Se ALQUILAN
VESTIDOS
para NOVIA y QUINCEAÑERA.
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La venta de Medimás: un negocio dudoso y por capítulos
La antigua Cafesalud vuelve a
cambiar de dueños y sus afiliados volverán a pasar a manos de otro consorcio,
esta vez internacional. ¿Será para mejorar?
Iván
Jaramillo Pérez*
Compras
con la copia de la cédula
Entramos a otro capítulo de esta novela. Primero
SaludCoop entregó a Cafesalud, Cafesalud vendió a Medimás y Medimás parece que
venderá a Dynamic Business and Medical Solutions (DBMS). El
proceso se parece a una canción de Celia Cruz por aquello de “Songo le dio a
borondongo…”.
Cuando los socios de Prestmed y Prestnewco,
integrados por ocho grupos empresariales y 192 IPS, conocidos como Prestasalud,
se ofrecieron a comprar Medimás por el doble del precio base, me atreví a
pronosticar en esta revista que
sería una transacción extraña en la que los compradores tendrían la intención
de quedarse con el negocio, pero no necesariamente la de pagar en efectivo.
En realidad, la EPS se estaba comprando con
facturas o cuentas por cobrar, en forma similar a como la Federación Médica
(Femec) se hizo propietaria de la EPS Unimec hace quince años. Esa fue una
transacción amparada por la Ley 550 sobre
reestructuración empresarial (que permitía que los acreedores se convirtieran
en socios de la empresa emproblemada).
Al parecer no había entre los compradores la
disponibilidad ni la voluntad para desembolsar el dinero en efectivo. Un
auditor amigo dijo entonces que: “A
Medimás lo compraron con una fotocopia de la cédula”.
Hoy, después de más de un año, el balance consiste
en que aún se deben dos tercios de los 1,2 billones de pesos ofrecidos por los
compradores. Esto sin incluir lo adeudado por Medimás a las IPS de las cuales
obtuvo servicios para sus afiliados durante el último año.
Todo esto significa que, si la parte pagada por
Prestasalud por la compra de Cafesalud equivale a la parte no pagada a las IPS
empleadas durante más de un año, los compradores todavía no están desembolsando
recursos propios.
¿Por
qué la quieren vender?
 |
| Sede Medimás. Foto- Ministerio de Salud y Protección Social. |
Si bien los socios de Prestasalud, compradora
inicial de Medimás, al parecer no desembolsaron ni un solo peso para comprar la
EPS, sí cumplieron sus objetivos, pues posiblemente se autopagaron todas las
facturas que se les debían por cuentas viejas de servicios prestados a
SaludCoop, a Cafesalud y al propio Medimás.
No en vano la Procuraduría abrió investigación a
los seis miembros de la Junta Directiva de Medimás y en el proceso se han
encontrado indicios del presunto giro de cuantiosos anticipos a IPS de sus
propios accionistas y del pago de facturas con sobrecostos a varios
proveedores.
Por otra parte, la EPS viene arrastrando múltiples
incumplimientos, no solo con los pagos pactados en la supuesta compra sino con
los servicios a los afiliados, lo cual ha obligado al procurador a solicitar la
“reversión” del proceso de venta.
Este giro, unido a otras demandas, entre ellas una
acción popular contra la venta de Cafesalud liderada por el senador Jorge
Robledo, pueden dar al traste con la consolidación de esta venta y con las
utilidades futuras de Medimás.
En consecuencia, una vez recuperada la plata de las
facturas para los compradores iniciales de Cafesalud, al parecer sin pagar un
peso de sus bolsillos, y ante los enormes riesgos futuros y múltiples demandas,
Prestasalud dirá que es mejor vender a un tercero extranjero, pues cualquier
precio que se negocie será una ganancia efectiva.
Además, el prominente comprador se compromete a
pagar todas las deudas que quedan por la compra de las instalaciones de
Cafesalud y SaludCoop. Por eso la venta de Medimás a un extranjero se ha
calificado como un “acuerdo entre particulares” y el propio superintendente de
Salud la calificó como “buena noticia”.
¿Por
qué la quieren comprar?
 |
| Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de salud. Foto- Gobernación del Quindío. |
El norteamericano y el árabe que se dice están
detrás del nuevo comprador, DBMS, o bien son unos oportunistas con dineros de
origen dudoso o tienen recursos bien habidos y no saben en la que se están
metiendo.
De todas maneras, lo que vale en una EPS son sus
afiliados, que son negociados como “vacas” según expresión del senador Robledo.
Pues Medimás tiene 4,2 millones de este tipo de “bovinos” que reciben cada año
una Unidad de Pago por Capitación de 787.323 pesos por un valor total de 3,3
billones (sin incluir el no POS). De este dinero, al menos trescientos mil
millones se pueden destinar a gastos de administración y a utilidades. Lo cual
quiere decir que si la EPS se compra como sugieren los extranjeros, en 1,17
billones, pueden recuperar la inversión en cuatro años.
Hidroituango: el desastre más complejo que ha vivido Colombia en el último siglo
Estas son las razones.
Los peores desastres
Gustavo Wilches-Chaux*
El origen de la amenaza
El desastre ocasionado por el
proyecto de Hidroituango constituye el más complejo que ha vivido el país, por
lo menos en el último siglo.
Hidroituango: una catástrofe que pudo ser evitada.
El desastre comenzó hace más de veinte años
Los peores desastres
Gustavo Wilches-Chaux*
Cuando
asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, “La Violencia” ya se
venía gestando desde hacía una década, en el intento de frenar cualquier cambio
en la tenencia y los usos de la tierra en Colombia.
Bajo
otras denominaciones y con otras características, ese conflicto armado se
mantiene hasta ahora. Puede decirse entonces que este desastre continuado
durante más de ocho décadas es el que ha causado y sigue causando más pérdidas
de vidas, más comunidades desplazadas, más destrucción y más dolor para los
colombianos.
En
términos de personas muertas y desaparecidas en un solo evento, no cabe duda de
que la destrucción de Armero el 13 de noviembre de 1985 es el peor de los desastres
de nuestra historia ocasionados por un fenómeno natural.
Recordemos
que ya dos Armeros habían sido destruidos en 1595 y en 1845 porque fueron
construidos junto al cauce del río por el cual descienden las “avalanchas” o
flujos de lodo provenientes de las erupciones del volcán Nevado del Ruiz /
Cumanday. Puesto que por tercera vez esa población se volvió a construir en el
sitio, mal podríamos atribuirle al volcán toda la responsabilidad por ese
desastre.
En
cuanto a la extensión del área afectada por un solo evento natural,
posiblemente el desastre causado por el terremoto del Eje Cafetero, del cual
este 29 de enero se cumplieron veinte años, es el que más municipios ha
afectado hasta ahora.
Pero
el desastre ocasionado por el proyecto de Hidroituango en toda su zona de
influencia, constituye el más complejo que ha vivido el país, por lo menos en
el último siglo.
Las
siguientes son algunas de las razones en las cuales sustento mi afirmación.
El origen de la amenaza
 |
| Es sorprendente que la empresa orgullo del gobierno antioqueño y del país haya recurrida en tantos errores. Foto: Facebook- EPM |
La
amenaza que desató y que sigue
alimentando este desastre no es un evento puntual sino un
proceso de largo plazo.
Y
no es de origen natural sino humano y tecnológico: el desastre de Hidroituango
resulta de la manera como se concibió, se planificó y se ha venido llevando a
cabo el proyecto en sus dimensiones técnica, ambiental y social.
Esto
marca una diferencia sustancial con los desastres desencadenados por fenómenos
naturales, porque en este caso la responsabilidad por causar la amenaza, por
los daños y riesgos ambientales y sociales que el proyecto está creando en su
zona de influencia, tiene un rostro identificable: las Empresas Públicas de
Medellín (EPM).
No
quiero decir, por supuesto, que EPM haya tenido la intención de crear los
riesgos que se están convirtiendo en desastres. Pero sorprende que una empresa
que ha sido orgullo de Antioquia y un modelo para el resto del país, no haya
llevado a cabo una necesaria y efectiva gestión del riesgo, sobre todo
tratándose del proyecto de generación eléctrica más ambicioso y costoso en que
Colombia se haya embarcado.
El desastre ocasionado por el
proyecto de Hidroituango constituye el más complejo que ha vivido el país, por
lo menos en el último siglo.
Por
ejemplo: no se entiende cómo no previeron los riegos de la decisión que tomaron
en abril de 2018. Con el propósito de acelerar el llenado del embalse,
resolvieron taponar los dos túneles por donde estaba fluyendo parte del agua
del río Cauca mientras se acabada de construir la represa.
Tampoco
se entiende por qué (como también sucedió en el Quimbo) no removieron la
materia orgánica procedente de la tala de los bosques que se encontraban en la
zona que iba a ser inundada. Este descuido evidente contribuyó a taponar el
único túnel que le quedaba al agua para ejercer su Derecho a Fluir. Otra prueba
de que como que no
tenemos capacidad de aprendizaje.
Hidroituango: una catástrofe que pudo ser evitada.
El desastre comenzó hace más de veinte años
La
emergencia que se presentó a principios de mayo del año pasado constituyó
apenas el comienzo de una nueva etapa del desastre a que ha dado lugar este
megaproyecto.
Las
medidas para controlar esa emergencia y las nuevas que surgieron a partir de
allí, han logrado evitar que se produzca la pérdida de más vidas humanas. Pero
no han podido evitar los traumatismos de todo tipo que desde que comenzó el
proyecto han afectado a las comunidades de su zona de influencia.
La
investigadora Juana Afanador resalta una de las
dimensiones más trágicas de este desastre: “En la zona escogida para construir
Hidroituango se concentran unas 15 mil personas afectadas por el conflicto
armado. De ellas, 4.500 sufrieron desplazamiento forzado entre 1990 y 2012 […]
Además de Ituango, en la que queda el corregimiento de El Aro, hay otros 11
municipios afectados por la represa: Valdivia, Yarumal, San Andrés de Cuerquia,
Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Briceño, Sabanalarga, Toledo, Liborina
y Olaya. Y en la mayoría de ellos, se experimentaron masacres. En cifras
aproximadas, se cree que hay entre 300 y 600 víctimas enterradas, de 62
masacres cometidas por paramilitares”.
Las grandes mineras tienen mucho y van por más este año
Aprovechando el impulso que les ha
dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen
acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas
son las regiones que están siendo afectadas.
Álvaro Pardo*
Imponiendo
el orden privado
A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al
gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial,
así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería
ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales
que operan por la zona?
En una comunicación conocida a comienzo de este
año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se
encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la
protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las
autoridades son “francamente decepcionantes”.
Los términos utilizados por Lombardo Paredes,
director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno
colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de
mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería
ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las
partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes
internacionales por “graves perjuicios a GCG”.
Más preocupante todavía es el hecho de que no se
trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías
mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por
cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.
Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al
relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la
seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y
el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional.
Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos
en el sector minero y petrolero.
Marmato,
Remedios y Segovia
 |
| La población se ha comprometido contra el proyecto de Minesa en Santurbán. Foto: Gobernación de Norte de Santander. |
Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar
las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa
produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las
regiones afectadas.
Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la
solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a
los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían
sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de
anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto
y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a
Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben
entrometerse en asuntos internos.
Entre tanto la violencia se ha agudizado en la
región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las
Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva
Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos
remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado
de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?
AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)
¿Regular o no regular las redes sociales?
Un proyecto de ley y una polémica
declaración reabrieron el debate. ¿Está en peligro la libertad de expresión?
Víctor Solano*
Senadores
contra redes sociales
El pasado nueve de enero, el senador
de Cambio Radical Antonio Zabaraín afirmó en un debate del programa
radial Partida W que las
redes sociales deben ser “controladas”.
Pocos días atrás, Zabaraín había sido
noticia por su desatinada intervención durante el debate en el Congreso acerca de Odebrecht, que
despertó burlas e indignación y que llevó a muchos a preguntarse si el senador
estaría ebrio en el momento de hablar.
Esta vez el congresista volvió a ser
noticia por su polémica defensa del fiscal Martínez. Según Zabaraín, “hay que
ver qué se hace para controlar las redes sociales”, porque han sido el arma
predilecta de muchos antisociales” para poner “en tela de juicio la
honorabilidad” del Fiscal.
Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los
funcionarios públicos.
Antonio Zabaraín es además el ponente
de un proyecto de ley que “establece mecanismos para ejercer un mayor control
sobre la libertad de publicación de contenidos en la web”. El proyecto fue
presentado por el senador del Partido de la U, José David Name, según él, con el propósito de “proteger la honra y el buen
nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través
de las redes sociales”.
Más
ojos sobre los corruptos
Las propuestas de Name y Zabaraín
parecen intentos desesperados de complacer a un fiscal poderoso —o quizás de
congraciarse con sus jefes políticos—.
Pero recoger esos réditos tendría un
costo social muy alto. El proyecto de Name y las declaraciones de Zabaraín se
dan cuando todos los países del mundo quieren aprovechar el potencial de
internet, por ejemplo, para estimular el emprendimiento o para fortalecer las
instituciones promoviendo la participación ciudadana.
De hecho, las redes sociales pueden
ser una herramienta para hacer más transparente la gestión pública. Se trata de
un espacio donde los ciudadanos pueden hacer control político y veeduría a
todas las ramas del poder.
La corrupción nunca había sido tan
visible como ahora. Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre
los funcionarios públicos y, por lo tanto, implican un camino más estrecho para
los corruptos.
Eso es, precisamente, lo que le “da
alergia” a Zabaraín y a sus padrinos políticos, los Char, lo mismo que molesta
al senador Name en la misma Barranquilla, lo mismo que no les gusta a todos
quienes proponen regular las redes para evitar que los ciudadanos vigilen y
hagan denuncias.
Autoritarismo
y censura
Las redes sociales no son buenas ni
malas en sí mismas. Se trata de plataformas que los seres humanos utilizan para
comunicarse e interactuar entre ellos.
Por definición, las redes sociales
son un espacio de libertad. Por eso causa tanta molestia que un político hable
de “controlar” las redes sociales. Más aún si ese “control” tiene el propósito
de silenciar denuncias o, inclusive, de evitar las burlas de las que ha sido
víctima el mismo Zabaraín en todas las redes, en especial en Twitter.
La singular “propuesta” de los
senadores Name y Zabaraín es retrógrada y autoritaria. El deseo de controlar
las redes es propio de los regímenes totalitarios, que quieren controlar la
vida privada de sus ciudadanos.
Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017
que había que “poner orden” en las redes sociales.
En China, Cuba y Venezuela se han
tomado medidas para censurar o limitar las redes sociales. Con un tono similar
al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales para evitar que se convirtieran en
plataformas de odio “contrarevolucionarias”.
En un modelo político diametralmente
opuesto, el presidente Trump ha acusado a Google, Facebook y Twitter de tener un sesgo político. Paradójicamente, Trump ha
hecho de Twitter una de las principales armas para atacar a sus contradictores.
Otro asesinato de líder social en Colombia
La líder social colombiana
Maritza Ramírez murió este jueves como consecuencia de un ataque sufrido el 14
de enero en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.
Foto @Otohiguita
Según informó la
Confederación Nacional de Acción Comunal, la víctima se debatió entre la vida y
la muerte en los últimos 10 días luego de ser brutalmente golpeada en un sector
rural de Tumaco, fronterizo con Ecuador.
La líder social asesinada
tenía 42 años y dos hijos y se desempeñaba como presidenta de una Junta de
Acción Comunal, al frente de labores de sustitución de cultivos ilícitos en
Tumaco.
Registros de la fundación
Indepaz señalan que del 1 de enero de 2016 al 10 de enero de 2019 fueron
asesinados 566 líderes sociales en Colombia.
Con Maritza ya son 5 atentados y 5 homicidios
de la organización social de la Acción Comunal, en lo que va del año 2019.
La Confederación Nacional de Acción Comunal
exige resultados ágiles sobre los actores intelectuales y materiales de los más
de 300 homicidios, en los últimos tres años, de Dignatarios y Dignatarias de la
Organización social de la Acción Comunal.
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