principales, es sabido que la Registraduría imprimió 15 millones de tarjetones por cada consulta, cuando el Censo Electoral ronda los 36 millones de votantes potenciales. Esto implicaba el riesgo de que en muchas mesas faltaran los tarjetones, pero nadie tomó las precauciones para atender esa escasez: qué debían hacer los jurados, cómo tendrán que actuar los delegados de la Registraduría, qué ocurriría con los pasos siguientes en el proceso delicado de contabilización, totalización y difusión de los resultados.
Pero esa no fue la falla principal de la organización de las consultas.

La violación del secreto del voto

Empadronamiento de los votantes por consultas viola normas internacionales.
Foto- Procuraduría General de la Nación
Más grave aún fue el empadronamiento o registro sistemático de los ciudadanos que participaron en cada una de las consultas. Un hecho sobre el cual la autoridad electoral no había informado al público.
Muchos de quienes votaron en las consultas no saben que sus datos personales fueron registrados separadamente en un formulario E11, lo cual implica que existe información completa sobre quienes votaron en la consulta de la derecha o quienes lo hicieron en la de la izquierda.
Con esto se violan los estándares internacionales y se corre el riesgo de situaciones graves, como el uso de la información para intereses particulares o las intimidaciones – sobre todo en pequeños municipios- a quienes no votaron como los poderes legales o ilegales esperaban.
Para acabar de confundir las cosas, en este caso no era obvio que las personas de derecha votaran en la “Gran Consulta” y las de izquierda en la de “Inclusión Social”, porque muchos ciudadanos votaron con sentido “estratégico” – es decir, buscando “carambolas” para frenar o impulsar a otro candidato-. Era el riesgo de unas consultas abiertas y además opuestas –un riesgo que la Registraduría conocía perfectamente y cuyas implicaciones tenía que haber previsto-. 
Tan importante es preservar el secreto del voto que la MOE presentó una medida cautelar ante la Procuraduría, intentando evitar que la información sea difundida o que llegue a manos de los partidos políticos interesados.
Queda abierta la pregunta sobre cómo se tomó esta decisión, para lo cual es indispensable revisar las actas de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los procesos Electorales, presidida por el Ministerio del Interior.
O en todo caso la experiencia sugiere que en ocasiones futuras se utilice un solo tarjetón, lo cual además sería un ahorro de recursos y no implicaría mayores complicaciones para el elector.

El voto nulo

En la elección de Congreso se presentaron problemas de otro tipo que también afectan la calidad de las elecciones.
Uno de ellos fue el alto porcentaje de votantes que no lograron expresar claramente su decisión y acabaron con su voto anulado. En el Senado aproximadamente el seis por ciento de los votos (1.137.133) fue anulado, y en la Cámara esta cifra se elevó a un alarmante 9, 2 por ciento (1.651.743 votos nulos). Estas cifras se acercan a la votación por el partido Alianza Verde -que eligió diez senadores- o a la que permitió que el Partido Conservador quedara con 21 representantes a la Cámara.
Esa gran cantidad de votos nulos afectaron además el umbral y la cifra repartidora. De manera que en efecto alteró la composición política del Congreso de Colombia. 
En este caso las responsabilidades recaen sobre el complejo sistema electoral que tenemos y que permite escoger a los partidos entre la lista cerrada y el voto preferente.
Antes de la reforma del 2003 la existencia de tarjetones con fotos de los candidatos implicaba un menor número de votos nulos -en 1998 el Senado tuvo el 2,7 por ciento del total de votos y en 2002 el 3,4 por ciento-. Así mismo hay que reconocer que después del 2006 la tendencia ha sido menor y que de hecho la cifra es mucho más baja hoy que hace cuatro años.
Las responsabilidades de fondo recaen en el complejo sistema electoral que tenemos que combina la posibilidad de que los partidos opten por el voto preferente o la lista cerrada.
En todo caso los tarjetones siguen siendo difíciles de manejar, los ejercicios de pedagogía electoral son insuficientes, y las campañas son tan personalizadas que se reducen a hacer recordar un partido y un número en el tarjetón. Lo demás no importa -es decir, las ideas, el programa o la personalidad del candidato-.
Más que por cambios en tarjetón, la solución aquí pasa por una reforma que lleva años en la agenda del Congreso pero que este se ha negado a tramitar: la lista cerrada, junto con la democratización interna de los partidos, como remedio frente a las malas prácticas en la manera de hacer política en Colombia.

El voto en blanco en las circunscripciones indígenas

Finalmente es importante destacar el caso de las circunscripciones especiales indígenas, donde el voto en blanco obtuvo la mayoría absoluta para Senado (68 por ciento) y Cámara (58,9 por ciento).
Esto- según la ley- obligaría repetir las elecciones con partidos y candidatos diferentes. Se anularían las curules que hoy aparecen en la página de la Registraduría para el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y para Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).
Según la hipótesis de varios analistas, el hecho pudo deberse a la ubicación de la casilla del voto en blanco en el tarjetón, que podría haber inducido al error. Esto podría ser cierto en el caso del Senado (donde la casilla se encuentra en el lado inferior derecho y la casilla correspondiente a nivel nacional resulta poco visible), pero no en el caso de la Cámara porque:
·         Los tarjetones para esta corporación ubican a la circunscripción afrocolombiana al lado derecho, mientras que la circunscripción territorial y la circunscripción indígena están en la hoja izquierda del tarjetón, prácticamente con la misma visibilidad.
·         No ocurrieron los mismos problemas en la circunscripción afrocolombiana, donde el voto en blanco representó un 47,7 por ciento, menor que la votación por el conjunto de organizaciones políticas participantes, a pesar de que ubica la misma posición que en el tarjetón del Senado.
Un manto de incertidumbre cubre la representación indígena ante la perspectiva de tener que repetir una elección para proveer solo tres curules, con los costos y el desgaste que ello implica, y ante la posibilidad de que desaparezcan del escenario político nacional y territorial fuerzas que han tenido presencia importante en el pasado.
Debería considerarse la posibilidad de que un organismo de alto nivel y con participación de la sociedad civil evalúe los eventos.
El tema de las circunscripciones especiales no ha tenido la consideración que debería en las últimas iniciativas de reforma política y Colombia está en mora de evaluar lo que ha sido esta figura desde su adopción en 1991.

¿Qué hacer?

El ejercicio electoral del pasado 11 de marzo demostró que existen eventos ligados con la organización electoral, la gobernanza de los procesos electorales o las reglas del sistema electoral, que crean inquietudes y dudas frente a lo que muchos consideran el corazón de la democracia.
Las razones del problema van desde la improvisación o la incapacidad de dar una respuesta oportuna por parte de las autoridades electorales, pasando por la capacitación de los jurados y delegados de la Registraduría, hasta la falta de claridad en las reglas de juego, que ameritarían reformas políticas que el país tiene pendientes.
Debería considerarse la posibilidad de que un organismo de alto nivel y con participación de la sociedad civil evalúe los errores en cada elección y presente alternativas para corregirlos. La información derivada de la ciudadanía, las organizaciones políticas y las misiones de observación nacional e internacional, pueden ser un insumo importante para mejorar nuestra democracia.
* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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