POR TYLER GIANNINI, MACKENNAN GRAZIANO Y KELSEY JOST-CREEGAN*
Dominio Público / Pixabay
AQ.- Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunió con el presidente Donald Trump en Washington, DC, el debate sobre la implementación colombiana del acuerdo de paz tomó el asiento trasero a otros temas, incluyendo la importancia de la cooperación económica continua.
"Somos y deseamos seguir siendo el mejor destino en América Latina para los negocios estadounidenses", comentó Santos en una conferencia de prensa conjunta.
En Colombia, sin embargo, las perspectivas de conflicto y de negocios han estado históricamente entrelazadas, y para que la paz y la cooperación económica progresen, el legado de los negocios de los Estados Unidos para alimentar el conflicto de décadas, debe ser abordado.
Chiquita Brands International es un buen ejemplo. La empresa admitió haber pagado 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 al grupo paramilitar colombiano de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), famoso por los brutales ataques contra civiles de la época. Hoy, como Colombia trabaja para asegurar una paz duradera, es importante responsabilizar no sólo a quienes dispararon las balas, sino también a quienes ayudaron a pagar por ellas.
Aunque Chiquita como entidad corporativa se declaró culpable de financiar a las AUC en 2007, diez años más tarde, ni un solo funcionario corporativo ha sido acusado ni procesado, ni en los Estados Unidos ni en Colombia. Tanto el acuerdo de súplica como los documentos internos de la compañía obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington revelan que funcionarios corporativos de alto nivel diseñaron e implementaron esquemas de contabilidad complejos para Chiquita, con el propósito de oscurecer más de 100 pagos a la organización paramilitar.
Aunque Chiquita como entidad corporativa se declaró culpable de financiar a las AUC en 2007, diez años más tarde, ni un solo funcionario corporativo ha sido acusado ni procesado, ni en los Estados Unidos ni en Colombia. Tanto el acuerdo de súplica como los documentos internos de la compañía obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington revelan que funcionarios corporativos de alto nivel diseñaron e implementaron esquemas de contabilidad complejos para Chiquita, con el propósito de oscurecer más de 100 pagos a la organización paramilitar.
Año tras año, pago tras pago, la evidencia muestra que los funcionarios corporativos tomaron decisiones para proteger sus intereses y continuar financiando ilegalmente a las AUC, sin embargo ninguno de ellos ha sido considerado responsable.
El proceso de paz ha centrado la atención en la rendición de cuentas en un intento de aclarar la verdad de lo que ha sucedido y evitar que tal violencia se repita. Y el papel de los ejecutivos de Chiquita en el pasado no ha pasado desapercibido.
El proceso de paz ha centrado la atención en la rendición de cuentas en un intento de aclarar la verdad de lo que ha sucedido y evitar que tal violencia se repita. Y el papel de los ejecutivos de Chiquita en el pasado no ha pasado desapercibido.
Dentro de Colombia, los abogados han estado presionando por la rendición de cuentas a través del sistema criminal ordinario de Colombia o del recién creado mecanismo de justicia de transición conocido como la "Jurisdicción Especial para la Paz."
El mismo día que la declaración de Santos, una coalición de organizaciones de derechos humanos también invitó a la Corte Penal Internacional (CPI) para examinar el papel de los ejecutivos de Chiquita en la contribución a crímenes contra la humanidad.
Aunque los ejecutivos dicen que hicieron los pagos bajo coacción, la evidencia pinta una historia diferente. De acuerdo con la investigación interna de Chiquita, un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Chertoff, declaró que los pagos eran "un crimen" y que "no veía el caso de Chiquita como una verdadera coacción, Para retirarse de Colombia ". En 2003, el asesor externo le dijo a Chiquita:" Usted se ha puesto voluntariamente en esta posición. La defensa de la coacción puede desgastarse a través de la repetición ". Con más de 100 pagos a lo largo de siete años, la pregunta es ¿por qué se quedó Chiquita?
En la audiencia de sentencia en 2007, el fiscal de los EE.UU. señaló que "era bueno para la compañía" y lo que quería decir era que permanecer era rentable. De hecho, sabemos que para el año 2003, la filial colombiana de Chiquita, Banadex, fue la operación de producción de banano más rentable de la compañía.
Aunque los ejecutivos dicen que hicieron los pagos bajo coacción, la evidencia pinta una historia diferente. De acuerdo con la investigación interna de Chiquita, un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Chertoff, declaró que los pagos eran "un crimen" y que "no veía el caso de Chiquita como una verdadera coacción, Para retirarse de Colombia ". En 2003, el asesor externo le dijo a Chiquita:" Usted se ha puesto voluntariamente en esta posición. La defensa de la coacción puede desgastarse a través de la repetición ". Con más de 100 pagos a lo largo de siete años, la pregunta es ¿por qué se quedó Chiquita?
En la audiencia de sentencia en 2007, el fiscal de los EE.UU. señaló que "era bueno para la compañía" y lo que quería decir era que permanecer era rentable. De hecho, sabemos que para el año 2003, la filial colombiana de Chiquita, Banadex, fue la operación de producción de banano más rentable de la compañía.
Más allá de Chiquita, la industria bananera en general se beneficiaba de los crímenes de las AUC. El desplazamiento generalizado y la ocupación de tierras resultaron en un aumento sustancial de la tierra dedicada a la agricultura de plátanos, y como los dirigentes sindicales dirigidos por las AUC, la afiliación sindical y las huelgas también declinaron.
Esa opción de poner el beneficio sobre la paz ha dejado una marca duradera. El legado de los ejecutivos de Chiquita no es sólo una parte de la historia, sino que vive hoy en las comunidades de las regiones productoras de banano, donde perdura la memoria de los pagos de Chiquita. Igual de preocupante, mientras Chiquita se retiró de Colombia en el 2004, las comunidades continúan siendo objeto de ataques y experimentan violencia.
El proceso de paz tiene por finalidad poner fin a esa violencia y poner fin al pasado. Pero esto no puede suceder sin abordar las importantes contribuciones de quienes ayudaron a fomentar la violencia sistemática, incluyendo las empresas y sus ejecutivos. Colombia y los Estados Unidos tienen la oportunidad de hacer su parte. Si no lo hacen, la CPI debe estar lista para que los ejecutivos corporativos no sigan disfrutando de la impunidad que tienen durante demasiado tiempo.
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Tyler Giannini, MacKennan Graziano y Kelsey Jost-Creegan forman parte de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard. La semana pasada, la Clínica y sus socios pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que examinara el papel de los funcionarios corporativos de Chiquita en la contribución a los crímenes de lesa humanidad en Colombia.
Esa opción de poner el beneficio sobre la paz ha dejado una marca duradera. El legado de los ejecutivos de Chiquita no es sólo una parte de la historia, sino que vive hoy en las comunidades de las regiones productoras de banano, donde perdura la memoria de los pagos de Chiquita. Igual de preocupante, mientras Chiquita se retiró de Colombia en el 2004, las comunidades continúan siendo objeto de ataques y experimentan violencia.
El proceso de paz tiene por finalidad poner fin a esa violencia y poner fin al pasado. Pero esto no puede suceder sin abordar las importantes contribuciones de quienes ayudaron a fomentar la violencia sistemática, incluyendo las empresas y sus ejecutivos. Colombia y los Estados Unidos tienen la oportunidad de hacer su parte. Si no lo hacen, la CPI debe estar lista para que los ejecutivos corporativos no sigan disfrutando de la impunidad que tienen durante demasiado tiempo.
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Tyler Giannini, MacKennan Graziano y Kelsey Jost-Creegan forman parte de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard. La semana pasada, la Clínica y sus socios pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que examinara el papel de los funcionarios corporativos de Chiquita en la contribución a los crímenes de lesa humanidad en Colombia.
