Aprovechando el impulso que les ha
dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen
acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas
son las regiones que están siendo afectadas.
Álvaro Pardo*
Imponiendo
el orden privado
A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al
gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial,
así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería
ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales
que operan por la zona?
En una comunicación conocida a comienzo de este
año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se
encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la
protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las
autoridades son “francamente decepcionantes”.
Los términos utilizados por Lombardo Paredes,
director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno
colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de
mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería
ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las
partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes
internacionales por “graves perjuicios a GCG”.
Más preocupante todavía es el hecho de que no se
trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías
mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por
cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.
Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al
relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la
seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y
el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional.
Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos
en el sector minero y petrolero.
Marmato,
Remedios y Segovia
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| La población se ha comprometido contra el proyecto de Minesa en Santurbán. Foto: Gobernación de Norte de Santander. |
Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar
las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa
produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las
regiones afectadas.
Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la
solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a
los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían
sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de
anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto
y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a
Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben
entrometerse en asuntos internos.
Entre tanto la violencia se ha agudizado en la
región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las
Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva
Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos
remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado
de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?
AGA
en Jericó y Támesis (Antioquia)
El concejo municipal de Jericó prohibió la minería
mediante un acuerdo avalado por el alcalde y apoyado por la comunidad.
AngloGold Ashanti (AGA), en alianza con las autoridades mineras nacional y
departamental y la Gobernación, ha respondido con acciones que van desde
amenazas y demandas contra las autoridades territoriales por supuesta
extralimitación de funciones, hasta demandas también contra el acuerdo ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.
Según denuncias de campesinos de la zona de
Palocabildo, los acuerdos municipales han sido desconocidos por AGA, la cual
continúa como Pedro por su casa desarrollando trabajos de exploración,
ignorando la decisión del pueblo, la autonomía de los territorios y las
competencias de los concejos municipales.
No se puede olvidar que las multinacionales
invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna
manera deben entrometerse en asuntos internos que competen los ciudadanos y a
sus gobernantes.
Esta empresa es conocida por tratar de imponer su
modelo extractivista, dividiendo a la población con campañas sobre una supuesta
“minería responsable” que promete “inversión social”, al mismo tiempo que
contribuye a estigmatizar los líderes comunitarios.
AGA ha anunciado una inversión de 5.500 millones de
pesos en programas sociales que se ejecutarán este año, en un momento que
curiosamente coincidirá con el periodo preelectoral y con la elección de
alcaldes y concejales. ¿Estamos frente a un caso de mermelada privada?
Minesa
en Santurbán
En marzo de 2018 la empresa árabe Minesa S.A.
desistió del proceso de licenciamiento ambiental para ejecutar un proyecto a
gran escala en el páramo de Santurbán y hasta el momento no ha presentado el
estudio de impacto ambiental para reiniciar ese proceso. Sin embargo, Minesa
adelanta labores de alistamiento, como si ya tuviera en sus manos la licencia.
En una visita a la zona en diciembre pude ver un
acelerado proceso de construcción de viviendas en las orillas de la carretera
entre Suratá y California, así como una notoria migración de foráneos a la zona
de operación, un mayor flujo vehicular y una enorme rivalidad entre los que se
oponen y los que apoyan el proyecto minero, alimentada por el programa de
gestión social de la empresa.
Las grandes mineras, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, disponer a su antojo de recursos escasos.
Es un hecho que Minesa no tiene la licencia ambiental,
pero actúa como si el gobierno ya le hubiera dado luz verde al proyecto. Así se
explica que continúe el programa de “Restablecimiento Integral de las
Condiciones de Vida” y el “Plan de Acción para el Reasentamiento” de centenares
de familias que deberán abandonar sus tierras por el proyecto minero. Además,
la empresa ha levantado un censo de las familias que deberán ser reasentadas,
un inventario de predios, y ha hecho promesas de compra de tierras y de
reubicación.
Pero el gobierno no debería entregar la licencia
ambiental sin haber evaluado las investigaciones pertinentes. Estudios como el
del ingeniero santandereano Gonzalo Peña demuestran que la zona es más rica en óxido
de uranio que en oro. Por ejemplo, en el municipio de California se pueden
obtener de 500 a 20.000 gramos de óxido de uranio por cada tonelada de material
removido, según los estudios que desde 1910 se han hecho en la región.
Greystar reveló en su estudio de impacto ambiental
la existencia de 39,2 gramos de óxido de uranio por tonelada, pero Minesa
apenas 19 gramos. Estas cifras son muy inferiores a las que muestran los
estudios anteriores (y muy convenientes para los intereses de estas empresas).
Minesa planea arrojar el óxido de uranio y otros
metales de alto riesgo en un depósito permanente frente al casco urbano de
Suratá. Como se ve, los riesgos para la salud de los habitantes del páramo y de
Bucaramanga son enormes y ameritan que el gobierno intervenga.
El volumen del óxido de uranio contrasta
dramáticamente con los datos presentados el año pasado por Minesa en su estudio
de impacto ambiental, según el cual se pueden encontrar 43,37 gramos de oro por
tonelada de material extraído.
Un intento de la Procuraduría regional por atender
las denuncias contra Minesa fue frustrado en octubre pasado cuando la empresa
negó su acceso a la mina. Parece que las multinacionales mineras piensan que el
área de su título es república independiente y que el mineral in situ es
de su propiedad y no un bien público.
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| La polémica en redes se ha dado por el fallo de la Corte a favor de Drummond por el vertimiento de carbón al mar. Foto: Wikipedia. |
Los
estragos de Drummond
La cantidad de carbón vertido al mar es tan
incierta como las razones que llevaron al juez a fallar a favor de dicha
multinacional. La poca información que se conoce fue publicada por la
revista Semana.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
multó a Drummond por estos hechos y le impuso un pago cercano a los 7.000
millones de pesos. Pero la absolución por estos hechos no fue claro ni
contundente en la instancia judicial.
Este constituye un triunfo más para la empresa, la
cual, gracias a su grupo de abogados, suele dilatar los procesos, los gana en
tribunales locales utilizando toda suerte de recursos o, en algunos casos,
incluso demanda y gana.
¿Por qué pasa todo esto? Porque las grandes
mineras, especialmente las multinacionales, buscan por todos los medios imponer
un modelo extractivista que les garantice, además de millonarias utilidades,
disponer a su antojo de recursos escasos. Es el mismo modelo que el gobierno
impulsa en nombre del desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.
*Economista, especialista en Derecho
Minero-Energético y en Derecho Constitucional.
