miércoles, abril 08, 2015

No se requerirá licencia urbanística para la construcción adecuación o ampliación de infraestructura penitenciaria y carcelaria.

LA CORTE DECLARÓ CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE LA NORMA DE LA LEY 1709 DE 2014 QUE PREVÉ LA NECESIDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA, SIEMPRE QUE TALES OBRAS SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LOCALES SOBRE USOS DEL SUELO  
IV. EXPEDIENTE D-10.442 - SENTENCIA C-145/15
M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez

LEY 1709 DE 2014
(enero 20)

Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 36. Adiciónase un parágrafo al artículo 33 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 33. Expropiación. Considérase de utilidad pública y de interés social la adquisición de los inmuebles destinados para la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios y de aquellos aledaños a los establecimientos de reclusión necesarios para garantizar la seguridad del establecimiento, de los reclusos y de la población vecina.

En estos casos, el Gobierno Nacional a través de la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podrá efectuar la expropiación por vía administrativa, previa indemnización.

Prohíbase el funcionamiento de expendios públicos o de actividades que atenten contra la seguridad y la convivencia en un radio razonable de acción de los establecimientos de reclusión, el cual será convenido entre la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes respectivos, de conformidad con las leyes vigentes.

No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para la construcción adecuación o ampliación de infraestructura penitenciaria y carcelaria.

2. Decisión

Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 36 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 33 de la Ley 65 de 1993, en el entendido de que las obras de intervención o construcción de infraestructura carcelaria se deben desarrollar en las áreas que hayan sido destinadas para el efecto en las normas de ordenamiento territorial y conforme a la reglamentación de usos del suelo aplicables en el municipio.

3. Fundamentos de esta decisión

La Corte Constitucional decidió sobre si el último inciso de la norma acusada era contrario a los artículos 287 y 313 numeral 7° del texto superior, al desconocer la autonomía de los municipios para regular el uso del suelo dentro de sus territorios, al imponer a éstos decisiones emanadas de los órganos y autoridades nacionales en relación con la construcción de infraestructura penitenciaria que podrían afectar importantes factores de los cuales las entidades territoriales pueden tener control mediante el otorgamiento o negación de las licencias urbanísticas.

Después de analizar lo relativo a la autonomía de las entidades territoriales, especialmente en relación con los usos del suelo, el concepto y finalidades de las licencias urbanísticas, y los problemas relacionados con la superpoblación de los establecimientos penitenciarios, situación que justificaría una medida como la contenida en la norma acusada, la Corte concluyó que la norma acusada admite al menos dos interpretaciones: una conforme a la cual las autoridades nacionales encargadas de la construcción y mantenimiento de la infraestructura carcelaria pueden realizar cualquier actividad urbanística sin atender a la reglamentación de usos del suelo, en la medida en que no se .requerirá para el efecto licencia de urbanismo, intervención que resulta incompatible con los artículos 287 y 313 numeral 7° de la Constitución, pues desconoce las competencias del municipio en la organización de su territorio; y otra conforme a la cual, si bien no es necesario adelantar el trámite de las licencias de urbanismo para realizar intervenciones o la construcción de mobiliario destinado a la reclusión de personas afectadas con medidas privativas de la libertad, ello no autoriza a las entidades que las realicen para ignorar la reglamentación sobre usos del suelo o sobre la necesidad de solicitar la licencia ambiental que fuere necesaria, pues toda actuación del Estado debe estar revestida de legalidad, por lo cual no puede desconocer de manera injustificada las reglas y limitaciones que los concejos municipales establezcan en sus respectivos planes de ordenamiento territorial.

Así las cosas, al encontrar que la segunda de tales interpretaciones es conforme a la Constitución, la Corte decidió declarar condicionalmente exequible la disposición acusada, siempre y cuando las obras de intervención y/o construcción de infraestructura carcelaria se desarrollen en las áreas que hubieren sido destinadas para ello, en cumplimiento de las normas aplicables sobre ordenamiento territorial y usos del suelo.

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