La
multitudinaria marcha por la educación dejó un mensaje contundente para el
nuevo gobierno. Estas son las cifras financieras que demuestran la urgencia de
una solución concertada para salvar a las universidades públicas.
Ángel Pérez Martínez*
Una marcha
multitudinaria
Este
miércoles 10 de octubre Colombia
constató de nuevo la capacidad de movilización de los estudiantes
universitarios y de las fuerzas sociales que los acompañan. El movimiento busca
garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas,
donde están matriculados 690.000 estudiantes, en lo que resta de 2018 y durante
el próximo año.
Los
estudiantes también solicitan una reforma sustantiva de la Ley 30 de 1992 que
estableció el régimen de transferencias para las universidades oficiales. Como
consecuencia de esta reglamentación, durante los últimos 25 años el presupuesto
para las universidades públicas se ha mantenido prácticamente constante en
términos reales, porque este presupuesto se reajusta apenas con el índice de
inflación anual.
Y lo anterior
por supuesto implica un déficit acumulado y creciente, en tanto las
universidades han expandido su matrícula, han elevado la calidad de la docencia
y han emprendido nuevas tareas de investigación y extensión de servicios a la
comunidad.
¡Presente!
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| Marchas Estudiantiles Foto: Twitter Julio Navarro @jualnado |
Nadie puede
tener dudas: los universitarios no son adolescentes sino jóvenes vale decir,
son sujetos políticos que viven dentro de un entorno que disfrutan o padecen de
acuerdo con sus circunstancias particulares.
La
posibilidad de acceder a un sistema educativo oficial de calidad es simplemente
decisiva para la vida de los jóvenes de pocos recursos. La educación pública es
su oportunidad para acceder al mercado laboral y escapar de la pobreza, para
desarrollar un mayor sentido crítico, para elevar la calidad de su
participación política y para ejercer sus derechos y deberes ciudadanos.
Cuando el país y las causas sociales los necesitan,
los estudiantes siempre han estado presentes.
La
organización y el desarrollo histórico del movimiento estudiantil en Colombia
han sido pendulares y han dependido sobre todo de las universidades públicas.
Durante años pareció que no existía un movimiento estudiantil, y sin embargo
puede decirse que cuando el país y las causas sociales los necesitan, los
estudiantes siempre han estado presentes.
Cito tres
eventos que recuerdan el compromiso del movimiento estudiantil con las grandes
causas del país:
1. La lucha de
los estudiantes contra el gobierno dictatorial en
1954, cuando fueron asesinados 13 de ellos, incluyendo un joven llamado Uriel Gutiérrez.
2. La
Constitución del 91 fue promovida por un grupo de jóvenes, la mayoría universitarios,
que se pronunciaron contra “los vicios de la clase política” y exigieron tanto
la modernización y ampliación de la democracia colombiana como el
fortalecimiento del Estado social de derecho.
3. En 2011, la
Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) encabezó un proceso de movilización exitoso
contra el proyecto de Reforma a la Educación Superior presentado por el
gobierno Santos al Congreso Nacional.
El
movimiento estudiantil de 2018 es
quizás menos monolítico que el de la MANE en 2011. La lucha actual se concentra
en obtener más recursos para las universidades públicas. Y aunque podría
pensarse que eso de alguna manera excluye a los estudiantes de universidades
privadas, los medios cubrieron también su participación masiva.
Eso sí: como
había ocurrido pocas veces, los estudiantes fueron acompañaron por los rectores
que a través del Sistema Universitario Estatal (SUE) han
canalizado sus legítimos reclamos y han suministrado información sobre las
necesidades reales de las universidades.
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| Marchas Estudiantiles Foto: Twitter Julio Navarro @jualnado |
Una exigencia
legítima
La
movilización de los estudiantes universitarios y de los docentes de educación
básica y media ha permitido que los colombianos constaten la existencia de una
deuda histórica con la educación de los menos favorecidos.
La educación
pública no ha sido un pilar del desarrollo nacional y menos del interés de su
clase dirigente. Históricamente hemos gastado poco en educación superior, menos
del 1 por ciento anual del PIB, a pesar de los progresos evidentes en las
coberturas y en la calidad de las universidades públicas.
Un estudio por ejemplo muestra
que la tasa bruta de cobertura en educación superior pasó de 13,4 por ciento en
1990 a 24 por ciento en 2000. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES), para 2010 la cobertura bruta fue del 37,05 por
ciento, para 2015 fue del 49,42 por ciento y para 2017 del 52 por ciento.
Este punto es
muy importante, porque el financiamiento de las universidades públicas no se
puede atar a la tasa de inflación: la tasa de cobertura bruta sigue siendo baja
y - de acuerdo con la tendencia histórica- durante los próximos 20 años debe
crecer por lo menos en un punto anual.
Según el
SNIES la educación superior en 2017 matriculó 2.446.314 estudiantes, de los
cuales el 51 por ciento asiste a instituciones públicas en sus diferentes
modalidades. La matrícula universitaria pública (659.306 estudiantes)
representa el 27 por ciento del total, mientras que la matrícula del SENA
(tecnólogos) alcanzó 467.643 estudiantes en 2017.
Como se puede
ver en el Cuadro siguiente, la matrícula universitaria pública (pregrado y
postgrados) aumentó en un 91 por ciento entre 2003 y 2017. Por niveles de
formación en este mismo periodo, la educación universitaria aumentó 86 por
ciento, las especializaciones 81 por ciento, las maestrías 425 por ciento y los
doctorados 832 por ciento.
Los
postgrados son más caros, demandan más calidad, más docentes con doctorados,
mejores dotaciones y más recursos para la investigación. Según el SUE, entre
2004 y 2017 las universidades oficiales pasaron de 834 grupos de investigación
reconocidos por Colciencias a 2.555 y de 73 revistas indexadas a 119, entre
otros logros.
Tenemos pues
que los costos de las universidades públicas aumentaron por la expansión de la
matrícula, por los postgrados, por la labor de investigación y por el número de
publicaciones, entre otros, pero los ingresos que provienen de la nación no lo
hicieron al mismo ritmo.
Este es el
origen del problema que afecta las finanzas de la educación superior: las
transferencias nacionales no tienen en cuenta los aumentos de cobertura,
mejoras en calidad, avances de la ciencia y la tecnología ni servicios de
extensión para las comunidades.
Según el
profesor de la Universidad de los Andes Jorge Machado, el presupuesto para las universidades estatales
tuvo un aumento real de 46 por ciento entre 2000 y 2019 (proyectado) y de más
de 23 por ciento desde 2010, lo cual implicaría una tasa promedio de 2,45 por
ciento anual por encima de la inflación. Pero para evaluar este aumento de las
transferencias en el 46 por ciento real entre 2000 y 2019, habría que añadir el
hecho de que la sola matrícula de las universidades públicas (proyectada
también a 2019) habrá crecido en más del 100 por ciento.
Parte de este
déficit lo atienden las universidades con sus recursos propios. La rectora de
la Universidad Nacional Dolly Montoya sostiene que las universidades públicas
financian con sus propios recursos cerca del 40 por ciento de su
presupuesto.
Una solución
concertada
La
movilización estudiantil es, en el fondo, un reclamo al gobierno nacional para
que se comprometa a concertar con la comunidad educativa una solución
definitiva a la crisis financiera de las universidades públicas.
La tasa de cobertura bruta sigue siendo baja y -
los próximos 20 años debe crecer por lo menos en un punto anual.
Ya existen
los datos y la evidencia para determinar cuál es la magnitud del déficit y
cuáles son las necesidades futuras en materia de cobertura y calidad.
Pero el
problema se agrava al recordar que para la educación básica y media faltan también los
recursos. En estos niveles no hay coberturas universales,
se necesitan nuevos colegios y dotaciones para la jornada única y se requiere
con urgencia mejorar la calidad.
Los datos
antes citados justifican la movilización de los estudiantes universitarios. La
universidad pública está desfinanciada de manera estructural y este déficit
seguirá creciendo si no se toman decisiones de corto y mediano plazo. El
escenario de concertación debe aceptar que se requiere tiempo y gradualidad en
la solución, y que el marco fiscal debe empezar a cambiar por el aumento
internacional de los precios del petróleo.
Además el
gobierno nacional y quienes elaboran el presupuesto deben admitir que la
calidad de la educación es costosa. Para atender cerca de 40.000 estudiantes
(más del 80 por ciento de
ellos en universidades privadas) en 2108, el programa Ser Pilo Paga tuvo que
destinar cerca de un billón de pesos, mientras que para atender cerca de
800.000 estudiantes de las instituciones de educación superior (técnicas,
tecnológicas y universitarias) la nación destinó apena 3,4 billones de pesos:
¡20 veces más estudiantes con apenas 3,5 veces más recursos!
*Profesor
universitario y asesor en temas educativos.
