Más allá de la curiosidad de páginas sociales, se hace evidente
que las nuevas generaciones de políticos comenzaron a preocuparse por el tema,
bien sea por convicción o por réditos políticos, y dejaron como herencia el
Estatuto General del Consumidor y el Estatuto del Consumidor Financiero. Esto
parece hoy un saludo a la bandera, porque la secuencia lógica del desarrollo de
los derechos y deberes del consumidor no ha tocado las campañas presidenciales
y, cuando mucho, ha sido mencionada superficialmente, pese a que el mundo
entero ya comprendió que la ejecución de los deberes y derechos ciudadanos está
más en el consumo que en el sufragio y que es prudente hacer públicas unas
preguntas a los candidatos presidenciales sobre la materia.
La primera serie de preguntas inevitablemente iría sobre las
garantías de los productos, dado que por lo menos, en el mundo del mercadeo
tenemos dos grandes problemas: la informalidad y la inexactitud.
Cuando se adquiere un producto, lo que el comprador espera y la
ley protege es que el producto que reciba es el mismo que compró, pero
continuamente esto no ocurre por diversas razones; unas muy técnicas y válidas,
como las de los jabones y otros productos, que cambian de tamaño y de peso en
las góndolas por el clima, y donde debemos refinar el sistema de métricas y
tolerancias de estos productos; pero es más complicado el tema de las “inexactitudes”
de algunas marcas que se presentan al consumidor como en el caso de productos
lácteos, ya que -como ocurrió en Bolivia y Perú- vale la pena revisar si alguna
marca en el país está vendiendo un producto que la gente cree que es leche pero
no lo es.
En el mismo sentido, el tema de la informalidad es uno de los casi
vetados en los debates presidenciales, ya que decir que se va a luchar por la
formalidad es perder muchos votos; pero mantener la formalidad genera muchas
pérdidas a los empresarios correctos y crea un espacio enorme para la
corrupción, el contrabando y el lavado de activos.
La segunda serie de preguntas, sin duda, sería en torno a quién
debe ser el defensor del consumidor, porque en este momento múltiples
instituciones lo hacen, lo que causa una enorme confusión y trámites
burocráticos. Ya Pablo Felipe Robledo del Castillo, actual superintendente de
Industria y Comercio, ha abierto este debate, pero ha pasado silenciosamente en
los pasillos políticos.
Habría mucho más por preguntar, como la censura post a
las campañas sin una sanción clara; el bajo seguimiento y regulación sobre la
jurisprudencia generada en procesos, como en los casos de usos de encuestas en
publicidad, y muchos otros temas que quedaron en el escándalo y continuamos cometiendo
los mismos errores. Creo que los candidatos han dejado pasar una enorme
oportunidad de educar a los consumidores, al explicar qué está bien o mal en el
tema de los deberes y derechos el consumidor, y se han dedicado a usar el
derecho a trinar y poco su deber de informar.
[1] John F. Kennedy (1962).
Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest. March 15,
1962. Online, Gerhard Peters & John T. Woolley, The American Presidency
Project. Disponible en: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108. Versión en
español: http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_13065_1.pdf
