El Comité Nacional de Paro informa sobre disminución en cierres viales y mínimos avances con el gobierno de Duque.
Cuando protestar te cuesta la vida: las cifras de la violencia homicida contra manifestantes a 36 días del Paro Nacional en Colombia
En promedio, el país suramericano registra dos muertes diarias desde que iniciaron las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.
Al menos 76 personas han fallecido en el contexto de las protestas en Colombia, entre el 28 de abril y el 2 de junio de este año. Esas cifras, que apenas cuentan la historia de las víctimas, se traducen en dos muertes diarias desde que se convocó al Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque.
actualidad rt.- De acuerdo a los más recientes datos de la ONG Defender la Libertad, el país suramericano acumula 76 homicidios, de los cuales 34 habrían sido perpetrados por agentes de la fuerza pública. El resto, según el reporte, obedecería a crímenes ejecutados por "civiles" sin identificar.
"Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas", precisa la organización, que no solo ha dejado asentada su preocupación por los niveles de violencia homicida, sino que se ha puesto a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para "informar, visibilizar y analizar los patrones de agresiones" que se ha registrado.
Los datos recabados por las organizaciones sociales son divulgados días antes de que se concrete la visita a Colombia de la CIDH, que prevé enviar una comisión a partir del 8 de junio, para verificar las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra los manifestantes.
El conteo de esa organización sobre la violencia homicida difiere del que registra la ONG Temblores, que a la fecha da cuenta de 45 asesinatos presuntamente perpetrados por agentes de la fuerza pública. La Fiscalía, entretanto, contabiliza 48 muertes, de las cuales asegura que 20 "no están relacionadas directamente con las protestas".
"Ausencia de claridad"
Además de los muertos, las organizaciones sociales de Colombia denuncian otras violencias. Según Defender la Libertad, en las semanas de manifestaciones se han registrado 998 heridos por la presunta actuación desproporcionada de la fuerza pública, de los cuales 74 han resultado con lesiones oculares y 87 heridos con arma de fuego.
"Del universo de personas víctimas de heridas: 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 no se reporta su género; lo cual se explica por la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social", precisa el informe.
Entre los agredidos están 151 defensores de derechos humanos, a pesar de estar plenamente identificados y ejerciendo labores en comisiones de verificación e intervención; 491 mujeres víctimas de violencia policiales –dos de ellas asesinadas presuntamente por la fuerza pública–, y 87 que sufrieron abusos basados en género (acoso sexual, tocamientos indebidos, violaciones sexuales, amenazas y hostigamientos).
La ONG también da cuenta de la detención de 2.395 personas, presuntamente de manera arbitraria; 20 allanamientos; 1.273 denuncias por abusos de poder; y 346 reportes de desaparecidos, aunque la Fiscalía solo tiene un registro de 89 personas que están reportadas en esa condición.
Sobre ese último punto, la organización alega que la disparidad con la Fiscalía "demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada".
Temblores, por su parte, registra un total de 3.789 casos de violencia policial, que incluyen 1.248 víctimas de violencia física, 1.649 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 705 intervenciones en el marco de las protestas, 65 víctimas de agresiones oculares, 180 por armas de fuego, 25 personas agredidas sexualmente y otras seis que padecieron violencia basada en género.
En diálogo con RT, Nelson Alarcón, de la Federación Colombiana de Educadores, consideró que lo que ha hecho el Gobierno ha sido "declararle la guerra" al Paro Nacional, permitiendo el abuso de la fuerza pública y la acción de civiles armados contra las protestas, en paralelo con la "estigmatización" de los manifestantes.
"El Gobierno nacional hoy no quiere negociar, hoy no quiere buscarle salidas a toda esta problemática. Lo único que quiere es estigmatizar, seguir la barbarie, seguir los asesinatos, continuar con las masacres que hoy está realizando a lo largo y ancho del territorio colombiano. No le interesa el diálogo, la concertación", recalcó Alarcón.
¿Violencia sistemática?
Para las organizaciones sociales que han documentado, registrado y denunciado los hechos de violencia contra los manifestantes, hay un patrón innegable de sistematicidad en las agresiones perpetradas por la fuerza pública. Un hecho que, aunado a la participación de "civiles" armados junto a la policía, representa un peligro para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta en Colombia.
"Ante el aumento y la sistematicidad de la violencia policial, exigimos que el gobierno se pronuncie de manera contundente frente a los casos de abuso por parte de la Fuerza Pública. También, esperamos un pronunciamiento rechazando el hecho de que haya civiles con armas de fuego disparando a quienes se manifiestan", escribió la plataforma Temblores.
Sin embargo, Duque niega que la actuación desproporcionada de los agentes policiales y militares contra manifestantes sea sistemática. A principios de esta semana, el mandatario aseguró que los excesos son "una minoría de hechos".
"Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación. En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos", declaró Duque en entrevista con el diario El País, tras aseverar que las denuncias "se han investigado y sancionado".
"La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años. Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia", comentó a ese mismo medio. Y aseguró que no quedará ni un solo caso "sin investigar" porque su país "tiene instituciones independientes".
Nazareth Balbás
 |
| Manifestantes que se autodenominan primera línea sostienen escudos caseros en Bogotá. 28 de mayo de 2021 Foto- Fernando Vergara -AP |
Al menos 76 personas han fallecido en el contexto de las protestas en Colombia, entre el 28 de abril y el 2 de junio de este año. Esas cifras, que apenas cuentan la historia de las víctimas, se traducen en dos muertes diarias desde que se convocó al Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque.
actualidad rt.- De acuerdo a los más recientes datos de la ONG Defender la Libertad, el país suramericano acumula 76 homicidios, de los cuales 34 habrían sido perpetrados por agentes de la fuerza pública. El resto, según el reporte, obedecería a crímenes ejecutados por "civiles" sin identificar.
#SOSColombiaDDHH ?ﾟﾇﾨ? Informamos, luego de 36 días de protesta social, el balance de graves violaciones a los DDHH, el que incluye 76 homicidios y 988 personas heridas por el accionar desproporcionado de la @PoliciaColombia
— Campaña Defender la libertad (@DefenderLiberta) June 2, 2021
Conoce toda la información ⬇️https://t.co/K49qmDiZPz pic.twitter.com/NFd18f2YLf
"Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Una (1) era defensora de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas", precisa la organización, que no solo ha dejado asentada su preocupación por los niveles de violencia homicida, sino que se ha puesto a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para "informar, visibilizar y analizar los patrones de agresiones" que se ha registrado.
Los datos recabados por las organizaciones sociales son divulgados días antes de que se concrete la visita a Colombia de la CIDH, que prevé enviar una comisión a partir del 8 de junio, para verificar las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra los manifestantes.
El conteo de esa organización sobre la violencia homicida difiere del que registra la ONG Temblores, que a la fecha da cuenta de 45 asesinatos presuntamente perpetrados por agentes de la fuerza pública. La Fiscalía, entretanto, contabiliza 48 muertes, de las cuales asegura que 20 "no están relacionadas directamente con las protestas".
"Ausencia de claridad"
Además de los muertos, las organizaciones sociales de Colombia denuncian otras violencias. Según Defender la Libertad, en las semanas de manifestaciones se han registrado 998 heridos por la presunta actuación desproporcionada de la fuerza pública, de los cuales 74 han resultado con lesiones oculares y 87 heridos con arma de fuego.
"Del universo de personas víctimas de heridas: 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 no se reporta su género; lo cual se explica por la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social", precisa el informe.
 |
| Un manifestante choca con la policía antidisturbios durante una protesta en Facatativá, Colombia, el 31 de mayo de 2021 Raul Arboleda -AFP |
La ONG también da cuenta de la detención de 2.395 personas, presuntamente de manera arbitraria; 20 allanamientos; 1.273 denuncias por abusos de poder; y 346 reportes de desaparecidos, aunque la Fiscalía solo tiene un registro de 89 personas que están reportadas en esa condición.
? Reporte infográfico
— Temblores ONG ? (@TembloresOng) June 3, 2021
Nuestra plataforma #Grita ha podido verificar que, entre el 28 de abril y el 31 de mayo del 2021, ocurrieron, al menos, 3.789 casos de violencia por parte de la fuerza pública a nivel nacional, dentro de los cuales 45 corresponden a homicidios. @CIDH pic.twitter.com/MVeFV2GfW7
Sobre ese último punto, la organización alega que la disparidad con la Fiscalía "demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada".
Temblores, por su parte, registra un total de 3.789 casos de violencia policial, que incluyen 1.248 víctimas de violencia física, 1.649 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 705 intervenciones en el marco de las protestas, 65 víctimas de agresiones oculares, 180 por armas de fuego, 25 personas agredidas sexualmente y otras seis que padecieron violencia basada en género.
En diálogo con RT, Nelson Alarcón, de la Federación Colombiana de Educadores, consideró que lo que ha hecho el Gobierno ha sido "declararle la guerra" al Paro Nacional, permitiendo el abuso de la fuerza pública y la acción de civiles armados contra las protestas, en paralelo con la "estigmatización" de los manifestantes.
"El Gobierno nacional hoy no quiere negociar, hoy no quiere buscarle salidas a toda esta problemática. Lo único que quiere es estigmatizar, seguir la barbarie, seguir los asesinatos, continuar con las masacres que hoy está realizando a lo largo y ancho del territorio colombiano. No le interesa el diálogo, la concertación", recalcó Alarcón.
¿Violencia sistemática?
Para las organizaciones sociales que han documentado, registrado y denunciado los hechos de violencia contra los manifestantes, hay un patrón innegable de sistematicidad en las agresiones perpetradas por la fuerza pública. Un hecho que, aunado a la participación de "civiles" armados junto a la policía, representa un peligro para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta en Colombia.
"Ante el aumento y la sistematicidad de la violencia policial, exigimos que el gobierno se pronuncie de manera contundente frente a los casos de abuso por parte de la Fuerza Pública. También, esperamos un pronunciamiento rechazando el hecho de que haya civiles con armas de fuego disparando a quienes se manifiestan", escribió la plataforma Temblores.
Sin embargo, Duque niega que la actuación desproporcionada de los agentes policiales y militares contra manifestantes sea sistemática. A principios de esta semana, el mandatario aseguró que los excesos son "una minoría de hechos".
"Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación. En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos", declaró Duque en entrevista con el diario El País, tras aseverar que las denuncias "se han investigado y sancionado".
"La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años. Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia", comentó a ese mismo medio. Y aseguró que no quedará ni un solo caso "sin investigar" porque su país "tiene instituciones independientes".
Nazareth Balbás
"No les bastó con asesinarlo, lo destruyeron y lo quemaron":
Conmoción en Colombia por el hallazgo del cadáver calcinado de un adolescente en Cali
La versión de la familia del joven de 16 años señala a la Policía de Cali como responsable de la muerte. El organismo ha negado su participación en el hecho.
actualidad rt.- Dos versiones se confrontan nuevamente en Colombia tras el brutal asesinato de un menor de edad durante la violenta jornada de protestas del pasado viernes en Cali, que dejó 13 fallecidos y decenas de heridos en la capital del Valle del Cauca, cuando se cumplió un mes de las movilizaciones en el país.
El cuerpo calcinado de Daniel Stiven Sánchez, de 16 años, fue hallado en una tienda de Dollar City, en el municipio caleño de Siloé, la madrugada del 29 de mayo. El homicidio, que sus familiares atribuyen a la Policía, según los testimonios que han recabado, ocurrió el día que ha sido catalogado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como "doloroso", "fatídico" y que "ha significado muerte".
La Policía Metropolitana de Cali salió al paso a la versión de los parientes de Sánchez, negó que sus efectivos tuvieran responsabilidad en la muerte del adolescente y se refirió a la quema del negocio, donde fue hallado Sánchez, por parte de "delincuentes". Tanto las autoridades como los familiares esperan el dictamen de Medicina Legal.
Esta no es la primera vez, desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, que se denuncia la presunta participación de los cuerpos de seguridad en violaciones de los derechos humanos contra manifestantes o personas ajenas a los actos de calle. Las autoridades han negado su responsabilidad y han atribuido los actos de violencia a agentes externos a la protesta.
¿Qué pasó?
En un documental de poco más de nueve minutos, el productor audiovisual colombiano Alejandro Palencia recogió la reconstrucción de los hechos sobre la muerte de Daniel Stiven, de las voces de la madre y sus dos hermanas. Las tres mujeres, en medio de la conmoción por este homicidio, piden que se haga justicia.
La primera en hablar es María Paula Sánchez, una de sus hermanas. Ella cuenta que el joven regresaba del trabajo en compañía de otras personas cuando se topó con una tanqueta de la Policía Metropolitana de Cali. Al verla, quedó paralizado por el miedo y solo alcanzó a levantar las manos para decir que no tenía que ver con la protesta.
A partir de ese momento, según le relataron testigos a la familia, hubo varias agresiones contra el joven, presuntamente cometidas por los policías que lo habrían golpeado, disparado varias veces y que supuestamente se lo llevaron arrastras mientras pedía ayuda.
"Él decía que era menor de edad y los testigos gritaban: 'cogieron a un niño, lo llevan hacia el Dollar City, lo están golpeando, no nos lo quieren entregar'", refiere.
Los golpes no cesaron, según su hermana. Incluso un paramédico que iba a auxiliar al menor de edad habría sido repelido a tiros por los uniformados.
"Él pide que lo ayuden, que no lo dejen morir. En ese momento lo montan en la tanqueta y se lo llevan. Esta es la parte que no entendemos: ¿Por qué terminó quemado en el Dollar City?", se pregunta la pariente.
A pesar de estas afirmaciones, el recién nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León Montes, negó en un video institucional que la tanqueta hubiera sido movilizada esa noche.
Los hallazgos
"Mi hermano tiene impactos de bala en su cuerpo y aún no tenemos el dictamen, pero el forense nos dijo que tiene índices de tortura", dice María Paula. La Policía niega esta versión.
Su otra hermana, Yurany Sánchez, manifiesta sentirse "destrozada" porque "lo mataron con sevicia". "No les bastó con asesinarlo sino que lo destruyeron, lo quemaron". Ambas afirman que el joven fue asesinado antes de que su cuerpo fuera alcanzado por las llamas en el incendio dentro del almacén. Las autoridades tampoco coinciden con esta versión.
"Lo quieren inculpar, dicen que estaba vandalizando el Dollar City, que lo estaba incendiando y robando, hay testigos directos que afirman que venía de trabajar", agrega Yurany.
María Sánchez, su madre, cuenta que le tenía prohibido ir a las manifestaciones ante el temor de que le ocurriera algo. "Los de la primera línea [vanguardia en las movilizaciones] le confirmaron a mi hija que jamás lo habían visto allá", dice.
Para Yurany, que desmiente la versión policial sobre la participación del menor en actos de vandalismo, "el objetivo de incriminar a los jóvenes es quitarle valor a la verdad".
¿Qué dice la Policía?
En una serie de trinos, la Policía Metropolitana afirma que la noche del 28 de mayo hubo "actos vandálicos" contra la estación policial El Lido, y que a las afueras se encontraban miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una tanqueta.
En sus tuits, el organismo niega que el adolescente hubiera sido ingresado al vehículo, "teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado", y asegura que la comisaría no prestaba atención al público debido a que un local cercano fue saqueado e incendiado.
Según la versión oficial, los Bomberos encontraron el cadáver, que fue llevado al Hospital de Siloé, donde la Policía Judicial realizó la "inspección técnica" que mostró que "no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca".
Aunque se espera el dictamen de Medicina Legal, la Policía dijo que tras "las investigaciones adelantadas se puede determinar que los hechos se habrían registrado en el interior de un establecimiento comercial", tras una "conflagración" causada por "delincuentes" que habrían saqueado y prendido fuego al lugar.
El Ministerio Público designó a un fiscal, según adelantó el organismo policial.
Amenazas
El impacto de esta nueva muerte en Colombia, donde ya han ocurrido 71 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, según el registro de Indepaz, se ha volcado a las redes.
Varios usuarios de la red social Twitter han alertado que los familiares de Daniel Stiven estarían recibiendo amenazas tras hacer la denuncia contra la Policía de Cali.
Nathali Gómez
 |
| Manifestantes se resguardan de los disparos durante enfrentamientos con la policía en Cali, Colombia, el 28 de mayo de 2021 Luis Robayo / AFP |
El cuerpo calcinado de Daniel Stiven Sánchez, de 16 años, fue hallado en una tienda de Dollar City, en el municipio caleño de Siloé, la madrugada del 29 de mayo. El homicidio, que sus familiares atribuyen a la Policía, según los testimonios que han recabado, ocurrió el día que ha sido catalogado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como "doloroso", "fatídico" y que "ha significado muerte".
La Policía Metropolitana de Cali salió al paso a la versión de los parientes de Sánchez, negó que sus efectivos tuvieran responsabilidad en la muerte del adolescente y se refirió a la quema del negocio, donde fue hallado Sánchez, por parte de "delincuentes". Tanto las autoridades como los familiares esperan el dictamen de Medicina Legal.
Esta no es la primera vez, desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, que se denuncia la presunta participación de los cuerpos de seguridad en violaciones de los derechos humanos contra manifestantes o personas ajenas a los actos de calle. Las autoridades han negado su responsabilidad y han atribuido los actos de violencia a agentes externos a la protesta.
¿Qué pasó?
En un documental de poco más de nueve minutos, el productor audiovisual colombiano Alejandro Palencia recogió la reconstrucción de los hechos sobre la muerte de Daniel Stiven, de las voces de la madre y sus dos hermanas. Las tres mujeres, en medio de la conmoción por este homicidio, piden que se haga justicia.
La primera en hablar es María Paula Sánchez, una de sus hermanas. Ella cuenta que el joven regresaba del trabajo en compañía de otras personas cuando se topó con una tanqueta de la Policía Metropolitana de Cali. Al verla, quedó paralizado por el miedo y solo alcanzó a levantar las manos para decir que no tenía que ver con la protesta.
A partir de ese momento, según le relataron testigos a la familia, hubo varias agresiones contra el joven, presuntamente cometidas por los policías que lo habrían golpeado, disparado varias veces y que supuestamente se lo llevaron arrastras mientras pedía ayuda.
Ésta es la familia de Daniel Sánchez y ésta es su historia, justicia es lo único que piden ante el daño irreparable de la muerte. Duele ver que ésta ha sido la realidad de muchas familias en Colombia.
— Alejandro Palencia (@AlejoPalencia) June 1, 2021
Video completo:https://t.co/YCoJSeAqp3#ParoNacional #ParoNacional31M pic.twitter.com/f7On7xAATE
"Él decía que era menor de edad y los testigos gritaban: 'cogieron a un niño, lo llevan hacia el Dollar City, lo están golpeando, no nos lo quieren entregar'", refiere.
Los golpes no cesaron, según su hermana. Incluso un paramédico que iba a auxiliar al menor de edad habría sido repelido a tiros por los uniformados.
"Él pide que lo ayuden, que no lo dejen morir. En ese momento lo montan en la tanqueta y se lo llevan. Esta es la parte que no entendemos: ¿Por qué terminó quemado en el Dollar City?", se pregunta la pariente.
A pesar de estas afirmaciones, el recién nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León Montes, negó en un video institucional que la tanqueta hubiera sido movilizada esa noche.
Los hallazgos
"Mi hermano tiene impactos de bala en su cuerpo y aún no tenemos el dictamen, pero el forense nos dijo que tiene índices de tortura", dice María Paula. La Policía niega esta versión.
Su otra hermana, Yurany Sánchez, manifiesta sentirse "destrozada" porque "lo mataron con sevicia". "No les bastó con asesinarlo sino que lo destruyeron, lo quemaron". Ambas afirman que el joven fue asesinado antes de que su cuerpo fuera alcanzado por las llamas en el incendio dentro del almacén. Las autoridades tampoco coinciden con esta versión.
"Lo quieren inculpar, dicen que estaba vandalizando el Dollar City, que lo estaba incendiando y robando, hay testigos directos que afirman que venía de trabajar", agrega Yurany.
María Sánchez, su madre, cuenta que le tenía prohibido ir a las manifestaciones ante el temor de que le ocurriera algo. "Los de la primera línea [vanguardia en las movilizaciones] le confirmaron a mi hija que jamás lo habían visto allá", dice.
Para Yurany, que desmiente la versión policial sobre la participación del menor en actos de vandalismo, "el objetivo de incriminar a los jóvenes es quitarle valor a la verdad".
¿Qué dice la Policía?
En una serie de trinos, la Policía Metropolitana afirma que la noche del 28 de mayo hubo "actos vandálicos" contra la estación policial El Lido, y que a las afueras se encontraban miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una tanqueta.
En sus tuits, el organismo niega que el adolescente hubiera sido ingresado al vehículo, "teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado", y asegura que la comisaría no prestaba atención al público debido a que un local cercano fue saqueado e incendiado.
Según la versión oficial, los Bomberos encontraron el cadáver, que fue llevado al Hospital de Siloé, donde la Policía Judicial realizó la "inspección técnica" que mostró que "no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca".
Aunque se espera el dictamen de Medicina Legal, la Policía dijo que tras "las investigaciones adelantadas se puede determinar que los hechos se habrían registrado en el interior de un establecimiento comercial", tras una "conflagración" causada por "delincuentes" que habrían saqueado y prendido fuego al lugar.
El Ministerio Público designó a un fiscal, según adelantó el organismo policial.
Amenazas
El impacto de esta nueva muerte en Colombia, donde ya han ocurrido 71 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, según el registro de Indepaz, se ha volcado a las redes.
ATENCIÓN.
— Alejandro Palencia (@AlejoPalencia) June 2, 2021
Lamento confirmar que los familiares de Daniel Sánchez, el jóven que fue asesinado por la policía en Siloé e incinerado, están siendo víctima de amenazas, han tenido que abandonar su casa. Responsabilizo al Estado de lo que le ocurra a cualquiera de ellos.
Imaginate que a tu hermano/hijo se lo lleve el ESMAD herido y luego aparezca muerto e incinerado, que denuncies el caso y que luego de su sepelio tengas que salir huyendo de tu casa por amenazas, pues si, eso le sucedió a la familia de Daniel Sánchez en Cali, que dolor.
— CSI Guerra Universitaria ?ﾟﾇﾴ ?ﾟﾇﾸ (@Gu2Hail) June 2, 2021
Varios usuarios de la red social Twitter han alertado que los familiares de Daniel Stiven estarían recibiendo amenazas tras hacer la denuncia contra la Policía de Cali.
Nathali Gómez
Comité del Paro en Colombia dice que instruyó el levantamiento de los bloqueos viales previo al nuevo diálogo con el Gobierno
 |
| Tolima |
"Con mucha autoridad local, los comités departamentales de paro y las personas que están en dichos bloqueos han entrado en esas conversaciones y han venido levantando muchos de los bloqueos que actualmente se desarrollaban a lo largo y ancho del país", dijo Fabio Arias, representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
Esa determinación fue confirmada por uno de los mediadores del diálogo entre el Comité y el Ejecutivo, monseñor Héctor Fabio Henao, quien aseveró que el lunes "se había logrado el desbloqueo" en más de 30 puntos. "Venimos con una perspectiva importante de que se van dando pasos significativos", agregó.
"Nosotros hicimos un desescalonamiento de los puntos de resistencia, como nosotros lo hemos llamado, el gobierno lo llama bloqueos, los mal llamados bloqueos",sostuvo por su parte Nelson Alarcón, integrante del Comité del Paro, quien recalcó que ese gesto es una muestra de buena voluntad para que la administración de Duque no tenga excusas "para decir que no firma los preacuerdos".
 |
| Duque niega la sistematicidad de la violencia policial en Colombia e insiste en condicionar el diálogo al levantamiento de los “bloqueos” viales |
La noticia se conoce este martes, cuando arranca en Bogotá una nueva ronda de negociaciones, y un día después de que el mandatario colombiano reiterara que el levantamiento de las obstrucciones viales era el punto de partida para atender las demandas de los manifestantes, que cumplen más de un mes de protestas en Colombia.
 |
| Marchas en el Valle |
Este tímido avance es clave, en momentos en que se incrementa la presencia militar y policial en los puntos de mayores manifestaciones, lo que se ha traducido en más represión y denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Además, ONG locales han exigido la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha pedido una investigación independiente que esclarezca los abusos, repare a las víctimas y sancione a los responsables de la violencia, que han dejado cerca de 48 muertos según la Fiscalía.
 |
| Marchas pacíficas en Fusagasugá, Cundinamarca. |
Este martes, la CIDH confirmó que realizará una visita de trabajo a Colombia del 8 al 10 de junio "para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas".
La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia
Comunicado de prensa 137/21
La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales
25 de mayo de 2021
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El Estado colombiano informó que, a la fecha, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7,801 no han presentado incidentes. Sin embargo, la Comisión resalta que en al menos 1,038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes.
La CIDH expresa su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, desde el inicio de las protestas 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica, el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública, así como de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego.
Además, la Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño.
A su vez, la CIDH expresa su alarma por la denuncia de al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo. Igualmente, condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril.
Por otro lado, según información pública, se conoce la existencia de aproximadamente 979 civiles heridos en el contexto de las protestas, entre ellos por lo menos 33 con traumas oculares, los cuales se concentran mayoritariamente en Bogotá, Neiva, Cali, Yumbo, Medellín, Popayán, Pasto, y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca. De acuerdo a lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom. Asimismo, en Bogotá, en el contexto de las protestas del 22 mayo, según información preliminar, al menos 2 personas manifestantes habrían sido heridas, incluyendo reportes de lesión ocular por proyectil policial.
Según la información enviada por el Estado a la Comisión información que da cuenta de la apertura de 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias por parte de funcionarios de la Policía Nacional, dos de ellas por presuntos actos de violencia sexual.
La Comisión Interamericana rechaza que, durante las protestas, se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social y, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la Minga Indígena. En particular, la CIDH tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes.
En adición, la CIDH y su RELE han observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación.
La Comisión Interamericana condena que, en determinadas circunstancias, presuntos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada, entre otros actos injustificables de vandalismo. Según información suministrada por el Estado, estos hechos darían cuenta de 108 acciones contra infraestructura pública y del gobierno, entre ellas: cámaras afectadas; semáforos destruidos; señales de tránsito; y 1136 vehículos de transporte público afectados.
En este contexto, la CIDH manifiesta su extrema preocupación por el fallecimiento al menos 2 policías, 966 resultaron lesionados, y que 25 estaciones de policía, una instancia de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una sede de medicina legal han sido atacadas o vandalizadas. Además, tomó conocimiento de la muerte del patrullero Juan Sebastián Briñez , y las lesiones provocadas a por lo menos 2 agentes de policía el 22 de mayo, incluyendo graves quemaduras faciales por una bomba incendiaria que habría sido dirigida contra su unidad. Sobre este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.
El Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar.
Al respecto, la Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.
Asimismo, recuerda que toda restricción al derecho de reunión debe estar prevista en la ley, debe perseguir un objetivo legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. A su vez, la Comisión reitera lo indicado en su informe sobre Protesta y Derechos Humanos, en el sentido de que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica.
En su Informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza.
Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extienda en el tiempo y escale a punto de comprometer la garantía de otros derechos como el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, y a su vez atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión destaca la importancia de que las personas manifestantes permitan la circulación de insumos y provisiones esenciales.
En este sentido, la Comisión condena categóricamente que en el contexto de las protestas se hayan presentado decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas, dificultando el traslado de pacientes. En particular, la CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura. En ese sentido, la Comisión llama al Estado a concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados. Particularmente, en el para la situación de Colombia hoy, el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como el aprovisionamiento y despliegue de a personal e insumos médicos
Frente a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, la CIDH condena el alto número de fallecidos y heridos, al tiempo que reitera la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, insta a las autoridades a investigar con debida diligencia todos los casos, a identificar y sancionar a los responsables, así como a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. En los casos de violencia sexual, la investigación deberá llevarse a cabo con debida diligencia reforzada y garantizando el enfoque de género.
La Comisión Interamericana reitera que, siempre que haya se sospecha de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación automáticamente, sin dilación, de forma seria, imparcial y efectiva y orientada a la determinación de la verdad, ello debe incluir la conformación de unidades o comisiones especializadas que cuente con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos a la localización e identificación de las víctimas desaparecidas.
Asimismo, la Comisión recuerda que las y los periodistas cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en protestas sociales, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.
La Comisión observa que muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales. En ese sentido, reafirma que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los derechos humanos. La CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes, e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria, según los estándares internacionales.
Por último, la CIDH reitera la importancia de realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Ministro de Defensa de Colombia va al 'banquillo' por la represión y "estigmatización" de las protestas
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, enfrentará una semana complicada: este lunes deberá afrontar una moción de censura en el Senado y, el martes, otra petición del mismo tenor en la Cámara de Representantes.
actualidad.rt.- Los excesos por la represión policial durante las protestas en Colombia, que han dejado un saldo de más de 40 muertos –según la Fiscalía– y centenares de heridos, además de la denuncia internacional por presuntos abusos sexuales, desapariciones y tortura por parte de la fuerza pública persiguen al titular de la cartera, quien llegó al cargo en febrero de este año, tras la muerte de su antecesor, Carlos Holmes Trujillo.
El primer intento de juicio político tendrá lugar este lunes a las 2:00 de la tarde (local), en el Senado, donde Molano afrontará las intervenciones de senadores opositores como Iván Cepeda, del Polo Democrático; Armando Benedetti, de Colombia Humana; y Roy Barreras, del Partido de la U, que consideran que el ministro tiene responsabilidad en la extralimitación de funciones por parte de los soldados y de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que han reprimido las protestas por más de tres semanas.
La segunda interpelación se llevará a cabo en la Cámara de Representantes, que ha citado al titular de Defensa para que responda por varios trinos que habrían contribuido a "estigmatizar" la protesta –al calificar de "terroristas" y "vándalos" a los manifestantes– y "por el uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza por parte de agentes estatales" durante las movilizaciones en todo el país.
Las mociones de Molano en el Congreso se efectuarán en paralelo a la gira que ha emprendido por EE.UU. la recién nombrada canciller y actual vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
Retos del oficialismo
Hasta ahora, senadores como Cepeda han anticipado el respaldo que el oficialismo brindará al ministro de Defensa, sin embargo, consideran que ese espaldarazo solo confirmaría la "complicidad con los crímenes cometidos".
En Twitter, Cepeda adelantó que responsabilizaría a Molano de al menos "15 actuaciones que lo vinculan directamente con la ejecución de crímenes de lesa humanidad", que habrían sido perpetrados en los últimos 25 días.
El viernes, el senador del Polo Democrático aseveró que la salida del ministro es necesaria, en vista de que en las últimas semanas en Colombia "se ha producido un auténtico baño de sangre", que a su juicio contradice el "talante democrático" del Gobierno de Duque. Por ese motivo, Cepeda recalcó que los legisladores tendrán la oportunidad "de presentar todos los argumentos necesarios" para que Molano "abandone la cartera de Defensa".
Ese mismo día, el senador Gustavo Bolívar –del partido Colombia Humana– se refirió a Molano como el "sanguinario" ministro, y estimó que de no contar con los votos necesarios para expulsarlo de la cartera, se sabrá "qué senadores aplauden y apoyan el terrorismo de Estado y la masacre, mutilación y violación de jóvenes" en su país.
La oposición a Duque se ha empeñado en presentar la moción contra el jefe del ministerio de Defensa como un parteaguas de la política, en un momento en que el mandatario colombiano tiene escasos índices de aprobación en el país y el cuestionamiento a la actuación policial ya ha escalado a foros internacionales como Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional (CPI).
Si finamente se produce la salida del ministro de Defensa, sería la tercera baja en el Gabinete desde el inicio de las protestas, tras la renuncia del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, promotor de la fracasada reforma tributaria que motivó las primeras movilizaciones; y la dimisión de la excanciller Claudia Blum.
¿Cuántos votos se necesitan?
Para que prospere la moción de censura en el Senado, la oposición requiere alcanzar al menos 55 votos. Hasta el momento, el ministro cuenta con el apoyo del Centro Democrático, del partido conservador, de la mayoría de los parlamentarios del Partido de la U, de Cambio Radical, Mira y Colombia Justa Libres.
Entretanto, los senadores del Polo Democrático, Alianza Verde, partido de los Comunes, Colombia Humana y la bancada liberal han adelantado que apoyarán la moción para propiciar la salida de Molano de la cartera.
Sin embargo, no está claro si los adversarios políticos de Iván Duque cuentan con los respaldos suficientes para llevar a término la propuesta de juicio político. Se prevé que las votaciones se lleven a cabo a finales de esta semana, si así lo determinan las mesas directivas de ambas cámaras.
La controvertida gestión de la cartera de Defensa ha estado en la mira de la oposición durante todo el Gobierno de Duque. Guillermo Botero y el fallecido Holmes Trujillo, predecesores de Molano, tuvieron que sortear las propuestas de mociones de censura en su contra: el primero logró salvarse de una, gracias al voto mayoritario de las bancadas, pero renunció meses más tarde por el escándalo de una masacre perpetrada por el Ejército donde fallecieron menores del edad; y el segundo tuvo que comparecer ante la Cámara de Representantes, donde habían solicitado su renuncia, y pedir perdón por los excesos de la fuerza pública durante las protestas de 2019.
Nazareth Balbás.
actualidad.rt.- Los excesos por la represión policial durante las protestas en Colombia, que han dejado un saldo de más de 40 muertos –según la Fiscalía– y centenares de heridos, además de la denuncia internacional por presuntos abusos sexuales, desapariciones y tortura por parte de la fuerza pública persiguen al titular de la cartera, quien llegó al cargo en febrero de este año, tras la muerte de su antecesor, Carlos Holmes Trujillo.
El primer intento de juicio político tendrá lugar este lunes a las 2:00 de la tarde (local), en el Senado, donde Molano afrontará las intervenciones de senadores opositores como Iván Cepeda, del Polo Democrático; Armando Benedetti, de Colombia Humana; y Roy Barreras, del Partido de la U, que consideran que el ministro tiene responsabilidad en la extralimitación de funciones por parte de los soldados y de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que han reprimido las protestas por más de tres semanas.
Lo digo desde ya: es muy posible que las mayorías gobiernistas voten contra la moción de censura al ministro de defensa. El único efecto de esa decisión será mostrar al país y al mundo su complicidad con los crímenes estatales cometidos. Por favor, tomen nota atenta de cada voto.
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 22, 2021
La segunda interpelación se llevará a cabo en la Cámara de Representantes, que ha citado al titular de Defensa para que responda por varios trinos que habrían contribuido a "estigmatizar" la protesta –al calificar de "terroristas" y "vándalos" a los manifestantes– y "por el uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza por parte de agentes estatales" durante las movilizaciones en todo el país.
Las mociones de Molano en el Congreso se efectuarán en paralelo a la gira que ha emprendido por EE.UU. la recién nombrada canciller y actual vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
Retos del oficialismo
Hasta ahora, senadores como Cepeda han anticipado el respaldo que el oficialismo brindará al ministro de Defensa, sin embargo, consideran que ese espaldarazo solo confirmaría la "complicidad con los crímenes cometidos".
En Twitter, Cepeda adelantó que responsabilizaría a Molano de al menos "15 actuaciones que lo vinculan directamente con la ejecución de crímenes de lesa humanidad", que habrían sido perpetrados en los últimos 25 días.
El viernes, el senador del Polo Democrático aseveró que la salida del ministro es necesaria, en vista de que en las últimas semanas en Colombia "se ha producido un auténtico baño de sangre", que a su juicio contradice el "talante democrático" del Gobierno de Duque. Por ese motivo, Cepeda recalcó que los legisladores tendrán la oportunidad "de presentar todos los argumentos necesarios" para que Molano "abandone la cartera de Defensa".
Ese mismo día, el senador Gustavo Bolívar –del partido Colombia Humana– se refirió a Molano como el "sanguinario" ministro, y estimó que de no contar con los votos necesarios para expulsarlo de la cartera, se sabrá "qué senadores aplauden y apoyan el terrorismo de Estado y la masacre, mutilación y violación de jóvenes" en su país.
La oposición a Duque se ha empeñado en presentar la moción contra el jefe del ministerio de Defensa como un parteaguas de la política, en un momento en que el mandatario colombiano tiene escasos índices de aprobación en el país y el cuestionamiento a la actuación policial ya ha escalado a foros internacionales como Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional (CPI).
Por su parte, el oficialismo plantea el respaldo a Molano como una defensa del Estado de Derecho y estiman que el titular de la cartera es "víctima de ataques" para supuestamente "menoscabar su lucha contra la delincuencia y el narcotráfico", escribió en su cuenta de Twitter el senador John Harold Suárez Vargas, del Centro Democrático.Hoy se trata de defender el Estado de Derecho representado en sus instituciones. Por eso respaldamos a @mindefensa, cartera víctima de ataques que siempre han buscado menoscabar su lucha contra la delincuencia y el narcotrafico. #DiegoMolanoSeQueda pic.twitter.com/H2ccTaA9sp
— John Harold Suárez Vargas (@jhsuarezv) May 24, 2021
Si finamente se produce la salida del ministro de Defensa, sería la tercera baja en el Gabinete desde el inicio de las protestas, tras la renuncia del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, promotor de la fracasada reforma tributaria que motivó las primeras movilizaciones; y la dimisión de la excanciller Claudia Blum.
¿Cuántos votos se necesitan?
Para que prospere la moción de censura en el Senado, la oposición requiere alcanzar al menos 55 votos. Hasta el momento, el ministro cuenta con el apoyo del Centro Democrático, del partido conservador, de la mayoría de los parlamentarios del Partido de la U, de Cambio Radical, Mira y Colombia Justa Libres.
Entretanto, los senadores del Polo Democrático, Alianza Verde, partido de los Comunes, Colombia Humana y la bancada liberal han adelantado que apoyarán la moción para propiciar la salida de Molano de la cartera.
Sin embargo, no está claro si los adversarios políticos de Iván Duque cuentan con los respaldos suficientes para llevar a término la propuesta de juicio político. Se prevé que las votaciones se lleven a cabo a finales de esta semana, si así lo determinan las mesas directivas de ambas cámaras.
La controvertida gestión de la cartera de Defensa ha estado en la mira de la oposición durante todo el Gobierno de Duque. Guillermo Botero y el fallecido Holmes Trujillo, predecesores de Molano, tuvieron que sortear las propuestas de mociones de censura en su contra: el primero logró salvarse de una, gracias al voto mayoritario de las bancadas, pero renunció meses más tarde por el escándalo de una masacre perpetrada por el Ejército donde fallecieron menores del edad; y el segundo tuvo que comparecer ante la Cámara de Representantes, donde habían solicitado su renuncia, y pedir perdón por los excesos de la fuerza pública durante las protestas de 2019.
Nazareth Balbás.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Importante.
ADRES reportará a la Fiscalía primeros 10 casos de hospitales que no pudieron demostrar su existencia física
Por no demostrar que cuentan con infraestructura física en la dirección reportada, como lo ordenan las normas, la Administradora de los Rec...
Agencia de Publicidad
